JULIA MARTÍNEZ GONZÁLEZ y Otros.

Expediente 1521/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 17 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1521/2016
Año
2016
Actuaciones
17
Última actuación
31/08/2017

Partes del expediente

  • Julia Martínez González
  • LAZARO SOTELO SALGADO y Otros.
  • PEDRO MANCIO COATZIN y Otros.
  • JULIA MARTÍNEZ GONZÁLEZ y Otros.
  • Pedro Mancio Coatzin

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio signado por la Secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, mediante el cual devuelve los autos del juicio de amparo 1521/2016 y sus acumulados, promovido por Julia Martínez González y otros, asimismo remite testimonio de la ejecutoria dictada el dieciocho de agosto del año en curso, en el amparo en revisión 1424/2016, a través de la cual, el Tribunal de Alzada resolvió en los siguientes términos: "PRIMERO. Se CONFIRMA la resolución recurrida. SEGUNDO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo. TERCERO. Se declara SIN MATERIA el recurso de revisión adhesivo." En mérito de lo anterior, remítase copia autorizada del presente proveído a la Superioridad, en vía de acuse de recibo de los autos originales del juicio de amparo 1521/2016 y sus acumulados, y testimonio de la ejecutoria dictada en el amparo en revisión 1424/2016. Asimismo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, agréguese el cuaderno antecedentes, el cuaderno original del incidente se suspensión y archívese el presente asunto como totalmente concluido. En consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que la sentencia la cual determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, tomando en consideración que el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, determinó confirmar la sentencia recurrida, y al no existir documentos originales aportados por las partes, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción, sin embargo el cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible destrucción en virtud de que se negó a la suspensión definitiva. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, en cumplimiento al Punto Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 procédase a la destrucción del duplicado. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el licenciado Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargada del despacho por vacaciones del Titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada por la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del oficio CCJ/ST/3595/2017 de fecha once de julio de dos mil diecisiete, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.

  2. Incidental

    Cuernavaca, Morelos, diez de marzo de dos mil diecisiete. Se tiene por recibido el oficio signado por el Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad, por el cual devuelve el cuaderno original del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 1521/2016-V y sus acumulados, promovido por JULIA MARTÍNEZ GONZÁLEZ, J. JESÚS SOTELO SALGADO, LÁZARO SOTELO SALGADO Y PEDRO MANCIO COATZIN, y testimonio de la ejecutoria emitida en los autos del incidente en revisión 1168/2016, concluyendo con los puntos resolutivos que son del tenor siguiente: ".PRIMERO. Se CONFIRMA la resolución interlocutoria recurrida. SEGUNDO. Se NIEGA a JULIA MARTÍNEZ GONZÁLEZ, J. JESÚS SOTELO SALGADO, LÁZARO SOTELO SALGADO Y PEDRO MANCIO COATZIN, la suspensión definitiva de los actos reclamados y respecto de las autoridades que se precisaron en el resultando primero de esta sentencia, por las razones expuestas en la resolución recurrida..." En mérito de lo anterior, remítase copia autorizada del presente proveído a la Superioridad, en vía de acuse de recibo de los autos originales del cuaderno incidental derivado del juicio de amparo 1521/2016-V y sus acumulados, promovido por JULIA MARTÍNEZ GONZÁLEZ, J. JESÚS SOTELO SALGADO, LÁZARO SOTELO SALGADO Y PEDRO MANCIO COATZIN, y testimonio de la ejecutoria emitida en los autos del incidente en revisión 1168/2016. GLÓSESE CUADERNO DE ANTECEDENTES. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y glósese a los autos el cuaderno relativo al antecedente. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis. Se tiene por recibido el escrito signado por la autorizada de los quejoso, mediante el cual interpone recurso de revisión contra sentencia dictada en el presente juicio de amparo; agréguese a los autos y téngase al promovente haciendo valer RECURSO DE REVISIÓN en contra de la sentencia de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 81 inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, córrase traslado a las partes con copia del escrito de agravios. Se ordena formar el cuaderno de antecedentes respectivo y una vez que el expediente esté debidamente integrado, remítanse los autos a la Superioridad para la substanciación del recurso referido, así como el original y copia del escrito de expresión de agravios, como lo establece el artículo 89 de la ley de la materia. Hasta en tanto esté totalmente integrado el juicio de amparo para su remisión al Tribunal de Alzada, para la substanciación del medio de impugnación que se hace valer, se ordena agregar a los autos su escrito original de agravios. NOTIFÍQUESE Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, CORRIÉNDOLES TRASLADO CON COPIA SIMPLE DEL ESCRITO DE AGRAVIOS. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Vistos los autos del juicio de amparo 1521/2016-V, promovido por JULIA MARTÍNEZ GONZÁLEZ, por propio derecho, y sus acumulados, 1526/2016, promovido por J. JESÚS SOTELO SALGADO, por propio derecho; 1527/2016, promovido por LÁZARO SOTELO SALGADO, por propio derecho; y 1536/2016, promovido por PEDRO MANCIO COATZIN, por propio derecho; respecto de los actos que reclamaron del Congreso del Estado de Morelos y otras autoridades; y RESULTANDO: PRIMERO. Por sendos escritos presentados todos el dos de septiembre de dos mil dieciséis, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, y turnados en la misma fecha a este juzgado de distrito, JULIA MARTÍNEZ GONZÁLEZ, J. JESÚS SOTELO SALGADO, LÁZARO SOTELO SALGADO, y PEDRO MANCIO COATZIN, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos que reclamaron del Congreso del Estado de Morelos, Gobernador Constitucional, Secretario de Movilidad y Transporte del Estado de Morelos; Secretaría de Obras Públicas del Estado de Morelos; Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos y Secretario de Desarrollo Sustentable del Estado de Morelos. SEGUNDO. Se registraron las demandas, con los números de amparo siguientes: 1521/2016-V, promovido por JULIA MARTÍNEZ GONZÁLEZ, por propio derecho, y sus acumulados, 1526/2016, promovido por J. JESÚS SOTELO SALGADO, por propio derecho; 1527/2016, promovido por LÁZARO SOTELO SALGADO, por propio derecho; y 1536/2016, promovido por PEDRO MANCIO COATZIN, por propio derecho; y por auto de cinco de septiembre de dos mil dieciséis, de oficio, este tribunal determinó acumular al 1521/2016-V, los restantes juicios. Al mismo tiempo, se previno a los quejosos a fin de que aclarara la demanda. TERCERO. Por escrito presentado el veinte de septiembre del año en curso, los quejosos presentaron escrito donde subsanaron las prevenciones que se les realizaron y ante ello, por auto de veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis, se admitió la demanda de garantías; se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación, incluyéndose al Director General de Gobierno y al Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", del Estado de Morelos; se dio la intervención legal correspondiente al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, que dio inicio en los términos del acta que antecede, y CONSIDERANDO: PRIMERO. