Julia Aimee Equihua Félix

Expediente 126/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 76 actuaciones registradas, la última del 2 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
126/2018
Año
2018
Actuaciones
76
Última actuación
02/06/2023

Partes del expediente

  • Julia Aimee Equihua Félix
  • Israel Franco Equihua
  • Romina Franco Equihua
  • JULIA AIMEE EQUIHUA FÉLIX y Otros.
  • ISRAEL FRANCO EQUIHUA y Otros.
  • Leonardo Franco Equihua

Actuaciones

Las 4 más recientes de 76.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, dos de junio de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C, DE LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DICTADO EL DOS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS: Tijuana, Baja California, dos de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos se obtiene que a la fecha transcurrió el término concedido a las partes a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera sobre el cumplimiento dado por la autoridad responsable al fallo protector dictado en este asunto, sin que lo hubieren hecho; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede resolver sobre el cumplimiento al fallo protector con base en los elementos que obran el expediente. Bajo ese contexto, se destaca que el veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, dictó sentencia en el presente juicio, en auxilio de este juzgado federal, en la que se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. Sentencia que al no ser recurrida causó ejecutoria en proveído de diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho; por lo que se requirió el cumplimiento al fallo protector a la autoridad responsable para que realizara lo siguiente: "1. Deje insubsistente la resolución de catorce de diciembre de dos mil diecisiete, en lo relativo a la custodia provisional de I y L, ambos de apellidos F.E. otorgada a favor de su padre, así como la reserva de desocupación del domicilio por parte de éste; 2. Dicte una nueva, en la que resuelva de manera fundada y motivada lo que en derecho corresponda respecto a esas medidas cautelares, para lo cual deberá: 2.1. Valorar las manifestaciones de la solicitante y todas las pruebas aportadas al juicio, así como los datos que se obtengan del mismo, para determinar si generan o no una duda razonable sobre el riesgo a la integridad física y psicológica de la quejosa y, en consecuencia de la menor R.F.E. así como de I. y L. ambos de apellidos F.E. 2.2. Se allegue, prepare y desahogue los medios de convicción que estime convenientes para mejor proveer, conforme a los lineamientos precisados en este fallo. 2.3. Con base en ello, determine lo relativo a la custodia provisional de los menores citados así como la medida cautelar consistente en la desocupación del domicilio conyugal por parte del tercero interesado, o en su caso, determine la implementación de alguna otra medida cautelar diversa que permita la continuación del juicio sin riesgo para la quejosa y sus menores hijos. 2.4. Lo anterior sin soslayar que a la fecha de la emisión del acto reclamado así como de la presentación de la demanda de amparo I.F.E. era menor de dieciocho años de edad, empero, actualmente cuenta con la mayoría de edad." La autoridad responsable, a fin de cumplir con los lineamientos anteriores, el veintiocho de enero de dos mil diecinueve, emitió una determinación en el juicio ordinario civil de divorcio necesario 893/2017, en la cual, dejó insubsistente la resolución de catorce de diciembre de dos mil diecisiete, y procedió a dictar las medidas de protección a favor de los menores y su madre, motivo por el cual decretó la custodia y depósito judicial provisional de los menores a favor de su progenitora, lo cual ordenó se verificara en el domicilio conyugal, se apercibió al cónyuge para que se abstuviera de causar molestias, intimidara u hostigara a la demandada, o bien, causara algún tipo de violencia directa o indirecta, ello como orden de protección; de igual forma, se fijó una pensión alimenticia equivalente al treinta por ciento de la totalidad de los ingresos del padre de los menores, así como un régimen de convivencia de este con los menores y se autorizó como domicilio del hijo que había llegado a la mayoría de edad, el descrito como domicilio conyugal. Por tanto, en proveído de ocho de abril de dos mil diecinueve, se procedió a realizar la calificación del cumplimiento dado al fallo protector de acuerdo a las constancias que obran en el juicio, por lo que, una vez efectuado dicho análisis se declaró que el fallo protector no se encuentra cumplido y se requirió nuevamente a la autoridad responsable. Derivado de lo anterior, la juez