Julia María Sánchez del Valle

Expediente 516/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 6 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
516/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
10/11/2021

Partes del expediente

  • Julia María Sánchez del Valle

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    México, Ciudad de México, a diez de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta proveniente del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, a través del cual devuelve un legajo de copias certificadas y copia certificada del testimonio de la resolución dictada en el expediente Q.C. 207/2021 de su índice; en consecuencia, acúsese el recibo de estilo y hágase del conocimiento de la parte quejosa que el órgano revisor resolvió: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja interpuesto por XXXXXXXXXX, por conducto de sus autorizados XXXXXXXXXX y XXXXXXXXX contra el proveído de veintinueve de julio de dos mil veintiuno, dictado por el Juez Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en el cuaderno amparo 516/2021.". Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y remítase el expediente de que se trata como concluido al archivo de este órgano jurisdiccional para su resguardo en la remesa correspondiente al dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno. De igual manera, se hace del conocimiento de la parte quejosa que el presente expediente no es considerado de relevancia documental, ya que no cumple con los lineamientos expresados en el Capítulo Quinto del último párrafo del artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En este sentido, también se comunica a la parte quejosa que conforme a lo señalado en el Capítulo Octavo, artículo 21, inciso b) del referido Acuerdo, el presente expediente permanecerá en el archivo de este juzgado durante el plazo de tres años, ya que después de ese lapso, se procederá a la destrucción de las constancias que integran el presente expediente. Por otra parte, toda vez que no obran documentos originales exhibidos por la parte promovente, se ordena que el presente proveído se le notifique por lista. Finalmente, de conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo, artículo 25 del multicitado Acuerdo y al Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se hace constar que el presente cuaderno concuerda fielmente con el expediente electrónico que se encuentra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese mediante oficio al Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y por medio de lista a la parte quejosa.

  2. Principal

    En la Ciudad de México, a veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio de cuenta remitido electrónicamente por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, obtenido del módulo de promociones electrónicas del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), del índice de este juzgado, por medio del cual, remite copia del acuerdo de veinticuatro de septiembre del año en curso -firmado electrónicamente-, del que se advierte que acusa recibo de las constancias remitidas para la substanciación del recurso de queja, interpuesto contra el auto por el que se desechó por improcedente la demanda de amparo, e informa que admitió a trámite el referido medio de impugnación, el cual registró con el número de expediente Q.C. 207/2021. REUBICACIÓN DE NUEVO TITULAR. Para los efectos de los artículos 51, 52, 59 y 60 de la legislación de la materia, se hace del conocimiento de las partes que en sesión plenaria celebrada el uno de septiembre del año que transcurre, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal determinó la reubicación del juez Guillermo Campos Osorio, al Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en sustitución del juez Rodolfo Sánchez Zepeda, a partir del dieciséis del mes y año en curso. Notifíquese por medio de lista a la parte quejosa.

  3. Principal

    En la Ciudad de México, a cinco de agosto de dos mil veintiuno. Visto el escrito de cuenta de la parte quejosa xxxxxxxx, presentado por conducto de sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la ley de Amparo, xxxxxx y xxxxxxxx, mediante el cual interponen recurso de queja contra el proveído de veintinueve de julio de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, remítase de inmediato el informe materia de la queja, así como copia certificada de las constancias necesarias para la substanciación del citado recurso, al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en Turno, enviándole por separado el original del escrito de expresión de agravios. Ahora bien, toda vez que se trata de un recurso de queja, éste debe ser turnado a través de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito, remítase el medio de impugnación por conducto del buzón judicial para que se le asigne número y se turne al Tribunal Federal que en razón de turno le corresponda conocer, lo anterior conforme a lo dispuesto en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese por lista a la parte quejosa y por oficio al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en Turno.

