Julia Karina Mejia Calderon

Expediente 704/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 17 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
704/2022
Año
2022
Actuaciones
17
Última actuación
13/09/2022

Partes del expediente

  • Julia Karina Mejia Calderon

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza, a trece de septiembre de dos mil veintidós. Ejecutoria. Vista la certificación puesta en esta fecha por el secretario de este juzgado, en el sentido de que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto el recurso de revisión que establece el artículo 81, fracción I, inciso e), de la propia ley, en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia dictada en el presente juicio ha causado ejecutoria; dejándose sin efectos la medidas cautelares decretadas en el incidente de suspensión que deriva este juicio. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Depuración o destrucción. Por carecer de relevancia documental, este expediente es susceptible de depuración, salvo la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada, y el proveído en que se ordena su archivo como asunto concluido, mismos que deberán conservarse en términos del numeral 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Incidente. En el expediente atinente, provéase lo relativo a la depuración o destrucción del incidente, en términos del referido Acuerdo General. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Anotaciones y archivo. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE"; y, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo. Notifíquese.

  2. Incidental

    Torreón, Coahuila de Zaragoza, a trece de septiembre de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado de autos, y toda vez que este incidente se encuentra totalmente concluido, lo conducente es, enviarlo al archivo definitivo. Anotaciones. Háganse las anotaciones en el libro relativo. Documentos originales. No existen Garantía. No hay. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Depuración y destrucción. Por carecer de relevancia documental, el original del presente incidente de suspensión es depurable y el duplicado destruible, en términos de los artículos 18 y 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las Disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Notifíquese.