responsable el diez de abril de dos mil diecinueve, emitió una nueva determinación para dar cumplimiento al fallo protector, mediante la cual dejó insubsistente las resoluciones que emitió el veintiocho de enero de dos mil diecinueve y catorce de diciembre de dos mil diecisiete, respectivamente, para después dictar las medidas de protección a favor de los menores y su madre, motivo por el cual decretó la custodia y depósito judicial provisional de los menores a favor de su progenitora, lo cual ordenó se verificara en el domicilio conyugal, se apercibió al cónyuge para que se abstuviera de causar molestias, intimidara u hostigara a la demandada, o bien, causara algún tipo de violencia directa o indirecta, ello como orden de protección; de igual forma, se fijó una pensión alimenticia equivalente al treinta por ciento de la totalidad de los ingresos del padre de los menores, así como un régimen de convivencia de este con los menores y se autorizó como domicilio del hijo que había llegado a la mayoría de edad, el descrito como domicilio conyugal. El siete de mayo de dos mil diecinueve, este órgano jurisdiccional por segunda ocasión procedió a calificar el cumplimiento dado a la sentencia de amparo a cargo de la autoridad judicial responsable, y se tuvo por no cumplida, ordenándose el requerimiento respectivo a la autoridad responsable. En atención a lo anterior, la autoridad familiar responsable el ocho de mayo de dos mil diecinueve, nuevamente emitió una determinación como complemento de la dictada el diez de abril de dos mil diecinueve. En consecuencia, una vez analizadas las constancias allegadas por la autoridad responsable Juez Tercero de lo Familiar, con sede en esta ciudad, en proveído de doce de julio de dos mil diecinueve, se declaró cumplido el fallo protector, al considerar que la responsable referida dejó insubsistente la resolución de catorce de diciembre de dos mil diecisiete, en lo relativo a la custodia provisional de I. y L., ambos de apellidos F.E. otorgada a favor de su padre, así como la reserva de desocupación del domicilio por parte de éste, y dictó las diversas de diez de abril y ocho de mayo de dos mil diecinueve, en las que resolvió lo conducente con base en las manifestaciones de la solicitante -aquí quejosa- y todas las pruebas aportadas al juicio, determinó lo relativo a la custodia provisional de los menores L. e I., ambos de apellidos F.E., así como a la medida cautelar consistente en la desocupación del domicilio conyugal por parte del tercero interesado, sin soslayar que I.F.E. a la fecha de dicha determinación, ya contaba con la mayoría de edad. Inconforme con dicha determinación la parte quejosa interpuso recurso de inconformidad, el cual por razón de turno correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoquinto Circuito, con residencia en esta ciudad, quien en ejecutoria dictada en veinte de febrero de dos mil veinte, en el recurso de inconformidad 22/2019, declaró fundado dicho medio de impugnación, por lo que este Juzgado mediante proveído de seis de marzo de dos mil veinte, requirió el cumplimiento del fallo protector a la autoridad responsable Juez Tercero de lo Familiar, con sede en esta ciudad, a fin de que recabara las entrevistas psicológicas y los estudios socioeconómicos, que fueron ordenados con motivo del cumplimiento de la sentencia de amparo. Lo anterior, tomando en consideración que entre los lineamientos del fallo protector, se incluyó el relativo al que la Juez familiar responsable previo a pronunciarse en relación a las medidas cautelares consistentes en la custodia provisional de los menores y la desocupación del domicilio conyugal por parte del padre de los menores, tenía la obligación de allegarse, preparar y desahogar los medios de convicción que estimara convenientes para mejor proveer, entre los cuales señaló que resultaban necesarios los estudios psicológicos de los integrantes de la familia, incluidos los menores, así como los estudios socioeconómicos de los padres. En virtud de lo anterior, en proveído de tres de agosto de dos mil veinte, se recibió en este Juzgado el oficio que remitió la Juez Tercero de Primera Instancia Familiar, en esta ciudad, al que acompañó copia certificada del auto de trece de marzo del mismo año, dictado en los autos del juicio natural, en donde ordenó la práctica del estudio socioeconómico de Israel Franco Pérez (aquí tercero interesado). Previos requerimientos formulados por este juzgado, mediante oficio atendido el ocho de enero de dos mil veintiuno, la Juez Tercero de Primera Instancia Familiar, en esta ciudad, remitió el estudio referido, y en el mismo auto se requirió a la autoridad responsable copia certificada