Julia Elena Castañeda Arvilla
Expediente 757/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 757/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 22/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes · Aguascalientes
Partes del expediente
- Julia Elena Castañeda Arvilla
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, se aprecia que el plazo de diez días establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para recurrir el auto de treinta de agosto de dos mil veintiuno, que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, transcurrió sin que se haya hecho valer el medio de impugnación. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al diverso artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. - ARCHIVO - Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y envíese al archivo. - DESTINO DEL EXPEDIENTE - Atento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina: 1. El expediente principal es destruible de conformidad con lo dispuesto en el inciso b), del artículo 21, en razón de que el treinta de agosto de dos mil veintiuno, se decretó el sobreseimiento, y con esta fecha se ha dado como concluido el presente asunto, acorde con el artículo 3, fracción VII, del Acuerdo invocado. - Se señala como fecha susceptible para tal efecto el veintitrés de septiembre dos mil veinticuatro, toda vez que, cumplido el plazo de conservación, debe ser destruido después de tres años de haberse dictado el auto que dio por concluido el presente asunto. - Una vez cumplido el término antes indicado, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el presente expediente e inclúyase en el acta de baja documental correspondiente que deberá ser enviada a la Dirección General de Archivo y Documentación. - INEXISTENCIA DE DOCUMENTOS ORIGINALES - Conforme deriva de la certificación de cuenta, en el expediente no obran documentos originales recuperables por las partes. -INEXISTENCIA DE DOCUMENTOS DE INFORMACIÓN RESERVADA - De conformidad con lo dispuesto en el numeral 19 del Acuerdo General en consulta, en el presente asunto no existen documentos del expediente que se hayan determinado como información reservada, con motivo de una solicitud de acceso a la información. -COINCIDENCIA DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO COMO EL IMPRESO- Se instruye al Secretario de Juzgado encargado de la integración de los expedientes impreso y electrónico, para que previamente a la remisión física al archivo del primero de ellos, se realice y agregue a los autos la constancia de verificación respecto a la coincidencia total del expediente electrónico generado como el impreso. Notifíquese por oficio a las autoridades responsables y por medio de lista a las demás partes, conforme a lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia por el diverso Acuerdo General 9/2021. Así lo acordó y firma electrónicamente José Guadalupe Arias Ortega, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes, asistido del Secretario Jorge Humberto Álvarez Moreno quien autoriza y da fe, dentro del juicio de amparo 757/2021-III.
- Principal
Visto el escrito firmado por Julia Elena Castañeda Arvilla, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento que le fuera formulado... se admite la demanda de amparo propuesta...Tramítese sin incidente de suspensión...Pídase a las autoridades responsables su informe con justificación, mismo que deberán rendir dentro del plazo de quince días improrrogables, de conformidad con el último precepto citado, en la inteligencia de que deberá exhibir copias certificadas legibles, completas y ordenadas del acto reclamado y sus antecedentes...En caso de no rendir el informe solicitado, además, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso acreditar su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los Derechos Humanos y garantías a que se refiere el artículo 1°., de la Ley de Amparo...Se señalan las diez horas del día siete de septiembre de dos mil veintiuno, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio...Dese intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, en términos del artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, corriéndole traslado con la copia de la demanda de amparo... Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables y por lista al resto de las partes, conforme a lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia por el diverso Acuerdo General 5/2021. Así lo acordó y firma electrónicamente José Guadalupe Arias Ortega, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes, ante la secretaria Ana Carolina Reyna Schulte, quien autoriza y da fe dentro del juicio de amparo 757/2021-III.
