Julia Hernández García
Expediente 1354/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1354/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 12/08/2022
Partes del expediente
- Julia Hernández García y Otros.
- Julia Hernández García
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación secretarial a que se refiere la razón de cuenta que antecede, de la cual se advierte que la parte quejosa no se inconformó contra el auto de veintiséis de julio de dos mil veintidós, que desechó su demanda de amparo; en tales condiciones, con apoyo en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme; en consecuencia, dense los avisos de rigor, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. En otro orden, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte; y, atendiendo a la hipótesis prevista en el capítulo octavo, artículo 21, inciso d) de dicho acuerdo, el presente asunto es susceptible de destrucción en atención a que carece de relevancia documental, y al sentido del acuerdo pronunciado en el mismo.
- Principal
Con la demanda de amparo a que se refiere la razón de cuenta que antecede, que promueve **** fórmese expediente y regístrese bajo el número que le corresponda. Decisión sobre la procedencia de la demanda. Previo a proveer sobre la admisión de la demanda, es preciso mencionar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone que ésta se examine y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se desechará de plano. Así, del análisis de la demanda, se tiene que la parte quejosa reclamó de las autoridades responsables, lo siguiente: El acuerdo de doce de mayo de dos mil veintidós dictado en el expediente **** del índice del Juzgado de lo Familiar del Distrito Judicial de Tepexi de Rodríguez, Puebla, por el que ordena al actuario asociado del albacea provisional o abogado patrono se constituyan en el domicilio de la presunta heredera -aquí quejosa- y le hagan saber que cuenta con el término de diez días para comparecer a juicio... se advierte que el juicio de origen, se encuentra en trámite. En el caso, se considera que la demanda de amparo origen de este juicio es de notoria e indudable improcedente, de conformidad en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el diverso 107, fracción V, de la ley de la materia interpretado en sentido contrario, lo que lleva a desecharla. En efecto, el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, señala que el juicio de amparo será improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la ley de la materia; esto es, no establece una causa concreta de improcedencia, sino que señala, en forma genérica, que opera cuando resultare de la aplicación de uno o varios preceptos legales distintos de los que señala el invocado artículo. Por su parte, el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé que cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan. En tanto que, la fracción V del numeral 107 de la ley de la materia, indica que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese sentido, es evidente que el juicio de amparo será improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la Ley de Amparo, lo que significa que de conformidad con los numerales 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el diverso 107, fracción V, de la ley de la materia interpretado en sentido contrario, contra los actos reclamados que no sean de imposible reparación, el Juez de Distrito podrá desechar la demanda de amparo. Ahora, es preciso establecer que a partir de la entrada en vigor de la Ley de Amparo vigente, un "acto dentro de juicio cuyos efectos son de imposible reparación" y contra los cuales procede el amparo indirecto, es aquel que afecte de manera directa e inmediata derechos sustantivos del gobernado, como la vida, libertad, propiedad, posesión, papeles, etcétera; sin que la huella de tal afectación quede borrada aun obteniendo el quejoso sentencia definitiva favorable a su interés. Bajo ese análisis, en los actos de imposible reparación, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además de que, deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Entonces, la exigencia de que se trate de actos que afecten materialmente derechos, equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y tales derechos deben afectar materialmente aquéllos de naturaleza sustantiva, expresión opuesta a los derechos de naturaleza "formal o adjetiva", en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En este sentido, para la procedencia del juicio de amparo indirecto, respecto de actos emitidos dentro de un juicio, se encuentra limitada a la condición de que sean de imposible reparación. Para ello, debe estarse a la definición prevista en la fracción V del artículo 107, pues claramente establece que dicha figura se actualiza cuando los actos afectan materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 377/2013 señaló que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". Agregó, que esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: a) En la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. b) El sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En ese contexto, el auto de doce de mayo de dos mil veintidós dictado en el juicio sucesorio **** del índice del Juzgado de lo Familiar del Distrito Judicial de Tepexi de Rodríguez, Puebla, por el que ordena al actuario asociado del albacea provisional o abogado patrono se constituyan en el domicilio de la presunta