Julia Arteaga Rodríguez
Expediente 1387/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 16 actuaciones registradas, la última del 12 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1387/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 12/01/2021
Partes del expediente
- Julia Arteaga Rodríguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
"Santiago de Querétaro, Querétaro, doce de enero de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo concedido a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto al cumplimiento dado al fallo protector; por tanto, resulta procedente que este órgano jurisdiccional se pronuncie en relación con el cumplimiento o incumplimiento de la ejecutoria en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. A fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, conviene precisar que mediante sentencia dictada el treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para los efectos siguientes: "SEXTO. Efectos de la concesión de amparo. Bajo los lineamientos vertidos en la presente resolución, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 77, fracción I, y párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se impone necesario conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por la parte quejosa, respeto del acto atribuido al Director de Recursos Humanos de Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, para el efecto siguiente: 3. Deje insubsistente el oficio .de veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve. 4. Emita otro en el que resuelva que el artículo 18 fracción X, del convenio laboral que contiene las condiciones generales de trabajo de los trabajadores al servicio del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Querétaro, beneficia a la trabajadora quejosa, pues conforme a éste, basta que tenga veintiocho años de servicio, sin importar su edad, para que pueda acceder a la jubilación; y determine si con base en dicho convenio, cumple con los requisitos para la jubilación solicitada, para lo cual también deberá atender al artículo 127 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Querétaro, que indica que toda fracción de más de seis meses de servicio, se considerará como año completo para los efectos del otorgamiento de la jubilación." Resolución que fue confirmada por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, al resolver el recurso de revisión interpuesto en autos, en auxilio del Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Vigésimo Segundo Circuito. Así, por oficios agregados en autos, las autoridades responsables y las vinculadas al cumplimiento para acreditar el acatamiento de la ejecutoria de amparo, realizaron lo siguiente: El Director de Recurso Humanos de la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, dejó sin efectos el oficio mediante el cual negó iniciar el trámite de jubilación de la parte quejosa y emitió uno diverso en el que le otorgó la prejubilación y realizó las gestiones correspondientes a fin de remitir el expediente a la Legislatura del Estado para efecto de que se pronunciara el dictamen respectivo. El Pleno y la Comisión de Trabajo y Previsión Social, ambos de la Legislatura del Estado de Querétaro, dentro del ámbito de sus respectivas facultades, autorizaron y emitieron el Decreto mediante el cual se concedió a la parte quejosa la jubilación en los términos precisados en la ejecutoria en cita, esto es, se aplicó el artículo 18 fracción X, del convenio laboral que contiene las condiciones generales de trabajo de los trabajadores al servicio del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Querétaro El Gobernador del Estado de Querétaro, allegó copia certificada de la publicación del dictamen legislativo al que se ha hecho alusión en el Diario Oficial del Estado "La Sombra de Arteaga", la cual, también se encuentra adherida a los lineamientos marcados en el fallo de protector. Luego, confrontando los efectos de la concesión del amparo con las acciones realizadas en cuanto al cumplimiento, se arriba a la conclusión de que se cumplieron con los postulados del fallo protector. Por tanto, al no haber sido otro el alcance de la sentencia de amparo, con fundamento en los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, pues como quedó expuesto, se ha restituido a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental que le fue vulnerado. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis 2a/J.60/2014 (10ª), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 741 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, 6 de Mayo de 2014, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE AMPARO DEBE ASEGURARSE QUE SE MATERIALICEN LOS DEBERES IMPUESTOS A LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN LA SENTENCIA PROTECTORA." También es de invocarse la tesis 1a./J.75/2014 (10ª.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 627 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, 12 de noviembre de 2014, cuyo rubro dice: "RECURSO DE INCONFORMIDAD, PARA EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO DEBEN ATENDERSE SUS CONSIDERACIONES Y LINEAMIENTOS Y NO SOLO SUS EFECTOS, LOS CUALES ACONTAN LA LIBERTAD DE JURISDICCION DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES" ARCHIVO DEFINITIVO. En consecuencia, archívese este expediente como asunto totalmente concluido; en el entendido de que de conformidad con el artículo 18, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto es susceptible de depuración, la cual ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de tres años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. En la inteligencia de que el expediente en que se actúa, no se considera de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos que se señalan en el artículo 15 del mencionado Acuerdo. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS. Finalmente, devuélvase al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Querétaro las constancias que remitió para la resolución del presente asunto; previo glose que se haga de la carátula del cuaderno de pruebas que se formó; sin que sea necesario requerir el acuse de recibo correspondiente, en la inteligencia de que la entrega de la presente comunicación, hace las veces del mismo. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, siete de diciembre de dos mil veinte. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado en representación del Gobernador del Estado de Querétaro, mediante el cual informa el cumplimiento dado al fallo protector. En tal virtud, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo dese vista a la parte quejosa, con las constancias de cuenta, así como con todas las diversas misivas remitidas por las autoridades responsables agregadas en la etapa de ejecución de este juicio, a efecto de que en el plazo de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído manifieste lo que a su derecho convenga; bajo apercibimiento legal que de no hacerlo así se procederá a resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, con base en los elementos que obren en el expediente. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.