- Principal
Aguascalientes, Aguascalientes, veintisiete de julio de dos mil veintiuno. Registro- Vista la demanda de amparo promovida por Julia Elena Castañeda Arvilla, contra actos del Subdelegado de Prestaciones de la Delegación Estatal en Aguascalientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y otras autoridades; fórmese el expediente impreso y electrónico, asimismo anótese en el libro de gobierno respectivo con el número 757/2021-III. -ANÁLISIS INTEGRAL DE LA DEMANDA- Del análisis de la demanda de amparo, se advierte que lo que el quejoso reclama es la omisión de las autoridades que señala como responsables, pertenecientes al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) de dar cumplimiento a la sentencia dictada el cinco de julio de dos mil diecinueve por la Sala Regional del Centro I del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en Aguascalientes, dentro del juicio de nulidad 199/19 -08-01-7, en la que reconoció a la actora la titularidad del derecho al otorgamiento y pago de una pensión de Retiro por Edad y Tiempo de Servicios. Ello, porque -aduce- a pesar de que el diez de diciembre de dos mil diecinueve, la Sala Regional del Centro I del Tribunal Federal de Justicia Administrativa procedió a declarar la firmeza de la sentencia definitiva, es el caso que la autoridad responsable Subdelegación de Prestaciones de la Delegación Estatal en Aguascalientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, tenía hasta el diez de abril de dos mil veinte para dar cabal cumplimiento a la sentencia, sin que lo haya hecho así, pues -refiere- únicamente el diez de diciembre de dos mil diecinueve, se le notificó el oficio número PSEH/P/5551/2019 expedido por el Jefe de Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene de la Subdelegación de Prestaciones de la Delegación en Aguascalientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, mediante el cual le solicitó diversa documentación a efecto de generar los documentos que la acreditaran como pensionada ante el Instituto, así como para generar el pago correspondiente al otorgamiento y pago mensual de mi pensión; por lo que, no obstante que el veintidós de octubre del año próximo anterior dio cumplimiento a lo requerido, la autoridad no ha cumplido con el pago de su pensión. Ahora, en la demanda de amparo, la quejosa señala como tercero interesado precisamente a la Sala Regional del Centro I del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a pesar de que no refiere que se haya agotado todo el procedimiento de ejecución del fallo, previsto en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; de tal suerte que a la Sala en mención, corresponde señalarla como autoridad responsable, dada la naturaleza de lo reclamado, al ser su obligación velar por el cumplimiento de su sentencia, por lo cual es necesario que también sea llamada al juicio constitucional, cuando se señala como acto reclamado la omisión en el cumplimiento de una sentencia de nulidad que ha dictado, porque en esa hipótesis, la omisión atribuida a las autoridades demandadas no depende directamente de la actitud asumida por la Sala Regional del Centro I, sino de su propia contumacia a cumplir con sus propios deberes. Y sin que, desde luego, le asista el carácter de tercera interesada como se precisa en la demanda de amparo, al no encontrarse en ninguna de las hipótesis previstas en la fracción III, del artículo 5º de la Ley de Amparo. Irregularidad la anterior que no permite dar inicio al juicio que se presente. -PREVENCIÓN DE DEMANDA- Ahora bien, a fin de proveer lo que en derecho corresponda, con fundamento en los artículos 108, fracción III y 114, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa mediante notificación personal, para que en el término de cinco días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la legal notificación del presente proveído: Señale como autoridad responsable del acto que reclama a la Sala Regional del Centro I del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Al respecto, se aplicable la jurisprudencia PC.XVI.A. J/30 A (10a.), visible con registro digital 2023034, en la página 1299 del Libro 85, Abril de 2021, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del siguiente tenor literal: "EJECUTORIAS DE LAS SALAS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE GUANAJUATO. CUANDO SE RECLAMA LA OMISIÓN EN SU CUMPLIMIENTO DEBE SEÑALÁRSELES COMO AUTORIDAD RESPONSABLE, SALVO QUE HAYAN AGOTADO TODO EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA QUE SEÑALA EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO Y JUSTICIA ADMINISTRATIVA, INCLUIDA, LA APLICACIÓN DE LOS MEDIOS DE APREMIO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron criterios distintos al analizar si la omisión de la parte quejosa de señalar como autoridad responsable a la Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, cuando se reclama la falta de cumplimiento de una ejecutoria, a pesar de haber sido requerida para ello, por sí, da o no lugar a decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, de conformidad con la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5o., fracción II, y 108, fracción III, todos de la Ley de Amparo. Criterio jurídico: El Pleno en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito establece que cuando se reclama la omisión de la Sala del Tribunal de