  4. Principal

    AVISO.- SE ORDENA NOTIFICAR POR LISTA A LA QUEJOSA EL AUTO DE VEINTINUEVE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE A LA LETRA DICE: En la Ciudad de México, a veintinueve de julio de dos mil veintiuno. Visto el escrito de cuenta de la quejosa +++, mediante el cual desahoga la prevención formulada en auto de quince de julio del año en curso; por lo que se procede acordar la demanda de garantías en los siguientes términos: PARTE QUEJOSA +++ (parte demandada en el juicio de origen). PERSONALIDAD. La demanda se promueve por propio derecho. AUTORIDAD RESPONSABLE. - Novena Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. - Juez Vigésimo Octavo de lo Civil de la Ciudad de México. - Actuario adscrito al Juzgado Vigésimo Octavo de lo Civil de la Ciudad de México. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado las resoluciones de dieciocho de junio de dos mil veintiuno, dictadas por la Sala responsable, en los tocas 242/2013/6 y 242/2013/7, que por una parte declaró infundados los agravios hechos valer por la quejosa y, confirmó el proveído de veintisiete de agosto de dos mil veinte, dictado en los autos del juicio especial hipotecario 1405/2018, del índice del juzgado responsable seguido por+++, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, en contra de la quejosa y otro, en el que declaró improcedente la oposición de los demandados a la entrega a la parte actora de los billetes de depósito que exhibió el adjudicatario como pago del remate del inmueble materia del juicio de origen; y, por otra parte, declaró fundados los agravios de la parte actora en la apelación adhesiva en ejecución de sentencia.. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA De la lectura de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado no constituye el último acto dictado en el procedimiento de ejecución, por lo que SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA en la fracción XXIII, del artículo 61, con relación al 107, fracción IV, párrafo segunda, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;" Ahora bien, el precepto legal transcrito en último término, sienta la base de la procedencia del juicio de amparo, al establecer los casos en los cuales son reclamables los actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, según se trate de aquellos dictados dentro de juicio, fuera de juicio o después de concluido éste, como en la especie ocurre con el acto reclamado Para los actos dentro de juicio, las normas transcritas establecen como regla general la procedencia del juicio de amparo en la vía directa contra la sentencia, laudo o resolución que ponga fin al juicio, por violaciones cometidas en éstos o durante la tramitación del mismo; y como regla de excepción la procedencia del juicio de amparo en la vía indirecta cuando se trate de actos de imposible reparación. Para los actos fuera de juicio no se previenen reglas específicas. Para los actos después de concluido el juicio, se dispone que tratándose de ejecución de sentencias, únicamente será reclamable la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, y que en el supuesto de remates, sólo podrá impugnarse la resolución que ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Así, para la aplicación al caso concreto de estas reglas de procedencia depende de precisar, primero, si el acto reclamado proviene o no de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; y, segundo, de ser así, si tal acto se produce dentro de juicio, fuera de juicio o después de su conclusión, para lo cual es importante señalar que en esta vía se reclama, las resoluciones de dieciocho de junio de dos mil veintiuno, dictadas por la Sala responsable, en los tocas 242/2013/6 y 242/2013/7, que por una parte declaró infundados los agravios hechos valer por la quejosa y, confirmó el proveído de veintisiete de agosto de dos mil veinte, dictado en los autos del juicio especial hipotecario 1405/2018, del índice del juzgado responsable seguido por Banco del Bajío, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, en contra de la quejosa y otro, en el que declaró improcedente la oposición de los demandados a la entrega a la parte actora de los billetes de depósito que exhibió el adjudicatario como pago del remate del inmueble materia del juicio de origen; y, por otra parte, declaró fundados los agravios de la parte actora en la apelación adhesiva en ejecución de sentencia. De lo anterior, se advierte que la tramitación del referido juicio, está encomendada a un órgano jurisdiccional, y por tanto, el citado acto reclamado proviene indudablemente de un tribunal judicial