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que en su numeral cuarto, fracción XVIII, establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Distrito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; además, el acto reclamado, que tiene ejecución material, se atribuye a autoridades residentes en el lugar del juicio, donde, además, es el señalado como el de ejecución. SEGUNDO. Como está señalado en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa, cuáles son los actos que se reclaman, señalando las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido, a través de la Jurisprudencia, que el juzgador de amparo al dictar una sentencia debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia dictando sentencias que fijen con claridad y precisión el acto o actos reclamados; además, que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Agrega que en algunas ocasiones esto es insuficiente, por lo que, además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda en un sentido congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de información del expediente del juicio, atendiendo de manera preferente al pensamiento o intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión, y precisa la Suprema Corte de Justicia de la Nación que debe atenderse a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, para lograr congruencia ente lo pretendido y lo resuelto. Es aplicable la tesis aislada emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Novena Época), identificada con el número P. VI/2004 consultable en la Página: 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, Abril de 2004, registro número 181810, que precisa lo siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Bajo esa premisa, en el presente juicio de garantías, es necesario fijar adecuadamente el acto o actos reclamados por la parte quejosa. Al respecto, de la lectura íntegra de la demanda y su aclaración, y, atendiendo además a los aspectos explicados en líneas precedentes, debe decirse que los actos reclamados se hacen consistir en el Decreto Número Novecientos Noventa y Dos, por el que se reforma el artículo 54, así como la denominación e integración del Título Tercero para quedar "DEL PROGRAMA ESTATAL DE DESARROLLO DEL TRANSPORTE Y DE LAS ZONAS DE TRÁNSITO CONTROLADO", con su Capítulo Primero denominado "DEL PROGRAMA ESTATAL" y su Capítulo Segundo, denominado "DE LAS ZONAS DE TRÁNSITO CONTROLADO"; y se adicionan los artículos 26 Bis y 26 Ter, un Capítulo Cuarto denominado "DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO" al Título Quinto "DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE", con sus artículos 38 bis, 38 Ter y 38 Quater, así como los artículos 54 Bis y 54 Ter, todos de la Ley de Transporte del Estado de Morelos; y se adicionan los artículos 136 Bis y 136 Ter, al Capítulo II, denominado "VÍA PÚBLICA Y VIALIDAD" del Título Sexto "CONTROL DEL DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE" de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable del Estado de Morelos, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Morelos "Tierra y Libertad", número 5416, Sexta Época, el veintidós de julio de dos mil dieciséis. De igual manera, las disposiciones transitorias CUARTA y QUINTA. Así mismo, la aplicación de dichas normas, mediante los siguientes actos que reclama de las autoridades, Gobernador Constitucional del Estado de Morelos; Secretario de Hacienda del Estado de Morelos; Secretario de Movilidad y Transporte del Estado de Morelos; Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado de Morelos; Secretario de Obras Públicas del Estado de Morelos: A) Determinación de las zonas de tránsito controlado efectuadas por la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Morelos conjuntamente con las diversas autoridades estatales y municipales competentes. B) Las políticas y proyectos sustentables de planeación del desarrollo de la movilidad y el transporte concretamente al nuevo transporte masivo, mediante proyectos de infraestructura de transporte masivo, mediante la planeación, regulación y administración de sistemas integrados de transporte público urbano, conurbado, metropolitano y suburbano que en perjuicio de la quejosa se establezcan mediante: I. Infraestructura y equipamiento de transporte masivo, II. Unidades vehiculares especializadas, III. Fondos cuyos recursos serán administrados y operados a través de uno o varios fideicomisos, mediante un Comité Técnico. Fideicomisos que, dice, fueron autorizados al Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, Secretario de Hacienda del Estado de Morelos y Secretario de Movilidad y Transporte del Estado de Morelos C) El otorgamiento de nuevas concesiones para la prestación del servicio en zonas metropolitanas y corredores troncales de transporte masivo, únicamente otorgada a personas morales constituidas en empresas que cumplan los requisitos normativos. D) Respecto a las autoridades estatales responsables la programación, construcción y administración de la infraestructura carretera y de la infraestructura y equipamiento vial, así como la reglamentación y control del tránsito en sus vías de comunicación para dicho nuevo transporte masivo. E) Respecto a las autoridades municipales responsables la autorización de los proyectos de infraestructura vial, infraestructura carretera, equipamiento vial y servicios conexos, en lo relativo a su territorio respecto a dicho transporte masivo. Así como los convenios de coordinación para la prestación del servicio público de vialidad y tránsito con las autoridades estatales responsables antes señaladas del referido transporte masivo, a efecto de que: 1. El Ejecutivo Estatal asesore y apoye al municipio para realizar acciones y estudios técnicos; 11. La Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Morelos supla a la dependencia municipal en la ejecución de acciones específicas que correspondan al municipio, o 111. Los ayuntamientos responsables colaboren con el Ejecutivo Estatal, ejerciendo funciones de administración y control del servicio público de tránsito y transporte, en programas y acciones que correspondan al ámbito de competencia estatal. F) La expedición, actualización, modificación y derogación de las disposiciones reglamentarias que derivan de los instrumentos legislativos reformados y combatidos que se establezcan. TERCERO. Son ciertos