Justicia Administrativa de cumplir con lo ordenado en la ejecutoria relativa, debe señalársele como autoridad responsable, salvo que se advierta agotado todo el procedimiento de ejecución de la sentencia señalado en el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, incluida la aplicación de los medios de apremio a su alcance. Justificación: Lo anterior, porque el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consagra a favor de los particulares el derecho fundamental de acceso efectivo a la justicia, el cual en su tercera etapa, según lo determinó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 103/2017 (10a.), de título y subtítulo: "DERECHO DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA. ETAPAS Y DERECHOS QUE LE CORRESPONDEN.", implica la eficacia de las resoluciones definitivas, la cual entrelaza tanto a la autoridad emisora de la sentencia como a la obligada a su cumplimiento; por tanto, si acorde con los artículos 319 a 327 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se establece una relación tripartita entre la autoridad jurisdiccional, la demandada y el actor, en el cumplimiento de una ejecutoria de nulidad, siendo obligación de la primera velar por el cumplimiento de su sentencia, y de la segunda acatar el fallo condenatorio, con el correlativo derecho del particular a la impartición de justicia, por lo cual es necesario que ambas autoridades sean llamadas al juicio constitucional cuando se señale como acto reclamado la omisión en el cumplimiento de una sentencia de nulidad, salvo que del estudio del procedimiento de cumplimiento de la ejecutoria se advierta que la primera ha agotado el procedimiento de ejecución, incluida la aplicación de los medios de apremio para lograr su cumplimiento, pues se insiste en esa hipótesis la omisión atribuida a las autoridades demandadas no depende directamente de la actitud asumida por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, sino de su propia contumacia a cumplir con sus propios deberes. Además, ello no implica que el juzgador de amparo reemplace al tribunal contencioso local en su obligación de vigilar el correcto y oportuno acatamiento de sus propias determinaciones, pues el hecho de que no se le llame al juicio de amparo porque agotó todos los medios legales a su alcance para alcanzar el cumplimiento de la ejecutoria, no lo exime de seguir responsabilizándose del debido acatamiento del fallo de anulación, en los términos que se fijen en la sentencia que se llegue a emitir en el juicio de derechos, hasta su total observancia y acatamiento." -Apercibimientos- Con el apercibimiento que de no cumplir con el anterior requerimiento, se tendrá por no presentada la demanda en cuestión, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. El presente requerimiento se formula, sin perjuicio de que una vez satisfecho el mismo, este órgano jurisdiccional analice la procedencia del juicio. -Domicilio- Por otra parte, de conformidad con el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que precisa en su demanda de amparo. -Autorizados- Téngase como autorizados legales en términos del artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo, a Ayax Martín Padilla Govantes y Magdalena Reza Padilla, por haber acreditado encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciados en derecho o abogados, conforme al sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, se tienen como autorizados únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos, a Alma Lucero García Aranda y Cecilia Victoria López Ramírez, por así haberlo solicitado, así como a Evelyn Navarro González, por no acreditar los extremos del párrafo que antecede. -Generación de Citas QR- En atención a lo dispuesto en los numerales 3 y 4 del Acuerdo General 21/2020, se hace saber al promovente que, en los términos previstos en ese ordenamiento, para el caso de ser necesaria la consulta del expediente de manera física, el desahogo de comparecencia o requerimientos, deberán generar una cita a través del Portal de Servicios en Línea, en el que se encuentra un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ", con el enlace https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales. Exhortación a continuar el juicio en línea- Con apoyo en el artículos 22 del citado Acuerdo General 21/2020, en relación con los artículos 3 y 26 de la Ley de Amparo, ante la situación de emergencia generada por el virus SARS-CoV2, en la medida de lo posible, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación de este caso mediante el esquema de "juicio en línea"; para ese efecto, mediante la utilización de la firma electrónica vigente, desde el Portal de Servicios en Línea del Consejo de la Judicatura Federal las partes previamente deberán solicitar la consulta de expedientes electrónicos y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones que se emitan en este juicio. -Medio electrónico de contacto- Asimismo, con apoyo en el invocado precepto del Acuerdo General plenario, se exhorta a las partes proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que el personal de este juzgado, de ser necesario para los fines del presente juicio, establezca contacto con ellas. Notifíquese personalmente a la promovente. Así lo acordó y firma electrónicamente José Guadalupe Arias Ortega, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes, ante