Julia Froilán Frías
Expediente 957/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en el Rincón, Municipio de Tepic. 7 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 957/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 27/12/2021
Partes del expediente
- Junta Especial Número 61 de la Federal de Conciliación Y Arbitraje Con Residencia En Tepic, Nayarit
- Julia Froilán Frías
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
En veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno, el Secretario CERTIFICA: que no se recibió promoción u oficio relativo a la interposición de algún recurso en este juicio constitucional, transcurriendo el término previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo para la parte quejosa y al agente del Ministerio Público adscrito del seis al diecisiete de diciembre, y para las autoridades responsables del tres al dieciséis de diciembre todos del año en curso, sin contar los días cuatro, cinco, once y doce de diciembre de dos mil veintiuno, por ser inhábiles, por lo que no corrieron los términos de ley, asimismo se hace constar que el presente juicio de amparo, no se solicitó incidente de suspensión. Doy fe. En la misma fecha, el secretario da cuenta al Secretario encargado del despacho, con la certificación que antecede y con el estado de autos . Conste. El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término que el artículo 86 de la Ley de Amparo, concede a las partes para interponer el recurso de revisión contra de la sentencia que negó el juicio de garantías en que se actúa, sin que se hubiere hecho uso de tal derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 2o., de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales; Juicio de amparo indirecto 957/2021-IV OMAR OSVALDO RUIZ SILVA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.9c.d3 19/07/23 10:09:59 ??????????????? háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En consecuencia, nada habiendo que cumplimentar, archívese el expediente como asunto concluido. Ahora bien, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, específicamente en lo relativo al capítulo octavo de expedientes depurables, artículo 18, fracción I, inciso b), se establece que el este expediente ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, toda vez que se negó la protección constitucional solicitada; debiéndose conservar en las instalaciones del juzgado por el término de tres años, contados a partir del presente proveído y una vez transcurrido dicho lapso y concluido el procedimiento a que alude el párrafo tercero del aludido numeral, se transferirá a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Se requiere a las partes para que de ser el caso acudan dentro del término de noventa días hábiles contando al día siguiente del en que surta la notificación personal del presente proveído a recuperar los documentos originales que se hubieren exhibido en el expediente, apercibiéndoseles de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Asimismo, háganse las anotaciones en el libro de gobierno de correspondiente que se lleve en este Juzgado de Distrito, y las OMAR OSVALDO RUIZ SILVA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.9c.d3 19/07/23 10:09:59 respectivas en el sistema Integral de Seguimientos de Expedientes (SISE). Notifíquese; a la autoridad responsable por oficio. Así lo proveyó y firma Roberto Díaz Villarreal, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder judicial de la Federación, de conformidad con el oficio de autorización CCJ/ST/4883/2021, de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante Omar Osvaldo Ruiz Silva, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Por lo expuesto y con apoyo, además, en lo dispuesto por los artículos 73, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo, se emite la siguiente: RESOLUCIÓN: PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a *******, contra los actos y las autoridades responsables señalados en el considerando segundo, en los términos y razones expuestas en el considerando quinto de la presente resolución. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles que contenga la presente resolución, en términos del último considerando. Notifíquese; y, procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así lo proveyó y firma Javier Arturo Herrejón Cedeño, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante Sergio Alberto Ramírez Ponce, secretario que autoriza y da fe
- Principal
En cinco de noviembre de dos mil veintiuno, se da cuenta al Juez con la promoción registrada en la oficialía de partes de este Juzgado 14670. Conste. El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, cinco de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos la constancia de notificación de cuatro de noviembre del año en curso, el procesado HUGO EDEL RIOS ANGEL, manifestó lo siguiente: "Solesito aTension medica ya k en el 219 estaba esperando operasion y no me an operado y ya no oigo y solesito que se me autorise tenis antimpacto ya que tengo 9 klavos y una placa y se me inchan los pies". Lo externado por el quejoso, precisa señalar, es ajeno a lo que constituye la materia de la litis en este asunto, a saber, una orden para que aquél sea trasladado del centro penitenciario donde se encuentra, a uno diverso; no obstante, a fin de evitar la posible trasgresión de su