Julia Karina Mejia Calderon

Expediente 445/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 22 actuaciones registradas, la última del 4 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
445/2023
Año
2023
Actuaciones
22
Última actuación
04/08/2023

Partes del expediente

  • Julia Karina Mejia Calderon

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; cuatro de agosto de dos mil veintitrés. Ejecutoria. Vista la certificación puesta en esta fecha por el secretario de este juzgado, en el sentido de que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto el recurso de revisión que establece el artículo 81, fracción I, inciso e), de la propia ley, en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia dictada en el presente juicio ha causado ejecutoria. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Conservable o destruible. Este expediente es conservable, conforme al artículo 17, fracción III, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Incidente. En el expediente atinente, provéase lo relativo a la depuración o destrucción del incidente, en términos del referido Acuerdo General. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Anotaciones y archivo. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE"; y, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo. Expediente electrónico. En el entendido que la secretaria de la adscripción certificó que todas las constancias y documentos del expediente físico se encuentran digitalizadas e incorporadas al expediente electrónico. Archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de control y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese.

  2. Incidental

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; cuatro de agosto de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado de autos, y toda vez que causó ejecutoria la sentencia dictada en el juicio principal del que derivan los presentes cuadernos de suspensión, advirtiéndose además que este incidente se encuentra totalmente concluido, por tanto lo conducente es, enviarlo al archivo definitivo. Anotaciones. Háganse las anotaciones en el libro relativo. Documentos originales. No existen Garantía. No hay. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Destruible y conservable. Por carecer de relevancia documental, el duplicado del presente incidente de suspensión es destruible y el original es conservable, en términos de los artículos 19, fracción II, inciso a), y 17, fracción III, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Notifíquese.