el secretario Jorge Humberto Álvarez Moreno, quien autoriza y da fe, dentro del juicio de amparo 757/2021-III Firma electrónica Juez Firma electrónica Secretarioaar Registro- Vista la demanda de amparo promovida por Julia Elena Castañeda Arvilla, contra actos del Subdelegado de Prestaciones de la Delegación Estatal en Aguascalientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y otras autoridades; fórmese el expediente impreso y electrónico, asimismo anótese en el libro de gobierno respectivo con el número 757/2021-III. -ANÁLISIS INTEGRAL DE LA DEMANDA- Del análisis de la demanda de amparo, se advierte que lo que el quejoso reclama es la omisión de las autoridades que señala como responsables, pertenecientes al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) de dar cumplimiento a la sentencia dictada el cinco de julio de dos mil diecinueve por la Sala Regional del Centro I del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en Aguascalientes, dentro del juicio de nulidad 199/19 -08-01-7, en la que reconoció a la actora la titularidad del derecho al otorgamiento y pago de una pensión de Retiro por Edad y Tiempo de Servicios. Ello, porque -aduce- a pesar de que el diez de diciembre de dos mil diecinueve, la Sala Regional del Centro I del Tribunal Federal de Justicia Administrativa procedió a declarar la firmeza de la sentencia definitiva, es el caso que la autoridad responsable Subdelegación de Prestaciones de la Delegación Estatal en Aguascalientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, tenía hasta el diez de abril de dos mil veinte para dar cabal cumplimiento a la sentencia, sin que lo haya hecho así, pues -refiere- únicamente el diez de diciembre de dos mil diecinueve, se le notificó el oficio número PSEH/P/5551/2019 expedido por el Jefe de Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene de la Subdelegación de Prestaciones de la Delegación en Aguascalientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, mediante el cual le solicitó diversa documentación a efecto de generar los documentos que la acreditaran como pensionada ante el Instituto, así como para generar el pago correspondiente al otorgamiento y pago mensual de mi pensión; por lo que, no obstante que el veintidós de octubre del año próximo anterior dio cumplimiento a lo requerido, la autoridad no ha cumplido con el pago de su pensión. Ahora, en la demanda de amparo, la quejosa señala como tercero interesado precisamente a la Sala Regional del Centro I del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a pesar de que no refiere que se haya agotado todo el procedimiento de ejecución del fallo, previsto en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; de tal suerte que a la Sala en mención, corresponde señalarla como autoridad responsable, dada la naturaleza de lo reclamado, al ser su obligación velar por el cumplimiento de su sentencia, por lo cual es necesario que también sea llamada al juicio constitucional, cuando se señala como acto reclamado la omisión en el cumplimiento de una sentencia de nulidad que ha dictado, porque en esa hipótesis, la omisión atribuida a las autoridades demandadas no depende directamente de la actitud asumida por la Sala Regional del Centro I, sino de su propia contumacia a cumplir con sus propios deberes. Y sin que, desde luego, le asista el carácter de tercera interesada como se precisa en la demanda de amparo, al no encontrarse en ninguna de las hipótesis previstas en la fracción III, del artículo 5º de la Ley de Amparo. Irregularidad la anterior que no permite dar inicio al juicio que se presente. -PREVENCIÓN DE DEMANDA- Ahora bien, a fin de proveer lo que en derecho corresponda, con fundamento en los artículos 108, fracción III y 114, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa mediante notificación personal, para que en el término de cinco días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la legal notificación del presente proveído: Señale como autoridad responsable del acto que reclama a la Sala Regional del Centro I del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Al respecto, se aplicable la jurisprudencia PC.XVI.A. J/30 A (10a.), visible con registro digital 2023034, en la página 1299 del Libro 85, Abril de 2021, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del siguiente tenor literal: "EJECUTORIAS DE LAS SALAS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE GUANAJUATO. CUANDO SE RECLAMA LA OMISIÓN EN SU CUMPLIMIENTO DEBE SEÑALÁRSELES COMO AUTORIDAD RESPONSABLE, SALVO QUE HAYAN AGOTADO TODO EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA QUE SEÑALA EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO Y JUSTICIA ADMINISTRATIVA, INCLUIDA, LA APLICACIÓN DE LOS MEDIOS DE APREMIO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron criterios distintos al analizar si la omisión de la parte quejosa de señalar como autoridad responsable a la Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, cuando se reclama la falta de cumplimiento de una ejecutoria, a pesar de haber sido requerida para ello, por sí, da o no lugar a decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, de conformidad con la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5o., fracción II, y 108, fracción III, todos de la Ley de Amparo. Criterio jurídico: El Pleno en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito establece que cuando se reclama la omisión de la Sala del Tribunal de Justicia Administrativa de cumplir con lo ordenado en la ejecutoria relativa, debe señalársele como autoridad responsable, salvo que se advierta agotado todo el procedimiento de ejecución de la sentencia señalado en el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, incluida la aplicación de los medios de apremio a su alcance. Justificación: Lo anterior, porque el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consagra a favor de los particulares el derecho fundamental de acceso efectivo a la justicia, el cual en su tercera etapa, según lo determinó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 103/2017 (10a.), de título y subtítulo: "DERECHO DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA. ETAPAS Y DERECHOS QUE LE CORRESPONDEN.", implica la eficacia de las resoluciones definitivas, la cual entrelaza tanto a la autoridad emisora de la sentencia como a la obligada a su cumplimiento; por tanto, si acorde con los artículos 319 a 327 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se establece una relación tripartita entre la autoridad jurisdiccional, la demandada y el actor, en el cumplimiento de una ejecutoria de nulidad, siendo obligación de la primera velar por el cumplimiento de su sentencia, y de la segunda acatar el fallo condenatorio, con el correlativo derecho del particular a la impartición de justicia, por lo cual es necesario que ambas autoridades sean llamadas al juicio constitucional cuando se señale como acto reclamado la omisión en el cumplimiento de una sentencia de nulidad, salvo que del estudio del procedimiento de cumplimiento de la ejecutoria se advierta que la primera ha agotado el procedimiento de ejecución, incluida la aplicación de los medios de apremio para lograr su cumplimiento, pues se insiste en esa hipótesis la omisión atribuida a las autoridades demandadas no depende directamente de la actitud asumida por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, sino de su propia contumacia a cumplir con sus propios deberes. Además, ello no implica que el juzgador de amparo reemplace al tribunal contencioso local en su obligación de vigilar el correcto y oportuno acatamiento de sus propias determinaciones, pues el hecho de que no se le llame al juicio de amparo porque agotó todos los medios legales a su alcance para alcanzar el cumplimiento de la ejecutoria, no lo exime de seguir responsabilizándose del debido acatamiento del fallo de anulación, en los términos que se fijen en la sentencia que se llegue a emitir en el juicio de derechos, hasta su total observancia y acatamiento." -Apercibimientos- Con el apercibimiento que de no cumplir con el anterior requerimiento, se tendrá por no presentada la demanda en cuestión, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. El presente requerimiento se formula, sin perjuicio de que una vez satisfecho el mismo, este órgano jurisdiccional analice la procedencia del juicio. -Domicilio- Por otra parte, de conformidad con el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que precisa en su demanda de amparo. -Autorizados- Téngase como autorizados legales en términos del artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo, a Ayax Martín Padilla Govantes y Magdalena Reza Padilla, por haber acreditado encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciados en derecho o abogados, conforme al sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, se tienen como autorizados únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos, a Alma Lucero García Aranda y Cecilia Victoria López Ramírez, por así haberlo solicitado, así como a Evelyn Navarro González, por no acreditar los extremos del párrafo que antecede. -Generación de Citas QR- En atención a lo dispuesto en los numerales 3 y 4 del Acuerdo General 21/2020, se hace saber al promovente que, en los términos previstos en ese ordenamiento, para el caso de ser necesaria la consulta del expediente de manera física, el desahogo de comparecencia o requerimientos, deberán generar una cita a través del Portal de Servicios en Línea, en el que se encuentra un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ", con el enlace https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales. Exhortación a continuar el juicio en línea- Con apoyo en el artículos 22 del citado Acuerdo General 21/2020, en relación con los artículos 3 y 26 de la Ley de Amparo, ante la situación de emergencia generada por el virus SARS-CoV2, en la medida de lo posible, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación de este caso mediante el esquema de "juicio en línea"; para ese efecto, mediante la utilización de la firma electrónica vigente, desde el Portal de Servicios en Línea del Consejo de la Judicatura Federal las partes previamente deberán solicitar la consulta de expedientes electrónicos y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones que se emitan en este juicio. -Medio electrónico de contacto- Asimismo, con apoyo en el invocado precepto del Acuerdo General plenario, se exhorta a las partes proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que el personal de este juzgado, de ser necesario para los fines del presente juicio, establezca contacto con ellas. Notifíquese personalmente a la promovente.
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