Julia Edith Espinoza Meraz

Expediente 689/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Durango. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
689/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
20/06/2022

Partes del expediente

  • Julia Edith Espinoza Meraz

Actuaciones

  1. Principal

    se declara ejecutoriada en sus términos; en su oportunidad archívese el presente expediente.

  2. Principal

    Durango, Durango, a nueve de junio de dos mil veintidós. Vista la demanda promovida por ********** contra omisiones de la Magistrada Visitadora Claudia Palacios Estrada, integrante de la Junta de Gobierno y Administración en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa en la Ciudad de México, y de otras autoridades, por considerarlos violatorias de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1 y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Es notoria y manifiestamente improcedente la demanda de garantías interpuesta por Julia Edith Espinoza Meraz, por las razones que a continuación se precisan. El artículo 113 de la Ley de Amparo, señala: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Por motivo manifiesto de la causa de improcedencia debe entenderse lo que se da en forma clara, patente o evidente; mientras que lo indudable se presenta cuando se tenga certidumbre y plena convicción de que esa causa de inejercitabilidad sea operante e inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. En interpretación de un numeral y fracción de idéntica redacción correspondiente a la vigente Ley de Amparo, existe la tesis de jurisprudencia 749, que puede ser consultable en la página 505, del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación relativo a los años de 1917 a 1995, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA. El motivo manifiesto e indudable de improcedencia a que se refiere el artículo 145 de la Ley de Amparo, debe ser tan claro, evidente, notorio e indiscutible, que sin necesidad de ulterior comprobación haga inejercitable la acción constitucional". Los arábigos 1, fracción I, y 5, fracción II, primer párrafo, de la propia Ley de Amparo, establecen: "ARTÍCULO 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgados para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; . El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente ley". "ARTÍCULO 5. Son partes en el juicio de amparo: . II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; y omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. .". Estos preceptos establecen, respectivamente, que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgados para su protección por la Constitución Federal y por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; que el amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados por esa ley; que es parte en el juicio la autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trate de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; y que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos en los términos de esta fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. El artículo 1 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, dispone: "ARTÍCULO 1. La presente Ley es de orden público e interés general y tiene por objeto determinar la integración, organización, atribuciones y funcionamiento del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa es un órgano jurisdiccional con autonomía para emitir sus fallos y con jurisdicción plena. Formará parte del Sistema Nacional Anticorrupción y estará sujeto a las bases establecidas en el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley General correspondiente y en el presente ordenamiento. Las resoluciones que emita el Tribunal deberán apegarse a los principios de legalidad, máxima publicidad, respeto a los derechos humanos, verdad material, razonabilidad, proporcionalidad, presunción de inocencia, tipicidad y debido proceso.". De este dispositivo se puede obtener que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa es un órgano jurisdiccional con autonomía para emitir sus fallos y con jurisdicción plena. Pues bien, la ahora quejosa Julia Edith Espinoza Meraz reclama de la Magistrada Visitadora Claudia Palacios Estrada, integrante de la Junta de Gobierno y Administración en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de la Magistrada Irma Cervantes Villarreal Presidenta de la Sala Regional del Norte Centro III, la licenciada Roxana Carvajal Sánchez Yarza, Directora General de Recursos Humanos, y la licenciada Alejandra Guadalupe Betancourt Rodríguez, delegada Administrativa de la Sala Regional del Norte Centro II, todos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, lo siguiente: "De la totalidad de las autoridades RECLAMO: La falta de respuesta a mi escrito de solicitud con fecha del 01 de octubre de 2021, por el cual de manera pacífica les solicité me informaran la causa, razón y/o justificación, por la cual se procedió a revocar o cancelar mi contraseña de acceso al equipo, así como también, si ese proceder estuvo avalado o contó con el visto bueno del Presidente de la Sala o del Secretario Operativo de Administración, ambos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En todos los casos dicha solicitud fue formulada vía correo electrónico institucional en fecha 01 de octubre de 2021, y además, las autoridades 1 y 3 (según aparecen en el apartado de autoridades señaladas como responsables) acusaron la recepción de la solicitud en fechas 12 de noviembre y 05 de octubre de 2021, respectivamente" En los puntos uno y dos del capítulo de hechos de la demanda de garantías, la promovente expresó: "1.- Previo procedimiento de ley, en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa se me autorizó una licencia sin goce de sueldo para ausentarme de mis labores en la Sala Regional del Norte Centro III y Auxiliar, por el periodo comprendido del 15 de junio al 30 de septiembre de 202. 2.