derecho a la salud, se estima pertinente librar oficio a la Directora General del Centro Federal de Readaptación Social número Cuatro "Noroeste", con residencia en El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, como máxima autoridad y responsable del lugar donde guarda reclusión el solicitante de derechos, al que deberá adjuntarse copia certificada de la constancia de notificación precitada, para que lleve a cabo la gestiones pertinentes, a efecto de que se le brinde a HUGO EDEL RIOS ANGEL, la atención y tratamiento médico que necesite, y de ser el caso, aplique los exámenes médicos correspondientes, a fin de asegurar que la atención proporcionada es la necesaria de acuerdo con su particular condición de salud. La circunstancia anterior, obedece a que conforme a lo previsto por los artículos 1 y 18 de la Carta Magna, las autoridades que conforman la estructura del establecimiento penitenciario donde se encuentra interno el quejoso, tienen la obligación de procurar y SERGIO ALBERTO RAMÍREZ PONCE 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d3.e9 27/10/22 10:20:39 respetar los derechos humanos de las personas que se encuentran recluidas ahí, entre los cuales se ubica el derecho a la salud. Sin perjuicio de lo anterior, quedan a salvo los derechos del quejoso para que, si es su voluntad, promueva una nueva demanda de amparo (al margen de que sea procedente o no) o deduzca una nueva solicitud o acción ante la instancia que corresponda. Lo anterior, pues el quejoso, de considerar que presenta algún padecimiento que afecta a su salud, que necesita ser tratado por algún médico en especial o bajo condiciones específicas; o bien, ocupa determinado medicamento, sin que ello haya sido atendido por las autoridades a cuyo cargo se encuentra en virtud de su situación de privación de libertad, deberá constreñirse a lo que dispone la Ley Nacional de Ejecución Penal, específicamente en los artículos 107, 115, 116, 117, 130 y 131, donde se establece un procedimiento administrativo y recursos de control judicial, por virtud de los cuales puede ser revocada, modificada o nulificada la circunstancia anterior. En efecto, la citada Ley Nacional de Ejecución Penal, cuya observancia es de orden público y general, tanto en la Federación como en las Entidades Federativas, tiene entre otros fines, establecer los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal y, las normas que deben de atenderse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas, así como en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial, por delitos que sean competencia de los tribunales de fuero federal como del local, según corresponda, quienes deberán garantizar a las personas privadas de la libertad, en el ejercicio de sus atribuciones, el goce de los derechos humanos que le reconoce la Constitución, los Tratados Internacionales, demás disposiciones legales y la propia Ley Nacional de Ejecución Penal. Así, respecto a la omisión aludida por el quejoso, en todo caso, dentro de la citada legislación de ejecución penal, en el Título Cuarto SERGIO ALBERTO RAMÍREZ PONCE 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d3.e9 27/10/22 10:20:39 Juicio de amparo indirecto 24/2020-IV ??????????????? ??????????????? intitulado "DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN", Capítulo III "Procedimiento administrativo", particularmente, en los artículos 107 a 115, se prevé un procedimiento que puede traer como consecuencia su modificación, revocación o nulidad, pues por medio de ese Procedimiento Administrativo, las personas privadas de la libertad, como el aquí quejoso, están legitimadas en esa Ley para hacerlo valer a su favor, sin mayores formalidades y auxiliadas por la propia autoridad carcelaria, pueden formular peticiones o quejas administrativas por escrito, incluso, en casos urgentes, POR CUALQUIER MEDIO, ante la autoridad penitenciaria, en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento, quien tiene la obligación de atender tal petición dentro de las veinticuatro horas siguientes y, una vez allegada de la información necesaria resolverá sobre el fondo de la cuestión planteada dentro del término de cinco días. Incluso, si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario o si ésta no fue resuelta dentro del término legal, en términos de lo dispuesto en el artículo 114, párrafo segundo, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, puede formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de la notificación de la resolución recurrida. Recurso o medio de defensa legal, que cuando recaiga sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, el legitimado puede acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición, por tratarse de un CASO URGENTE, de así considerarlo, como podría la circunstancia que menciona que el quejoso, al guardar relación con su estado de salud; supuesto en el cual el Juez de Ejecución, DE OFICIO, SUSPENDERÁ DE INMEDIATO el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva y, tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución DETERMINARÁ LAS ACCIONES A REALIZAR por la autoridad penitenciaria. SERGIO ALBERTO RAMÍREZ PONCE 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d3.e9 27/10/22 10:20:39 De lo que se colige que, conforme a las disposiciones de la citada ley, se pueden suspender los efectos de la omisión