Julia Marisela Morales

Expediente 1226/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1226/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
20/09/2023

Partes del expediente

  • Julia Marisela Morales

Actuaciones

  1. Principal

    RECEPCIÓN DE OFICIO. Visto el oficio remitido por el Subdelegado de Registro del Registro Agrario Nacional en el Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad, y en atención al auto de doce de septiembre del año en curso, reitera que mediante diverso 0668/09/2023 solicitó al Director General de Catastro y Asistencia Técnica del Registro Agrario Nacional en el Estado de Guanajuato, con sede en la Ciudad de México, que el trabajo técnico materia de la presente ejecutoria fuera sometido a análisis, autorización y seguimiento de la ejecución de trabajos técnicos, para estar en condiciones de dar una respuesta a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. A lo anterior se acuerda. SE AGREGA OFICIO. Agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales correspondientes, y este juzgado queda en espera de la información solicita a la diversa autoridad responsable Director General de Catastro y Asistencia Técnica del Registro Agrario Nacional en el Estado de Guanajuato, con sede en la Ciudad de México, en auto de doce de septiembre pasado. FIRMA ELECTRÓNICA.- Notifíquese.

  2. Principal

    RECEPCIÓN DE ESCRITO. Vista la demanda de amparo, signada por Julia Marisela Morales, contra actos del Juez Primero Civil de Partido Especializado en Extinción de Dominio, con sede en esta ciudad y otras autoridades responsables, lo que considera violatorio de los derechos humanos contenidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Se ordena formar el expediente respectivo y hacer las anotaciones en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 1226/2023. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La parte quejosa reclama de manera esencial, la resolución de tres de agosto del año en curso, emitida por el Juez Noveno Civil de Partido, con sede en León, dentro del juicio **********, mediante la cual se decretó el desalojo y/o desocupación del inmueble ubicado en el solar urbano sito, calle sin nombre y/o ********** sin número de la Comunidad de Santa Teresa de esta ciudad, en lote 15, manzana 2, zona 1, con superficie 655.44 (seis cientos cincuenta y cinco metros cuadrados), inscrito bajo el folio real R15*22929. DESECHAMIENTO DE DEMANDA. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, éste aplicado en sentido contrario, 112 y 113, de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de garantías. El precepto 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece: ... De lo transcrito se colige que el Juez de Distrito debe desechar de plano una demanda de garantías, cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo que por "manifiesto", debe entenderse lo que se denota en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que lo "indudable", es cuando se tiene la plena convicción de la existencia de una determinada situación que no puede ponerse en duda por lo seguro y evidente que es. En esos términos, un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, es aquel que está plenamente acreditado y no requiere mayor demostración, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, del escrito aclaratorio o de los documentos que se anexan a cualquiera de esas dos promociones. Además de que se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata, es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de que se admitiera el escrito de demanda de amparo y se sustanciara el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos de prueba que pudieran allegar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable causa de improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y en su caso, a los anexos que se acompañen o a su ampliación, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que están acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindieran las autoridades responsables, las pruebas, y los alegatos que las demás partes ofrezcan y hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar la causa de improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda o de sus anexos, a manera de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia. Ahora bien, resulta procedente analizar la causa de improcedencia por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, en relación con la jurisprudencia II.1o. J/5, visible en la página 95, Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto es: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.". En acatamiento a lo establecido en los numerales antes transcritos, quien resuelve considera que en la especie se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, éste aplicado en sentido contrario, ambos de la ley de la materia, que en su orden disponen: ... De acuerdo con el primero de los artículos transcritos, la improcedencia del juicio de amparo puede actualizarse, además de los supuestos específicos que prevé el numeral, en los casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la propia ley de la materia. En cambio, el segundo de los artículos establece la procedencia del juicio de amparo indirecto, contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. En casos de ejecución de sentencia, el amparo sólo puede promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, la cual se define o entiende como: Aquella resolución que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado; Aquella resolución que declara la imposibilidad material o jurídica para cumplir con la sentencia; y, Aquella resolución que ordena el archivo definitivo del expediente. Esto es, la resolución con la que concluye el procedimiento previsto en la ley que corresponda, para lograr la ejecución de un fallo que ha quedado firme. Así, el amparo sólo podrá promoverse contra la resolución con la que concluya el procedimiento de ejecución de sentencia, y será hasta entonces que puedan reclamarse las violaciones cometidas durante dicho procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Incluso, el propio numeral establece otro supuesto en el que el amparo procede, únicamente, contra la última resolución con la que concluye el procedimiento respectivo, en los casos de remate, en los que se entiende que la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, oportunidad en la que también pueden reclamarse las violaciones cometidas durante dicho procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En ambos casos, es claro que el amparo procede, únicamente, contra las resoluciones con las que concluyan los procedimientos previstos en las leyes que correspondan para lograr la ejecución de un fallo que ha quedado firme. Existen casos de excepción en los que no hay que esperar al dictado de la resolución con la que concluya el procedimiento de ejecución de sentencia para promover el juicio de amparo, tales como los previstos en el artículo 107, fracciones V y VI, de la Ley de Amparo, a saber: Cuando se reclaman actos de imposible reparación, entendiéndose