Julia Martínez Aragón
Expediente 153/2022 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito. 38 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 153/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 38
- Última actuación
- 22/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Julia Martínez Aragón
- Karina Zurizadday Ochoa Frayre
- Agente del Ministerio Público de la Federación
Actuaciones
Las 4 más recientes de 38.
- Juicio de Amparo Directo
SE ORDENA REMITIR EL EXPEDIENTE FÍSICO RELATIVO A PRESENTE ASUNTO AL ARCHIVO EN FORMA DEFINITIVA.
- Juicio de Amparo Directo
POR LO EXPUESTO Y FUNDADO, SE R E S U E L V E: ÚNICO. SE SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR *****, RESPECTO DEL ACTO RECLAMADO DE LA SALA CIVIL COLEGIADA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE DURANGO, CON SEDE EN ESTA CIUDAD, CONSISTENTE EN LA SENTENCIA DE VEINTICUATRO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS, DICTADA EN LOS AUTOS DEL TOCA ****.
- Juicio de Amparo Directo
EN CUMPLIMIENTO A LO ACORDADO POR EL PLENO DE ESTE TRIBUNAL COLEGIADO EN LA SESIÓN VIRTUAL DE REFERENCIA, CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL PRECEPTO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CITADA LEGISLACIÓN DE AMPARO, DESE VISTA A LA PARTE QUEJOSA, CON LA PARTE CONSIDERATIVA DEL PROYECTO DE SENTENCIA QUE REVELA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA ADVERTIDA OFICIOSAMENTE, PARA QUE EN EL PLAZO DE TRES DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN RESPECTIVA, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, Y UNA VEZ TRANSCURRIDO ESE PLAZO, CON O SIN MANIFESTACIÓN ALGUNA, PROVÉASE LO QUE CONFORME A DERECHO CORRESPONDA. CON FUNDAMENTO EN EL PRECEPTO 27 27, FRACCIÓN III, INCISO B), SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA LA CON LA PARTE CONSIDERATIVA DEL PROYECTO DE SENTENCIA QUE REVELA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA ADVERTIDA QUE CONSISTE EN : "SEXTO. Sobreseimiento. Es innecesario analizar la litis constitucional, ya que en la especie se actualiza el supuesto de la fracción II del artículo 63, en relación con el arábigo 27, fracción III, inciso b), ambos de la Ley de Amparo. Aquel precepto establece que debe sobreseerse el juicio de amparo cuando la parte quejosa no demuestre, sin causa razonable, haber entregado los edictos para su publicación. En el caso a estudio, como se anticipó en el resultando segundo de este fallo, ocurrieron los siguientes hechos: En virtud de que de las constancias que remitió la autoridad responsable no se advertían las relativas a que ***** tuviera el reconocimiento como autorizado de *****, por lo cual se le requirió a la autoridad responsable a fin de que llevara a cabo el emplazamiento con traslado de copia de la demanda de amparo a dicho tercero interesado y remitiera dichas constancias de notificación o comunicara su impedimento legal para ello. En ese sentido, mediante proveído de treinta de junio, se tuvo a la Sala Civil Colegiada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Durango, haciendo constar la imposibilidad de llevar acabo la diligencia de emplazamiento al diverso tercero interesado *****; por lo que se requirió a la parte quejosa para que proporcionara a este Tribunal Colegiado de Circuito el domicilio donde pudiera ser localizado, para ordenar el emplazamiento respectivo, o bien, manifestara su imposibilidad para ello. Sin embargo, en escrito recibido el uno de agosto de dos mil veintidós, la parte quejosa señaló bajo protesta de decir verdad que desconocía el domicilio del tercero interesado *****, por lo cual, en auto de tres del mes y año en cita, se tuvo por recibido dicho ocurso y se ordenó girar oficio al Jefe de Unidad Administrativa que integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en el Estado; Titular del Registro Federal de Electores; Superintendente de la Comisión Federal de Electricidad; Administradora Local de Servicios al Contribuyente del Servicio de Administración Tributaria en el Estado; Gerente Estatal de Teléfonos de México; Delegación Estatal en Durango del Instituto Mexicano del Seguro Social; Delegación Estatal en Durango del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado; y, Delegación Estatal en Durango de la Secretaría de Relaciones Exteriores, todas con