  3. Principal

    VISTOS; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación del juicio de amparo. Mediante escrito presentado en línea el veintidós de marzo de dos mil veintitrés, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, ********************, solicitó el amparo y la protección de la justicia federal contra las autoridades y por los actos que a continuación se digitalizan: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE. Tiene el carácter de autoridad responsable ordenadora el H. MAGISTRADO DEL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DISTRITO 06 CON RESIDENCIA, con su domicilio ampliamente conocido en Torreón Coahuila. Con el carácter de responsables ejecutoras, EL ACTUARIO DEL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DISTRITO 06; y el SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, a través de la ADMINISTRACIÓN LOCAL DE RECAUDACION LOCAL DE TORREON, dependiente de la ADMINISTRACIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN DE RENTAS, con su domicilio en Eriazo del Norte, Sin Número, de la Ciudad de Torreón Coahuila. IV.- ACTOS RECLAMADOS. De la ordenadora reclamo la orden ordenando imponerme multa en calidad de perito sin que me haya notificado en el domicilio que señalé ni dado la oportunidad de librarme, oponerme o defenderme con su imposición y ejecución en el expediente ********************. De las ejecutorias reclamo la orden de notificaciones ejecución, embargo y obtención de pago de la multa en el domicilio distinto al de la quejosa porque carecen mandamiento fundado, motivado y que provenga de procedimiento en que se haya otorgado a la quejosa un debido proceso de notificarlo antes de ser afectada en su esfera jurídica". En la demanda de amparo la parte quejosa expresó los antecedentes del asunto, hizo valer los conceptos de violación relativos, y señaló que los derechos humanos que, en su concepto, se violaron son los contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Por auto de veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, se admitió a trámite el juicio de amparo con el número 445/2023, motivo por el cual se fijó hora y fecha para la audiencia constitucional, se solicitaron los informes justificados correspondientes, se ordenó la apertura del incidente de suspensión y se dio vista al Ministerio Público de la Federación. Seguido que fue el juicio por las fases procesales respectivas, tuvo verificativo la audiencia constitucional relativa. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en La Laguna, es legalmente competente para conocer de este juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los puntos primero, segundo y cuarto, todos fracción XVII, del Acuerdo General 3/2013, en relación con el Acuerdo General 28/2016, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, puesto que los actos reclamados en este juicio incumben a la vía indirecta y, además, su ejecución podría tener lugar en territorio donde este juzgado federal ejerce su jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, este juzgador procede a la fijación de los actos reclamados en este juicio. Para tal efecto, el suscrito atiende tanto al examen integral de la demanda de amparo como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la parte impetrante y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que la parte quejosa exponga entorno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a través de esta vía. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación y rubros son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." (Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011. Tomo: II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Primera Sección. Tesis: 1347. Página: 1511.) "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." (Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XIX, Abril de 2004. Tesis: P. VI/2004. Página: 255.) Así pues, el detenido examen de todas las constancias del juicio que nos ocupa, revela que los actos reclamados por la parte quejosa son los siguientes: i. La orden emitida en el expediente número ********************, tramitado ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito número Seis, con residencia en esta, en la que le fue impuesta una multa en su calidad de perito. ii. La ejecución. Luego, al no advertirse algún otro acto reclamado por la parte gestora del amparo, lo procedente es examinar la existencia de los actos de que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio y, en su caso, abordar el fondo del asunto. Sobre ese particular, es de citarse la tesis sustentada por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página noventa y cinco del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990, que es del rubro siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Magistrada Supernumeraria en suplencia del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 6 y Administración Desconcentrada de Recaudación de Coahuila de Zaragoza "2" (en su denominación correcta a la señalada por la quejosa), con residencia en esta ciudad, pues al rendir sus correspondientes informes justificados reconocieron la existencia de los actos reclamados, lo cual, sin duda, es una confesión expresa con valor probatorio pleno para tener acreditados los actos de que se trata, en términos de los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia. Al efecto, cabe invocar la tesis de jurisprudencia setecientos cuarenta y nueve, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochocientos treinta del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección, que es del tenor que sigue: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Asimismo, son ciertos los actos reclamados por la parte quejosa al Actuario adscrito al Tribunal Unitario Agrario Distrito 6, con residencia en esta ciudad, pues aun cuando niega los actos que se le atribuyen, dicha negativa queda desvirtuada en virtud de la propia responsable realiza diversas manifestaciones que evidencian la existencia de del acto reclamado por la quejosa; de ahí que conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, debe desvirtuarse la negativa y tenerse como cierto los actos a ellas atribuidos. Tiene aplicación a lo anterior, el criterio sustentado el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que se comparte, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIV, Julio de 1994, página 391, registro electrónico 211004, que expresa lo siguiente: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe". Lo que además se corrobora con las documentales que allegó la Magistrada responsable, consistente en las copias certificadas de diversas diligencias del juicio agrario ********************, dentro de las cuales obran las diligencias reclamadas; documentales que gozan de valor probatorio pleno, al tenor lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia doscientos veintiséis, sustentada por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, localizable en la página ciento cincuenta y tres del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, Tomo VI, Parte SCJN, cuyo rubro dice así: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." Por lo anterior, al no haber duda de que en este juicio de amparo quedó plenamente demostrada la existencia de los actos atacados por la parte quejosa, lo conducente ahora es ocuparse de la procedencia de la vía constitucional. CUARTO. Causales de improcedencia del juicio. Por imperativo del artículo 62 de la Ley de Amparo, el estudio de las causas de improcedencia es de orden público y preferente, sea que las partes las aleguen o de oficio sean advertidas. En el caso, la autoridad responsable Administración Desconcentrada de Recaudación de Coahuila de Zaragoza "2", con sede en esta ciudad, arguye en su informe justificado que se actualizan las causales de improcedencia previstas en el numeral 61, fracciones XII y XXIII, en relación al diverso artículo 108, fracción VIII, ambos de la Ley de Amparo, ya que afirma que no le afectan los actos reclamados a la parte quejosa pues aun cuando recibió el oficio en donde se le ordena ejecutar la multa, esta aún no ha sido impuesta, de igual manera, refiere que la parte quejosa fue omisa en expresar conceptos de violación encaminados a controvertir los actos que hoy se reclaman. Causales de improcedencia que se desestiman, puesto que se encuentran íntimamente relacionadas con el fondo del presente asunto al constituir el acto materia de reclamo la imposición de una multa refiriendo no haber sido notificada del apercibimiento correspondiente. