Julia Mariana Araiza Obregón

Expediente 1470/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 9 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1470/2023
Año
2023
Actuaciones
9
Última actuación
13/11/2023

Partes del expediente

  • Julia Mariana Araiza Obregón
  • Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con sede en Ciudad de México.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Incidental

    Auto. En Hermosillo, Sonora, trece de noviembre de dos mil veintitrés. Admisión y resolución de recurso de queja. Agréguense a los autos los oficios de cuenta, mediante los cuales, la actuaria del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, con sede en esta ciudad, comunica, por una parte, que se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto contra el auto que concedió la suspensión provisional en el presente incidente, medio de impugnación que se radicó con el expediente 365/2023. Por otro lado, también remite copia certificada de la resolución dictada el nueve de noviembre anterior, relativo al expediente apenas mencionado, en el cual se resolvió: "ÚNICO. Se declara sin materia el recurso de queja." Acúsese recibo de lo anterior al tribunal oficiante. Notifíquese por oficio al citado órgano colegiado y por lista las demás partes. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Incidental

    Audiencia y resolución incidental En Hermosillo, Sonora, a las ******************** del ********************, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario de juzgado con quien actúa y da fe, celebran la audiencia incidental a que se refiere el artículo 144 de la Ley de Amparo, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia. El secretario hace una relación de todas y cada una de las actuaciones que obran en los presentes autos y da cuenta con copia del escrito inicial de demanda y su ampliación. Asimismo, el secretario da cuenta con los oficios registrados bajo folios 16981, 16983, 16984 y 16945. El juez acuerda: se tiene por hecha la certificación que antecede para los efectos legales a que haya lugar. Informe previo, folio 16983. Conforme a lo establecido en el numeral 140 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe previo rendido por la subdirectora de Procesos Judiciales del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, con residencia en la Ciudad de México. Domicilio y delegados. En términos de los artículos 28 y 9, de la ley de la materia, se tiene por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en la misiva que se atiende, y por designados como delegados en este asunto, a los profesionistas a que alude la oficiante. Interpone recurso de queja, registro 16984. Por otro lado, agréguese a los autos el oficio de cuenta remitido por la autoridad oficiante mencionada en párrafos que anteceden; en atención a su contenido, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso b, 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, téngase por interpuesto el recurso de queja que hace valer la oficiante en contra del auto de ********************, dictado en la presente incidencia, a través del cual se proveyó respecto de la suspensión provisional solicitada. Manifestaciones por cumplimiento a la suspensión, folio 16945. Asimismo, glósese a los autos el escrito de cuenta presentado por la parte quejosa, a través del cual solicita se requiera al Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, para que dé cumplimiento a la suspensión provisional del acto reclamado. Autoridad informa sobre suspensión provisional, folio 16981. En ese orden ideas, téngase por recibido el oficio remitido por la autoridad responsable, a través del cual informa el cumplimiento dado a la suspensión provisional. En consecuencia, se ordena dar vista a la parte quejosa con el informe recibido y sus anexos, para que manifieste lo que su derecho corresponda. Abierto el período de pruebas. El secretario hace constar que las partes no ofrecieron medios de convicción. El juez acuerda: téngase por perdido el derecho de las partes para ofrecerlas. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos. El secretario certifica que ninguna de las partes los expresó. El juez acuerda: se tiene por perdido el derecho de las partes para formular los alegatos a que se refiere el artículo 144 de la ley de la materia. Cerrado el período de alegatos, se da por concluida la audiencia y se procede a dictar la siguiente resolución. ********************istos, para resolver, los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo ********************; y, R e s u l t a n d o s : I. Antecedentes A petición de ********************, por acuerdo de ********************, se ordenó tramitar el presente incidente de suspensión; se solicitó a la responsable informe previo, se resolvió sobre la suspensión provisional, y previos diferimientos, se fijó fecha y hora para la audiencia incidental, la cual dio inicio a las ******************** de hoy, y culmina con la resolución interlocutoria que se emite al tenor de los siguientes C o n s i d e r a n d o s : II. Competencia Este juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión conforme a lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, en función de que este órgano jurisdiccional está conociendo el juicio de amparo indirecto del que deriva el presente incidente. III. Precisión de los actos reclamados En términos del artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, substancialmente se precisa que los actos reclamados por la parte quejosa se hacen consistir en: La aprobación de la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el ocho de mayo de dos mil veintitrés, en particular los artículos 12, 33, fracción III, 34, 38 y 39. La aplicación de dichas normas generales, materializada en la imposibilidad de la parte quejosa para inscribirse en la Convocatoria de Becas Nacionales para Becas de Posgrado 2023 (segundo periodo). Al ampliar la demanda, se señaló como nuevo acto reclamado: El "Aviso Becas Nacionales para Estudios de Posgrado 2023, Convocatoria 2023", de veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, atribuido al Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONHACYT). Asimismo, se solicita la suspensión del acto reclamado para el efecto de que no se aplique a la parte quejosa la nueva norma general combatida, y se le permita registrarse en la plataforma respectiva. ********************. Certeza del acto reclamado Son ciertos los actos reclamados al Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, con sede en la Ciudad de México, pues así lo manifestó al rendir su informe previo. ********************. Estudio de la medida cautelar definitiva En principio, es necesario traer a colación el precepto constitucional en el que se establece la figura de la suspensión de los actos reclamados en materia de amparo. Lo anterior se sustenta en la fracción X del artículo 107 de la Constitución Federal, que dispone lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] X. Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social. Dicha suspensión deberá otorgarse respecto de las sentencias definitivas en materia penal al comunicarse la promoción del amparo, y en las materias civil, mercantil y administrativa, mediante garantía que dé el quejoso para responder de los daños y perjuicios que tal suspensión pudiere ocasionar al tercero interesado. La suspensión quedará sin efecto si éste último da contragarantía para asegurar la reposición de las cosas al estado que guardaban si se concediese el amparo y a pagar los daños y perjuicios consiguientes. [.]" En la citada porción normativa se establece que para concederse la suspensión deberá tomarse en cuenta la naturaleza de la violación alegada, lo que supone la necesidad de realizar un juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho esgrimido, con miras a otorgar la medida cautelar para evitar daños y perjuicios de difícil reparación a la parte quejosa y conservar viva la materia del juicio, si con ello no se lesiona el interés social y el orden público, lo cual podrá resolver el juez de Distrito a sensibilidad, ante la realidad del acto reclamado. En segundo término, el artículo 128 de la Ley de Amparo, establece los requisitos para la procedencia de la medida suspensional: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado. Asimismo, no serán objeto de suspensión las órdenes o medidas de protección dictadas en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial. Las normas generales, actos u omisiones del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica, no serán objeto de suspensión. Solamente en los casos en que la Comisión Federal de Competencia Económica imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, éstas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que, en su caso, se promueva." En relación con lo anterior, en el caso, se obtiene que el primer requisito se satisface, en tanto que la quejosa solicita expresamente la suspensión de los actos reclamados. En cuanto al segundo de los requisitos, también es procedente, la parte quejosa acreditó indiciariamente el interés suspensional con las constancias emitidas por la Universidad de Sonora, de las que se advierte que se encuentra inscrita en el programa de posgrado de dicha Institución; además, con el otorgamiento de la medida cautelar no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, ya que la concesión no priva a la colectividad, de algún beneficio establecido previamente o un daño que de otra manera no resentiría. Por tanto, bajo el principio de apariencia del buen derecho y al no contravenir disposiciones de orden público ni afectar el interés social, con fundamento en los artículos 125 y 128 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión definitiva a la parte quejosa, respecto del acto reclamado en la ampliación de demanda, para los siguientes efectos: Para que no se apliquen en su perjuicio los efectos y consecuencias de la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el ocho de mayo de dos mil veintitrés, en particular los artículos 12, 33, fracción III, 34, 38 y 39, y como consecuencia; Se le permita la inscripción o