los actos explicados que se reclaman al Congreso del Estado de Morelos, Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad"; consistentes en la discusión, aprobación, expedición, promulgación y publicación, respectivamente, del Decreto Número Novecientos Noventa y Dos, por el que se reforma el artículo 54, así como la denominación e integración del Título Tercero para quedar "DEL PROGRAMA ESTATAL DE DESARROLLO DEL TRANSPORTE Y DE LAS ZONAS DE TRÁNSITO CONTROLADO", con su Capítulo Primero denominado "DEL PROGRAMA ESTATAL" y su Capítulo Segundo, denominado "DE LAS ZONAS DE TRÁNSITO CONTROLADO"; y se adicionan los artículos 26 Bis y 26 Ter, un Capítulo Cuarto denominado "DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO" al Título Quinto "DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE", con sus artículos 38 bis, 38 Ter y 38 Quater, así como los artículos 54 Bis y 54 Ter, todos de la Ley de Transporte del Estado de Morelos; y se adicionan los artículos 136 Bis y 136 Ter, al Capítulo II, denominado "VÍA PÚBLICA Y VIALIDAD" del Título Sexto "CONTROL DEL DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE" de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable del Estado de Morelos, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Morelos "Tierra y Libertad", número 5416, Sexta Época, el veintidós de julio de dos mil dieciséis; así como las disposiciones transitorias CUARTA y QUINTA. Lo anterior, porque se advierte que dichos actos atañen, en el ámbito de sus respectivas competencias, a dichas autoridades. Además, se ve robustecido con el principio de derecho que establece la no sujeción a prueba alguna de las leyes nacionales, que se encuentra implícito en lo dispuesto por el artículo 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispone así el numeral 2º de esta última. En apoyo de lo expuesto, por identidad de razón jurídica se invoca la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Novena Época), identificada con el número 2a./J. 65/2000, consultable en la página 260, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XII, agosto de 2000, registro número 191452, que precisa lo siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo.". Por otro lado, no son ciertos los actos de aplicación de dichas normas jurídicas, que la quejosa reclamó de las autoridades, Gobernador Constitucional del Estado de Morelos; Secretario de Hacienda del Estado de Morelos; Secretario de Movilidad y Transporte del Estado de Morelos; Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado de Morelos; Secretario de Obras Públicas del Estado de Morelos, consistentes en: A) determinación de las zonas de tránsito controlado efectuadas por la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Morelos conjuntamente con las diversas autoridades estatales y municipales competentes. B) Las políticas y proyectos sustentables de planeación del desarrollo de la movilidad y el transporte concretamente al nuevo transporte masivo, mediante proyectos de infraestructura de transporte masivo, mediante la planeación, regulación y administración de sistemas integrados de transporte público urbano, conurbado, metropolitano y suburbano que en mi perjuicio se establezcan mediante: I. Infraestructura y equipamiento de transporte masivo, II. Unidades vehiculares especializadas, III. Fondos cuyos recursos serán administrados y operados a través de uno o varios fideicomisos, mediante un Comité Técnico. Fideicomisos que fueron autorizados al Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, Secretario de Hacienda del Estado de Morelos y Secretario de Movilidad y Transporte del Estado de Morelos C) El otorgamiento de nuevas concesiones para la prestación del servicio en zonas metropolitanas y corredores troncales de transporte masivo, únicamente otorgada a personas morales constituidas en empresas que cumplan los requisitos normativos. D) Respecto a las autoridades estatales responsables la programación, construcción y administración de la infraestructura carretera y de la infraestructura y equipamiento vial, así como la reglamentación y control del tránsito en sus vías de comunicación para dicho nuevo transporte masivo que se establezcan. E) Respecto a las autoridades municipales responsables la autorización de los proyectos de infraestructura vial, infraestructura carretera, equipamiento vial y servicios conexos, en lo relativo a su territorio respecto a dicho transporte masivo que se establezcan. Así como los convenios de coordinación para la prestación del servicio público de vialidad y tránsito con las autoridades estatales responsables antes señaladas del referido transporte masivo que se establezcan a efecto de que: 1. El Ejecutivo Estatal asesore y apoye al municipio para realizar acciones y estudios técnicos; 11. La Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Morelos supla a la dependencia municipal en la ejecución de acciones específicas que correspondan al municipio, o 111. Los ayuntamientos responsables colaboren con el Ejecutivo Estatal, ejerciendo funciones de administración y control del servicio público de tránsito y transporte, en programas y acciones que correspondan al ámbito de competencia estatal. F) La expedición, actualización, modificación y derogación de las disposiciones reglamentarias que derivan de los instrumentos legislativos reformados y combatidos que en mi perjuicio se establezcan. Ello, porque así lo señalaron dichas autoridades al rendir su informe justificado, sin que la quejosa exhibiera prueba alguna en aras de desvirtuar dicha negativa. Por consiguiente, debe sobreseerse en el juicio respecto a dichos actos, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Por ser las causales de improcedencia de estudio oficioso, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, este juzgador procede a analizar si advierte la actualización de alguna. Al respecto, el Congreso del Estado de Morelos, invoca que respecto a la norma combatida, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el segundo supuesto que contempla la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, que prevé: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)" Tal dispositivo está correlacionado con el artículo 107, fracción I, de la propia ley de amparo, que dispone: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de aplicación causen perjuicio al quejoso. (.) Los numerales transcritos establecen uno de los principios fundamentales del juicio de amparo, el cual consiste en la posibilidad de que la parte quejosa acuda a esta instancia cuando sea titular de un derecho que sea transgredido por una norma de carácter general. En el caso, como fue precisado, se reclama el Decreto número Novecientos Noventa y Dos, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Transporte y de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable, ambos del Estado de Morelos, publicado en el Periódico Oficial de dicho Estado "Tierra y Libertad", número 5416, el veintidós de julio del año en curso, así como las disposiciones transitorias CUARTA y