de las entrevistas psicológicas de los menores de edad y de los integrantes de la familia mayores de edad. Mediante oficio recibido en esta juzgado el veinticinco de enero de dos mi veintiuno, la autoridad responsable allegó copia certificada de las entrevistas realizadas a los menores L.F.E. e I.F.E.; por lo que en proveído de veintiséis de enero de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional requirió las constancias relativas a las entrevistas psicológicas del tercero interesado Israel Franco Pérez y de la quejosa Julia Aimee Equihua Félix, así como el estudio socioeconómico de la propia quejosa. En ocho de febrero de dos mil veintiuno, se recibieron en este juzgado las constancias relativas a los estudios psicológicos de los menores I.F.E., L.F.E y R.F.E.; así como el estudio socioeconómico de la quejosa. Posteriormente, en tres de diciembre de dos mil veintiuno, se recibió el estudio psicológico del tercero interesado. Por lo que, en catorce de diciembre de dos mil veintiuno, se recibió oficio remitido por la autoridad responsable al cual adjuntó copia certificada de las determinaciones de diez de abril de dos mil diecinueve, ocho de mayo de dos mil diecinueve y diez de diciembre de dos mil veintiuno, en las cuales: i) dejó insubsistente la determinación de catorce de diciembre de dos mil diecisiete; ii) dictó medidas de protección a favor de Julia Aimee Equihua Félix, así como de los menores L. y R., ambos de apellidos F. E., así como un régimen de convivencia; iii) requirió al aquí tercero interesado Israel Franco Pérez, la desocupación voluntaria del domicilio conyugal; iv) ordenó la práctica de un estudio socioeconómico a la parte actora y demandada, para lo cual giró oficio a la Subprocuraduría de la Defensa de los Menores y la Familia, a efecto de llevar a cabo los estudios referidos, y; v) valoró el estudio psicológico realizado al demandado Israel Franco Pérez y determinó reafirmar las resoluciones emitidas en datas diez de abril y ocho de mayo, ambas de dos mil diecinueve. Por tanto, en proveído de catorce de julio de dos mil veintidós, se procedió a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en el juicio, la sentencia definitiva se encuentra cumplida, por lo que, una vez efectuado dicho análisis se declaró que el fallo protector no se encuentra cumplido y se requirió nuevamente a la autoridad responsable. Ello, en virtud a que, de las citadas determinaciones no se desprende que la autoridad responsable haya analizado los estudios socioeconómicos que ordenó se practicaran a las partes en el juicio familiar de origen -ocho de mayo de dos mil diecinueve-, toda vez que si bien valora diversos medios de convicción obrante en autos como son los recibos de nómina del actor -aquí tercero interesado-, las manifestaciones vertidas por éste en el escrito de demanda que dio origen al juicio natural, las declaraciones realizadas por la quejosa -demandada en el de origen- en el ocurso de contestación de demanda, la declaración de víctima u ofendido que rindió la misma quejosa el veinticuatro de junio de dos mil diecisiete, ante el agente del Ministerio Público, Unidad de Orientación y Atención Temprana La Mesa, Zona Tijuana y la escritura pública número ciento treinta y un mil seiscientos cuarenta y cuatro, volumen número tres mil trescientos sesenta y nueve, de veintidós de junio de dos mil diez, pasada ante la fe del Notario Público número Tres, de esta ciudad; sin embargo, no se pronunció respecto al valor y alcance probatorio de los estudios socioeconómicos de referencia, por lo que no dió cumplimiento al punto 2.2 contenido en los efectos de la sentencia constitucional dictada en este asunto, en el que se determinó que el juez responsable debía allegarse, preparar y desahogar los medios de convicción que estimara convenientes para mejor proveer, respecto a los lineamientos precisados en la citada determinación concesoria el cumplimiento dado al fallo protector y remitió constancias para acreditarlo. Por tanto, mediante oficio recibido en ocho de agosto de dos mil veintidós, la autoridad responsable remitió copia certificada del proveído de tres de agosto de ese año, en el que analizó los estudios socioeconómicos en cuanto a su alcance y valor probatorio, para con ello determinar lo relativo a la custodia provisional de los menores quejosos así como la medida cautelar consistente en la desocupación del domicilio conyugal por parte del tercero interesado, o en su caso, determinar la implementación de alguna otra medida cautelar diversa que permitiera la continuación del juicio sin riesgo para la quejosa y los menores de iniciales R.F.E. así como de I y L ambos de apellidos F.E; sin