Julia Benitez Aleman
Expediente 1542/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1542/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 26/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Julia Benitez Aleman
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiséis de octubre de dos mil dieciocho. Vista la razón de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 2º de la Ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el auto referido por el que se desechó de plano la demanda de amparo, ha quedado firme, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Toda vez que en el presente juicio se desechó de plano la demanda de amparo, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Francisco René Marmolejo Vázquez, que autoriza y da fe.
- Principal
PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal a la parte quejosa el auto y/o resolución del diez de octubre del dos mil dieciocho, que en lo conducente dice: Cuernavaca Morelos diez de octubre de dos mil dieciocho. SUBSANA PREVENCIÓN. En otro aspecto, se recibe el escrito signado por JULIA BENÍTEZ ALEMÁN, mediante el cual, subsana en tiempo y forma la prevención efectuada el veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho; el que se agrega a los autos para que obre como legalmente corresponda. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA Precisado lo anterior y visto el escrito inicial de demanda presentado por JULIA BENÍTEZ ALEMÁN, contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje Del Estado De Morelos; se provee: De acuerdo al artículo 113 de la actual Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo DESECHARÁ DE PLANO. Esta hipótesis normativa guarda armonía con el principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Para efectuar ese examen preliminar deben considerarse únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la Jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO.". Este lineamiento normativo tiene como base constitucional lo preceptuado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Por consiguiente, dado que las causales de improcedencia son una cuestión de orden público, debe atenderse a los citados elementos a efecto de comprobar que si se actualiza, en este asunto, la causal prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, éste interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Tales dispositivos establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." Conforme al artículo 107, fracción V de la ley de la materia, el amparo indirecto es procedente contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Así, tenemos que la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del tres de abril, en la fracción V de su artículo 107, define a los actos de imposible reparación como aquellos "...que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte..."; lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo que actualmente impera en el orden jurídico mexicano, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera. En el caso concreto, la parte quejosa reclama la dilación procesal por parte de la autoridad responsable ante la falta de dictar el laudo correspondiente: por lo que se tendrá como acto reclamado la omisión de dictar laudo. Lo anterior, en virtud de que la falta de proyecto de resolución en forma de laudo no viola garantías, porque, en todo caso, lo que genera afectación a las partes es el contenido definitivo del laudo. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 2a/J.86/2011 pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en la página 732, tomo XXXIV, Julio 2011, Novena Época del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro "PROYECTO DE RESOLUCIÓN EN FORMA DE LAUDO. NO CONSTITUYE VIOLACIÓN A LAS REGLAS DEL PROCEDIMIENTO EL QUE NO SE ENCUENTRE AGREGADO AL EXPEDIENTE LABORAL" Ahora bien, de la lectura integral de la demanda se desprende que la parte quejosa manifiesta bajo protesta de decir verdad, que la autoridad responsable, el veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, cerró instrucción y ordenó turnar el expediente para la elaboración del proyecto de resolución en forma de laudo, por lo que el quejoso argumenta que han transcurrido en exceso los plazos previstos para la emisión de dicho laudo. Ahora bien, el acto reclamado emana de un juicio burocrático seguido ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, por lo que es necesario precisar cuáles son sus fases; las que se desprenden del artículo 115 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, que lo rige en primer lugar y a la letra dice: "Artículo 115.