QUINTA. Ahora bien, en materia de amparo contra leyes, deben distinguirse las diferencias existentes entre una ley de carácter autoaplicativo y otra de orden heteroaplicativo. Los artículos 17 y 18, de la Ley de Amparo, establecen las bases para la procedencia del juicio de amparo atendiendo a la naturaleza de la norma general impugnada; es decir, si por su sola entrada en vigor causan un perjuicio (autoaplicativa) o bien, si requieren de un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concrete la aplicación al particular de la disposición jurídica combatida (heteroaplicativa). En el primer caso, basta con que el gobernado se ubique en los supuestos previstos en un determinado ordenamiento legal, que por su sola expedición le obliguen a hacer o dejar de hacer, provocando la afectación a su esfera jurídica, sin ningún acto ulterior de autoridad, para que esté en aptitud de ejercer la acción constitucional dentro del plazo de treinta días, contado a partir de la entrada en vigor del precepto que se trate, de conformidad con el artículo 17, fracción I, de la Ley de Amparo. En el segundo caso, se requiere la realización de un acto de aplicación que imponga o haga observar los mandatos legales, para que se produzca la actualización de la hipótesis normativa y, entonces, el término con que cuenta el agraviado para promover el juicio de amparo será de quince días, según la regla general establecida en el artículo 17 de la ley citada. Así, para la impugnación de las normas generales, mediante el juicio de amparo, se requiere que esas normas afecten la esfera jurídica de quien solicita la protección federal, ya sea, porque automáticamente con su entrada en vigor, tal afectación se genere, o bien, porque dichos efectos se hayan causado con motivo de un acto de aplicación, el cual puede provenir, generalmente, por la actuación de una autoridad, pero también de los propios particulares, si mediante estas conductas se vincula de modo necesario al solicitante del amparo, con lo dispuesto en los preceptos impugnados, por actualizarse sus hipótesis normativas. Con el propósito de establecer las bases para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas, es conveniente citar la jurisprudencia P./J. 55/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Tomo VI, Julio de 1997, Materias Constitucional y Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento." De la jurisprudencia antes citada se desprende que una norma de carácter autoaplicativo, es aquella que admite la procedencia del juicio de amparo desde el momento en que entra en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ella contenido vincula al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. Esto significa que tal tipo de normas vinculan al particular a su acatamiento desde el momento en que entran en vigor y por lo mismo, afectan su interés jurídico desde ese instante, sin que se requiera un acto concreto de aplicación, razón por la cual se puede reclamar su inconstitucionalidad desde el momento mismo de su entrada en vigencia. Respecto de las leyes de carácter heteroaplicativo, se reitera, son aquellas que por el contrario, para ser impugnadas a través del juicio de amparo, requieren necesariamente de la existencia de un acto concreto de aplicación en perjuicio del gobernado. En ese contexto, para precisar la naturaleza del Decreto Número Novecientos Noventa y Dos cuya inconstitucionalidad e inconvencionalidad se reclama, y que, según su artículo segundo transitorio, entró en vigor a partir del veintitrés de julio de dos mil dieciséis, resulta conveniente transcribir el actual contenido de los artículos de interés: LEY DE TRANSPORTE DEL ESTADO DE MORELOS: "TÍTULO TERCERO DEL PROGRAMA ESTATAL DE DESARROLLO DEL TRANSPORTE Y DE LAS ZONAS DE TRÁNSITO CONTROLADO CAPÍTULO PRIMERO DEL PROGRAMA ESTATAL Artículo 24 al 26. CAPÍTULO SEGUNDO DE LAS ZONAS DE TRÁNSITO CONTROLADO Artículo 26 Bis. Para efectos de esta Ley, las zonas de tránsito controlado son sistemas de control y regulación del tránsito en zonas urbanas específicas de las ciudades. Estas zonas serán determinadas por la Secretaría, conjuntamente con otras autoridades estatales y municipales competentes, de conformidad con la normativa aplicable. Artículo 26 Ter. Las zonas de tránsito controlado comprenderán los siguientes aspectos: I. Priorización del tránsito peatonal, mediante la ejecución de programas y proyectos que incentiven la infraestructura peatonal, integrando los conceptos de accesibilidad universal; II. Regulación de la operación de los sistemas de transporte, considerando los sistemas no motorizados y, en su caso, la interconexión de modos de transporte, y III. Las demás que determine el Reglamento. TÍTULO QUINTO . CAPÍTULO CUARTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO Artículo 38 Bis. Corresponde a la Secretaría la planeación del desarrollo de la movilidad y el transporte, atendiendo a políticas y proyectos sustentables que produzcan la mayor satisfacción de los usuarios y la minimización de las externalidades negativas, considerando un Sistema que atienda, de manera integral y masiva, los desplazamientos de las personas. Se entiende como transporte masivo el que permite el traslado de mayor número de usuarios en tiempos cortos y largos trayectos, con visión regional y conurbada, cuyas características en la prestación del servicio sean la seguridad, la comodidad y la confiabilidad, utilizando vehículos adecuados para tener emisiones contaminantes atmosféricas reducidas. Artículo 38 Ter. El Sistema Integrado de Transporte Masivo fungirá como medio de coordinación de la Secretaría con las autoridades y dependencias federales, con la inclusión de los sectores social y privado, que coadyuven a desarrollar un servicio accesible a la mayoría de la población, que tenga como objetivos: I. Gestionar proyectos de infraestructura de transporte masivo con alta rentabilidad social, en sus diversas modalidades, que permitan acciones de cofinanciamiento con las autoridades locales, propiciando la participación de la inversión privada, y II. Promover el fortalecimiento institucional de las autoridades locales en materia de planeación, regulación y administración de sistemas integrados de transporte público urbano, conurbado, metropolitano y suburbano. Artículo 38 Quater. El Sistema Integrado de Transporte Masivo se establecerá mediante los siguientes elementos mínimos: I. Infraestructura y equipamiento de transporte masivo, y II. Unidades vehiculares especializadas. Adicionalmente, en este Sistema podrá contarse con otros elementos, tales como el sistema de telemetría y los mecanismos de pago o prepago de los servicios; lo anterior en los términos que al efecto señale el Reglamento. Para el funcionamiento y operación del Sistema Integrado de Transporte Masivo, la Secretaría y los sectores social y privado podrán constituir fondos cuyos recursos serán administrados y operados a través de uno o varios fideicomisos, mismos que deberán contar con un Comité Técnico, estando obligados, cuando menos, a: I. Administrar cautelosamente