embargo fue omisa en pronunciarse respecto de las manifestaciones de la solicitante y todas las pruebas aportadas al juicio, así como aquellas que se allegó, preparó y desahogó para mejor proveer, en los términos precisados en el fallo protector, por lo que se requirió nuevamente el cumplimiento de la sentencia. Derivado de lo anterior, mediante oficio de 4225/2022, la autoridad responsable remitió copia certificada del proveído de dieciocho de agosto de dos mil veintidós, en el que realizó un análisis de las pruebas aportadas en el juicio de origen, así como de aquellas que se allegaron, prepararon y desahogaron para determinar lo relativo a la custodia provisional de los menores quejosos, sin soslayar que L. y R., ambos de apellidos F. E., a la fecha de dicha determinación, ya contaban con la mayoría de edad; así como la medida cautelar consistente en la desocupación del domicilio conyugal por parte del tercero interesado. En ese tenor, se aprecia que la autoridad responsable tomando en cuenta las condiciones actualizadas a la fecha de la determinación, realizó lo siguiente: (i) decretó la custodia y depósito judicial provisional de la única menor R.F.E. a favor de su progenitora, en virtud que los diversos hijos ya cuentan con la mayoría de edad y viven con su padre; (ii) ya no dictó medidas de protección a favor de Julia Aimee Equihua Félix, y de los menores, en virtud que ésta ya no habita en el domicilio conyugal, como quedó demostrado en el expediente; (iii) por tanto, tampoco se solicitó la desocupación del domicilio conyugal al tercero interesado Israel Franco Pérez, pues éste vive en diverso domicilio. Por tanto, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo se declara cumplida sentencia de amparo, sin perjuicio de que la parte quejosa intente el medio de impugnación previsto en el artículo 201 de la Ley de Amparo. Por último, agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito presentado por Martín Morán Macías, en su carácter de representante especial de los quejosos, a través del cual solicita se provea sobre el cumplimiento del fallo protector; en ese sentido, dígase al promovente que deberá estar a lo acordado en el presente proveído. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Maricruz Manjarrez Maya, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C, DE LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A LA PARTE TERCERA INTERESADA, EL AUTO DICTADO EL DOS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS: Tijuana, Baja California, dos de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos se obtiene que a la fecha transcurrió el término concedido a las partes a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera sobre el cumplimiento dado por la autoridad responsable al fallo protector dictado en este asunto, sin que lo hubieren hecho; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede resolver sobre el cumplimiento al fallo protector con base en los elementos que obran el expediente. Bajo ese contexto, se destaca que el veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, dictó sentencia en el presente juicio, en auxilio de este juzgado federal, en la que se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. Sentencia que al no ser recurrida causó ejecutoria en proveído de diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho; por lo que se requirió el cumplimiento al fallo protector a la autoridad responsable para que realizara lo siguiente: "1. Deje insubsistente la resolución de catorce de diciembre de dos mil diecisiete, en lo relativo a la custodia provisional de I y L, ambos de apellidos F.E. otorgada a favor de su padre, así como la reserva de desocupación del domicilio por parte de éste; 2. Dicte una nueva, en la que resuelva de manera fundada y motivada lo que en derecho corresponda respecto a esas medidas cautelares, para lo cual deberá: 2.1. Valorar las manifestaciones de la solicitante y todas las pruebas aportadas al juicio, así como los datos que se obtengan del mismo, para determinar si generan o no una duda razonable sobre el riesgo a la integridad física y psicológica de la quejosa y, en consecuencia de la menor R.F.E. así como de I. y L. ambos de apellidos F.E. 2.2. Se allegue, prepare y desahogue los medios de convicción que estime convenientes para mejor proveer, conforme a los lineamientos precisados en este fallo. 2.3. Con base en ello, determine lo relativo a la custodia provisional de los menores citados así como la medida cautelar consistente en la desocupación del domicilio conyugal por parte del tercero interesado, o en su caso, determine la implementación de alguna otra medida cautelar diversa que permita la continuación del juicio sin riesgo para la quejosa y sus menores hijos. 