- El procedimiento ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje se iniciará con la demanda, que podrá ser escrita o verbal, la contestación se hará en igual forma y en una sola audiencia, previa conciliación, se dará contestación a la demanda, se desahogarán las pruebas, formularán alegatos y se dictará el laudo, salvo el caso en que sean necesarias diligencias posteriores." Conforme al precepto transcrito, por regla general, el procedimiento laboral se limita a una única audiencia, que a su vez, tiene estas etapas: 1) De conciliación; 2) De contestación a la demanda; 3) De admisión [o desechamiento] de pruebas; 4) De desahogo de pruebas; 5) De formulación de alegatos; y 6) De dictado de laudo. Se dice por "regla general", en virtud que el propio artículo 115 prevé como caso de excepción, que sean necesarias "diligencias posteriores". De acuerdo con el artículo 115 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, agotada la etapa de conciliación sin resultado favorable, se desahogarán las etapas de contestación a la demanda, admisión [o desechamiento] de pruebas, desahogo de pruebas, formulación de alegatos y, entonces, el Tribunal procederá a dictar laudo para resolver el litigio. Como quedó apuntado, por regla general, el juicio burocrático debe desahogarse de forma ininterrumpida en la audiencia que prevé el artículo 115 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. En el supuesto de que la audiencia se desahogue en un solo momento, acto seguido que las partes formulen alegatos, o bien, en caso que renuncien a ello, el Tribunal procederá a dictar el laudo o turnar el juicio para tal fin, pues sin perjuicio de lo que más adelante se diga, es criterio jurisprudencial que en atención a la carga de trabajo y la complejidad del asunto, el laudo puede dictarse con posterioridad. Pero en el caso de que la audiencia no se desahogue de forma continua, la autoridad concederá a las partes el derecho para formular alegatos. En tal supuesto, en aras de la seguridad jurídica de las partes, el Tribunal tendrá que pronunciarse sobre la preclusión del derecho y, entonces, procederá a dictar el laudo o turnar el juicio para ello. En consecuencia, debe tomarse como punto de partida para el examen de la omisión reclamada, el "turno del juicio para laudo", esto es, a partir de que el asunto se pone en estado de resolución -según lo aducido por el quejoso-, que es a partir del veintisiete de agosto de dos mil dieciocho. Al respecto la etapa de dictado del laudo en el juicio burocrático no está subdividida, ni la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos en su artículo 115 establece plazo para su emisión, ya que no concede al Tribunal un plazo para formular un proyecto de laudo, examinarlo, discutirlo, votarlo y aprobarlo; por lo que en atención a la naturaleza jurídica del laudo y las dificultades en su emisión, es que se debe establecer un plazo para su dictado. En ese sentido, el artículo 11 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, autoriza aplicar expresamente de forma supletoria al juicio burocrático, dos ordenamientos legales: la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 Constitucional y la Ley Federal del Trabajo; en primer y segundo lugar, respectivamente. A continuación, se cita el artículo 127 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado: "ARTICULO 127.- El procedimiento para resolver las controversias que se sometan al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, se reducirá: a la presentación de la demanda respectiva que deberá hacerse por escrito o verbalmente por medio de comparecencia; a la contestación, que se hará en igual forma; y a una sola audiencia en la que se recibirán las pruebas y alegatos de las partes, y se pronunciará resolución, salvo cuando a juicio del propio Tribunal se requiera la práctica de otras diligencias, en cuyo caso se ordenará que se lleven a cabo, y, una vez desahogadas, se dictará laudo." De acuerdo con la porción legal transcrita, el procedimiento para la resolución de controversias ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje se reduce, por regla general, a estas fases: Presentación de la demanda. Contestación de la demanda. Audiencia de recepción, admisión y desahogo de pruebas; formulación de alegatos y dictado de laudo. La excepción a la regla surge cuando, a juicio del Tribunal, es necesario practicar otras diligencias, en cuyo caso se llevarán a cabo y, una vez desahogadas, se dictará laudo. Luego, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, de aplicación supletoria en primer lugar a la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, no secciona la fase de dictado de laudo ni establece plazo para que el Tribunal lo dicte, agregando que cuando a juicio del Tribunal se requiera la práctica de otras diligencias, en cuyo caso se ordenará que se lleven a cabo y, una vez desahogadas se dictará el laudo, sin embargo, no indica el plazo para hacerlo. En ese sentido, en el artículo 127 Bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B) del Artículo 123 Constitucional, se prevé ese parámetro razonable, pues dispone el procedimiento para resolver las controversias relativas a la terminación de los efectos del nombramiento de los trabajadores ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, en el que prevé que luego de sustanciar las etapas de que se compone, reunidas las pruebas que se hubiesen presentado con la demanda y la contestación, el Tribunal citara a una audiencia que se celebrará dentro de los quince días siguientes de recibida la contestación, en la que, se desahogaran pruebas, se escucharán los alegatos de las partes y se dictarán los puntos resolutivos del laudo, donde dicho Tribunal dispone de un plazo de cinco días para engrosar el laudo, siguientes a la fecha de la celebración de la audiencia y uno máximo de quince días en caso de que se requiera la práctica de otras diligencias para mejor proveer. El plazo previsto en dicha norma es útil para fijar la referencia temporal para el dictado del laudo, atento a que se trata de la resolución de una controversia laboral de naturaleza contenciosa, tal como en el caso, implicando por ello