heredera -aquí quejosa- y le hagan saber que cuenta con el término de diez días para comparecer a juicio, no trae como consecuencia una ejecución irreparable, contra los que procede el juicio de amparo biinstancial. Es así, habida cuenta que no implica una afectación directa y material a los derechos fundamentales a la vida, salud, integridad física o alguna garantía judicial de la parte quejosa, tutelados en la Constitución Federal y Tratados en Derechos Humanos en los que México sea parte; además, que dichos actos reclamados tampoco impiden a la parte quejosa el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. Por tanto, al tratarse de una eventual violación de carácter adjetiva sin que afecte derechos sustantivos, es imposible analizarla a través del amparo biinstancial, pues el hecho de que se le haya llamado como presunta heredera a comparecer, constituiría en todo caso, una violación procesal que podría trascender al fondo del juicio de origen al momento del dictado de la resolución correspondiente, por lo que la peticionaria puede seguir haciendo uso de sus derechos en el juicio de origen, pues de lo manifestado a la fecha el asunto se encuentra en trámite. De ahí que, la posible violación podrá reclamarse mediante el juicio de amparo indirecto que se promueva contra la resolución definitiva correspondiente a la etapa del juicio en que se encuentra, en caso de que sea adversa a los intereses de la parte quejosa y en tal juicio constitucional se podrán argumentar todas las irregularidades de tipo procesal que se hubiesen cometido en el procedimiento en las que considere haya incurrido la autoridad responsable, como lo es la que por esta vía impugna... A mayor abundamiento, tampoco los actos reclamados tienen la naturaleza de autónomos en la etapa en que se encuentra el juicio de origen, contra los que procede la acción constitucional, pues como se dijo, no afectan derechos sustantivos de la parte quejosa, que la dejen sin defensa de sus derechos reconocidos en la Constitución. Sostener un criterio contrario, propiciaría la promoción de diversos juicios de amparo, haciendo nugatorio las reglas de procedencia que consagra el artículo 107 de la Ley de Amparo, pues bastaría aducir que los actos reclamados son de imposible reparación para hacer procedente la acción constitucional. Además, esta determinación obedece a la prontitud y expeditez que impone el artículo 17 Constitucional, pues aun cuando se llegara a admitir la demanda y se tramitara el presente juicio, no podría dejarse de observar las reglas de procedencia del juicio de amparo indirecto. En consecuencia, por las consideraciones apuntadas, con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el diverso 107, fracción V, de la ley de la materia interpretado en contrario sentido, se desecha de plano la demanda origen de este juicio, ante su notoria e indudable improcedencia. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que señaló en la demanda. Asimismo, se tiene por autorizado en términos del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a **** por así haberlo solicitado expresamente la parte quejosa. Ahora, la parte quejosa, señala un correo electrónico y teléfono de contacto; en consecuencia, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tienen como formas especiales y expeditas de contacto, los datos que proporciona, a través de los cuales se podrán entablar comunicaciones no procesales. Expediente electrónico. Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en Todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a Cargo del Propio Consejo, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las promociones, documentos, autos y resoluciones para su debida integración. Protección de datos personales. Por último, en atención a lo dispuesto en los artículos 9°, 11, fracción VI, 113, fracciones I y III, y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos; hágase saber a las partes que los datos considerados como confidenciales habrán de salvaguardarse en cualquier caso, a efecto de evitar su publicidad
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuneta, del Titular del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de Puebla, por el cual, informa la imposibilidad que tiene la perito oficial **** para rendir su dictamen respectivo, conforme a lo ordenado en auto de dieciocho de julio del año en curso, pues a su decir, no cuenta con los elementos en materia de estudio, dubitables e indubitables, en el Laboratorio de Documentos Cuestionados del aludido instituto. Sobre el particular, del estado procesal que guardan los autos se advierte que en efecto, mediante el oficio que se hace alusión en el diverso que se acuerda ***** de veintiocho de marzo de dos mil veintidós, recibido en auto de treinta y uno de marzo de esta anualidad, el Titular del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de Puebla, solicitó de menara genérica que, para el caso de que se designara un perito oficial en este asunto, requería que diversas constancias le fueran enviadas al Laboratorio de Documentos Cuestionados del aludido instituto. Sin embargo, en virtud de que no obstante lo anterior, efectuó manifestaciones de imposibilidad para designar perito oficial en materia de grafoscopía y dactiloscopia, por las razones que del mismo se desprenden, se requirió a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado (autoridad que a su decir era la competente para que designar