Julia González Rodríguez

Expediente 802/2017 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 11 actuaciones registradas, la última del 5 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
802/2017
Año
2017
Actuaciones
11
Última actuación
05/06/2019

Partes del expediente

  • Julia González Rodríguez
  • Junta Especial número Cuarenta y Seis de Conciliación y Arbitraje

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Juicio de Amparo Directo

    Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que ha transcurrido el término de quince días a que se refiere el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes quejosa y tercera interesada se hubieren inconformado con la resolución que tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el expediente en que se actúa, se declara que la misma ha causado estado; con fundamento en el numeral 196 de la legislación en mención, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno respectivo, archívese este asunto como totalmente concluido. Finalmente, tomando en consideración que el mismo no es de relevancia documental, atento a lo establecido en el Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General 2/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes Generados en los Tribunales Colegiados de Circuito, se hace la declaratoria que es susceptible de depuración, por lo que, en su momento oportuno deberán desintegrarse materialmente las constancias, y conservarse sólo la demanda de garantías y la sentencia, tal como lo señala la fracción III del referido punto. Notifíquese, por oficio a la autoridad responsable.

  2. Juicio de Amparo Directo

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo, así como que con el mismo se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada (foja 104), sin que hayan hecho manifestación alguna al respecto (foja 108). En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En sesión de seis de diciembre de dos mil dieciocho, este órgano colegiado resolvió conceder a Julia González Rodríguez, la protección constitucional solicitada, para los siguientes efectos: "1. Deje insubsistente el laudo impugnado. "2. Emita otro en el que: "a) Prescinda en abordar la procedencia o no "de la pensión de incapacidad parcial permanente, en "virtud que la trabajadora desistió en el otorgamiento y "pago de dicha prestación en audiencia de doce de "septiembre de dos mil doce. "b) Con libertad de jurisdicción, se pronuncie "sobre la pensión de invalidez, para lo cual deberá de "considerar como elementos de esa acción los indicados "-exclusivamente- en el artículo 128 de la Ley del "Seguro Social anterior a la vigente; sin que pueda aludir "como requisito para el otorgamiento y pago de la "prestación en comento, el consistente en que se "demuestren las actividades realizadas por la parte "trabajadora en el último año de labores, ni la "imposibilidad de allegarse por medio de un trabajo igual, "de una remuneración. "c) Hecho lo anterior, resuelva conforme a "derecho corresponde en torno a dicha pensión" (foja 78). En parte de la ejecutoria se dijo: "(.) Aclarado lo anterior, es necesario traer a "colación el verdadero contenido del artículo 128 de la "Ley del Seguro Social anterior a la vigente (1973); "conforme a la cual se solicitó la pensión de invalidez; "texto legal que es del tenor siguiente: "ARTÍCULO 128.- Para los efectos de esta "ley existe invalidez cuando el asegurado se halle "imposibilitado para procurarse, mediante un trabajo, una "remuneración superior al cincuenta por ciento de su "remuneración habitual percibida durante el último año "de trabajo y que esa imposibilidad derive de una "enfermedad o accidente no profesionales." "De acuerdo con la trascripción anterior, para "la demostración del estado de invalidez de un "asegurado, es menester la satisfacción de dos "requisitos que constituyen elementos de la acción "intentada: "1) Que el mismo no esté en posibilidad de "procurarse, mediante un trabajo (cualquiera que sea), "una remuneración laboral superior al cincuenta por "ciento de la habitual que hubiere percibido en el último "año. "2) Dicha imposibilidad derive de una "enfermedad o accidente no profesionales. "Lo anterior, al margen de que también deba "satisfacerse el número de cotizaciones semanales "(ciento cincuenta), a que alude el artículo 131 de la "citada ley." (fojas 76 vuelta y 77). Ahora bien, del examen de las constancias remitidas por la autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia que: 1. Por auto de diecisiete de enero de dos mil diecinueve, dejó insubsistente el laudo reclamado (foja 93). 