2.4. Lo anterior sin soslayar que a la fecha de la emisión del acto reclamado así como de la presentación de la demanda de amparo I.F.E. era menor de dieciocho años de edad, empero, actualmente cuenta con la mayoría de edad." La autoridad responsable, a fin de cumplir con los lineamientos anteriores, el veintiocho de enero de dos mil diecinueve, emitió una determinación en el juicio ordinario civil de divorcio necesario 893/2017, en la cual, dejó insubsistente la resolución de catorce de diciembre de dos mil diecisiete, y procedió a dictar las medidas de protección a favor de los menores y su madre, motivo por el cual decretó la custodia y depósito judicial provisional de los menores a favor de su progenitora, lo cual ordenó se verificara en el domicilio conyugal, se apercibió al cónyuge para que se abstuviera de causar molestias, intimidara u hostigara a la demandada, o bien, causara algún tipo de violencia directa o indirecta, ello como orden de protección; de igual forma, se fijó una pensión alimenticia equivalente al treinta por ciento de la totalidad de los ingresos del padre de los menores, así como un régimen de convivencia de este con los menores y se autorizó como domicilio del hijo que había llegado a la mayoría de edad, el descrito como domicilio conyugal. Por tanto, en proveído de ocho de abril de dos mil diecinueve, se procedió a realizar la calificación del cumplimiento dado al fallo protector de acuerdo a las constancias que obran en el juicio, por lo que, una vez efectuado dicho análisis se declaró que el fallo protector no se encuentra cumplido y se requirió nuevamente a la autoridad responsable. Derivado de lo anterior, la juez responsable el diez de abril de dos mil diecinueve, emitió una nueva determinación para dar cumplimiento al fallo protector, mediante la cual dejó insubsistente las resoluciones que emitió el veintiocho de enero de dos mil diecinueve y catorce de diciembre de dos mil diecisiete, respectivamente, para después dictar las medidas de protección a favor de los menores y su madre, motivo por el cual decretó la custodia y depósito judicial provisional de los menores a favor de su progenitora, lo cual ordenó se verificara en el domicilio conyugal, se apercibió al cónyuge para que se abstuviera de causar molestias, intimidara u hostigara a la demandada, o bien, causara algún tipo de violencia directa o indirecta, ello como orden de protección; de igual forma, se fijó una pensión alimenticia equivalente al treinta por ciento de la totalidad de los ingresos del padre de los menores, así como un régimen de convivencia de este con los menores y se autorizó como domicilio del hijo que había llegado a la mayoría de edad, el descrito como domicilio conyugal. El siete de mayo de dos mil diecinueve, este órgano jurisdiccional por segunda ocasión procedió a calificar el cumplimiento dado a la sentencia de amparo a cargo de la autoridad judicial responsable, y se tuvo por no cumplida, ordenándose el requerimiento respectivo a la autoridad responsable. En atención a lo anterior, la autoridad familiar responsable el ocho de mayo de dos mil diecinueve, nuevamente emitió una determinación como complemento de la dictada el diez de abril de dos mil diecinueve. En consecuencia, una vez analizadas las constancias allegadas por la autoridad responsable Juez Tercero de lo Familiar, con sede en esta ciudad, en proveído de doce de julio de dos mil diecinueve, se declaró cumplido el fallo protector, al considerar que la responsable referida dejó insubsistente la resolución de catorce de diciembre de dos mil diecisiete, en lo relativo a la custodia provisional de I. y L., ambos de apellidos F.E. otorgada a favor de su padre, así como la reserva de desocupación del domicilio por parte de éste, y dictó las diversas de diez de abril y ocho de mayo de dos mil diecinueve, en las que resolvió lo conducente con base en las manifestaciones de la solicitante -aquí quejosa- y todas las pruebas aportadas al juicio, determinó lo relativo a la custodia provisional de los menores L. e I., ambos de apellidos F.E., así como a la medida cautelar consistente en la desocupación del domicilio conyugal por parte del tercero interesado, sin soslayar que I.F.E. a la fecha de dicha determinación, ya contaba con la mayoría de edad. Inconforme con dicha determinación la parte quejosa interpuso recurso de inconformidad, el cual por razón de turno correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoquinto Circuito, con residencia en esta ciudad, quien en ejecutoria dictada en veinte de febrero de dos mil veinte, en el recurso de inconformidad 