- Al reincorporarme a mis labores en la Sala Regional en cita con fecha 01 de octubre de 2021, me percaté que durante mi ausencia y sin comunicación previo alguna para mi autorización, ingresaron (desconociendo que persona lo hizo) a mi equipo de cómputo, y con intervención del Delegado de Tecnologías de la información de la Sala en que laboró se cambió la contraseña". De la anterior reseña se logra fácilmente obtener que la inconforme Julia Edith Espinoza Meraz reclama de las autoridades señaladas como responsables la falta de contestación al escrito que presentó el uno de octubre de dos mil veintiuno en que solicitó información como servidora pública de la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa con residencia en esta ciudad de Durango acerca de la cancelación o revocación de su contraseña de acceso a su equipo de cómputo que tiene asignado en ese órgano jurisdiccional. Sin embargo, esas omisiones en modo alguno pueden ser consideradas como provenientes de autoridad para efectos del juicio constitucional de amparo, porque su situación frente al Tribunal Federal de Justicia Administrativa se encuentra comprendida en una relación patrón-empleado, regida por ordenamientos de derecho laboral, por lo que la omisión que reclama no emerge del imperio que corresponde a ese ente jurídico como parte de la administración pública en la prestación de un servicio a cargo de la Federación, sino que tiene como origen el acuerdo entre las partes conforme a la ley que rige ese tipo de relaciones laborales. Sirve de apoyo, por identidad de razón, la tesis IX.1o.3 A (10a.), consultable en la página: 1409, del Libro XXI, Junio de 2013, Tomo 2, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE LE RECLAMA LA OMISIÓN DE RESPONDER UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN, RELATIVA A SUS FACULTADES DE AUTONORMACIÓN Y AUTOGOBIERNO. De las consideraciones que sustentan la tesis P. XXVIII/97, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, febrero de 1997, página 119, de rubro: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO LO SON LOS FUNCIONARIOS DE UNA UNIVERSIDAD CUANDO EL ACTO QUE SE LES ATRIBUYE DERIVA DE UNA RELACIÓN LABORAL.", se colige que de conformidad con el artículo 3o., fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las universidades públicas son organismos públicos descentralizados con autonomía especial que implica autonormación y autogobierno, en atención a la necesidad de lograr mayor eficacia en la prestación del servicio que les está atribuido y que se fundamenta en su libertad de enseñanza. En virtud de la citada autonomía, las universidades públicas están facultadas para gobernarse a sí mismas y autorregularse, de lo que derivan las siguientes competencias: normativas, es decir, pueden dictar normas en desarrollo a lo establecido en su ley de creación; ejecutivas, inherentes al desarrollo y ejecución de los principios consagrados en el mencionado artículo constitucional, como lo es la designación de sus funcionarios; y, de supervisión, referentes a atribuciones de inspección y control con el fin de revisar la actividad que desarrollan. Consecuentemente, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí no es autoridad para efectos del juicio de amparo cuando se le reclama la omisión de responder una solicitud formulada en ejercicio del derecho de petición, relativa a sus facultades de autonormación y autogobierno, porque al hacer uso de tales atribuciones no ejerce un poder público que afecte unilateralmente la esfera jurídica del gobernado, pues tal proceder no emerge del imperio que corresponde a la mencionada institución como parte de la administración pública en la prestación de un servicio a cargo del Estado y, por tanto, al no realizar esas actuaciones en carácter de autoridad, no está obligada a informar de ellas en términos del artículo 8o. constitucional". También por las razones que la animan la jurisprudencia 2a./J. 211/2009, publicada en la página 303, del Tomo XXX, Diciembre de 2009, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. NO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO, CUANDO SE RECLAMA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDERSE EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR. El Instituto Mexicano del Seguro Social es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio que cumple con la función del Estado de prestar el servicio público de seguridad social, y que además de tener la función de autoridad fiscal autónoma tiene el carácter de ente asegurador. Ahora bien, contra la omisión atribuida al Instituto Mexicano del Seguro Social, de responder a una solicitud formulada en ejercicio del derecho de petición, en su carácter de asegurador, no procede el juicio de garantías pues no se está en presencia de un acto de autoridad para efectos del amparo, pues la relación que existe entre el asegurado y el Instituto en comento en dicho supuesto es de coordinación, entablada entre particulares, en las que actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que en esta hipótesis, el juicio de amparo será improcedente". De manera que la acción constitucional que ejerce la hoy quejosa Julia Edith Espinoza Meraz deviene notoriamente improcedente al surtirse la causa prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 1, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, lo que conlleva a desechar de plano la demanda que se provee con fundamento en el numeral 113 de la propia codificación. Fórmese cuaderno y háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Se tiene como domicilio para recibir notificaciones el que se indica en el escrito de demanda. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se desecha la demanda de amparo que promueve *************contra las omisiones que reclama de la Magistrada Visitadora Claudia Palacios Estrada, integrante de la Junta de Gobierno y Administración en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de la Magistrada Irma Cervantes Villarreal Presidenta de la Sala Regional del Norte Centro III, la licenciada Roxana Carvajal Sánchez Yarza, Directora General de Recursos Humanos, y la licenciada Alejandra Guadalupe Betancourt Rodríguez, Delegada Administrativa de la Sala Regional del Norte Centro II, todos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Notifíquese personalmente.

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