JUDY ELIZABETH CLARE-PACKER y Otros.
Expediente 1193/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 27 actuaciones registradas, la última del 30 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1193/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 27
- Última actuación
- 30/04/2018
Partes del expediente
- Keir John Packer
- JUDY ELIZABETH CLARE-PACKER y Otros.
- Judy Elizabeth Clare-Packer
- KEIR JOHN PACKER y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 27.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, TREINTA DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la cuenta que antecede, se aprecia que la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, residente en esta ciudad, por conducto del Director General Jurídico (fojas 214 y 215, 235 a 238), comunicó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio de garantías, que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. Mediante proveído de catorce de febrero del año en curso y tres de abril de la presente anualidad (fojas 216 y 239), se dio vista a la parte quejosa con los oficios mencionados con antelación, para que en el plazo de tres días indicara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacer manifestación alguna, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Por consiguiente, con fundamento en el dispositivo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo Vigente, se procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional, el veintinueve de agosto de dos mil dieciocho (fojas 103 a la 118), se determinó conceder al quejoso Keir John Packer y otra, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los efectos siguientes: "1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el arábigo 21, fracción I de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecisiete, en relación con los dispositivos 12, 13 y 14, del mismo ordenamiento legal, esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales preceptos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito. . 2. Asimismo, para que el Secretario de Administración y Finanzas y el Director General de Ingresos de la Secretaría de Administración y Finanzas, ambos del Estado de Nayarit, devuelva a la parte quejosa única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $* respecto de la cantidad de $*, por concepto de "INSCRIP. DOCUMENTO PUBLICO O PRIVADO", fomento a la educación, asistencia social y Universidad Autónoma de Nayarit, respecto del instrumento público "154", emitido por el Notario Público 38, con sede en Bucerías, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, (fojas 34 y 91), que se cubrió el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete. . Lo anterior es así, ya que la inconstitucionalidad aducida incide en un elemento esencial de la contribución analizada y la restitución correspondiente sólo implica que la quejosa deje de pagar la tarifa que le fue aplicada, sin relevarlo de la obligación de enterar la cuota fija mínima de doscientos ochenta pesos, sin las contribuciones adicionales, que al efecto establece el último párrafo de la fracción I del numeral 21 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete, dado que el efecto del amparo no puede traducirse en liberar al contribuyente de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, en virtud de que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el ordinal 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva, que en el caso que nos ocupa, tal circunstancia se cumple al enterar la cantidad mínima que exige la contribución declarada inconstitucional. Precisándose, que por lo que respecta al diverso concepto de pago denominado "INSCRIP. DOCUMENTO SIN VALOR DETERMINADO" (foja 33), por la cantidad de trescientos sesenta y dos pesos, así como el diverso de doscientos ochenta pesos, la primera porque no fue materia del acto reclamado en el presente juicio de garantías, pues la misma se encuentra prevista en la fracción XIV de la ley de Ingresos del Estado de Nayarit y no así en la diversa fracción I del citado dispositivo que fue señalado como acto y en cuanto a la segunda, es el pago mínimo necesario que debe cubrirse por el derecho de un documento público o privado, ello como se precisó con anterioridad, razón por la que subsisten los cobros que le fueron realizados a la parte accionante de garantías. . En la inteligencia de que la cuota de doscientos ochenta pesos que se comenta, es aplicable, porque está referida a la inscripción de documento público o privado, tal como el que originó la impugnación en la vía de amparo; de ahí que al ser una cuota fija y mínima para un caso similar, en la que no se aplica el cobro de los impuestos adicionales que prevén los preceptos 12, 13 y 14 de la mencionada Ley de Ingresos, es ésta la que debe cubrirse y no otra. Concesión de amparo que debe hacerse extensiva al acto de aplicación de los preceptos tildados de inconstitucionales, consistente en el pago de derechos por inscripción del instrumento público referido, que está acreditado en autos, ya que resulta ilegal al ser consecuencia de la aplicación de la norma declarada inconstitucional. . 