2. El treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, pronunció uno nuevo (fojas 99 a 102), en el que: a) Prescindió del estudio del reclamo de pensión de incapacidad parcial permanente, ya que la actora, en audiencia de doce de septiembre de dos mil doce, desistió de dicha prestación (foja 99 vuelta). b) Realizó el estudio de la excepción de falta de conservación de derechos opuesta por el Instituto Mexicano del Seguro Social, consistente en que la actora no cuenta con semanas reconocidas ante dicho organismo, puesto que su término de conservación de derechos feneció el catorce de octubre de mil novecientos ochenta y nueve. La junta, determinó declararla procedente por las razones siguientes: 1. La hoja de certificación de derechos cuenta con los elementos necesarios como son los números de registro de cada patrón que inscribió al trabajador al régimen obligatorio de la seguridad social, sus nombres, las fechas de alta y baja, el grupo de cotización, número de semanas cotizadas; por tanto, al no haber sido objetada, le otorgó valor probatorio a dicha documental. 2. La parte actora no ofreció prueba tendente a desvirtuar el contenido de la hoja de certificación de vigencia de derechos, que pongan en entredicho los datos asentados en ésta. 3. De la citada documental se desprende que el actor cotizó en dos diferentes periodos, el primero de ellos comprendido del tres de abril de mil novecientos setenta y seis, hasta el catorce de octubre de mil novecientos noventa y ocho (sic), en el que acumuló un total de ciento cuarenta y nueve semanas cotizadas, con una conservación de derechos hasta el catorce de octubre de mil novecientos ochenta y nueve, y el segundo del cuatro de noviembre de dos mil doce al dieciocho de diciembre de dos mil doce, cotizando un total de seis semanas con una conservación de derechos hasta el dieciocho de diciembre de dos mil trece. 4. Por tanto, si la accionante presentó su escrito de demanda, el veintitrés de enero de dos mil doce, cabe mencionar que anterior a esa fecha, se encuentra el primer periodo laborado por la actora, comprendido del tres de abril de mil novecientos setenta y seis, hasta el catorce de octubre de mil novecientos noventa y ocho (sic), en el que acumuló un total de ciento cuarenta y nueve semanas cotizadas, con una conservación de derechos hasta el catorce de octubre de mil novecientos ochenta y nueve, por lo que se encuentra fuera del término de conservación de derechos. 5. Es importante referir que como se desprende de la hoja de certificación de vigencia de derechos de doce de octubre de dos mil quince, la accionante laboró un segundo periodo comprendido del cuatro de noviembre de dos mil doce al dieciocho de diciembre de dos mil doce, cotizando un total de seis semanas con una conservación de derechos hasta el dieciocho de diciembre de dos mil trece, durante el cual percibió una cantidad de ($88.84), cantidad superior al cincuenta por ciento de la última percibida en su periodo anterior de cotización ($6.97), situación que generó incertidumbre a la junta, pues el veintitrés de enero de dos mil doce presentó su escrito de demanda reclamando una invalidez, y con posterioridad a esta fecha, cotizó seis semanas percibiendo un salario diario de ($88.84), ello genera presunción de que la accionante no padece estado de invalidez. 6. Por tanto, al declararse procedente la excepción de falta de conservación de derechos que opuso el demandado, se desprende que la accionante no acreditó tener reconocidas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social un total de ciento cincuenta semanas de cotización; por tanto, absolvió al enjuiciado de la pensión de invalidez reclamada (fojas 100 a 102). No es inadvertido, que la responsable al interpretar el artículo 128 de la Ley del Seguro Social anterior a la vigente, lo hace con la misma imprecisión del laudo anterior, esto es, trascribe de manera incorrecta el citado numeral, aduciendo que para demostrar el estado de invalidez de un asegurado, es menester satisfacer dos requisitos, los cuales constituyen los elementos de la acción: 1) Imposibilidad de procurarse, mediante un trabajo igual, una remuneración superior al cincuenta por ciento de la habitual, percibida en el último año. 2. La condición anterior debe derivar de una enfermedad o accidente no profesionales. No obstante el amparo se concedió para que se pronunciara sobre la pensión de invalidez, debiendo considerar como elementos de dicha acción los indicados -exclusivamente- en el artículo 128 de la Ley del Seguro Social anterior a la vigente, sin que pueda aludir como requisito para el otorgamiento y pago de la prestación en comento, el consistente en que se demuestren las actividades realizadas por la parte trabajadora en el último año de labores, ni la imposibilidad de allegarse por medio de un trabajo igual, de una remuneración. Sin embargo, dicha imprecisión no afecta de manera alguna al cumplimiento de la presente ejecutoria, pues como se advirtió en párrafos precedentes previo al estudio del fondo del asunto, se declaró procedente la excepción de falta de conservación de vigencia de derechos de la actora. Lo cual hizo innecesario entrar al estudio de fondo de la pensión de invalidez que reclama la actora. En tales condiciones, se concluye que, la junta responsable ha dado cabal cumplimiento a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo, sin excesos ni defectos.