los recursos, a fin de permitir el cumplimiento efectivo de sus fines; II. Crear mecanismos e incentivos para nutrirse de recursos, y III. Realizar las previsiones necesarias a fin de procurarse solvencia. Los recursos de los fideicomisos se aplicarán para los fines que se determinen en el instrumento que los constituya y rija. TÍTULO SÉPTIMO . CAPÍTULO PRIMERO . Artículo 54. Las personas físicas titulares de concesiones, preferentemente morelenses en términos de la presente Ley, podrán incorporarse o conformarse en personas morales constituidas como empresas, con la aportación en goce al equivalente de su concesión; la disolución de la asociación se realizará de acuerdo a lo establecido en la normativa aplicable. Artículo 54 Bis. La concesión para la prestación del servicio en zonas metropolitanas y corredores troncales de transporte masivo, únicamente se otorga a las personas morales constituidas en empresas que cumplan los requisitos establecidos en esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas y administrativas aplicables, debiendo conservar durante la vigencia, el tipo de sociedad, objeto social exclusivo para transporte y sus servicios auxiliares, personalidad jurídica y razón social con la que obtuvo la concesión, así como el número de accionistas y capital social. Artículo 54 Ter. La concesión otorgada a las personas morales constituidas en empresas, autoriza y ampara la cantidad de vehículos que arrojen los estudios de factibilidad realizados en la zona donde habrá de prestarse el servicio de transporte público de pasajeros con o sin itinerario fijo. LEY DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE MORELOS: "TÍTULO SEXTO . CAPÍTULO II . Artículo 136 Bis. Los ámbitos de competencia del Estado y del municipio en materia de vialidad se distribuyen de la siguiente manera: I. Corresponde al Estado: La programación, construcción y administración de la infraestructura carretera y de la infraestructura y equipamiento vial, así como la reglamentación y control del tránsito en sus vías de comunicación, y II. Corresponde al Municipio: Autorizar los proyectos de infraestructura vial, infraestructura carretera, equipamiento vial y servicios conexos, en lo relativo a su territorio, a su localización y aprovechamiento de áreas, conforme a la presente Ley. Así mismo, le corresponde integrar y administrar la infraestructura vial. En los casos previstos en el artículo 80 bis de esta Ley, se estará a lo dispuesto por la reglamentación correspondiente. Artículo 136 Ter. Los ayuntamientos en atención a sus condiciones territoriales y socioeconómicas, así como a su capacidad financiera y administrativa, podrán celebrar convenios de coordinación para la prestación del servicio público de vialidad y tránsito con el Ejecutivo del Estado, a efecto de que: I. El Ejecutivo Estatal asesore y apoye al municipio para realizar acciones y estudios técnicos; II. La Secretaría supla a la dependencia municipal en la ejecución de acciones específicas que correspondan al municipio, o III. El ayuntamiento colabore con el Ejecutivo Estatal, ejerciendo funciones de administración y control del servicio público de tránsito y transporte, en programas y acciones que correspondan al ámbito de competencia estatal. DISPOSICIONES TRANSITORIAS PRIMERA. Remítase el presente Decreto al Gobernador Constitucional del Estado, para los efectos de lo dispuesto por los artículos 44, 47 y 70, fracción XVII, inciso a), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. SEGUNDA. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano de difusión del Gobierno del estado de Morelos. TERCERA. En un plazo no mayor a 180 días hábiles contados a partir del día siguiente al que dé inicio la vigencia del presente Decreto, deberán expedirse, actualizarse o modificarse las disposiciones reglamentarias que derivan de los instrumentos legislativos reformados. CUARTA. Se derogan todas las disposiciones jurídicas de igual o menor rango jerárquico normativo que se opongan al presente Decreto. QUINTA. Se autoriza al Poder Ejecutivo Estatal, a través de la Secretarías de Hacienda y de Movilidad y Transporte, para que realice las acciones necesarias para la constitución de los fideicomisos a que se refiere el presente Decreto." Además, de la exposición de motivos de la reforma y adición a las citadas leyes se aprecia, que el legislador consideró que tales modificaciones eran necesarias para "planear de manera integral el futuro del transporte, a fin de que se privilegie el público sobre el privado, debido a que el primero es finalmente el más utilizado, además de que se configure, tal como plantea la presente Iniciativa, un Sistema Integrado de Transporte Masivo que pueda responder de mejor manera a las exigencias ciudadanas y a los estándares ambientales que se han venido impulsando en las Entidades Federativas que conforman la megalópolis", asimismo, consideró que "El Sistema Integrado de Transporte Masivo que se propone adicionar, viene a complementar el abanico de modalidades que la legislación en la materia contempla y regula, de ahí lo beneficioso de su incorporación al texto de la ley, ya que no se trata de una modalidad impositiva sino permisiva que ofrece a los titulares de las concesiones contar con un mecanismo nuevo y a su alcance que haga posible su fortalecimiento e incluso, garantizar la rentabilidad de su actividad económica, la que, como ya se expuso, permite al estado el cumplimiento de una de sus principales tareas sociales encomendadas, esto es, el servicio de transporte público." Expuesto lo anterior, se concluye que los preceptos legales impugnados que se encuentran inmersos dentro de las reformas y adiciones de la Ley de Transporte del Estado de Morelos y la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos, no constituyen disposiciones de carácter autoaplicativo, en virtud de que el hecho de que la parte quejosa en su caso, demostrara contar con una concesión de transporte público otorgada por el Estado de Morelos, no la obliga necesariamente, desde la entrada en vigor de la ley a acatar lo dispuesto en el artículo 54 de la primera ley citada, puesto que contrario lo aduce, la norma establece que "únicamente las personas físicas titulares de concesiones, preferentemente morelenses, podrán incorporarse o conformarse en personas morales constituidas como empresas, con la aportación en goce al equivalente de su concesión"; así que, tal disposición legal, eje de las restantes involucradas, no afecta de manera automática la esfera jurídica de la parte quejosa, ya que de inicio es de naturaleza potestativa, por recurrir al término "podrán", por lo que, hasta que exista un acto enderezado en su contra que afecte la concesión, hasta el momento vigente, según se advierte de las documentales que anexó a su demanda de amparo, fundamentado en las disposiciones que ahora se tildan de inconstitucionales, será cuando se actualice tal afectación, y por lo tanto, tendrá posibilidad de comparecer al juicio de amparo si ello fuere procedente. En efecto, el hecho que las disposiciones