residencia en esta ciudad, a efecto de que informaran respecto del domicilio del citado tercero interesado. Posteriormente, dado a que ninguna de las autoridades antes mencionadas encontraron registro alguno del domicilio correcto del tercero interesado de mérito, el quince de febrero de dos mil veintitrés este órgano jurisdiccional ordenó el emplazamiento por edictos a costa de la parte quejosa, por lo que se le requirió para que se apersonara ante este Tribunal Colegiado de Circuito para recibir los edictos para llamar a juicio al tercero interesado *****, debiendo acreditar ante la presencia judicial haberlos entregado para su publicación dentro del plazo correspondiente. No obstante lo anterior, en auto de tres de abril del año en curso se hizo constar que la quejosa no se apersonó para recibir los edictos, habiendo transcurrido el plazo de veinte días hábiles otorgado para recogerlos, entregarlos para su publicación y acreditar su entrega, sin que se diera cumplimiento al citado requerimiento. Ahora bien, el término de veinte días que se concedió a la quejosa para que acreditara haber entregado para su publicación los edictos ha transcurrido en exceso, pues corrió del veinticuatro de febrero al veintisiete de marzo del año en curso. Sin que a la fecha la disconforme haya demostrado haber entregado los edictos de referencia para su publicación dentro de dicho plazo, ni ha manifestado causa razonable alguna que justifique dicha omisión. En tales circunstancias, al no haber dado cumplimiento al requerimiento que se le formuló en el citado proveído de quince de febrero de dos mil veintitrés, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho auto. Por tanto, procede decretar el sobreseimiento en el juicio constitucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción II, en relación con el cardinal 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Sobre el tópico, se comparte la tesis I.10o.P.1 K (10a.), del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que establece: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, TRAMITARLOS Y ENTREGARLOS AL ÓRGANO JURISDICCIONAL SIN CAUSA RAZONABLE, ACTUALIZA EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO. La fracción II del artículo 63 de la Ley de Amparo dispone la posibilidad de decretar el sobreseimiento en el juicio cuando el quejoso incumple con los principios de prosecución judicial e interés procesal, al no entregar al órgano jurisdiccional los edictos para su publicación, cuando deban practicarse y no acredite la causa razonable de su omisión, en términos del artículo 27 de la propia ley. De esta forma, se advierte que el legislador determinó en ese sentido el sobreseimiento en el juicio directamente, pues para requerir al quejoso la entrega de esos edictos, éste debió haberlos recogido, tramitado y, en consecuencia, entregado al juzgado, quien ordenó su emisión; hipótesis que la anterior legislación de la materia no preveía; de ahí que respecto al tema, con antelación a esta nueva causa de sobreseimiento, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 64/2002, de rubro: 'EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO', catalogó a dicha hipótesis, no como una causal autónoma de sobreseimiento, sino de improcedencia. Así, atento a que el sobreseimiento directo a que se refiere el numeral 63, fracción II, aludido, se incluyó con el propósito de subsanar la laguna existente en la ley abrogada, se considera adecuado aplicar esa causal ante el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que surgen para el quejoso cuando se ordena un emplazamiento por edictos (recoger y tramitar), y no solamente para el caso de que éstos no sean entregados para su publicación -que es la única acción establecida expresamente por la ley-, pues cualquier omisión del quejoso que impida efectuar la notificación a través de edictos, evidencia su falta de interés para la continuación del juicio". Es menester precisar que de autos no se advierte que la parte quejosa sea de "escasos recursos", entendido esto último como una persona cuya economía se vería gravemente afectada por el pago de la publicación de edictos de que se trata, toda vez que el análisis minucioso y exhaustivo de las constancias que obran como anexos a este asunto no revela, ni aun de manera indiciaria, que aquella