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que el quejoso sea restituido en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación de los preceptos declarados inconstitucionales, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto." De lo transcrito se colige, que los actos que debían realizar las autoridades responsables aludidas en párrafos que antecede, para cumplir con dicha sentencia, eran los siguientes: A). Se desincorporara de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el numeral 21, fracción I, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecisiete, en relación con los ordinal 12, 13 y 14, del mismo ordenamiento legal; y B). El remanente que excediera de la aplicación de $*, relativo a la cuota fija mínima, respecto de la cantidad de $*, con motivo de la inscripción de instrumento público; la cual debía ser actualizada. Luego, a través de los oficios DCJ/697/2018 de doce de febrero de la presente anualidad y DCJ/1713/2018 de veintisiete de marzo del año actual (fojas 214 y 235), la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, por conducto del Director General Jurídico de dicha Secretaría, informó la forma en que dio cumplimiento al fallo protector y para tal efecto, en los oficios en cita, anexó la transferencia bancaria a favor de la parte quejosa, por la cantidad de $*, que pagó a la parte promovente del amparo, por los conceptos precisados en la sentencia concesoria de que se trata, con su actualización fiscal respectiva. Ahora, atendiendo a los efectos de la sentencia protectora del amparo, los cuales han quedado precisados con anterioridad, se advierte que la citada autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit acató los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, pues desincorporó de la esfera jurídica de la parte quejosa la porción normativa reclamada y le devolvió la contribución principal erogada por ésta, así como lo relativo a la actualización fiscal correspondiente. Luego, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria en análisis, se advierte que a dicha cantidad se tenía que descontar la diversa suma de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.), que corresponde a cuota mínima establecida para la inscripción de documento público o privado, por lo que al ser el parámetro base para un caso similar, en la que no se aplica el cobro de los impuestos adicionales que prevén los artículos 12, 13 y 14 de la mencionada Ley de Ingresos, es la que debía de cubrir la promovente del amparo y no otra. Entonces, realizando la operación aritmética correspondiente, se advierte que la autoridad responsable en cita tenía que devolver el monto de $*, por lo que se desprende que la obligación tributaria principal ha sido devuelta. Sin embargo, como se expuso, en la ejecutoria en análisis se determinó que la cantidad anterior debía devolverse con la actualización correspondiente, la que se encuentra contemplada en el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue expedido el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete (foja 34) y el siete de febrero de dos mil dieciocho (foja 237), la parte quejosa recibió la transferencia bancaria a su favor, por la cual la autoridad responsable citada devolvió la contribución reclamada en su totalidad; por lo que el periodo de actualización comprende del mes de abril del año pasado a diciembre de la aludida anualidad. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de abril del año pasado entre el índice para el mes de diciembre de esa anualidad (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de abril de dos mil diecisiete fue de 126.242; y para el mes de diciembre de la citada anualidad fue de 130.813 De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.03620. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho e impuestos en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizado a la fecha de su pago, esto es la cantidad de $*; por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $*, sin que pase inadvertido que a dicha cantidad se le tenía que descontar la cantidad de $*, como cuota mínima fija por los actos jurídicos que inscribió. Así de las constancias que obran en autos se advierte que la citada autoridad responsable acató los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, toda vez que, por una parte, la tesorería responsable devolvió a la quejosa la cantidad $* por concepto de la devolución de los conceptos materia del presente juicio y su actualización y, por otra, manifestó que se abstendría de aplicarle los normativos tildados de inconstitucionales en la sentencia emitida en autos. Sin que pase inadvertido, que el monto que el recaudador responsable debía devolver al quejoso era de $*; sin embargo, éste reintegró la diversa de $*, es decir, devolvió un excedente en la cantidad de actualización de ochenta y siete centavos, sin embargo, dicho excedente no produce afectación económica para el aquí quejoso, para considerar que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida; no bastante lo anterior, hágasele del conocimiento de lo anterior a la autoridad responsable para los efectos legales correspondientes Por tanto, este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, DECLARA