denotada, de oficio y de inmediato mediante el planteamiento del procedimiento correspondiente, con los mismos alcances previstos en la Ley de Amparo, pero sin exigir mayores requisitos que los consignados por la misma ley para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el establecido para el otorgamiento de la suspensión provisional. Al efecto, se debe puntualizar que es factible establecer que si en la Ley Nacional de Ejecución Penal, se contempla la posibilidad de que las personas privadas de la libertad o aquéllas legitimadas puedan plantear peticiones ante el Juez de Ejecución, cuando se trate de actos, hechos u omisiones de carácter urgente, relacionados con la salud del interno que amerite atención inmediata, es ineludible que opere la suspensión de oficio y con carácter inmediato a la queja que plantee una persona sujeta a internamiento; ello pone de manifiesto que será obligación de esa persona agotar dicho procedimiento. De todo lo anterior se sigue que, el trámite hasta aquí señalado constituye la existencia de todo un sistema de impugnación de los actos, hechos u omisiones que se generen durante el tiempo de internamiento (incluso una instancia); esto porque tal procedimiento que inicia con una petición, constituye un verdadero recurso efectivo; pues cumple con la condición de constituir un instrumento previsto o contemplado dentro del procedimiento, regulado por la ley que rige el acto, cuyo objetivo es modificar, revocar o nulificar el acto, hecho u omisión relacionado con las condiciones de internamiento (falta de atención médica); y por tanto, genera la obligación para el promovente, de agotarlo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10a), con registro 2018548, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 61, diciembre de dos mil dieciocho, Tomo I, Décima Época, Materia Común, visible en la página 230, de rubro y texto: SERGIO ALBERTO RAMÍREZ PONCE 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d3.e9 27/10/22 10:20:39 Juicio de amparo indirecto 24/2020-IV ??????????????? ??????????????? "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Por lo que, si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad.". Ahora bien, conviene advertir que, conforme al artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, las notificaciones personales a los quejosos privados de la libertad pueden practicarse de manera directa a ellos mismos o a su defensor; pues tal disposición utiliza la conjunción disyuntiva "o", que indica alternancia excluyente entre las diferentes hipótesis enunciadas; por lo que es suficiente con la notificación de su defensor (similar criterio sostuvo el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, al resolver el recurso de revisión 438/2019 del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito). En virtud de lo anterior, y con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, así como en la tesis 1a. II/2010, SERGIO ALBERTO RAMÍREZ PONCE 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d3.e9 27/10/22 10:20:39 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 165507, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, enero de dos mil diez, Novena Época, materia penal, página doscientos sesenta, de rubro: "NOTIFICACIONES EN AMPARO DIRECTO A LOS QUEJOSOS PRIVADOS DE SU LIBERTAD. SI EL JUZGADOR NO ORDENA QUE SE REALICEN PERSONALMENTE Y AQUÉLLOS DESIGNARON PERSONAS PARA RECIBIRLAS O TIENEN REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO, TALES ACTUACIONES SE TENDRÁN POR HECHAS DESDE EL MOMENTO EN QUE SE HAYAN ENTENDIDO CON ESTOS ÚLTIMOS",1 se ordena la notificación de este proveído al defensor público federal Margarito Molina Aguilar. Notifíquese; y, personalmente por conducto del defensor público federal al usuario "mmolinaa". Así lo proveyó y firma Javier Arturo Herrejón Cedeño, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante Sergio Alberto Ramírez Ponce, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, veintiséis de octubre de dos mil veintiuno. Vista la certificación y cuenta que anteceden, se advierte que para esta fecha está señalada la audiencia constitucional en el presente juicio; sin embargo, del estado que guardan los autos se aprecia que mediante proveído de seis de octubre del presente año, se ordenó enviar oficios a las autoridades responsables Junta Especial Número 61 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, y Actuaria Judicial de la Junta Especial Numero 61 de la Federal de Conciliación y Arbitraje ambas con residencia en Tepic, Nayarit, para que estuvieran en aptitud de rendir sus informes justificados a este SERGIO ALBERTO RAMÍREZ PONCE 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d3.e9 27/10/22 10:20:39 órgano jurisdiccional, por lo que se encuentra transcurriendo el término de quince días que señala el artículo 117 de la Ley de Amparo, para la rendición del mismo. En tal virtud, para dar margen a que transcurra dicho plazo, se difiere la aludida audiencia constitucional y, para su verificativo, se señalan las nueve horas con tres minutos del uno de diciembre de dos mil veintiuno. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Javier Arturo Herrejón Cedeño, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante Sergio Alberto Ramírez Ponce, Secretario que autoriza y da fe.
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