carezca de los medios económicos para sufragar dicho gasto. Lo anterior al margen de que la parte quejosa, no exhibió medio de convicción alguno a efecto de acreditar su insolvencia económica, pues inclusive la contienda en el juicio de origen versa sobre la prescripción positiva respecto de un predio rustico ubicado en el Municipio de *****, Durango, que cuenta con una superficie de ***** hectáreas (seiscientas noventa y cuatro hectáreas, cincuenta y un áreas, setenta centiáreas); y, a folios 109, 123, 263 y 269 del tomo I relativo al juicio ordinario civil de origen, se advierte que *****, aquí quejosa, mediante ocursos presentados el tres de mayo y veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho, veintidós de febrero y veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, respectivamente, compareció a exhibir diversos ejemplares del periódico El Siglo de Durango, por lo cual no se desprende ningún elemento probatorio del que pueda advertirse que la quejosa se ubique en esa posición económica. Apoya lo antepuesto, la tesis 1a. CXXIII/2015 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, intitulada: "PUBLICACIÓN DE EDICTOS SIN COSTO PARA EL QUEJOSO DE ESCASOS RECURSOS. LINEAMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo previsto por el citado precepto legal, cuando no sea posible llevar a cabo una notificación personal al tercero interesado con base en las reglas previstas en dicha disposición, se efectuará la notificación por edictos a costa del quejoso, con la excepción de que, cuando se trate de personas de escasos recursos a juicio del órgano jurisdiccional, se ordenará la aludida publicación sin costo para el mismo en el Diario Oficial de la Federación. En ese sentido, en primer lugar, debe entenderse que el término "escasos recursos" es un concepto dinámico que se interpreta ampliamente en cada caso concreto, a fin de no incluir en el mismo sólo a las personas que se encuentren asignadas formalmente en un ámbito de extrema pobreza, sino a todas aquellas que demuestren que el pago de los edictos afectará gravemente su economía personal o familiar ante la precariedad de medios económicos para hacer frente a su carga procesal. Dicho lo anterior, para efectos de su aplicabilidad, se estima que una vez que el juzgador no pueda llevar a cabo la notificación personal al tercero interesado, tendrá que ordenar la notificación por edictos a cargo del quejoso o, dependiendo del asunto, si el juzgador lo considera factible, analizará desde ese momento los elementos que obren en autos y determinará, fundada y motivadamente, por qué no procede de plano la referida excepción a la erogación de los edictos por parte del quejoso, sin que ello conlleve la obligación de recabar nuevos elementos probatorios. Con la aclaración de que en el supuesto de que no se localice el domicilio del tercero, el quejoso tendrá la posibilidad de manifestar lo que a su interés convenga y, en dado caso, acreditar su condición de escasos recursos, gozando de la potestad para presentar medios de convicción que demuestren tal condición social. Sobre esto último, el juzgador estará en aptitud de pronunciarse respecto a las pruebas ofrecidas, teniendo la facultad de admitirlas o desecharlas de acuerdo a las circunstancias del caso en concreto y al ejercicio de sus facultades en el trámite del juicio de amparo, actualizándose consecuentemente el deber de justificar las razones que lo llevaron a aceptar o no la admisión de tales elementos de convicción. Lo anterior, sin que se demeriten las facultades de ejercicio potestativo que tiene la autoridad jurisdiccional para recabar nuevos medios de prueba como medidas para mejor proveer ante la insuficiencia de elementos en el expediente para formarse un juicio sobre la condición económica del quejoso". "
- Juicio de Amparo Directo
ACORDE A LO QUE ESTABLECE EL PRECITADO NUMERAL 27, FRACCIÓN III, INCISO B), PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA; ASÍ COMO DIVERSO 28, FRACCIÓN II, DE LA VIGENTE LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, TÚRNESE ESTE ASUNTO AL MAGISTRADO PRESIDENTE QUE SUSCRIBE, PARA LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO RESPECTIVO Y SEA EL PLENO DE ESTE TRIBUNAL DE AMPARO QUIEN DETERMINE LO CORRESPONDIENTE.
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