perito oficial), para que en el plazo de tres días realizara la valoración correspondiente para la aprobación del pago de la condonación y exención de pago de la emisión del dictamen solicitado, y en su caso girara instrucciones al Titular del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de Puebla, para que este a su vez designara a un profesional que pudiera fungir como perito oficial en materia de grafoscopía y dactiloscopia, con exención de pago en el presente juicio de amparo. Así, en auto de doce de abril de dos mil veintidós, se tuvo al Director de Apoyo Técnico y Legal de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla, informando que de conformidad con el Título Tercero, De los Derechos, Capítulo XVI, denominado Generalidades de los Derechos, artículo 105, párrafo sexto, de la Ley de Ingresos del Estado de Puebla, para el ejercicio fiscal 2022, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el 10 de diciembre de 2021, resultaba improcedente el requerimiento que se le efectuó para realizar la valoración correspondiente para la aprobación del pago de la condonación y exención de pago de la emisión del dictamen solicitado en autos, dado que la autoridad facultada para ello, era la misma Fiscalía General del Estado. Derivado de lo anterior, previo requerimiento efectuado en autos, no fue sino hasta el veintisiete de abril de dos mil veintidós, cuando se tuvo al Titular del Instituto de ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de Puebla, informando que había designado como peritas oficiales de este juzgado en materia de documentos cuestionados a *****, y en lofoscopía a *****; la primera perita, quien el veinticinco de mayo de dos mil veintidós, aceptó y protestó el cargo conferido, solicitando únicamente de manera textual, copia de los documentos correspondientes para su análisis y que se señalara día y hora para la diligencia de estampado de firma y ejercicios caligráficos. Luego, mediante oficio **** de veintiséis de mayo de esta anualidad, se ordenó remitir a la perito en comento, las copias de las constancias que solicitó para que estuviera en aptitud de rendir su dictamen respectivo; oficio que se notificó el treinta siguiente, como se advierte del acuse de recibo que obra en autos. Con posterioridad, el veintiocho de junio último, se llevó a cabo la diligencia de ejercicios caligráficos a cargo de la parte quejosa ****, respecto de la prueba pericial en grafoscopía que ofreció la parte tercero interesada con motivo de la objeción de firma imterpuesta en este asunto; diligencia en la que compareció la referida experta, sin que solicitara constancia alguna diversa a las que solicitó durante el desarrollo de la diligencia de mérito, para que se le enviara al Laboratorio de Documentos Cuestionados del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de Puebla, así como tampoco realizara manifestación alguna en el informara la imposibilidad que ahora dice tener para rendir su dictamen respectivo. No obstante lo anterior, a fin de evitar mayores dilaciones en el procedimiento; requiérase a la perito oficial *****, por conducto del Titular General del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de Puebla, para que en el plazo de tres días siguientes al que reciba el oficio de notificación, haga saber de manera específica qué constancias necesita especificamente, para estar en aptitud de rendir su dictamen en materia de grafoscopía y dactiloscopia. Lo anterior, pues como se dijo con antelación, la referida profesionista ya cuenta con copia certificada de diversas constancias deducidas de este expediente y compareció a la diligencia de ejercicios caligráficos que se llevó a cabo el veintiocho de junio de esta anualidad. En el entendido que, el plazo de diez días que se le otorgó para emitir su dictamen en diligencia de veintiocho de junio de dos mil veintidós, continuará computándose hasta en tanto cuente con los elementos necesarios para emitir su dictamen respectivo. Se le apercibe que de no hacerlo u omitir manifestar el impedimento legal que tenga para ello, se le impondrá una multa de cincuenta días del valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, equivalente al que tiene el salario mínimo general vigente diario para todo el país, de conformidad con los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la ley de la materia, 26 apartado B, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, segundo transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 23 fracción XX Bis, del Reglamento Interior del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Finalmente, cabe señalar que mediante acuerdo de veintinueve de junio del año en curso, se señalaron las diez horas con cuarenta y cinco minutos del veintisiete de julio de dos mil veintidós, para que tuviera verificativo la audiencia constitucional; sin embargo, dado lo acordado en párrafos precedentes, resulta evidente la imposibilidad que se tiene para que se lleve a cabo dicha audiencia en el día y hora que se señalaron para tales efectos, hasta en tanto se cuente con el dictamen de la perito oficial. Por tanto, para dar oportunidad a lo anterior, se dejan sin efecto la hora y fecha que se encontraban señaladas para que tuviera verificativo la audiencia constitucional y en su lugar se fijan las ONCE HORAS DIEZ MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS; para que tenga verificativo la misma.
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