22/2019, declaró fundado dicho medio de impugnación, por lo que este Juzgado mediante proveído de seis de marzo de dos mil veinte, requirió el cumplimiento del fallo protector a la autoridad responsable Juez Tercero de lo Familiar, con sede en esta ciudad, a fin de que recabara las entrevistas psicológicas y los estudios socioeconómicos, que fueron ordenados con motivo del cumplimiento de la sentencia de amparo. Lo anterior, tomando en consideración que entre los lineamientos del fallo protector, se incluyó el relativo al que la Juez familiar responsable previo a pronunciarse en relación a las medidas cautelares consistentes en la custodia provisional de los menores y la desocupación del domicilio conyugal por parte del padre de los menores, tenía la obligación de allegarse, preparar y desahogar los medios de convicción que estimara convenientes para mejor proveer, entre los cuales señaló que resultaban necesarios los estudios psicológicos de los integrantes de la familia, incluidos los menores, así como los estudios socioeconómicos de los padres. En virtud de lo anterior, en proveído de tres de agosto de dos mil veinte, se recibió en este Juzgado el oficio que remitió la Juez Tercero de Primera Instancia Familiar, en esta ciudad, al que acompañó copia certificada del auto de trece de marzo del mismo año, dictado en los autos del juicio natural, en donde ordenó la práctica del estudio socioeconómico de Israel Franco Pérez (aquí tercero interesado). Previos requerimientos formulados por este juzgado, mediante oficio atendido el ocho de enero de dos mil veintiuno, la Juez Tercero de Primera Instancia Familiar, en esta ciudad, remitió el estudio referido, y en el mismo auto se requirió a la autoridad responsable copia certificada de las entrevistas psicológicas de los menores de edad y de los integrantes de la familia mayores de edad. Mediante oficio recibido en esta juzgado el veinticinco de enero de dos mi veintiuno, la autoridad responsable allegó copia certificada de las entrevistas realizadas a los menores L.F.E. e I.F.E.; por lo que en proveído de veintiséis de enero de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional requirió las constancias relativas a las entrevistas psicológicas del tercero interesado Israel Franco Pérez y de la quejosa Julia Aimee Equihua Félix, así como el estudio socioeconómico de la propia quejosa. En ocho de febrero de dos mil veintiuno, se recibieron en este juzgado las constancias relativas a los estudios psicológicos de los menores I.F.E., L.F.E y R.F.E.; así como el estudio socioeconómico de la quejosa. Posteriormente, en tres de diciembre de dos mil veintiuno, se recibió el estudio psicológico del tercero interesado. Por lo que, en catorce de diciembre de dos mil veintiuno, se recibió oficio remitido por la autoridad responsable al cual adjuntó copia certificada de las determinaciones de diez de abril de dos mil diecinueve, ocho de mayo de dos mil diecinueve y diez de diciembre de dos mil veintiuno, en las cuales: i) dejó insubsistente la determinación de catorce de diciembre de dos mil diecisiete; ii) dictó medidas de protección a favor de Julia Aimee Equihua Félix, así como de los menores L. y R., ambos de apellidos F. E., así como un régimen de convivencia; iii) requirió al aquí tercero interesado Israel Franco Pérez, la desocupación voluntaria del domicilio conyugal; iv) ordenó la práctica de un estudio socioeconómico a la parte actora y demandada, para lo cual giró oficio a la Subprocuraduría de la Defensa de los Menores y la Familia, a efecto de llevar a cabo los estudios referidos, y; v) valoró el estudio psicológico realizado al demandado Israel Franco Pérez y determinó reafirmar las resoluciones emitidas en datas diez de abril y ocho de mayo, ambas de dos mil diecinueve. Por tanto, en proveído de catorce de julio de dos mil veintidós, se procedió a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en el juicio, la sentencia definitiva se encuentra cumplida, por lo que, una vez efectuado dicho análisis se declaró que el fallo protector no se encuentra cumplido y se requirió nuevamente a la autoridad responsable. Ello, en virtud a que, de las citadas determinaciones no se desprende que la autoridad responsable haya analizado los estudios socioeconómicos que ordenó se practicaran a las partes en el juicio familiar de origen -ocho de mayo de dos mil diecinueve-, toda vez que si bien valora diversos medios de convicción obrante en autos como son los recibos de nómina del actor -aquí tercero interesado-, las manifestaciones vertidas por éste en el escrito de demanda que dio origen al juicio natural, las declaraciones realizadas por la quejosa -demandada en el de origen- en