Julia Maldonado Maldonado Hernández de Narváes
Expediente 435/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 435/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 20/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Julia Maldonado Maldonado Hernández de Narváes
Actuaciones
- Principal
Ciudad Madero, Tamaulipas, diecinueve de mayo de dos mil veintiuno. Del estado procesal que guardan los presentes autos y del contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la parte quejosa le ha trascurrido el término de cinco días previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto que desechó la demanda ha causado estado. Archívese este juicio como asunto totalmente concluido. Por otra parte, de conformidad con el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto se clasifica como destruible, pues se desechó la demanda de amparo y no existen documentos originales exhibidos por las partes. Asimismo, como lo dispone el penúltimo párrafo del numeral en cita, una vez que transcurran tres años, procédase a su destrucción, hecho lo cual deberá remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Como lo dispone el artículo 35 del citado acuerdo, hágase constar la valoración asignada en la carátula del expediente. Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese por lista.
- Principal
Ciudad Madero, Tamaulipas, tres de mayo de dos mil veintiuno. Recepción de la demanda. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Julia Maldonado Hernández de Narváes, contra actos del Juez Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Altamira, y otra[s] autoridad[es], por violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14, 16, 18 y 20 constitucionales; este órgano jurisdiccional procede a resolver en lo conducente. Registro. Regístrese en el libro de "Registro de Juicios de Amparo" bajo el expediente 435/2021-II-A. Integración de expediente electrónico. Así, con base en lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias necesarias para la integración del expediente electrónico del Poder Judicial de la Federación; en el entendido de que aquellas constancias que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que, el expediente electrónico estará a disposición de las partes, una vez que cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Análisis de demanda. Del análisis de la demanda se obtiene que la parte quejosa reclama el acuerdo de veintisiete de abril de dos mil veintiuno en el cual se niega la admisión del incidente de prescripción de ejecución de sentencia dentro del juicio hipotecario 880/2008, y ordena el desalojo del inmueble que habita la quejosa con auxilio de la fuerza pública. Desechamiento de la demanda El artículo 113 de la Ley de Amparo1, impone la obligación al Juez de examinar la demanda y si advierte la materialización manifiesta e indudable de una hipótesis de improcedencia, la desechará de plano. Con relación a ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda de los documentos que, en su caso, a ésta se 1 Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano anexen; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del Juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio; situación que en el presente juicio acontece, como enseguida se precisa. Una vez examinado el acto reclamado, se obtiene que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV último párrafo, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu, dispositivos que establecen: [A]rtículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. [.] En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; De la interpretación armónica de los citados artículos, debe precisarse que el primero refiere que el juicio de amparo es improcedente, en los demás casos en que resulte de alguna disposición de la ley. De la interpretación sistemática del segundo de esos preceptos se obtiene que el juicio de amparo es procedente contra los actos que provienen de un procedimiento de remate, bajo los supuestos siguientes: 1. Contra la resolución última que, en forma definitiva, ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. 2. Contra el actos que proviene de un procedimiento de remate, que no sea la resolución definitiva dictada en el procedimiento respectivo, que no sea la resolución última que, en forma definitiva, ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados y que afecte a una persona que ostente la calidad de tercero extraño. Como bien se sabe, el remate consiste en un acto judicial, que se traduce en una venta pública y se realiza en la fase de ejecución de la sentencia de un juicio -cuyo objetivo es que se cumpla con que se resolvió en ésta y que constituye una cuestión de orden público-, por mandato y con la dirección de una autoridad judicial, que tiene como finalidad vender o, en su caso, adjudicar bienes propiedad de la parte condenada en el juicio, para poder cubrir el pago ordenado en la sentencia a favor de una de las partes, con el producto del remate. Mediante este procedimiento el titular del derecho real del bien sujeto al remate es sustituido