CUMPLIDA la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión; en esa virtud, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido arábigo de la Ley de la materia, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en las fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de amparo se concedió el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, TRES DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el ocurso de cuenta presentado por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, en su carácter de representante de la mencionada dependencia y del Director General de Ingresos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, a través del cual informa que ha dado cumplimiento al fallo protector emitido en autos, toda vez que en diverso oficio remitió el comprobante de la transferencia realizada a la parte quejosa, con su debida actualización; luego, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa, con el libelo y anexo de cuenta, para que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, apercibido que de no hacer pronunciamiento alguno, con apoyo en la ejecutoria de amparo y demás actuaciones que obran en el sumario, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en cuenta las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTIDOS DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el ocurso de cuenta presentado por el Director General Jurídico adscrito a la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, en su carácter de representante de la mencionada dependencia, con residencia en esta ciudad, mediante el cual por los motivos que expone, informa que para realizar el pago correspondiente a la actualización dentro del presente juicio de amparo, tomará en consideración los índices de diciembre de dos mil diecisiete y abril del citado año, toda vez que al momento en que realizó la transferencia bancaria a favor de la parte quejosa, no se encontraba aún publicado el índice del mes de enero del año en curso, ya que lo fue hasta el día nueve de febrero actual, esto es, después de la transferencia bancaria realizada por la oficiante; en consecuencia, agréguese el oficio de cuenta y téngase por hechas las manifestaciones a que hace referencia, mismas que se tomarán en consideración al momento de calificar el cumplimiento que se dé al fallo protector emitido en autos. Por tanto, dígasele a la autoridad indicada que dentro del plazo de CINCO DÍAS, siguientes al en que reciba el oficio correspondiente, deberá dar total cumplimiento al fallo protector concedido, tomando en consideración lo ya expuesto en el oficio de cuenta, en atención a la fecha de publicación del índice Nacional de Precios al Consumidor. Apercibido que de no hacerlo sin causa justificada, con fundamento en los numerales 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de la Materia, se le impondrá una multa equivalente a cien valores diarios de la unidad de medida y actualización. En el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto, de conformidad con lo dispuesto por el dispositivo 26, apartado B, párrafo sexto y séptimo constitucional en relación con el segundo y tercer transitorio del Decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo. Se le hace del conocimiento a la citada autoridad, que en el supuesto de que la ejecutoria de amparo no quede cumplida en el plazo fijado, este Órgano Jurisdiccional hará el pronunciamiento respectivo e impondrá las multas que procedan; asimismo, se remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en Turno, con sede en esta ciudad; en la inteligencia, de que si por algún motivo el Titular respectivo dejara el cargo que desempeña, seguirá teniendo responsabilidad, conforme lo prevé el arábigo 193 de la Ley citada.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, TRECE DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías se advierte, que mediante oficio y anexo recibidos en este Juzgado Federal el trece de febrero del año en curso (fojas 214 y 215), el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que se había dado cumplimiento total a la ejecutoria emitida en este juicio de garantías. En relación con lo anterior, por acuerdo de catorce de febrero de dos mil dieciocho (foja 217), se dio vista a la parte quejosa, con el referido oficio y anexo, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera. El acuerdo en comento se notificó al accionante de garantías el veinte de febrero del presente año (foja 216), notificación que surtió efectos al posterior día hábil; por tal motivo, el plazo de tres días otorgado a dicha parte para que expresara lo que a su derecho conviniera en relación con el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, transcurrió del veintidós al veintiséis de febrero del año en curso. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Así, mediante resolución dictada en el presente sumario de amparo el veintinueve de agosto de dos mil diecisiete (fojas 103 a la 118), se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, por lo que se determinó que las autoridades responsables debían: 1. ..... 