combatidas establezcan la creación de un Sistema Integrado de Transporte Masivo que pueda responder de mejor manera a las exigencias ciudadanas y a los estándares ambientales que se han venido impulsando en las Entidades Federativas que conforman la megalópolis, entre las cuales se encuentra el Estado de Morelos, y se considere la posibilidad de que las personas físicas con concesiones puedan crear personas morales para la prestación del servicio, no priva por sí, los derechos de los concesionarios que tienen vigente la autorización por parte del Estado, puesto que para que ello ocurra, es necesario un acto de aplicación que afecte la esfera jurídica del agraviado, y en su caso, pueda analizarse de manera particular tal acto así como las normas en que se fundamentó. Así es, para que ello suceda, se requiere necesariamente la existencia de un acto de aplicación; esto es, que llegado el momento en que sea privada o molestada en relación al derecho derivado de la demostración de la existencia de una concesión otorgada, y que luego, sea vedada de alguna forma la actividad que se pruebe desarrollar, es lo que generará la posibilidad de que la parte quejosa acuda al juicio de amparo, puesto que será el momento en que el destinatario de la norma, se vea afectado en su esfera jurídica; lo cual constituiría, en consecuencia, el primer acto de aplicación, toda vez que es a partir de este último momento, en el cual, a virtud de la aplicación de la norma cuestionada resiente un agravio personal y directo, como podría ser que con fundamento en ésta, se le requiriera obligadamente a conformar parte de una persona moral establecida, o a integrar una diversa; o en su defecto, sea cancelada o modificada una concesión de transporte. Por tanto, es evidente que, al estar condicionada la impugnación de las disposiciones cuestionadas a un acto de aplicación en perjuicio del gobernado; es decir, a que la parte quejosa encuadre dentro del supuesto de la norma y no a su sola entrada en vigor, es indudable que los preceptos de referencia son de naturaleza heteroaplicativa, por lo que su inconstitucionalidad debe ser reclamada hasta en tanto tenga verificativo el primer acto de aplicación. Cabe destacar que las disposiciones de observancia general que vienen a modificar el marco jurídico que regula una determinada actividad de los gobernados, que importen una probable sanción en agravio de ellos, atendiendo a sus características particulares y que se encuentra sujeta a la emisión de un acto específico o una conducta determinada, son de individualización condicionada. Así, la procedencia del juicio de amparo contra leyes se basa en la existencia de un agravio personal y directo que emane de la propia disposición controvertida, agravio que ni siquiera puede ser inminente, ni futuro, pues se encuentra condicionado a que la autoridad prive de un derecho a favor de los gobernados, lo que, en la especie, no se ha demostrado, por lo que no es factible admitir la procedencia del juicio, para analizar ordenamientos generales que no afectan a los gobernados, ni siquiera indiciariamente, con su sola entrada en vigor; por tanto, el que con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo exista la aplicación individualizada de las ley controvertida, constituye un requisito de procedencia del juicio de amparo. Es aplicable la tesis jurisprudencial 2a./J. 77/97, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 382, Tomo VII, Enero de 1998, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "LEYES HETEROAPLICATIVAS. SI SE RECLAMAN POR ACTOS INMINENTES Y NO POR ACTOS CONCRETOS YA REALIZADOS, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO. Para que la acción constitucional sea procedente en contra de leyes heteroaplicativas, o sea, en relación con las que se impugnan por haber existido un acto concreto de aplicación en perjuicio del quejoso, es necesario que se demuestre la existencia misma de dicho acto de aplicación, relacionado con la fecha de presentación de la demanda y, por ende, no basta la inminencia de la aplicación de la ley para que el amparo sea procedente, ya que la referida inminencia no actualiza o concreta el perjuicio en la esfera jurídica del gobernado de manera real y actual, lo cual constituye requisito indispensable de procedencia del juicio de garantías, sino que sólo genera la presunción de que tal aplicación ha de realizarse, sin conocerse circunstancias de tiempo, modo y lugar de ejecución, lo que impide constatar la existencia misma del perjuicio." Es importante puntualizar, que tratándose de normas heteroaplicativas, no cualquier acto de aplicación legitima al gobernado para acudir en demanda de amparo, sino que es requisito indispensable que dicho acto materialice los supuestos previstos por la norma y más aún, que ello trascienda a la esfera jurídica del quejoso, generando un perjuicio, entendido como una afectación o menoscabo a su esfera jurídica. En las relatadas circunstancias, al evidenciarse que la sola emisión del Decreto que se tilda de inconstitucional no constituye un acto que afecte por su sola entrada en vigor, derechos sustantivos de los quejosos, y por otro lado, al no exhibirse en el presente juicio, evidencia alguna de acto de aplicación de la norma; es la razón por la que se estima que se actualiza la expresada causal de improcedencia del juicio, prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el artículo 107, fracción I, ambos de la Ley de Amparo. Con independencia de lo anterior, los quejosos tampoco acreditan interés jurídico para combatir las normas jurídicas ya explicadas. En efecto, acuden en esta instancia constitucional ostentándose con el carácter de concesionarios del transporte público del Estado de Morelos, pues así lo refieren en sus demandas de amparo. Para acreditar su interés jurídico, los quejosos exhibieron copias certificadas de las siguientes documentales: JULIA MARTÍNEZ GONZÁLEZ anexó a su escrito de demanda lo siguiente: Fotocopia simple de la credencial para votar expedida a su nombre (foja 57); Fotocopia certificada del recibo de pago folio 1586587, expedido por la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos, de uno de septiembre de dos mil diez (foja 54). Fotocopia certificada del tarjetón de autorización para prestar el servicio de transporte público, de trece de noviembre de dos mil cinco (foja 55). Fotocopia certificada del recibo de pago folio 2437262 (foja 56). J. JESÚS SOTELO SALGADO ofreció: Fotocopia certificada de la credencial para votar expedida a su nombre (foja 114); Recibo de pago folio 3343531, expedido por la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos, de uno de septiembre de dos mil diez (foja 115). Fotocopia certificada de los recibos de pago folios 2408635 y 2408625 (fojas 116 y 117). LÁZARO SOTELO SALGADO ofreció: Fotocopia certificada de la credencial para votar expedida a su nombre (foja 174); Recibo de pago folio 3343533, expedido por la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos, de uno de septiembre de dos mil diez (foja 241). PEDRO MANCIO