Julia de León Oyarvides

Expediente 79/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
79/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
18/02/2022

Partes del expediente

  • Julia de León Oyarvides

Actuaciones

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, dieciocho de febrero de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II, del numeral 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. En virtud de lo anterior, toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar, archívese el presente expediente como asunto concluido previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que se tuvo por no presentada la demanda constitucional, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Notifíquese.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, ocho de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que este órgano jurisdiccional ordenó prevenir a la parte quejosa para que aclarara la demanda de amparo dentro del término de cinco días, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se tendría por no presentada. Consecuentemente, toda vez que no dio cumplimiento al requerimiento mencionado en el término indicado, se hace efectivo el apercibimiento con el que fue conminada y con fundamento en el segundo párrafo, del artículo 114 de la ley de la materia, se tiene por no presentada la demanda constitucional de que se trata. Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinticuatro de enero de dos mil veintidós. Vista la demanda promovida vía electrónica por Julia de León Oyarvides, por conducto de quien se ostenta su apoderado jurídico, Luis Gerardo Núñez Sandoval, con un anexo que acompaña; fórmese el expediente y regístrese con el consecutivo 79/2022-VII. Ahora bien, a efecto de acordar lo que en derecho corresponda, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, con las copias necesarias realice lo siguiente: ?Exhiba en original o copia certificada, el documento con el que acredite la personalidad con la que se ostenta, en razón de que no acompañó alguno para demostrar el carácter con el que comparece a demandar la protección constitucional a favor de la directamente agraviada. Asimismo, en caso de exhibir el documento de que se trata, en línea, deberá señalar bajo protesta de decir verdad que el documento electrónico respectivo es copia íntegra e inalterable del documento impreso.En la inteligencia que de afirmar hechos falsos u omitir los que le consten en relación con el acto reclamado, podría configurar una conducta delictiva especificada por el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, y esta juzgadora estaría obligada a dar vista al agente del Ministerio Público de la Federación.Apercibida la parte promovente que de no dar cumplimiento a la presente prevención, se tendrá por no presentada su demanda de amparo. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica en el proemio de la demanda; y toda vez que el presente asunto es en materia laboral y la quejosa es parte trabajadora en el juicio de origen, se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que menciona. Con fundamento en el artículo 8° constitucional, así como en lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, en su artículo 12, inciso I), se autoriza la consulta electrónica de este asunto, a través de los usuarios que proporciona. Ahora bien, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 constitucional y 21, último párrafo, de la citada legislación, atendiendo a la carga de trabajo, al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa.

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