- Principal
CON BASE EN LA RAZÓN ACTUARIAL DE FECHA NUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, SIENDO LA PRIMER HORA HABIL EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA Y EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO DE OCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, LA RESOLUCIÓN DE SIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, QUE A LA LETRA DICE: Santiago de Querétaro, Querétaro, siete de diciembre de dos mil veinte. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado en representación del Gobernador del Estado de Querétaro, mediante el cual informa el cumplimiento dado al fallo protector. En tal virtud, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo dese vista a la parte quejosa, con las constancias de cuenta, así como con todas las diversas misivas remitidas por las autoridades responsables agregadas en la etapa de ejecución de este juicio, a efecto de que en el plazo de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído manifieste lo que a su derecho convenga; bajo apercibimiento legal que de no hacerlo así se procederá a resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, con base en los elementos que obren en el expediente. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, veintisiete de noviembre de dos mil veinte. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa, mediante proveído inmediato anterior, a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera en relación con las constancias remitidas por la autoridad responsable, con las cuales pretende dar cumplimiento a la sentencia pronunciada en autos; no obstante ello, del oficio remitido por la Legislatura del Estado de Querétaro, se advierte que se aprobó el proyecto de dictamen de la solicitud de jubilación de la parte quejosa, el cual fue remitido al Gobernador Constitucional del Estado de Querétaro, a efecto de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, anexando las documentales que corroboran su dicho. REQUERIMIENTO. En esa virtud, en aras de la pronta impartición de justicia y tomando en consideración que todas las autoridades están obligadas a realizar dentro del ámbito de sus respectivas competencias, los actos necesarios para el eficaz cumplimiento de las sentencias, en términos del artículo 197 de la Ley de Amparo se tiene como autoridad vinculada al cumplimiento de la ejecutoria de amparo al Gobernador Constitucional del Estado de Querétaro; por tanto, se requiere para que en el plazo de diez días hábiles, contados a partir de la notificación del presente auto, informe a ese Juzgado Federal lo relacionado a la publicación del dictamen antes precisado. En la inteligencia que dicha autoridad deberá remitir copia certificada de las constancias que acrediten su dicho, tendiente a cumplir con la sentencia dictada en autos, o bien, manifieste la imposibilidad que tenga para ello, lo que en su caso, deberá acreditar fehacientemente. APERCIBIMIENTO. Bajo apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo requerido, con fundamento en los artículos 192, 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo, se hará acreedora a una multa equivalente a cien días de salario mínimo vigente, cuya cuantía va en directa proporción al cargo que ostentan y emolumentos que por esa causa recibes; asimismo, se le hace saber que al margen de la multa que se les imponga en caso de contumacia, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda por razón de turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En la inteligencia de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de Medida y Actualización, en términos del Transitorio Segundo del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, actualización publicada el diez de enero de dos mil veinte. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 57/2007, sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 144, Tomo XXV, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro y texto siguiente: "AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. Aun cuando las autoridades no hayan sido designadas como responsables en el juicio de garantías, pero en razón de sus funciones deban tener intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, están obligadas a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de dicha sentencia protectora, y para que logre vigencia real y eficacia práctica" Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a. XXI/2019 (10a.), sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1343, Libro 65, Abril de 2019, Tomo II, Materia Constitucional, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro y texto siguiente: "DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. ALCANCE DEL PRINCIPIO DE JUSTICIA COMPLETA RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 192/2007, determinó que el derecho a la tutela judicial efectiva consagra los siguientes principios: 1) de justicia pronta; 2) de justicia completa; 3) de justicia imparcial; y 4) de justicia gratuita. Ahora, si el citado derecho está encaminado a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, solo materialmente jurisdiccionales. En ese contexto, es factible concluir que dentro del principio de justicia completa, se puede incardinar el derecho a que las sentencias dictadas se ejecuten plena y cabalmente, ya que de otra manera no es posible entender que exista completitud en el fallo pronunciado si no se ejecuta y materializa en los hechos, tal y como lo determinó previamente el órgano jurisdiccional correspondiente." SOBRE LA RESPONSABILIDAD EN QUE PUEDEN INCURRIR LAS AUTORIDADES QUE SE VEN VINCULADAS EN EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. Se hace prudente hacer del conocimiento de las autoridades requeridas que, conforme a lo dispuesto por el artículo 267 de la Ley de Amparo, incurren en responsabilidad penal aquellos funcionarios que incumplan una sentencia de amparo o no la hagan cumplir, en cuyo caso se les impondrá una pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, y que además, la pérdida de la calidad de autoridad, no extingue la responsabilidad penal por los actos u omisiones realizados para no cumplir o eludir el cumplimiento de la sentencia de amparo cuando la ley le exija su acatamiento, pero sobre todo, que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 195 del propio ordenamiento, el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable ni, en su caso, a su superior jerárquico, sino que sólo se tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal. Notifíquese.
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