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia P./J. 135/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, enero de dos mil dos, página 5, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse." Ahora bien, al no advertirse la actualización de alguna causal de improcedencia ni algún otro argumento que contestar en ese sentido, procede el estudio de los conceptos de violación vertidos en la demanda de amparo. QUINTO. Conceptos de violación. Es innecesario transcribir los conceptos de violación que hace valer la parte quejosa, por no ser indispensable para la resolución del asunto y no existir obligación de realizarla para este juzgador. Al efecto, cabe citar la tesis de jurisprudencia mil trescientos cuarenta, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página mil quinientos dos del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional, 1. Común, 1a. Parte-SCJN, Décima Primera Sección, que es de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." SEXTO. Estudio de fondo. Son infundados los conceptos de violación que arguye la parte quejosa, por las siguientes consideraciones jurídicas. La quejosa refiere en su concepto de violación que debió habérsele notificado tanto el apercibimiento de multa, así como su ejecución, para que así se respetara la garantía de debido proceso antes de afectar patrimonialmente a un particular que no es parte en el juicio natural. Son infundados los señalando en la misma diligencia como domicilio para el efecto de oír y recibir notificaciones el ubicado en ********************, de igual manera, señaló el teléfono celular ********************y el correo electrónico ********************, para el mismo efecto, firmando al calce la diligencia en mención, la cual es del tenor siguiente: Se suprimieron los datos sensibles. Ahora bien, como ya se mencionó no asiste razón a la quejosa, pues contrario a lo que manifiesta de las constancias allegadas por la autoridad responsable, se advierte que al calce de la actuación relativa al auto de diecinueve de octubre de dos mil veintidós, obra la notificación personal realizada a la hoy quejosa de dicha actuación, en la cual aparece estampada su firma, asimismo, el proveído de tres de marzo de dos mil veintitrés, en el que se ordena hacer efectivo el apercibimiento de multa contenido en la actuación de diecinueve de octubre de dos mil veintidós, le fue notificado a la hoy quejosa vía electrónica, es decir, al correo electrónico designado para tal efecto a las quince horas con veintiún minutos del trece de marzo de dos mil veintitrés. En consecuencia, las notificaciones fueron realizadas en fecha posterior en que se acordó de conformidad el señalamiento del domicilio, teléfono y correo electrónico señalados para oír y recibir notificaciones, de ahí que en el caso particular el actuar de la autoridad responsable ordenadora haya sido correcto, pues en autos queda demostrado que tanto el apercibimiento de imposición de multa y el auto correspondiente a la imposición de la misma le fueron debidamente notificados, sin que al efecto haya ofrecido medio de convicción alguno para desvirtuar las diligencias en mención, y así desvirtuar que las mismas le fueron practicadas en un domicilio diverso al señalado en la multireferida diligencia de comparecencia de aceptación de cargo de perito conferido a la quejosa en el procedimiento natural. De ahí lo infundado del concepto de violación en análisis. Por ende debe considerarse que las notificaciones efectuadas a la quejosa respecto de los proveídos de diecinueve de octubre de dos mil veintidós -en que se le requirió rendir su dictamen en materia de topografía y se le apercibió con multa para rendirlo en un plazo de quince días, y se acordó de conformidad el señalamiento de domicilio, teléfono y correo electrónico para oír y recibir notificaciones- se realizó de manera personal, firmando dicha notificación la secretaria de acuerdos y la hoy quejosa, asimismo la notificación del proveído de tres de marzo de dos mil veintitrés -en que se hizo efectivo el apercibimiento decretado en el citado de diecinueve de octubre de dos mil veintidós-, fue realizada mediante el medio que designó para tal efecto, es decir, al correo electrónico ******************** y recibido a las quince horas con veintiún minutos del trece de marzo de dos mil veintitrés, por lo cual se reitera lo infundados de los conceptos de violación materia de análisis. En las relatadas condiciones, al resultar infundados los conceptos de violación expuestos por la quejosa, resulta procedente negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados. Negativa del amparo se hace extensiva a los actos de ejecución atribuidos a las autoridades responsables ejecutoras denominadas actuaria adscrita al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 6 y Administración Desconcentrada de Recaudación de Coahuila de Zaragoza "2", ambos con residencia en esta ciudad, debido a que no se impugnaron por vicios propios, conforme a lo establecido en la tesis de jurisprudencia II.1o. J/12, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Segundo Circuito, publicado en la página 41, materia común, número 82, octubre de 1994, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava época, que dice lo siguiente: "AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACION DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS. Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenan el acto violatorio de garantías, debe también negarse respecto de las señaladas sólo como ejecutoras, si no se les atribuyen por vicios propios". Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, contra los actos atribuidos a las autoridades responsables Magistrada Supernumeraria en suplencia del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 6, actuaria de su adscripción y Administración Desconcentrada de Recaudación de Coahuila de Zaragoza "2", todos con residencia en esta ciudad, por los motivos expuestos en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese, y háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno.

  4. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; veintiséis de junio de dos mil veintitrés. Oficio. Se ordena agregar a los autos el oficio signado por la autoridad responsable Administradora Local de Recaudación, con sede en esta ciudad, para que obre como legalmente corresponda. Acuerdo. Atento a su contenido, téngasele informando las gestiones tendentes para el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, de conformidad con el artículo 193, tercer párrafo, de la Ley de Amparo. Prórroga. En atención a lo que solicita, de conformidad con el artículo 192, último párrafo de la Ley de Amparo, se le concede un término de cinco días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, como prórroga a efecto de cumplir con los efectos del fallo protector derivados del presente asunto. Apercibimiento. En el entendido de no hacerlo así, sin causa justificada, con fundamento en el artículo 258, 192 y 193 todos de la Ley de Amparo, se le impondrá multa equivalente a la unidad de medida y actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicado por cien, de conformidad con el decreto por el que se declara reformada y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Notifíquese.

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