COATZIN ofreció: Fotocopia simple de la credencial para votar expedida a su nombre (foja 233); Recibo de pago folio 3349411, expedido por la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos, (foja 234). Fotocopia certificada del tarjetón de autorización para prestar el servicio de transporte público, de veinticinco de noviembre de dos mil catorce (foja 235). Fotocopia certificada del recibo de pago folio 1801341 (foja 236). Fotocopia simple de una autorización para salir fuera de jurisdicción a cualquier entidad federativa, de veintinueve de julio de dos mil dieciséis (foja 237); Para satisfacer el interés jurídico en el presente juicio de garantías, los quejosos debieron demostrar ser titulares de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; requisito que no se encuentra demostrado ya que si bien exhibieron las documentales que se listaron en párrafos que anteceden; sin embargo, de conformidad con los artículos 44 y 56 de la Ley de Transporte del Estado de Morelos, para acreditar la calidad que ostentan de concesionarios del servicio público de trasporte se requiere del documento en que conste la concesión vigente otorgada el Gobierno del Estado de Morelos y de las documentales exhibidas por los quejosos no se acredita la existencia de la concesión que les hubiera sido otorgada o que las mismas se encuentren vigentes, por lo que carecen de eficacia demostrativa para acreditar que son titulares de las concesiones para brindar el servicio público de transporte. Por lo anterior, es válido concluir que con las pruebas ofrecidas por los quejosos, para efectos del presente juicio de amparo, no acreditan la calidad de concesionarios para prestar el servicio de transporte público con la que se ostentan, puesto que las documentales citadas no cuentan con los requisitos de validez que exige el numeral 56 de la Ley de Transporte del Estado de Morelos y, por ello, dichas constancias resultan insuficientes para acreditar su interés jurídico. Apoya a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 16/94 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, octava época, tomo 82, octubre de 1994, página 17, con el rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones.". Asimismo, resulta aplicable, la jurisprudencia número 1a./J. 1/2002, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XV, febrero de 2002, página 15, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto.". En efecto, si los aquí quejosos se ostentan como concesionarios del servicio público de transporte y, por ese motivo, consideran que el proceso legislativo que culminó en el inicio de vigencia del decreto novecientos noventa y dos, por medio del cual se reforman y adicionan los artículos 26 bis, 26 ter, 38 bis, 38 ter, 54, 54 bis, 54 ter, de la Ley de Transporte del Estado de Morelos, así como su aplicación transgrede su interés jurídico, debieron haber exhibido la concesión vigente que exigen los numerales 44 y 56 de la Ley de Transporte del Estado de Morelos o algún otro documento que evidencie el carácter vigente de concesionarios del servicio público expedido por el Gobierno del Estado de Morelos, lo cual no ocurrió. Por tal motivo, no acreditan el interés jurídico con el que comparecen a instar el juicio de amparo, y los documentos que exhibieron carecen de idoneidad para demostrar la titularidad de los derechos de concesionarios, al no reunir los requisitos que establece el numeral 56 de la Ley de Transporte del Estado de Morelos. Apoya a lo anterior la jurisprudencia XI.1o.A.T. J/2, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, libro 2, enero de 2014, tomo IV, página 2678, que a la letra dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. CARECE DE ÉL QUIEN SE OSTENTA CONCESIONARIO DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE, PERO NO EXHIBE EL TÍTULO DE CONCESIÓN CORRESPONDIENTE O ALGÚN OTRO DOCUMENTO QUE EVIDENCIE JURÍDICAMENTE EL DERECHO SUBJETIVO CONSAGRADO EN SU FAVOR (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN). Si una persona se ostenta como concesionaria del servicio público de transporte en el Estado de Michoacán, para acreditar su interés jurídico -no legítimo- en el amparo, es necesario que exhiba el título de concesión que la identifica precisamente con esa calidad, y aun cuando fuera materialmente imposible exhibir el título, es necesario algún otro documento que evidencie jurídicamente el derecho subjetivo consagrado en su favor, como puede ser alguna prueba que llevara al conocimiento de que se verificó el procedimiento que culminó con la resolución del titular del Poder Ejecutivo de dicha entidad, en la que acordó favorable la solicitud que, en su momento, formuló, conforme al artículo 19 del Reglamento de la Ley de Comunicaciones y Transportes del Estado, o con diversa constancia expedida por la autoridad administrativa competente, en la que se certifiquen aquella calidad y los términos de la concesión, de acuerdo con el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada.". Asimismo, apoya a lo anterior en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 7/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXXIII, febrero de 2011, página 1113, que a la letra dice: "SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE. LA SOLA POSESIÓN DE LAS PLACAS DE CIRCULACIÓN PARA PRESTARLO NO GENERA PRESUNCIÓN DE TITULARIDAD DE UNA CONCESIÓN NI PUEDE SER DEMOSTRATIVA DE LA EXISTENCIA DEL TÍTULO RELATIVO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). El artículo 15 de la Ley de Transporte para el Estado de Nuevo León, vigente hasta el 29 de noviembre de 2006, al prever que las placas de circulación expedidas por la autoridad competente para brindar el servicio público de transporte constituyen una consecuencia de la concesión otorgada en los términos de esa Ley, no establece presunción legal alguna acerca de la titularidad de una concesión para explotar ese servicio cuando sólo se demuestra la posesión de las placas vehiculares para circular, ya que tal enunciado solamente permite interpretación en el sentido de que las placas deben estar respaldadas por la expedición de la concesión respectiva, pues la función de aquéllas se limita a servir como identificación numérica, a la vista del público y de las autoridades. En efecto, la calidad de concesionario se adquiere mediante un acto administrativo expreso por parte del Estado, que debe materializarse en el correspondiente título de concesión. Consecuentemente, si el propietario o poseedor de las placas está desprovisto o no demuestra fehacientemente la existencia de ese título concesión como fuente de expedición de aquéllas, tal circunstancia puede producir la declaración de nulidad mediante la instauración del juicio de lesividad.". En síntesis, atendiendo a que los quejosos se ostentaron como concesionarios del servicio de transporte público, tenían la carga de demostrar que cuentan con una concesión vigente para proporcionar dicho servicio, es decir, que son titulares de un derecho tutelado por la Ley y al no hacerlo, es que se afirma la falta de