el ocurso de contestación de demanda, la declaración de víctima u ofendido que rindió la misma quejosa el veinticuatro de junio de dos mil diecisiete, ante el agente del Ministerio Público, Unidad de Orientación y Atención Temprana La Mesa, Zona Tijuana y la escritura pública número ciento treinta y un mil seiscientos cuarenta y cuatro, volumen número tres mil trescientos sesenta y nueve, de veintidós de junio de dos mil diez, pasada ante la fe del Notario Público número Tres, de esta ciudad; sin embargo, no se pronunció respecto al valor y alcance probatorio de los estudios socioeconómicos de referencia, por lo que no dió cumplimiento al punto 2.2 contenido en los efectos de la sentencia constitucional dictada en este asunto, en el que se determinó que el juez responsable debía allegarse, preparar y desahogar los medios de convicción que estimara convenientes para mejor proveer, respecto a los lineamientos precisados en la citada determinación concesoria el cumplimiento dado al fallo protector y remitió constancias para acreditarlo. Por tanto, mediante oficio recibido en ocho de agosto de dos mil veintidós, la autoridad responsable remitió copia certificada del proveído de tres de agosto de ese año, en el que analizó los estudios socioeconómicos en cuanto a su alcance y valor probatorio, para con ello determinar lo relativo a la custodia provisional de los menores quejosos así como la medida cautelar consistente en la desocupación del domicilio conyugal por parte del tercero interesado, o en su caso, determinar la implementación de alguna otra medida cautelar diversa que permitiera la continuación del juicio sin riesgo para la quejosa y los menores de iniciales R.F.E. así como de I y L ambos de apellidos F.E; sin embargo fue omisa en pronunciarse respecto de las manifestaciones de la solicitante y todas las pruebas aportadas al juicio, así como aquellas que se allegó, preparó y desahogó para mejor proveer, en los términos precisados en el fallo protector, por lo que se requirió nuevamente el cumplimiento de la sentencia. Derivado de lo anterior, mediante oficio de 4225/2022, la autoridad responsable remitió copia certificada del proveído de dieciocho de agosto de dos mil veintidós, en el que realizó un análisis de las pruebas aportadas en el juicio de origen, así como de aquellas que se allegaron, prepararon y desahogaron para determinar lo relativo a la custodia provisional de los menores quejosos, sin soslayar que L. y R., ambos de apellidos F. E., a la fecha de dicha determinación, ya contaban con la mayoría de edad; así como la medida cautelar consistente en la desocupación del domicilio conyugal por parte del tercero interesado. En ese tenor, se aprecia que la autoridad responsable tomando en cuenta las condiciones actualizadas a la fecha de la determinación, realizó lo siguiente: (i) decretó la custodia y depósito judicial provisional de la única menor R.F.E. a favor de su progenitora, en virtud que los diversos hijos ya cuentan con la mayoría de edad y viven con su padre; (ii) ya no dictó medidas de protección a favor de Julia Aimee Equihua Félix, y de los menores, en virtud que ésta ya no habita en el domicilio conyugal, como quedó demostrado en el expediente; (iii) por tanto, tampoco se solicitó la desocupación del domicilio conyugal al tercero interesado Israel Franco Pérez, pues éste vive en diverso domicilio. Por tanto, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo se declara cumplida sentencia de amparo, sin perjuicio de que la parte quejosa intente el medio de impugnación previsto en el artículo 201 de la Ley de Amparo. Por último, agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito presentado por Martín Morán Macías, en su carácter de representante especial de los quejosos, a través del cual solicita se provea sobre el cumplimiento del fallo protector; en ese sentido, dígase al promovente que deberá estar a lo acordado en el presente proveído. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Maricruz Manjarrez Maya, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, nueve de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito de cuenta, con firma electrónica de Martín Morán Macías, en su carácter de representante especial de los quejosos menores, a través del cual informa que estará ausente de su adscripción en la segunda quincena del mes de diciembre de dos mil veintidós, por lo que será la licenciada Evelyn Sánchez Martínez quien suplirá sus funciones; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, ante Gabriela Romana Castorena Gutiérrez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. AMC/GRCG/EGG

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