  3. Principal

    VISTOS; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación del juicio de amparo. Mediante escrito presentado el once de mayo de dos mil veintidós, en el buzón de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en la Laguna, Julia Karina Mejía Calderón, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra las autoridades y por los actos que a continuación se transcriben: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE. Tiene el carácter de autoridad responsable ordenadora el H. MAGISTRADO DEL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DISTRITO 06 CON RESIDENCIA, con su domicilio ampliamente conocido en Torreón Coahuila. Con el carácter de responsables ejecutoras, EL ACTUARIO DEL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DISTRITO 06; y, el SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, a través de la ADMINISTRACION LOCAL DE RECAUDACION LOCAL DE TORREON, dependiente de la ADMINISTRACION GENERAL DE RECAUDACION DE RENTAS, con su domicilio en Eriazo del Norte, Sin Número, de la Ciudad de Torreón Coahuila." "IV.- ACTOS RECLAMADOS. De la ordenadora reclamo la orden emitida en el expediente 131/2017 ordenando imponerme multas en calidad de perito en el juicio de referencia sin que se me haya notificado en el domicilio que señalé ni dado la oportunidad de librarme, oponerme o defenderme con su imposición y ejecución. De las ejecutoras reclamo la orden de notificaciones ejecución, embargo y obtención de pago de la multa en domicilio distinto al de la quejosa porque carecen mandamiento fundado, motivado y que provenga de procedimiento en que se haya otorgado a la quejosa un debido proceso de notificarlo antes de ser afectada en su esfera jurídica". En la demanda de amparo la parte quejosa expresó los antecedentes del asunto, hizo valer los conceptos de violación relativos, y señaló que los derechos fundamentales que, en su concepto, se transgredieron, son los contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio. Admisión. En proveído de trece de mayo de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo, se fijó hora y fecha para la audiencia constitucional; se solicitaron los informes justificados correspondientes y se dio la intervención al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, señalándose fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional la cual se desahogó al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en La Laguna, es legalmente competente para conocer de este juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 49 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los puntos primero, segundo y cuarto, todos fracción VIII, del Acuerdo General 3/2013, en relación con el diverso 1/2019, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pues aunado a que el acto reclamado en este juicio incumbe a la vía indirecta, al reclamarse actos emitidos por una autoridad que tiene su residencia dentro de la jurisdicción de este Juzgado. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a la fijación de los actos reclamados en este juicio. Para tal efecto, el suscrito atiende tanto al examen integral de la demanda de amparo como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la parte impetrante y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que la parte quejosa exponga entorno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado a través de esta vía. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación y rubros son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." (Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011. Tomo: II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Primera Sección. Tesis: 1347. Página: 1511). "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." (Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XIX, Abril de 2004. Tesis: P. VI/2004. Página: 255.) Así pues, el detenido examen de las constancias del juicio que nos ocupa, revela que el acto reclamado por la parte quejosa, es el siguiente: La orden emitida en el expediente número 131/2017, tramitado ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito número Seis, con residencia en esta, en la que le fue impuesta una multa en su calidad de perito. La ejecución. Luego, al no advertirse algún otro acto reclamado por la parte gestora del amparo, lo procedente es examinar la existencia del acto que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio y, en su caso, abordar el fondo del asunto. Sobre ese particular, es de citarse la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página noventa y cinco del Semanario Judicial de la Federación, tomo V, primera parte, enero-junio de 1990, del rubro siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados a la autoridad responsable Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 6 y Administración Desconcentrada de Recaudación de Coahuila de Zaragoza "2" (en su denominación correcta a la señalada por la quejosa), con residencia en esta ciudad, pues al rendir su informe justificado reconocieron la existencia de los actos reclamados, lo cual, sin duda, constituye una confesión expresa con valor probatorio pleno, para tener demostrados los actos que se trata, en términos de los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia. Al efecto, cabe invocar la tesis de jurisprudencia setecientos cuarenta y nueve, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochocientos treinta del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección, que es del tenor que sigue: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo que además se corrobora con las documentales que allegó el Magistrado responsable, consistente en copia certificadas de diversas actuaciones que conforman el juicio agrario 131/2017; documentales que gozan de valor probatorio pleno, al tenor lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia doscientos veintiséis, sustentada por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, localizable en la página ciento cincuenta y tres del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, Tomo VI, Parte SCJN, cuyo rubro dice así: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." Asimismo ha lugar a tener como cierto el acto reclamado al Actuario adscrito al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 6, con residencia en esta ciudad, pues si bien fue omiso en rendir su infirme justificado, no obstante encontrarse debidamente notificado del oficio en que le fue formulada la solicitud, se surte la presunción de certeza de conformidad con dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo; máxime que dicha certeza se acredita de igual forma con las constancias certificadas exhibidas por la autoridad ordenadora a la cual se encuentra adscrito. Por lo anterior, al no haber duda de que en este juicio de amparo quedó plenamente demostrada la existencia de los actos atacados por la parte quejosa, lo conducente ahora es ocuparse de la procedencia de la vía constitucional. CUARTO. Causales de improcedencia. Establecida la existencia de los actos reclamados, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público y de estudio preferente, de acuerdo a lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, ya sea que lo haga valer alguna de las partes o se advierta de oficio. En el caso particular, la Magistrada Supernumeraria del Tribunal Unitario Agrario Distrito 6, con sede en esta ciudad, señala que en el caso particular se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, relativa a que la quejosa consintió el acto reclamado, ello atendiendo a que no presentó la demanda de amparo dentro del término de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo; causal de improcedencia que se desestima, puesto que se encuentra íntimamente relacionada con el fondo del presente asunto al constituir el acto materia de reclamo la imposición de una multa refiriendo no haber sido notificada del apercibimiento correspondiente. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia P./J. 135/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, enero de dos mil dos, página 5, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse." Ahora bien, al no advertirse la actualización de alguna causal de improcedencia ni algún otro argumento que contestar en ese sentido, procede el estudio de los conceptos de violación vertidos en la demanda de amparo. QUINTO. Conceptos de violación. Es innecesario transcribir los conceptos de violación que hace valer la parte quejosa, por no ser indispensable para la resolución del asunto y no existir obligación de realizarla para este juzgador. Al efecto, cabe citar la tesis de jurisprudencia 1340, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página mil quinientos dos del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional, 1. Común, 1a. Parte-SCJN, Décima Primera Sección, que es del rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". SEXTO. Decisión judicial. Son infundados los conceptos de violación que arguye la parte quejosa, por las siguientes consideraciones jurídicas. La quejosa refiere en su concepto de violación que en su designación y comparecencia escrita recibida con el número consecutivo F-111, acordada por la autoridad responsable en auto de veinte de febrero de dos mil diecinueve, señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Avenida San Isidro 650, de la colonia San Isidro de esta ciudad y no en el diverso de Boulevard Revolución número 1416 oriente de esta ciudad, este último en el cual fueron practicadas las notificaciones relativas a los requerimientos los cuales aduce ignorar por tal motivo Son infundados los motivos de disenso formulados por la quejosa, atendiendo a que de las constancias remitidas en copia certificada por la autoridad agraria responsable, mismas que fueron valoradas con antelación, destaca la comparecencia de veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, realizada por la propia quejosa Julia Karina Mejía Calderón, ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 6, con sede en esta ciudad, ello en su carácter de perito designado por la parte demandada denominada Ejido "Las Margaritas", se advierte que asistió debidamente identificada, así como que aceptó el cargo conferido, protestando cumplirlo conforme a derecho en todos sus términos hasta su total culminación, señalando en la misma diligencia como domicilio para el efecto de oír y recibir notificaciones el ubicado en Boulevard Revolución número 1416 oriente, de la colonia Lucio Blanco, de esta ciudad, firmando al calce la diligencia en mención, la cual es del tenor siguiente: Efectivamente, no asiste razón a la parte quejosa cuando refiere haber comparecido al juicio agrario en su calidad de perito de la parte demandada y haber señalado como domicilio el ubicado en Avenida San Isidro 650, de la colonia San Isidro de esta ciudad, lo cual dice fue acordado por la autoridad responsable en actuación de veinte de febrero de dos mil diecinueve, pues contrario a ello, obra la diligencia antes referida (de veinticinco de marzo de dos mil diecinueve), realizada en fecha posterior a la actuación que refiere la parte quejosa, de ahí que en el caso particular el actuar de la autoridad responsable ordenadora haya sido correcto, pues la parte quejosa no ofrecido medio de convicción alguno a efecto de acreditar el señalamiento de algún domicilio diverso en fecha posterior a la multireferida diligencia de comparecencia de aceptación de cargo de perito conferido a la quejosa en el procedimiento natural. De ahí lo infundado del concepto de violación en análisis. Por ende debe considerarse que las notificaciones efectuadas a la quejosa respecto de los diversos requerimientos que le fueron formulados en autos de diez de junio y dieciséis de agosto, ambos de dos mil diecinueve, doce de marzo de dos mil veinte, diez de marzo de dos mil veintiuno, seis de septiembre y treinta de noviembre de dos mil veintiuno (en este último se le impuso la multa objeto de reclamo), en los que se le requirió la presentación de su dictamen en materia de topografía y valuación, fueron realizadas en el domicilio que la propia quejosa señaló en la diligencia de aceptación de cargo de perito, efectuada el veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, a saber el ubicado en Boulevard Revolución número 1416 oriente, de la colonia Lucio Blanco, de esta ciudad, de ahí que a la solicitante de amparo no le asista la razón cuando refiere ignorar los requerimientos formulados en autos, pues tal circunstancia sólo le es imputable a ella misma al no haber cumplido los mandamientos de la autoridad agraria dentro del término que le fue otorgado. En las relatadas condiciones, al resultar infundados los conceptos de violación expuestos por la quejosa, resulta procedente negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados. Negativa del amparo se hace extensiva a los actos de ejecución atribuidos a las autoridades responsables ejecutoras denominadas Actuario adscrito al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 6 y Administración Desconcentrada de Recaudación de Coahuila de Zaragoza "2", con residencia en esta ciudad, debido a que no se impugnaron por vicios propios, conforme a lo establecido en la tesis de jurisprudencia II.1o. J/12, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Segundo Circuito, publicado en la página 41, materia común, número 82, octubre de 1994, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava época, que dice lo siguiente: "AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACION DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS. Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenan el acto violatorio de garantías, debe también negarse respecto de las señaladas sólo como ejecutoras, si no se les atribuyen por vicios propios". Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Julia Karina Mejía Calderón, contra los actos atribuidos a las autoridades responsables Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 6, Actuario de su adscripción y Administración Desconcentrada de Recaudación de Coahuila de Zaragoza "2",con residencia en esta ciudad, por los motivos expuestos en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese.

  4. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza, a quince de julio de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos del juicio en que se actúa, se advierte que aún está transcurriendo el término de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan de los informes justificados agregados en el presente juicio. Diferimiento. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional que habría de celebrarse el día de hoy y se señalan las nueve horas con cincuenta minutos del veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, para su celebración. Al respecto, cabe citar la tesis de jurisprudencia setecientos cincuenta y siete, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochocientos treinta y ocho del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto, que es del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO." Notificaciones a autoridades. Por último, destáquese a las partes que a partir de este momento procesal, para el caso de que audiencia constitucional no se celebre en la hora y fecha que se indica, el proveído en el que ésta se reprograme, les será notificado por lista de acuerdos, de conformidad con los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo y el diverso numeral 21 del aludido Acuerdo General 21/2020, pues dada su trascendencia no resulta necesaria la notificación por oficio o personal; máxime que la ley de la materia no lo dispone expresamente. Notifíquese.

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