respecto de la facultad de su disposición, y esa facultad se transfiere en favor del Juez, quien está autorizado por la ley para vender el bien como un medio ejecutivo de hacer cumplir una resolución judicial, y en su defecto para adjudicarlo a favor del rematante, en caso de que no concurran postores interesados en la compra del bien sujeto al remate. En ese sentido, a fin de evitar el entorpecimiento o retardo del procedimiento de remate, con motivo de la promoción de un amparo, el legislador consideró que éste únicamente procede en términos de la regla descrita en el punto 1, esto es, contra la resolución última que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, esto es, una vez que se emitan ambas órdenes, el juicio resultará procedente. Por otro lado, excepcionalmente previó que la parte afectada puede impugnar actos intermedios de ejecución de sentencia y de remate, siempre que ostente la calidad de persona extraña, de acuerdo a la regla de procedencia mencionada en el punto 2. En torno a esta hipótesis, resulta aplicable por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 11/2013 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro XVIII, marzo de 2013, tomo 2, folio 1242, cuyo rubro dice: JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO. En el caso a estudio, el acto reclamado se hace consistir en el acuerdo de veintisiete de abril de dos mil veintiuno en el cual se niega la admisión del incidente de prescripción de ejecución de sentencia dentro del juicio hipotecario 880/2008, y ordena el desalojo del inmueble que habita la quejosa con auxilio de la fuerza pública. Como se puede advertir, el acto reclamado todavía no es la resolución última que, en forma definitiva, ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega del bien embargado en el juicio hipotecario; por lo que todavía falta, que de manera definitiva, se ordene la entrega del bien embargado que, en su caso, sea rematado, por lo que el acto reclamado no se ubica en la regla genérica de procedencia descrita en el punto 1, en razón de que resulta indispensable que concurran las dos determinaciones (sin importar si se dictan en dos momentos diferentes), esto es, la determinación que en forma definitiva otorgue las escrituras y se ordene la entrega del bien embargado y rematado. En efecto, con relación a la regla descrita en el punto 1, del análisis de la demanda de amparo se obtiene que el acto impugnado no es la resolución definitiva dictada en el procedimiento de ejecución, que haya ordenado la entrega del bien embargado y rematado y que produzca una afectación irreparable a los derechos de la persona. Desde esta perspectiva, el posible remate del bien embargado no tiene eficacia jurídica, sino hasta que en forma definitiva se lleve a cabo el remate y, además, el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega del bien rematado (lo cual aún no se verifica) momento en que es susceptible de afectar los derechos del quejoso. De ahí que el acto reclamado no produzca una afectación irreparable a sus derechos. Por otro lado, en cuanto al supuesto descrito en punto 2, conviene mencionar que el aspecto que permite identificar al tercero extraño y al que se le equipara es su desconocimiento total de la existencia de un proceso o procedimiento seguido en forma de juicio y la forma en que se acredita se traduce en que la persona extraña y la que se equipara a ésta se entera del proceso o procedimiento después de la emisión de la sentencia. Pues bien, del análisis de la demanda de amparo, se advierte que la quejosa le fue notificada debidamente la sentencia y no aduce falta de emplazamiento; de tal suerte que no tiene el carácter de tercero extraño. En consecuencia, tampoco resulta procedente el amparo conforme a la regla descrita en el punto 2. Así, como el acto reclamado no es la resolución última que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega del bien embargado y, en su caso, rematado, y tampoco el quejoso ostenta el carácter de persona extraña, es evidente que el amparo resulta improcedente, en términos del artículo 107, fracciones IV y VI, de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario. Cabe mencionar que esta conclusión no se modificaría en caso de que se admitiera la demanda, ya que se no se podría desvirtuar la naturaleza y los efectos de carácter procesal que el acto reclamado origina. Apoya lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 57/2019 (10a.), que dice: ESCRITURACIÓN EN EL REMATE. LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, ES LA QUE ORDENA SU OTORGAMIENTO EN FORMA VOLUNTARIA. La interpretación gramatical, teleológica y funcional del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, lleva a concluir que en los procedimientos de remate, tratándose de la formalización de la venta judicial, la última resolución es aquella que en definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación en forma voluntaria. En la disposición apuntada, el legislador democrático dispuso que el juicio de amparo indirecto procede contra actos realizados fuera de juicio o después