y que, por lo mismo, se encuentra regido por las normas de procedencia del juicio de amparo antes transcritas. Tratándose, por lo tanto, de un acto proveniente de un tribunal judicial, se debe precisar si el mismo se produce dentro de un juicio, fuera de juicio o después de concluido éste, y para ello, basta observar que como ha quedado señalado, el acto reclamado en la presente instancia constitucional nos lleva a la conclusión que deriva de la ejecución de sentencia, específicamente en la etapa de remate, ya que el juicio es el conjunto de actos relacionados entre sí, que se presentan cronológicamente conforme a los mandatos legales, que inician con una demanda y terminan con una sentencia, de ahí que los actos que se ejecuten o emitan para dar cumplimiento a dicha sentencia, son propiamente actos de autoridad después de concluido el juicio. Así, en el segundo de tales preceptos se prevé la procedencia del juicio de amparo indirecto contra la última resolución dictada dentro del procedimiento de remate, definida como aquella que en forma definitiva ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 74/2015, emitió la jurisprudencia 1a./J. 13/2016 (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 29, Abril de 2016, Tomo II, Materia Común, página 1066, que dice: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial. En la ejecutoria que dio origen al citado criterio, el Alto Tribunal dejó sentado que la última resolución en el procedimiento de remate, no es la que lo aprueba, porque no pone fin a ese procedimiento, sino aquella que ordena en forma definitiva la escrituración, o bien, la entrega del bien inmueble rematado, ya que ambas órdenes constituyen efectos connaturales al acto de adjudicación, por lo que resulta indistinto que se ordene únicamente la escrituración o bien la entrega del bien para estimar actualizada la última resolución del remate. Al respecto la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que la última resolución respecto al tema de la formalización de la adjudicación, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, debe ser la que en forma definitiva ordene el otorgamiento de la escritura, pudiendo ser la resolución que ordena el otorgamiento voluntario de la escritura, con apercibimiento de que el Juez lo hará en caso de rebeldía, pues a través de esa resolución se consolida el derecho sustantivo de propiedad en favor del adjudicatario. Así, se desprende de la tesis de jurisprudencia 1a./J. 57/2019 (10a.), con registro 2020631, visible en la página 110, de la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 70, Septiembre de 2019, Tomo I, que dice: "ESCRITURACIÓN EN EL REMATE. LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, ES LA QUE ORDENA SU OTORGAMIENTO EN FORMA VOLUNTARIA. La interpretación gramatical, teleológica y funcional del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, lleva a concluir que en los procedimientos de remate, tratándose de la formalización de la venta judicial, la última resolución es aquella que en definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación en forma voluntaria. En la disposición apuntada, el legislador democrático dispuso que el juicio de amparo indirecto procede contra actos realizados fuera de juicio o después de concluido, no obstante, a fin de resguardar la operatividad del sistema del juicio de amparo y evitar dilaciones innecesarias en la ejecución de sentencias, estipuló que únicamente procederá contra la última resolución dictada en esa etapa. Lo anterior refleja una lógica en el requisito de procedibilidad del juicio de amparo indirecto que pretende dos objetivos, el primero, asegurar que no existirá ningún acto posterior a esa última resolución, por el cual se puedan modificar, revocar o cesar los efectos del acto reclamado en el juicio de amparo y, el segundo, evitar dilaciones y obstáculos innecesarios en la ejecución de sentencias emanadas de los procedimientos jurisdiccionales. Ahora, en lo que ve al procedimiento de remate y en el preciso tema de la formalización de la adjudicación, la norma es precisa al definir la última resolución como aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura. Al respecto, la definitividad a la que se refiere el precepto en cuestión deriva de la inimpugnabilidad del acto y no de la actuación material que, frente a esa determinación, pueden adoptar las partes. En ese tenor, la circunstancia de que la resolución que ordena el otorgamiento voluntario de la escritura, con apercibimiento de que el Juez lo hará en caso de rebeldía, apela a la voluntad de la persona a la que va dirigida la orden, pero