por tales los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; y, Cuando los actos reclamados afecten a personas extrañas al juicio. En suma, cuando se reclaman actos de ejecución de sentencia, el amparo procede, únicamente, contra la última resolución con la que concluye el procedimiento respectivo, esto es, aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, declara la imposibilidad material o jurídica para cumplir con la sentencia, o bien, ordena el archivo definitivo del expediente, salvo que se trate de actos de imposible reparación que afectan materialmente derechos sustantivos, o bien, actos que afecten a personas extrañas al juicio. ... De tal suerte que, si el acto reclamado en el presente juicio, lo hace consistir en la resolución de tres de agosto del año en curso, emitida por el Juez Noveno Civil de Partido, con sede en León, dentro del juicio **********, mediante la cual se decretó el desalojo y/o desocupación del inmueble ubicado en el solar urbano sito, calle sin nombre y/o ********** sin número de la Comunidad de Santa Teresa de esta ciudad, en lote 15, manzana 2, zona 1, con superficie 655.44 (seis cientos cincuenta y cinco metros cuadrados), inscrito bajo el folio real R15*22929. Por ello, es claro que los actos que pretende combatir no constituyen un acto autónomo en la fase de ejecución, pues dicha resolución fue emitida precisamente de la ejecución de la sentencia emitida en el juicio ordinario civil **********; ello, pues de los antecedentes que bajo protesta de decir verdad refirió la parte quejosa en su demanda de amparo, se advierte que dicha determinación se emitió una vez concluido el procedimiento de remate, pues la citada quejosa adujo en su demanda de amparo, bajo protesta de decir verdad, que "por auto de 12 de julio de 2023 el juez noveno civil de partido de la ciudad de León, Guanajuato, otorgó escritura en rebeldía a favor de **********.". Acto este con el cual culminó el procedimiento de remate para efectos de su impugnación a través del juicio de amparo indirecto, acorde a la jurisprudencia 13/2016 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Abril de 2016, Tomo II, página 1066, de rubro siguiente: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE MPARO INDIRECTO. LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).". De tal manera que ante la contumacia de la peticionaria del amparo, la autoridad responsable otorgó la escritura correspondiente a favor del adjudicado el bien rematado en el juicio de origen; de ello deriva la conclusión de la etapa de remate ya se encuentra concluida y por ello, el acto reclamado consistente en la entrega forzosa del bien materia de este asunto, se encuentra dentro de la etapa de ejecución de sentencia. ... En ese sentido, la oportunidad para que la parte demandada en el juicio de origen, para promover el juicio de amparo indirecto en etapa de ejecución de sentencia del juicio natural, no queda a voluntad de la parte quejosa, el momento en el que promoverá el juicio de amparo, sino que éste deberá promoverse a partir de que se configure cualquiera de las hipótesis que prevé el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. De tal manera, que el acto reclamado no constituye la última resolución con la que concluye el citado procedimiento de ejecución, ya que en aquél no se declara cumplida la sentencia o decreta la imposibilidad de que se cumpla; en realidad, el procedimiento de origen sigue sus cauces legales para lograr el cumplimiento de la sentencia ahí emitida. En las condiciones anotadas, resulta evidente que el acto reclamado no constituye la última resolución con la que concluya el procedimiento de ejecución en el expediente natural, como tampoco afectan materialmente derechos sustantivos distintos de la cosa juzgada y, por ende, en términos del artículo 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, aplicado a sentido contrario, en relación con el diverso 61, fracción XXIII, del mismo ordenamiento legal, el juicio de amparo es improcedente. Además, no se actualizan los supuestos de excepción dado que la parte quejosa no comparece como tercera extraña al juicio de origen, ya que de sus manifestaciones se advierte que compareció al procedimiento; de igual modo, no aduce que con el acto reclamado se violenten materialmente derechos sustantivos distintos de la cosa juzgada en el juicio primigenio, pues el acto que reclama se encuentra encaminado al cumplimiento de la sentencia. Los razonamientos expuestos con antelación, ponen de relieve lo manifiesto de la causa de improcedencia del juicio constitucional, la cual resulta indudable habida cuenta de que no sería factible formarse una convicción diversa en el juicio, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Por lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV, aplicado a contrario sentido, ambos de la ley de la materia, el juicio de amparo resulta improcedente y, por tanto, con apoyo en el artículo 113 del citado ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda de amparo que aquí se analiza. Finalmente, debe decirse que el desechamiento de la demanda de amparo presentada por la aquí quejosa, de manera alguna implica vulnerar derechos humanos consagrados, en su caso, tratados internacionales, ya que no debe perderse de vista que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa, por lo que la parte quejosa debe cumplir con los requisitos para su procedencia, lo cual, de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la presentación de interminables juicios de amparo; por ello, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia. ... DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír notificaciones la lista que se fija en los estrados de este tribunal federal; por tanto todas las notificaciones personales que se realicen habrán de llevarse en dicho lugar. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA REALIZAR NOTIFICACIONES. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones de este juicio. PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DE LAS COPIAS CERTIFICADAS. Ahora bien, para la obtención de las copias certificadas, al no contar este órgano jurisdiccional con centro de fotocopiado para que puedan ser obtenidas de manera física por las partes, deberá ajustarse a las eventualidades siguientes: ... SE AUTORIZA LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se autoriza el uso de los medios electrónicos en términos de lo dispuesto por la circular 12/2009, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. ... Por otra parte, se exhorta a las partes, en términos del artículo 2º, del Acuerdo General 8/2020, que a continuación se transcribe: ... DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTE. Se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a este, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) Secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal. DE LA TRANSPARENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. ... FIRMA ELECTRÓNICA.- Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.

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