registro como aspirante en la Convocatoria de Becas Nacionales para Becas de Posgrado 2023 (segundo periodo), y su posterior modificación a través del aviso reclamado. Es sustento de lo anterior, la jurisprudencia I.18o.A. J/1 (10a.), emitida por el Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que dice: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. CUANDO SE RECLAMEN DISPOSICIONES AUTOAPLICAT********************AS, PARA RESOL********************ER SOBRE SU CONCESIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 148 DE LA LEY DE LA MATERIA, DEBE ANALIZARSE SI SE CUMPLEN LOS REQUISITOS PRE********************ISTOS EN EL ARTÍCULO 128 DEL PROPIO ORDENAMIENTO. De conformidad con el primer párrafo del artículo 148 de la Ley de Amparo, en los juicios de amparo en que se reclame una norma autoaplicativa - sin señalar un acto concreto de aplicación-, la suspensión se otorgará para impedir sus efectos y consecuencias en la esfera jurídica del quejoso; sin embargo, dicho dispositivo legal no debe interpretarse de manera aislada, sino sistemáticamente con el resto de los preceptos aplicables del propio ordenamiento que prevén diversas reglas para resolver la medida de que se trata. En consecuencia, cuando se reclamen disposiciones de carácter general por considerar que por su sola entrada en vigor causan perjuicio al gobernado, para resolver sobre la concesión de la medida cautelar solicitada, el juzgador debe analizar si se cumplen los requisitos previstos en el artículo 128 de la propia ley, ya que de advertir que no se satisface alguno de ellos, aquélla resultará improcedente." En el entendido que esta suspensión no surtirá sus efectos si la quejosa no cumple con la totalidad de los requisitos exigidos para el registro, diversos al que es materia de análisis en este incidente. Cabe destacar, que la medida cautelar no se traduce en el otorgamiento de la beca a la cual pretende aspirar la parte quejosa, sino sólo a la recepción de documentos para participar en dicha convocatoria -en caso de cumplir todos los requisitos-. ********************I. Requisito de efectividad Se estima innecesario fijar requisitos de efectividad, ante la falta de probables daños y perjuicios que se pudieran ocasionar a tercero o terceros interesados, porque se estima que los efectos para los que se concede la suspensión definitiva no le causa afectación alguna a parte tercero interesada, ni trastoca el interés social. ********************II. Se provee sobre queja Por otra parte en atención a la quejosa interpuesta por la autoridad responsable, contra el auto de ********************; en tal virtud, remítase copia certificada de esta interlocutoria, así como el original del escrito de queja de que se trata, al Tribunal Colegiado que corresponda, a fin de que determine lo conducente respecto al medio de impugnación en comento. Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los artículos 124, 131, 144 y 146 de la Ley de Amparo, se R e s u e l v e Primero. Se concede la suspensión definitiva solicitada por ********************, contra los actos que reclama a la autoridad que quedó precisada en el considerando ********************, por los motivos expuestos en el diverso apartado ******************** de esta interlocutoria. Segundo. Se ordena remitir al Tribunal Colegiado que corresponda el presente asunto, a fin de que se resuelva la queja referida en el considerando ********************II de esta interlocutoria. Notifíquese; por oficio a la autoridad responsable y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario de juzgado con quien legalmente actúa, que autoriza y da fe. Doy Fe.

  3. Incidental

    Auto. Hermosillo, Sonora, dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. Diferimiento de la audiencia incidental. Vista la certificación que antecede y el estado de los autos se desprende que no fue posible celebrar la audiencia incidental, toda vez que no obran en el presente cuaderno incidental la constancia de notificación, o bien, el informe previo de la autoridad señalada como responsable Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONHACYT). En consecuencia, se difiere la aludida audiencia y se señalan las nueve horas con treinta minutos del seis de noviembre de dos mil veintitrés, para su celebración. Ahora bien, debe acotarse que si bien la audiencia incidental se ha señalado fuera del término establecido en el artículo 138 de la Ley de Amparo, ello obedece a que en el caso dicha audiencia se difirió para dar oportunidad a que obre en la incidencia la constancia de notificación o bien el informe previo de la autoridad foránea señalada como responsable, razón por la cual resulta materialmente imposible su desahogo y por consecuencia realizar el pronunciamiento correspondiente dentro del término de cinco días, lo anterior debido al tiempo normal que implica notificar las determinaciones por correo; además y en ese orden de ideas, se estima ocioso y desgastante. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, diez de octubre de dos mil veintitrés. 