de concluido, no obstante, a fin de resguardar la operatividad del sistema del juicio de amparo y evitar dilaciones innecesarias en la ejecución de sentencias, estipuló que únicamente procederá contra la última resolución dictada en esa etapa. Lo anterior refleja una lógica en el requisito de procedibilidad del juicio de amparo indirecto que pretende dos objetivos, el primero, asegurar que no existirá ningún acto posterior a esa última resolución, por el cual se puedan modificar, revocar o cesar los efectos del acto reclamado en el juicio de amparo y, el segundo, evitar dilaciones y obstáculos innecesarios en la ejecución de sentencias emanadas de los procedimientos jurisdiccionales. Ahora, en lo que ve al procedimiento de remate y en el preciso tema de la formalización de la adjudicación, la norma es precisa al definir la última resolución como aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura. Al respecto, la definitividad a la que se refiere el precepto en cuestión deriva de la inimpugnabilidad del acto y no de la actuación material que, frente a esa determinación, pueden adoptar las partes. En ese tenor, la circunstancia de que la resolución que ordena el otorgamiento voluntario de la escritura, con apercibimiento de que el Juez lo hará en caso de rebeldía, apela a la voluntad de la persona a la que va dirigida la orden, pero la eficacia de lo ordenado no depende de la actitud que pueda adoptar el ejecutado, si se considera que la eventual contumacia de éste, solamente dará lugar a que dicha facultad de otorgar la escritura pase al juzgador, con lo que se consolida el derecho sustantivo de propiedad en favor del adjudicatario y, en tal virtud, no existe razón fundada para esperar a que se haga efectivo el apercibimiento a fin de acudir al juicio de amparo, pues con motivo de aquel requerimiento, el quejoso estará en aptitud de hacer valer las violaciones que, en su concepto, se hubieren presentado durante el procedimiento de remate, sin el riesgo de incurrir en prácticas dilatorias indeseables ni contravenir los objetivos perseguidos por el legislador, en el sentido de impedir la promoción desmesurada de juicios de amparo.2 Así como la diversa jurisprudencia 1a./J. 13/2016 (10a.), del rubro y texto siguientes: REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial.3 También es aplicable la jurisprudencia 372 publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, tomo VI, materia común, página 319, que dice: REMATES. Las violaciones cometidas en el curso de los procedimientos para llevar a cabo el remate de bienes embargados, no deben juzgarse sino hasta que el remate se apruebe en definitiva; pues de otra suerte, sería imposible llegar hasta la venta de los bienes, demorándose indefinidamente la ejecución de las sentencias con notorio perjuicio de la administración de justicia; el remate mismo, no tiene eficacia jurídica, sino hasta que se apruebe por resolución que cause estado, pudiéndose en último término, apelar el auto que apruebe o desapruebe el remate; por todo lo cual, el amparo es improcedente contra los procedimientos que preceden al remate. De ese modo, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu, al no ser la última resolución en el procedimiento de remate el acto reclamado, por lo que se impone desechar la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 113, ambos de la Ley de Amparo. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en la demanda de amparo, en el entendido que de no existir, encontrarse deshabitado o manifestar quien lo ocupe que no conoce a los promoventes o sus autorizados, se practicarán las notificaciones, aún las de carácter personal, por lista de acuerdos que al efecto se publique en los estrados de este Juzgado, lo anterior con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Asimismo se tiene[n] y como autorizado[s] en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, al [los] licenciado[s] Aracely Torres Pineda y Jesús Zapata Sonora, por así haberlo solicitado. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con apoyo en el artículo 21 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, para el caso de que en el presente sumario deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera que intervenga en él, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar tales diligencias. Se autoriza uso de cámaras fotográficas, grabadoras o lectores ópticos y copias. Con fundamento en la circular 12/2009 del Consejo de la Judicatura Federal, se faculta a las partes y a sus autorizados para que, previa solicitud a la Secretaria encargada de este expediente, se impongan de sus actuaciones mediante el uso de cámaras fotográficas, grabadoras o lectores ópticos, debiendo recabarse constancia de cada consulta realizada en esos términos. Con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza la expedición de copias en el presente expediente, previa solicitud verbal que para el efecto se haga a la Secretaria encargada del trámite quién legalmente se encuentre facultado para ello.
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