acreditación del interés jurídico. No obsta a lo anterior, la existencia de los recibos de pago exhibidos por cada no de los quejosos, expedidos por la Subsecretaría de Ingresos del Gobierno del Estado de Morelos, en los que consta el pago por diversos conceptos, entre ellos, el de renovación de concesión del servicio público con itinerario fijo por diez años a nombre de los aquí quejosos; sin embargo, tales documentos son insuficientes para demostrar el interés jurídico, pues lo único que acreditan es la realización del pago por los conceptos que se ahí se precisan, sin que ello implique la expedición de la concesión respectiva a su favor para brindar el servicio de transporte público, siendo, por tanto, una mera expectativa de derecho. Aunado a ello, no reúnen los requisitos que señala el artículo 56 de la Ley de Transporte del Estado de Morelos, es decir, dichos recibos no contienen la motivación y fundamento legal aplicable (fracción I), el número de concesión (fracción III), la modalidad y especificaciones del servicio, cuando proceda, así como jurisdicción territorial para la que se expide (fracción V), características y antigüedad de los vehículos con los que se prestará el servicio, así como los datos del vehículo para la explotación del servicio (fracción VII), las condiciones de operación del servicio (fracción IX), el nombre del beneficiario sustituto (fracción XI), la prohibición expresa de operar servicio distinto al autorizado (fracción XII), las causas de revocación (fracción XIII) el lugar y fecha de expedición y firma de la autoridad concedente (fracción XIV). Por lo que hace a las fotocopias certificadas de los tarjetones de autorización para prestar el servicio de transporte público (fojas 55 y 235), a nombre de los quejosos JULIA MARTÍNEZ GONZÁLEZ y PEDRO MANCIO COATZIN, respectivamente, tienen la leyenda: "VIGENCIA 2015" y "VIGENCIA 2014"; por lo tanto, tampoco reflejan un derecho vigente. Por lo que hace al quejoso PEDRO MANCIO COATZIN, exhibe Fotocopia simple de una autorización para salir fuera de jurisdicción a cualquier entidad federativa, de veintinueve de julio de dos mil dieciséis (foja 237); sin embargo, no se le puede conceder eficacia probatoria para acreditar, en virtud de tratarse precisamente de un documento que no es original o bien con certificación de coincidir con su original y no estar corroborado con algún otro documento que permita establecer que se trata de un concesionario con derechos vigentes al momento de promover la demanda de amparo. Época: Novena Época, Registro: 202550, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Mayo de 1996, Materia(s): Común, Tesis: IV.3o. J/23, Página: 510, del rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS OFRECIDOS EN FOTOCOPIAS SIMPLES, VALOR PROBATORIO DE. No se puede otorgar valor probatorio aun cuando no hayan sido objetadas en cuanto a su autenticidad, las copias simples de un documento, pues al no tratarse de una copia certificada, no es posible presumir su conocimiento, pues dichas probanzas por sí solas, y dada su naturaleza, no son susceptibles de producir convicción plena sobre la veracidad de su contenido, por la facilidad con la que se pueden confeccionar, por ello, es menester adminicularlas con algún otro medio que robustezca su fuerza probatoria, razón por la que sólo tienen el carácter de indicio al no haber sido perfeccionadas.". No puede soslayarse que conforme lo previsto en los artículos 58 a 61 de la Ley de Transporte del Estado de Morelos, que regula la duración de las concesiones, impone múltiples requisitos para su renovación, y que debe cumplir por seguridad de la colectividad a la que brinda ese servicio público, siendo insuficiente el simple pago, dado que debe existir una autorización expresa de la autoridad competente para poder acceder a esa renovación, y así, estar en condiciones de padecer alguna afectación a sus intereses jurídicos y legítimos, lo que no acreditaron dado que conforme a los documentos analizados, feneció la vigencia de la autorización para la prestación del servicio público de transporte. Aunado a ello, de acuerdo con diversos criterios sustentados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el juicio de amparo indirecto se sigue a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, lo que en el caso no ocurre, pues la parte quejosa no exhibió la concesión vigente otorgada a su favor por lo cual no acreditaron su interés jurídico ni legítimo, sin que sea viable inferirlo con base en presunciones, como puede ser la exhibición de los recibos de pago precisados en el párrafo que antecede; por tanto, si los quejosos se ostentaron como concesionarios del servicio de transporte público, debieron acreditar fehacientemente que tienen ese carácter, lo cual no aconteció. Ilustra el criterio anterior la tesis 2a. LXXX/2013, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, libro XXIV, septiembre de 2013, tomo 3, página 1854, que a la letra dice: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente.". Debe señalarse igualmente, que no son de tomarse en consideración las alegaciones acerca de la existencia de un interés legítimo, en virtud de que lo sustenta en actos que considera privativos y que sólo pueden afectar a titular de derecho que se dice afectado; es decir, en realidad se alega que estos afectan un interés jurídico, y, por lo demás, no se demostraron tales en el presente juicio de amparo. El criterio anterior se sustenta en la tesis 2a. LXXX/2013, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, libro XXIV, septiembre de 2013, tomo 3, página 1854, que a la letra dice: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente.". Así las cosas, se reitera, la parte quejosa no demuestra interés jurídico para combatir a través del presente juicio de garantías, las normas jurídicas que se han precisado en esta resolución. Luego, al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente por la causal explicada, y que debe sobreseerse con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución. Es aplicable la jurisprudencia de la Novena Época, Registro: 195744, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Agosto de 1998, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 54/98, Página: 414, del texto y rubro siguientes: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución. Al actualizarse la causal de improcedencia del juicio explicada, existe imposibilidad jurídica para analizar los conceptos de violación y alegatos hechos valer. Por lo anteriormente expuesto, y fundado se, RESUELVE: ÚNICO. SE SOBRESEE EN EL JUICIO PROMOVIDO POR JULIA MARTÍNEZ GONZÁLEZ, J. JESÚS SOTELO SALGADO, LÁZARO SOTELO SALGADO, y PEDRO MANCIO COATZIN, respecto a los actos y por las autoridades señaladas en el considerando segundo de esta sentencia. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, hoy nueve de noviembre de dos mil dieciséis, que lo permitieron las labores de este juzgado, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, que da fe.

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