1. Cumple prevención. Agréguese a los autos el escrito de cuenta suscrito por ********************, mediante el cual, atiende el requerimiento efectuado el ********************. 2. Conflicto de separación de juicios. Antes de expresar los motivos del conflicto planteado, es pertinente destacar, a título de antecedentes, que la parte quejosa reclama a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y otras autoridades, los artículos 12, 33, fracción III, 34, 38 y 39 de la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación; 11 y 12 de los Lineamientos del Sistema Nacional de Posgrados del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, así como su aplicación que se materializó en la imposibilidad de inscribirse en la Convocatoria de Becas Nacionales para Estudios de Posgrado 2023 (segundo periodo), en virtud de que la maestría que pretenden cursar es catalogada como "no elegible" en el Sistema Nacional de Posgrados. Ahora, en el caso particular el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora separó juicios por cada quejoso toda vez que cada uno de ellos tiene un expediente específico relativo a la solicitud de la beca, por lo que consideró que, de concederse el amparo de la justicia federal, la solicitud del quejoso deberá analizarse de forma particular, por lo que técnicamente las pretensiones de los quejosos no pueden ser analizadas y resueltas en un solo juicio de amparo, además, de que el procedimiento que cada quejoso realiza en lo individual podrá tener un resultado adverso al de los colitigantes en virtud de que en cada caso deberá analizarse si el quejoso cumple o no con los lineamientos de la convocatoria. En ese sentido, es pertinente matizar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 68/2020, refirió que es cierto que la figura de la separación de juicios no está prevista en la legislación de la materia, sin embargo, su aplicación ha sido aceptada vía jurisprudencial, bajo las reglas de la acumulación, de ahí que, dicha figura proceda cuando en una misma demanda se reclamen actos desvinculados entre sí. Bajo este panorama se puede evidenciar que la determinación de separar los juicios opera cuando en una demanda de amparo se reclamen actos emanados de juicios o procedimientos diversos, cuyos efectos solo permearán en la esfera jurídica de cada quejoso en forma independiente, y que por esta razón en aras de una administración pronta y expedita lo pertinente sea ordenar la separación de los juicios. Por esta razón resulta relevante precisar que el Máximo Tribunal del país obliga a estudiar el expediente en su integridad para deducir cuál es la verdadera intención del gobernado, aspecto que necesariamente debe obtenerse a partir de un análisis holístico de las constancias concomitantemente con los principios de realidad, debida diligencia y efecto útil de la sentencia, entendiendo que el juicio de amparo constituye, de facto, la última ratio de los gobernados para vencer la resistencia de la autoridad. Conforme al amplio catálogo jurisprudencial del Alto Tribunal, el acto reclamado debe fijarse de forma clara y precisa, y para lograrlo se analizará íntegramente la demanda concatenadamente con los datos que emanen de ella, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos y con la totalidad de la información del expediente, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, con el objetivo de impartir una recta administración de justicia en un ambiente de seguridad jurídica que resuelva lo efectivamente planteado. De ahí que, con base en dichas consideraciones se puede afirmar que el Alto Tribunal ha privilegiado, en todo momento, el acceso a la justicia, evitar los formalismos rigurosos y atender la cuestión efectivamente planteada en ejercicio del principio pro actione, por ello ante la duda, debe favorecerse la pretensión del promovente y la interpretación y protección más amplia (principio pro persona); sin que lo anterior implique soslayar los requisitos previstos para el juicio de amparo. Así, como se anticipó, este juzgador considera que los actos reclamados deben analizarse en conjunto, puesto que están íntimamente ligados entre sí, ello en razón de que la intención final de la parte accionante es que se verifique la constitucionalidad de las legislaciones citadas con antelación referentes a la viabilidad de calificar como elegible el posgrado que se encuentran cursando y con ello acceder a la convocatoria que les permita ser acreedores de una beca. En ese sentido, se tiene que el acto reclamado no está relacionado con un requisito que en lo particular los quejosos hubieren omitido, sino por el contrario se encuentra acotado a la constitucionalidad de la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnología e Innovación, debido a la prohibición de que la maestría a la cual se encuentran inscritos por ser clasificada como "no elegible" les impide acceder a la beca que otorga el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, de ahí que, contrario a lo sostenido por el juzgado oficiante el procedimiento que en lo personal haya realizado cada uno de ellos no impide su análisis