Julia Avila Ramirez
Expediente 1051/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 15 actuaciones registradas, la última del 14 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1051/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 14/03/2022
Partes del expediente
- Julia Avila Ramirez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que se haya presentado promoción encaminada a impugnar el auto de once de febrero del año en curso; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos de ley. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En razón de lo anterior, de conformidad a lo establecido en los artículos 12, 14 y 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; el presente juicio es susceptible de depuración, por lo que una vez transcurridos tres años, contados a partir del día siguiente a que surta efectos la notificación de este proveído, dentro de los siguientes noventa días, se verificará la depuración del presente expediente; y terminado ese proceso, deberá realizarse una transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, para el trámite respectivo. Se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental ni susceptible de conservación. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Luego, atento a lo dispuesto en el numeral 18 del acuerdo en cita, se requiere a la parte quejosa, para que dentro del término de noventa días, contados a partir de que surta sus efectos la notificación del presente acuerdo, comparezca a este Juzgado a recoger la documental que exhibió, apercibida que de no hacerlo en el aludido término, dicho documento podrá ser destruido junto con este expediente. En el entendido, de que para acudir por el referido documento, deberá generar cita a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, "Agenda OJ", tal como lo prevé el "Capítulo II. Atención al público en general", del Acuerdo General 21/2020, ?reformado y adicionado por el diverso 1/2022, en relación al periodo de vigencia? del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Finalmente, notificado que sea el presente acuerdo, archívese este asunto totalmente concluido.
- Principal
Visto el estado de autos, se advierte que por acuerdo de veintiocho de enero del año en curso, se tuvo por recibido el oficio que remitió la Presidenta de la Junta Especial Número Diecisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje, al cual remitió constancias relativas al cumplimiento del fallo protector. Con lo anterior, se dio vista a la parte quejosa para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacerlo, se resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la responsable, sin que hasta el momento haya realizado manifestación alguna. Por lo tanto, se procede de oficio a RESOLVER CONFORME AL ARTÍCULO 196 DE LA LEY DE AMPARO. Los efectos de la concesión del amparo quedaron precisados en el considerando correspondiente de la sentencia dictada el dieciséis de julio de dos mil veintiuno, haciéndose consistir en que la autoridad responsable, de no tener impedimento legal alguno, efectuara las actuaciones conducentes a fin de lograr el desahogo de la pruebas las pruebas que fueron ofertadas y admitidas en autos del expediente. de su índice; ello, sin que dejara de cumplir con todos los requisitos y condiciones que deben observarse para ello; concesión del amparo que se hizo extensiva al Actuario Notificador adscrito, a efecto de que desahogara las diligencias encomendadas para dicho desahogo. Mediante acuerdo de cinco de agosto siguiente, causó ejecutoria la sentencia de amparo, por lo que en ese mismo proveído se dio requirió a las responsables para acataran puntualmente su cumplimiento. Ahora bien, de las constancias certificadas allegadas, a las que se les concede valor probatorio pleno de conformidad a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos certificados por una autoridad en ejercicio de sus funciones, se pone de manifiesto que mediante acuerdo de quince de diciembre del año próximo pasado, la Junta responsable determinó que la prueba faltante por desahogar es la consistente en la pericial médica ofertada por la parte demandada, por lo que señaló fecha para su verificativo; asimismo, el fedatario judicial de su adscripción acreditó haber enterado a las partes de dicho acuerdo, mediante actas de trece de enero de la presente anualidad. En consecuencia, conforme al artículo 196, tercer y cuarto párrafos, de la Ley de Amparo, se declara que HA QUEDADO CUMPLIDA la ejecutoria de amparo en su totalidad, sin exceso ni defecto. De conformidad con el artículo 202 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por el término de quince días. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno.
- Principal
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, se advierte que la autoridad responsable no ha dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, no obstante de encontrarse debidamente notificada para ello. En consecuencia, tal como lo prevé el "TÍTULO TERCERO Cumplimiento y Ejecución", "CAPÍTULO I. Cumplimiento e Inejecución" en su artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente al Actuario Notificador adscrito a la Junta responsable, para que dentro del plazo de tres días siguientes a la notificación del presente acuerdo dé cumplimiento puntual a la ejecutoria de amparo, remitiendo constancia que acredite fehacientemente su dicho; esto es: notifique a las partes el auto de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno emitido en el juicio laboral 1780/2018. Bajo apercibimiento que de no acatar lo anterior en el lapso indicado sin causa justificada, se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, esto es, $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional), en términos de los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo; y además se procederá a dar inicio al procedimiento de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Hágasele saber a la autoridad responsable que con fundamento en el segundo párrafo de artículo 193 de la ley de la materia que el incumplimiento de una ejecutoria implica no sólo la falta de actos tendentes a acatarla, sino también el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales; e igualmente que el cumplimiento extemporáneo de forma injustificada, no la exime de responsabilidad; pero será considerado como atenuante al imponer la sanción penal, como lo señala el artículo 195 de la Ley de Amparo. En otro orden de ideas, visto el escrito signado por el autorizado de la parte quejosa, mediante el cual solicita se requiera a las autoridades responsables por el cumplimiento al fallo protector y se hagan efectivos los apercibimiento decretados; agréguese a los autos para los efectos legales a que haya lugar y dígasele que deberá estarse a lo acordado en párrafos precedentes, asimismo que la imposición de sanciones es una facultad discrecional del propio órgano jurisdiccional por lo que de considerarlo pertinente en su momento se harán efectivas.
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