un estudio a conciencia del Tribunal. Así, el laudo no es una resolución de mero trámite; por el contrario, resuelve el fondo del litigio, de modo que su elaboración y dictado definitivo precisa tiempo, incluso más del que la ley prevé para su emisión, pues el Tribunal debe examinar profusamente los hechos y lo que resuelva debe ser congruente y exhaustivo, fundado y motivado, a lo que se suma el hecho que algunos asuntos son más complejos que otros y, por consiguiente, su examen requiere mayor inversión de "horas-hombre"; máxime que, al decidir el fondo del negocio, se constituye en un acto privativo, por lo que indefectiblemente debe ser estudiado y elaborado a conciencia. Por lo tanto, para la seguridad jurídica de las partes y la posibilidad del Tribunal respectivo de emitir un laudo a consciencia, se estima que cuenta con un plazo máximo de quince días, fijado por analogía al caso previsto en el artículo 127 Bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, a partir de la celebración de la audiencia prevista en el artículo 115 de la Ley del Servicio Civil para el Estado de Morelos. Dicho lo anterior, se estima precisar que el acto reclamado se analizará conforme a la fecha de presentación de la demanda de amparo. Tal consideración se sustenta en la jurisprudencia 2a./J. 3/94, Materia Común, pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 15, Número 79, Julio de 1994, Octava Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, del rubro ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. Entonces, el plazo de quince días que establece el artículo 127 Bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B) del Artículo 123 Constitucional, contado en días hábiles, a partir a partir del día siguiente a que se cerró la instrucción y se ordenó turnar los autos para la elaboración del proyecto de laudo, feneció el diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho; en tanto que, la parte quejosa presentó la demanda de amparo el veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, cuando sólo se había excedido el Tribunal responsable siete días hábiles. En ese sentido, aun cuando el acto reclamado incide en el derecho sustantivo a la administración de justicia, que implica entre otras cosas, que la autoridad decida el fondo de la controversia mediante el dictado de laudo, a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, no puede calificarse como "irreparable", pues no afecta materialmente el derecho, en virtud que no impide su ejercicio de forma actual; máxime que el laudo requiere tiempo, por tratarse de la resolución de fondo y, además, por constituirse en un acto privativo; asimismo, no puede dejar de considerarse la carga de trabajo de la autoridad y su recurso humano encargado de esa tarea. A mayor abundamiento, cabe decir que al resolver las quejas 174/2016 y 287/2016, relativas a los juicios de amparo 1122/2016 y 1718/2016, del índice de este juzgado, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito, confirmó la determinación de este juzgador en el sentido que una demora en el dictado del laudo, pese a haber fenecido el plazo legal para ello, no implica indiscutiblemente una abierta dilación del procedimiento ni su paralización total. La invocación de las ejecutorias dictadas por el tribunal revisor, no precisa agregar copia de ellas a los autos, esto con base en la jurisprudencia 2a./J.103/2007, Materia Común, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 285, Tomo XXV, Junio de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del rubro siguiente: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE". Luego, desde un estricto punto de vista, pudiera considerarse que la omisión reclamada causa perjuicio a la parte quejosa en virtud que feneció el plazo legal para que el Tribunal emitiera el laudo y no lo hizo; sin embargo, a la luz de la jurisprudencia 2a./J.48/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2011580, cuyo rubro dice: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS." La cual resulta de aplicación obligatoria de conformidad con el artículo 217 de la Ley de Amparo y la tesis aislada 1a. CXVII/2016 (10a.), Décima Época, publicada por la Primera Sala de la Suprema Corte de la Nación, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 29, Abril de 2016, Tomo II, página 1124, con registro 2011479; en el caso en particular, el acto reclamado no puede considerarse como causante de una afectación material al derecho sustantivo del quejoso a la administración de justicia. En efecto, en la jurisprudencia 2a./J.48/2016 (10a.), la Segunda Sala determinó que por regla general, el amparo indirecto es notoriamente improcedente contra la omisión de la autoridad jurisdiccional de acordar promociones o de proseguir en tiempo con el juicio, por tratarse de violaciones intraprocesales inocuas de derechos sustantivos. La excepción a esa regla y por ende, la irreparabilidad de la omisión o dilación reclamada, tendrá lugar cuando ésta implique una abierta dilación del procedimiento o su paralización total; porque en esos supuestos sí impedirá el ejercicio del derecho a la administración de justicia de forma actual, sin que la sentencia de amparo pueda reparar al quejoso el tiempo en que su caso, la autoridad jurisdiccional o con funciones materialmente jurisdiccionales, dejó de actuar de forma injustificada. Consecuentemente, se estima que no se está en el