en unidad pues la característica que reviste al acto de inconstitucional es relativo a la calificativa del posgrado que cursan. Además, con tal separación también se divide la continencia de la causa y se incrementa el riesgo de emitir sentencias contradictorias, afectando tanto los derechos en particular del quejoso, como la unidad del sistema jurídico, ya que podrían existir criterios diferentes respecto de la elegibilidad del posgrado a fin de ser acreedor al apoyo económico que brinda el Conacyt, lo que vulneraría la seguridad jurídica de los promoventes, pues obtendrían fallos diferentes para la misma litis y se les obligaría acudir a diversos juzgados para la consulta de sus expedientes. Esto es así, porque el punto fino a dilucidar consiste en determinar si los artículos 12, 33, fracción III, 34, 38 y 39 de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación son inconstitucionales y con base en ello establecer si fue correcto o incorrecto que se excluyera a los quejosos de las becas nacionales para estudios de posgrado de 2023, por cursar las Maestrías en Administración y en Fiscalización y Control Gubernamental, que imparte la Universidad de Sonora, al estar consideradas cono inelegibles, lo cual constituye un solo acto de autoridad. En este sentido, al considerarse que existe identidad de actos entre el reclamado inicialmente tramitado por el Juzgado Segundo de Distrito en Sonora y el presente asunto, se plantea el conflicto de separación de juicios al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito en turno, por tanto, previo cuaderno de antecedentes que se forme del escrito de demanda y de este acuerdo; remítanse los autos del presente juicio a dicho órgano revisor. Sirve de apoyo la tesis P./J. 3/2021 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Undécima Época, Tomo I, Junio de 2021, página 253, registro digital 2023241, que dice: "SEPARACIÓN DE JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO. EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ES COMPETENTE PARA RESOLVER ESTOS CONFLICTOS, BAJO LAS REGLAS PREVISTAS PARA LA ACUMULACIÓN. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes arribaron a consideraciones diversas en cuanto a si los conflictos entre Jueces de Distrito generados por la separación de juicios en amparo indirecto deben resolverse por el Tribunal Colegiado de Circuito competente, o si son cuestiones meramente administrativas que deben ser resueltas conforme a los mecanismos establecidos por el Consejo de la Judicatura Federal. Criterio jurídico: La separación de autos, aun cuando no se encuentra prevista expresamente en la Ley de Amparo, es procedente dada su vinculación con la figura de la acumulación, de manera que los conflictos que se susciten deben ser resueltos por el Tribunal Colegiado de Circuito competente atendiendo a las mismas reglas. Justificación: La figura de la separación de autos no está prevista en la normativa del juicio de amparo, sin embargo, su aplicación se ha aceptado vía jurisprudencial, bajo las reglas de la figura de la acumulación. En ese sentido, cuando en una misma demanda de amparo se reclamen actos desvinculados entre sí, se podrá decretar de plano la separación de juicios, o bien, tramitar un procedimiento vía incidental, en términos de los artículos 66 y 67 de la Ley de Amparo, 34 al 39, 74 y demás conducentes del Código Federal de Procedimientos Civiles. Por ello, si llegara a existir oposición del juzgador respecto a quién se le envían los actos que se estiman desvinculados, deberá considerarse que se trata de un conflicto materia de los Tribunales Colegiados de Circuito, en términos del artículo 37, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por lo que deberá remitir los autos a su superior, comunicándolo al Juez de origen para que haga lo propio. Así, seguido el procedimiento correspondiente, el Tribunal Colegiado de Circuito competente deberá resolver sobre la procedencia o no de la separación, ordenando, si se estima procedente, mantener el estado de separación de los autos y devolverlos a los juzgados competentes para su resolución, o de negarse a la separación, regresar la totalidad de los autos al juzgador que originalmente previno." En ese sentido, infórmese al homólogo el presente criterio y, con la finalidad de salvaguardar el derecho de los quejosos de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 Constitucional, se le solicita respetuosamente que suspenda el procedimiento del juicio de amparo del que emanó el presente conflicto de separación de autos, hasta en tanto la alzada lo resuelva. Cuaderno incidental. Por lo anterior, toda vez que no se ha resuelto la suspensión definitiva se ordena proveer lo conducente en el cuaderno respectivo. En la inteligencia de que se acordará respecto de la admisión de la demanda una vez que se resuelva el conflicto planteado. Notifíquese por oficio al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, en turno, al homólogo federal y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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