Julia Jacinto Martínez
Expediente 118/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 21 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 118/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 21/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Julia Jacinto Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de abril de dos mil veintidós. En atención a la cuenta que antecede, el juez determina lo siguiente: Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia dictada en este juicio de amparo ha causado estado. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se sobreseyó en el juicio de amparo, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 118/2022, promovido por ***. ANTECEDENTES En su demanda de amparo, bajo formal protesta de decir verdad, refiere la quejosa que el trece de abril de dos mil veintiuno, presentó una demanda laboral, ante la oficialía de partes común de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca, sin que a la fecha se la presentación de la demanda de amparo (dos de febrero de dos mil veintidós), se dictara determinación alguna en relación a su contenido. Ante dicha omisión, decidió promover esta instancia constitucional. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO El dos de febrero de dos mil veintidós, ***, presentó demanda de amparo ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, mediante el cual solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la autoridad y por el acto que más adelante se precisará. La promovente de amparo señaló como derechos fundamentales violados los contenidos en los artículos 1, 4 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes del acto reclamado y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. La demanda se turnó a este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, y mediante acuerdo de dos de febrero de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se otorgó intervención conducente a la Agente del Ministerio Público adscrita; y, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, previo diferimiento, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede COMPETENCIA Este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, es legalmente competente para conocer y resolver el presente caso, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque este juzgado conoce de todas las materias por carecer de jurisdicción especial, el asunto se trata de la materia laboral y la autoridad responsable a quien se atribuye la omisión reclamada, reside dentro de la demarcación territorial en que este juzgado ejerce jurisdicción. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Ahora bien, del contenido íntegro de la demanda, se aprecia que la quejosa reclama: la omisión por parte de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, en proveer lo conducente en relación a su escrito inicial de demanda laboral que presentó el trece de abril de dos mil veintiuno. De manera que, a efecto de delimitar la litis constitucional, habrá que determinar la certeza de los citados actos reclamados, en relación con las autoridades responsables. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO La Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, al rendir su informe justificado, negó la existencia del acto reclamado por la quejosa argumentando que el diez de junio de dos mil veintiuno, se proveyó lo conducente en relación a la demanda laboral; sin embargo, dicha negativa se desvirtúa y se estima cierto el acto reclamado a la citada responsable, toda vez que no exhibió prueba documental de la que se advierta que hiciera del conocimiento de la impetrante, el contenido del acuerdo recaído a la citada promoción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, con número de registro 211004, consultable en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, correspondiente al mes de julio de mil novecientos noventa y cuatro, página 391, Materia(s): Común, que dice: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Lo que se corrobora con la documental que acompañó al rendir su informe con justificación, que adquiere valor probatorio pleno, al tenor de los normativos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2. Apoya lo antes dicho la jurisprudencia 226, consultable en la página 153, tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice de 1995, Quinta Época, cuyo epígrafe y texto son: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Pese a la existencia del acto reclamado, no será estudiada su constitucionalidad o inconstitucionalidad, pues se actualiza una causa de improcedencia; amén de que, de conformidad con la técnica expositiva de las sentencias de amparo, resulta obligatorio para los tribunales de amparo ocuparse de las causas de improcedencia en atención al carácter de orden público que les asiste, ello, aun ante la existencia de los actos combatidos. En la especie sobreviene la hipótesis prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la citada Ley de Amparo, que establece la improcedencia del juicio de derechos fundamentales, cuando han cesado los efectos del acto reclamado. Tal motivo de improcedencia, se actualiza cuando la autoridad responsable emite un acto que destruye la inacción reclamada, de forma total e incondicional; de modo tal, que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación a los derechos fundamentales de la parte quejosa, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, puesto que, la razón que justifica la improcedencia de mérito es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de una omisión que ha dejado de existir por la acción de la autoridad, pues el efecto del amparo tratándose de este tipo de actos omisivos, será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo derecho exija, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Como se precisó ***, reclamó de la autoridad que señaló como responsable, la omisión de proveer lo conducente respecto de su escrito inicial de demanda, misma que presentó ante la oficialía de partes de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, el trece de abril de dos mil veintiuno. Ahora bien, de las constancias remitidas por el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, con su informe justificado, se evidencia que la citada demanda se turnó ante la Junta Especial número dos bis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado y el diez de junio de dos mil veintiuno, se radicó con el número 350/2021 (2) bis. Circunstancia que se hizo del conocimiento de la aquí quejosa al darle vista con el informe justificado rendido por dicha autoridad. Por ello, es inconcuso que cesaron los efectos del citado acto reclamado, pues las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. VII. DECISIÓN En consecuencia, se impone sobreseer en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado se: RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ***, en contra de la omisión atribuida a la autoridad responsable que se especificó en el apartado II de esta determinación, en términos del considerando VI de la misma. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de marzo de dos mil veintidós. En atención a la certificación de cuenta, el suscrito considera que debe diferirse la audiencia constitucional que estaba programada para el día de hoy. La razón esencial: dar vista a las partes con los informes con justificación rendidos por la autoridad responsable con la debida anticipación de los ocho días a que se refiere el artículo 117 de la ley de la materia, por lo que esa circunstancia impide la celebración de la audiencia constitucional. En consecuencia, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, se difiere y se fijan las DOCE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL TREINTA DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS para su celebración. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de marzo de dos mil veintidós. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, agréguese el informe justificado y el anexo descrito en la cuenta y con su contenido dese vista a las partes. Notifíquese.
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