caso de excepción que haga procedente el juicio de amparo, es decir, sí se está ante un caso en demora en el dictado del laudo, pues si bien, el plazo para pronunciarse ha transcurrido, más no se está ante una abierta dilación, concepto que en la jurisprudencia invocada, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emplea para distinguir entre el retraso y una abierta dilación, que, a juicio de quien resuelve implica un retardo en el trámite de una amplia extensión, que en el caso no ocurre. Bajo esas directrices, es inconcuso que la abstención reclamada por el quejoso, aun cuando ciertamente a la presentación del amparo había fenecido el plazo legal para que el Tribunal dictara el laudo sin que lo hubiera hecho, no causa una afectación material a su derecho sustantivo a recibir justicia, porque no puede determinarse generadora de una abierta dilación del procedimiento y menos de una paralización total. Aun cuando a la instauración del presente juicio de amparo, han transcurrido siete días hábiles, desde el día en que el Tribunal debió dictar el laudo, como se precisó en párrafos que anteceden, por lo que la demora no afecta de forma material el derecho sustantivo de la quejosa a que se la administre justicia pronta, tutelado por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud que a juicio de este tribunal, ese tiempo mencionado de retraso en la emisión del laudo no constituye una dilación abierta en la substanciación del juicio y menos su paralización, sino solo un retardo, que por su duración y el tipo de resolución omitida no hace procedente la tramitación del juicio de amparo pues como se dijo, la naturaleza del laudo requiere tiempo, además, no puede dejar de considerarse la carga de trabajo de la autoridad y su recurso humano encargado de esa tarea. Máxime que como se ha mencionado en párrafos que anteceden, el laudo no es una resolución de mero trámite, antes, resuelve el fondo del litigio, por lo que su elaboración y dictado definitivo precisa tiempo, incluso más del que prevé la ley, pues como quedó apuntado, el Tribunal debe examinar profusamente los hechos y lo que resuelva debe ser congruente y exhaustivo, fundado y motivado, a lo que se suma el hecho que algunos asuntos son más complejos que otros y por consiguiente, su examen requiere mayor cantidad de horas-hombre; máxime que al decidir el fondo del negocio se constituye en un acto privativo, por lo que indefectiblemente debe ser estudiado y elaborado a conciencia. Apoya a la anterior determinación, la tesis 2a. L/2015 (10a.), publicada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 19, junio de dos mil quince, con número de registro 2009477, cuyo rubro es "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, QUE EXCLUYE LA POSIBILIDAD DE RECURRIR A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO LAS VIOLACIONES PROCESALES QUE POR VIRTUD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (*) PODÍAN IMPUGNARSE, NO ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD.". En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, este interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda promovida por JULIA BENÍTEZ ALEMÁN, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del secretario Francisco René Marmolejo Vázquez, que autoriza y da fe.FCG
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dos de octubre de dos mil dieciocho. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 44/2017-IV, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo el veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia cuyo primer punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General referido en el párrafo anterior. Tomando en consideración que el quejoso se encuentra recluido en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial; con fundamento en los artículos 27, fracción II, de la Ley de Amparo y 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, gírese despacho a la Jueza Penal de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado de Morelos para que tan pronto obre en su poder el presente despacho, en auxilio de las labores de este juzgado, notifique el presente acuerdo y la sentencia dictada por el juzgado auxiliar a ALEJANDRO CHAVARRÍA GALLEGOS, le corra traslado al quejoso con copia autorizada del presente proveído; asimismo, asiente la descripción pormenorizada de cada una de las constancias con las que le corra traslado; y, hecho lo anterior, dentro del plazo de tres días hábiles siguientes remita las constancias correspondientes. De igual forma, hágase del conocimiento del juez requerido que el auxilio que se solicita es únicamente para notificar al quejoso y correrle traslado con las constancias que se agregan, debiendo asentar la descripción de cada una de ellas y, en su caso, para que el actuario de su adscripción asiente las manifestaciones que haga el impetrante únicamente respecto de la notificación que se realiza; por tanto, si la persona que es notificada desea hacer peticiones adicionales, deberá hacerlas llegar por correo, mediante escrito dirigido a este juzgado. Bajo apercibimiento que de no hacerlo así, con apoyo en los artículos 237 fracción I y 238, ambos de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de treinta Unidades de Medida y Actualización. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que autoriza y da fe.
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