2. ....... Lo anterior es así, ya que la inconstitucionalidad aducida incide en un elemento esencial de la contribución analizada y la restitución correspondiente sólo implica que la quejosa deje de pagar la tarifa que le fue aplicada, sin relevarlo de la obligación de enterar la cuota fija mínima de doscientos ochenta pesos, sin las contribuciones adicionales, que al efecto establece el último párrafo de la fracción I del numeral 21 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete, dado que el efecto del amparo no puede traducirse en liberar al contribuyente de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, en virtud de que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el ordinal 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva, que en el caso que nos ocupa, tal circunstancia se cumple al enterar la cantidad mínima que exige la contribución declarada inconstitucional. Precisándose, que por lo que respecta al diverso concepto de pago denominado "INSCRIP. DOCUMENTO SIN VALOR DETERMINADO" (foja 33), por la cantidad de trescientos sesenta y dos pesos, así como el diverso de doscientos ochenta pesos, la primera porque no fue materia del acto reclamado en el presente juicio de garantías, pues la misma se encuentra prevista en la fracción XIV de la ley de Ingresos del Estado de Nayarit y no así en la diversa fracción I del citado dispositivo que fue señalado como acto y en cuanto a la segunda, es el pago mínimo necesario que debe cubrirse por el derecho de un documento público o privado, ello como se precisó con anterioridad, razón por la que subsisten los cobros que le fueron realizados a la parte accionante de garantías. . En la inteligencia de que la cuota de doscientos ochenta pesos que se comenta, es aplicable, porque está referida a la inscripción de documento público o privado, tal como el que originó la impugnación en la vía de amparo; de ahí que al ser una cuota fija y mínima para un caso similar, en la que no se aplica el cobro de los impuestos adicionales que prevén los preceptos 12, 13 y 14 de la mencionada Ley de Ingresos, es ésta la que debe cubrirse y no otra. Concesión de amparo que debe hacerse extensiva al acto de aplicación de los preceptos tildados de inconstitucionales, consistente en el pago de derechos por inscripción del instrumento público referido, que está acreditado en autos, ya que resulta ilegal al ser consecuencia de la aplicación de la norma declarada inconstitucional. . 3. ...... Luego, del oficio recibido por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, en su carácter de representante legal de dicha Secretaría, manifiesta que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, realizó transferencia a favor de la parte quejosa, por la cantidad de $.....; en cumplimiento al fallo protector, informa que devolvió a la parte quejosa la cantidad que pagó por concepto de "......."; sin embargo, dicha cantidad debería estar debidamente actualizada, de conformidad el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, es oportuno destacar que el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete y el siete de febrero del año en curso, se efectúo la devolución mediante transferencia bancaria a la parte quejosa, por el cual la autoridad responsable pretende devolver las contribuciones reclamadas en su totalidad; por lo que el periodo de actualización comprende del mes de abril de dos mil diecisiete a enero de este año. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de enero del año en curso entre el índice para el mes de abril de dos mil diecisiete (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de enero de dos mil dieciocho fue 131.508; y para el mes de abril de dos mil diecisiete 126.242. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.04171 En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de $...; por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $..... En ese sentido, se advierte que la ejecutoria en análisis no se encuentra cumplida en sus términos, pues la autoridad devolvió a la quejosa la cantidad total de $....., lo que pone en evidencia un faltante de pago en favor de la parte quejosa, equivalente a $.... En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable denominada Secretario de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de CINCO DÍAS, siguientes al en que reciba el comunicado, informe sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo; esto es, acredite haber devuelto a la parte quejosa la cantidad indicada en el párrafo que antecede, en relación a la actualización indicada. Apercibida que de no hacerlo sin causa justificada, se le impondrá una multa equivalente a cien valores diarios de la unidad de medida y actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, apartado b, párrafos sexto y séptimo constitucional, en relación con el segundo y tercer transitorio del decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo), de conformidad con el dispositivo 258 de la Ley de Amparo. En la inteligencia de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a la ahora denominada Unidad de medida y actualización, en términos del transitorio tercero del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de abril de dos mil dieciséis.
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