la eficacia de lo ordenado no depende de la actitud que pueda adoptar el ejecutado, si se considera que la eventual contumacia de éste, solamente dará lugar a que dicha facultad de otorgar la escritura pase al juzgador, con lo que se consolida el derecho sustantivo de propiedad en favor del adjudicatario y, en tal virtud, no existe razón fundada para esperar a que se haga efectivo el apercibimiento a fin de acudir al juicio de amparo, pues con motivo de aquel requerimiento, el quejoso estará en aptitud de hacer valer las violaciones que, en su concepto, se hubieren presentado durante el procedimiento de remate, sin el riesgo de incurrir en prácticas dilatorias indeseables ni contravenir los objetivos perseguidos por el legislador, en el sentido de impedir la promoción desmesurada de juicios de amparo." De lo anterior, debe concluirse si el acto reclamado, se produjo después de concluido el juicio dictado en ejecución de sentencia, y además, no constituyen el último acto emitido en la etapa de remate, pues en el caso a estudio, se reclama las resoluciones de dieciocho de junio de dos mil veintiuno, dictadas por la Sala responsable, en los tocas 242/2013/6 y 242/2013/7, que por una parte declaró infundados los agravios hechos valer por la quejosa y, confirmó el proveído de veintisiete de agosto de dos mil veinte, dictado en los autos del juicio especial hipotecario 1405/2018, del índice del juzgado responsable seguido por Banco del Bajío, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, en contra de la quejosa y otro, en el que declaró improcedente la oposición de los demandados a la entrega a la parte actora de los billetes de depósito que exhibió el adjudicatario como pago del remate del inmueble materia del juicio de origen; y, por otra parte, declaró fundados los agravios de la parte actora en la apelación adhesiva en la etapa de ejecución de sentencia; al no cumplirse con esos requisitos el acto que por esta vía se reclama, no se satisfacen los supuestos de procedencia que establece el artículo 107, fracción IV, de la ley de Amparo. Además, es menester precisar que la quejosa es codemandada en el juicio de origen, y además compareció a juicio, tan es así que en su escrito de desahogo, manifiesta que contestó la demanda instaurada en su contra y celebró convenio con la parte actora, y que al haberse emitido el acto reclamado en la etapa de remate, el mismo resulta improcedente el juicio de amparo indirecto, pues para que pueda impugnarse mediante el juicio de garantías, es indispensable que dicho acto sea el último en dicha fase; esto es, aquella que ordena en forma definitiva la escrituración, o bien, la entrega del bien inmueble rematado. No pasa inadvertido para este juzgador el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J 108 2010 de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE" -visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIII, Enero de 2011, página 6-; sin embargo, este juzgador, estima, que el acto reclamado, emitido en el procedimiento de ejecución de sentencia, no es ajeno a la cosa juzgada en el juicio natural, pues el requerimiento de entrega del bien inmueble deriva directamente de la sentencia dictada en el juicio de origen. En efecto, debe señalarse que la Suprema Corte de Justicia de la Nación también ha sustentado que existen actos emitidos en ejecución de sentencia ?en el caso en concreto ejecución de sentencia definitiva?, en contra de la cual sí es procedente el amparo indirecto, entre otros, aquellos respecto de los cuales el acto reclamado afecta derechos sustantivos de manera inmediata. En síntesis, un acto dictado en ejecución de sentencia, puede reclamarse a través del amparo indirecto, de acuerdo con lo siguiente:  Que se interponga en contra del último acto dictado en el procedimiento correspondiente (la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento o las que ordenan el archivo definitivo del expediente) o, tratándose de remates, sólo podrá promoverse el juicio contra la última resolución que es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento (regla general).  