  3. Juicio de Amparo Directo

    ASUNTO QUE SE LISTA POR SEGUNDA OCASION DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27, FRACCION I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO.Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo, así como que con el mismo se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada (foja 104), sin que hayan hecho manifestación alguna al respecto (foja 108). En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En sesión de seis de diciembre de dos mil dieciocho, este órgano colegiado resolvió conceder a Julia González Rodríguez, la protección constitucional solicitada, para los siguientes efectos: "1. Deje insubsistente el laudo impugnado. "2. Emita otro en el que: "a) Prescinda en abordar la procedencia o no "de la pensión de incapacidad parcial permanente, en "virtud que la trabajadora desistió en el otorgamiento y "pago de dicha prestación en audiencia de doce de "septiembre de dos mil doce. "b) Con libertad de jurisdicción, se pronuncie "sobre la pensión de invalidez, para lo cual deberá de "considerar como elementos de esa acción los indicados "-exclusivamente- en el artículo 128 de la Ley del "Seguro Social anterior a la vigente; sin que pueda aludir "como requisito para el otorgamiento y pago de la "prestación en comento, el consistente en que se "demuestren las actividades realizadas por la parte "trabajadora en el último año de labores, ni la "imposibilidad de allegarse por medio de un trabajo igual, "de una remuneración. "c) Hecho lo anterior, resuelva conforme a "derecho corresponde en torno a dicha pensión" (foja 78). En parte de la ejecutoria se dijo: "(.) Aclarado lo anterior, es necesario traer a "colación el verdadero contenido del artículo 128 de la "Ley del Seguro Social anterior a la vigente (1973); "conforme a la cual se solicitó la pensión de invalidez; "texto legal que es del tenor siguiente: "ARTÍCULO 128.- Para los efectos de esta "ley existe invalidez cuando el asegurado se halle "imposibilitado para procurarse, mediante un trabajo, una "remuneración superior al cincuenta por ciento de su "remuneración habitual percibida durante el último año "de trabajo y que esa imposibilidad derive de una "enfermedad o accidente no profesionales." "De acuerdo con la trascripción anterior, para "la demostración del estado de invalidez de un "asegurado, es menester la satisfacción de dos "requisitos que constituyen elementos de la acción "intentada: "1) Que el mismo no esté en posibilidad de "procurarse, mediante un trabajo (cualquiera que sea), "una remuneración laboral superior al cincuenta por "ciento de la habitual que hubiere percibido en el último "año. "2) Dicha imposibilidad derive de una "enfermedad o accidente no profesionales. "Lo anterior, al margen de que también deba "satisfacerse el número de cotizaciones semanales "(ciento cincuenta), a que alude el artículo 131 de la "citada ley." (fojas 76 vuelta y 77). Ahora bien, del examen de las constancias remitidas por la autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia que: 1. Por auto de diecisiete de enero de dos mil diecinueve, dejó insubsistente el laudo reclamado (foja 93). 2. El treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, pronunció uno nuevo (fojas 99 a 102), en el que: a) Prescindió del estudio del reclamo de pensión de incapacidad parcial permanente, ya que la actora, en audiencia de doce de septiembre de dos mil doce, desistió de dicha prestación (foja 99 vuelta). b) Realizó el estudio de la excepción de falta de conservación de derechos opuesta por el Instituto Mexicano del Seguro Social, consistente en que la actora no cuenta con semanas reconocidas ante dicho organismo, puesto que su término de conservación de derechos feneció el catorce de octubre de mil novecientos ochenta y nueve. La junta, determinó declararla procedente por las razones siguientes: 1. La hoja de certificación de derechos cuenta con los elementos necesarios como son los números de registro de cada patrón que inscribió al trabajador al régimen obligatorio de la seguridad social, sus nombres, las fechas de alta y baja, el grupo de cotización, número de semanas cotizadas; por tanto, al no haber sido objetada, le otorgó valor probatorio a dicha documental. 