Cuando el acto reclamado genere una afectación inmediata a los derechos sustantivos en grado predominante o superior (segunda regla de excepción). Ahora bien, la fracción IV, del artículo 107 del repetido ordenamiento, establece diversas restricciones con relación a la impugnación de actos ejecutados fuera de juicio o después de concluido, tales como reservar la promoción del juicio de amparo exclusivamente contra la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, lo cual opera, incluso, en materia de procedimientos de extinción de dominio; o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. De modo tal que aun tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia o de remate, existe la posibilidad de impugnarlos por las partes exclusivamente cuando: a) el acto infrinja directamente derechos sustantivos y b) los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, esto es, que no haya sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar; con la condición lógica de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. Lo que en el caso a estudio no acontece, pues el acto que reclama la quejosa no es ajeno a lo resuelto en la ejecución de sentencia que constituye la verdad legal. Por tanto, si el acto reclamado que en esta vía se reclama, lo constituye las resoluciones de dieciocho de junio de dos mil veintiuno, dictadas por la Sala responsable, en los tocas 242/2013/6 y 242/2013/7, que por una parte declaró infundados los agravios hechos valer por la quejosa y, confirmó el proveído de veintisiete de agosto de dos mil veinte, dictado en los autos del juicio especial hipotecario 1405/2018, del índice del juzgado responsable seguido por Banco del Bajío, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, en contra de la quejosa y otro, en el que declaró improcedente la oposición de los demandados a la entrega a la parte actora de los billetes de depósito que exhibió el adjudicatario como pago del remate del inmueble materia del juicio de origen; y, por otra parte, declaró fundados los agravios de la parte actora en la apelación adhesiva; constituye un acto dictado en la etapa de remate, en la citada controversia; esto es, no es ajeno a la cosa juzgada, motivo por el cual, el acto reclamado, como ya se dijo, no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de remate. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia I.2o.C. J/2 (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 55, Junio de 2018, Tomo IV, Décima Época, página 2639, que es del tenor siguiente: "ORDEN DE LANZAMIENTO POSTERIOR AL REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, DEBE ATENDERSE A LA REGLA PREVISTA EN EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO Y NO A LA DIVERSA ESTABLECIDA EN EL PÁRRAFO TERCERO DE LA MISMA FRACCIÓN. De conformidad con el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, tratándose de actos en ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto procede, por regla general, contra la última resolución dictada en dicha fase procesal, entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado; se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o bien, la que ordena el archivo definitivo del expediente y, que tratándose de remates, en términos del párrafo tercero de la misma fracción, se establece la procedencia del juicio de amparo biinstancial, por regla general, contra la última resolución dictada en dicho procedimiento; esto es, la que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega del bien rematado, determinaciones que pueden emitirse junta o separadamente; por tanto, cuando en un juicio de amparo indirecto, se reclaman actos emitidos después de concluido el procedimiento de remate; esto es, posteriores a la determinación que ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega del bien rematado, como puede ser el auto en que se hace efectivo el apercibimiento por no haber entregado el bien objeto del juicio y se ordena el lanzamiento, debe estimarse que para efectos de determinar sobre la procedencia o improcedencia del juicio de amparo, hay que atender a la regla establecida en el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, y no a la estatuida en el párrafo tercero de la misma fracción, en tanto que el acto reclamado no se emitió en la fase procesal de remate, sino en la etapa de ejecución de sentencia posterior a dicho remate; máxime que la orden de lanzamiento no es ajena a la cosa juzgada, sino consecuencia de la misma, y deriva de la contumacia del demandado de entregar el bien rematado." Asimismo, se cita por analogía e identidad, la jurisprudencia número 1a./J. 19/2001, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 34, tomo XIV, Julio de 2001, Novena Época, que dice: "ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO, PROCEDIMIENTO EJECUTIVO EN LOS JUICIOS DE. LA RESOLUCIÓN EN QUE SE APRUEBA O RECONOCE EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA SENTENCIA DEFINITIVA O LA QUE DECLARA LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA O MATERIAL PARA DARLE CUMPLIMIENTO CONSTITUYE LA ÚLTIMA QUE SE DICTA Y CONTRA LA CUAL PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO. El artículo 114, fracción III, párrafo segundo, de la Ley de Amparo exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la "última resolución" dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, en lo concerniente a la fase ejecutiva de los juicios de arrendamiento inmobiliario, la "última resolución" que se dicta y en contra de la cual procede la vía constitucional biinstancial, es aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia definitiva, o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Lo anterior es así, en virtud de que, por un lado, el procedimiento de ejecución obedece a la existencia de un fallo con rango de cosa juzgada y que, por ende, debe cumplimentarse atendiendo a su naturaleza de orden público y, por el otro, que si bien es cierto que en aras de ese cumplimiento, los Jueces del Arrendamiento Inmobiliario del conocimiento dictan resoluciones con ese propósito, como es el caso de las que ordenan al condenado entregar voluntariamente el bien objeto de controversia, concediéndole un término y apercibiéndole de que en caso contrario se procederá al lanzamiento forzoso, o bien, las que ante su negativa, mandan hacer efectivo dicho apercibimiento para obtener el cumplimiento material del fallo; también lo es que estos proveídos se encuentran supeditados a las resultas de la diligenciación material de lo ordenado, pues en el primer caso, depende de la voluntad del condenado y, en el segundo, de la posibilidad o no de lograr tanto la desocupación forzosa como la entrega del inmueble; situaciones estas, en torno a las cuales los tribunales de origen emitirán sus acuerdos conducentes a la luz del contenido de la resolución definitiva." Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía e identidad jurídica, la Jurisprudencia 104, registro 920552, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Apéndice 2001, Instancia Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, Tomo IV, Civil, Jurisprudencia TCC, página 141, que establece: "ORDEN DE LANZAMIENTO CONTRA DEMANDADO QUE FUE OÍDO EN JUICIO. NO ES LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN. La orden de lanzamiento constituye una consecuencia directa e inmediata de la sentencia que es cosa juzgada y que emana de un juicio donde el quejoso ya fue oído y vencido, en respeto a la garantía de audiencia previa al acto de privación definitiva y que se identifica con la sentencia que tiene esa calidad. Conforme a lo dispuesto en la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, por última resolución se entiende en forma genérica la que declara cumplida la sentencia o convenio que tienen la calidad de cosa juzgada como culminación de un juicio en que ya se cumplió la garantía de audiencia previa, con las formalidades esenciales del procedimiento; o en su caso, que establece la imposibilidad para cumplirla, y acorde con la naturaleza propia de las sentencias dictadas en los procedimientos judiciales del orden civil, pueden distinguirse en forma específica, resoluciones o autos que sólo son consecuencia directa e inmediata de la condena realizada en la sentencia que es cosa juzgada; resoluciones interlocutorias que liquidan la sentencia y preparan la ejecución; interlocutorias que resuelven una nulidad de actuaciones o que resuelven una cuestión que guarda autonomía de la ejecución, y otros actos que se traducen en medidas de apremio que tienden a lograr la ejecución de lo resuelto, o una determinación judicial tendiente a preparar o a lograr el cumplimiento estricto de la sentencia o convenio que es cosa juzgada. De ahí que por la naturaleza propia de cada una de esas resoluciones o autos que pueden dictarse en el periodo de ejecución, distintos al de remate, y también por la afectación a la libertad que pueda darse en el caso del arresto, o a un derecho sustantivo, porque la resolución o auto modifique, extinga un derecho o constituya una obligación sustantiva que sea distinta a la que fue objeto de controversia y tenga la calidad de cosa juzgada, como son las medidas de apremio, entre otras, es posible diferenciar cuándo se está ante una resolución que es la última dictada en el procedimiento de ejecución o bien que por su naturaleza autónoma a lo que ya es cosa juzgada, que crea, o modifica o extingue un derecho en ese procedimiento, deba ser analizada en el juicio de garantías." En consecuencia, con fundamento en los numerales invocados y con apoyo además en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de garantías. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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