2. La parte actora no ofreció prueba tendente a desvirtuar el contenido de la hoja de certificación de vigencia de derechos, que pongan en entredicho los datos asentados en ésta. 3. De la citada documental se desprende que el actor cotizó en dos diferentes periodos, el primero de ellos comprendido del tres de abril de mil novecientos setenta y seis, hasta el catorce de octubre de mil novecientos noventa y ocho (sic), en el que acumuló un total de ciento cuarenta y nueve semanas cotizadas, con una conservación de derechos hasta el catorce de octubre de mil novecientos ochenta y nueve, y el segundo del cuatro de noviembre de dos mil doce al dieciocho de diciembre de dos mil doce, cotizando un total de seis semanas con una conservación de derechos hasta el dieciocho de diciembre de dos mil trece. 4. Por tanto, si la accionante presentó su escrito de demanda, el veintitrés de enero de dos mil doce, cabe mencionar que anterior a esa fecha, se encuentra el primer periodo laborado por la actora, comprendido del tres de abril de mil novecientos setenta y seis, hasta el catorce de octubre de mil novecientos noventa y ocho (sic), en el que acumuló un total de ciento cuarenta y nueve semanas cotizadas, con una conservación de derechos hasta el catorce de octubre de mil novecientos ochenta y nueve, por lo que se encuentra fuera del término de conservación de derechos. 5. Es importante referir que como se desprende de la hoja de certificación de vigencia de derechos de doce de octubre de dos mil quince, la accionante laboró un segundo periodo comprendido del cuatro de noviembre de dos mil doce al dieciocho de diciembre de dos mil doce, cotizando un total de seis semanas con una conservación de derechos hasta el dieciocho de diciembre de dos mil trece, durante el cual percibió una cantidad de ($88.84), cantidad superior al cincuenta por ciento de la última percibida en su periodo anterior de cotización ($6.97), situación que generó incertidumbre a la junta, pues el veintitrés de enero de dos mil doce presentó su escrito de demanda reclamando una invalidez, y con posterioridad a esta fecha, cotizó seis semanas percibiendo un salario diario de ($88.84), ello genera presunción de que la accionante no padece estado de invalidez. 6. Por tanto, al declararse procedente la excepción de falta de conservación de derechos que opuso el demandado, se desprende que la accionante no acreditó tener reconocidas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social un total de ciento cincuenta semanas de cotización; por tanto, absolvió al enjuiciado de la pensión de invalidez reclamada (fojas 100 a 102). No es inadvertido, que la responsable al interpretar el artículo 128 de la Ley del Seguro Social anterior a la vigente, lo hace con la misma imprecisión del laudo anterior, esto es, trascribe de manera incorrecta el citado numeral, aduciendo que para demostrar el estado de invalidez de un asegurado, es menester satisfacer dos requisitos, los cuales constituyen los elementos de la acción: 1) Imposibilidad de procurarse, mediante un trabajo igual, una remuneración superior al cincuenta por ciento de la habitual, percibida en el último año. 2. La condición anterior debe derivar de una enfermedad o accidente no profesionales. No obstante el amparo se concedió para que se pronunciara sobre la pensión de invalidez, debiendo considerar como elementos de dicha acción los indicados -exclusivamente- en el artículo 128 de la Ley del Seguro Social anterior a la vigente, sin que pueda aludir como requisito para el otorgamiento y pago de la prestación en comento, el consistente en que se demuestren las actividades realizadas por la parte trabajadora en el último año de labores, ni la imposibilidad de allegarse por medio de un trabajo igual, de una remuneración. Sin embargo, dicha imprecisión no afecta de manera alguna al cumplimiento de la presente ejecutoria, pues como se advirtió en párrafos precedentes previo al estudio del fondo del asunto, se declaró procedente la excepción de falta de conservación de vigencia de derechos de la actora. Lo cual hizo innecesario entrar al estudio de fondo de la pensión de invalidez que reclama la actora. En tales condiciones, se concluye que, la junta responsable ha dado cabal cumplimiento a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo, sin excesos ni defectos.

  4. Juicio de Amparo Directo

    Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se desprende que ha transcurrido el término de diez días concedido a las partes quejosa y tercera interesada, mediante proveído de doce de febrero del año en curso, para que manifestaran lo que a su interés conviniera con relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria dictada en el presente asunto, sin que lo hayan hecho; con fundamento en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, que modificó el Acuerdo General 5/2013, del propio Pleno, procédase a dictar la resolución correspondiente.

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