Judith Steffania Cobos Pacheco

Expediente 1582/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 7 actuaciones registradas, la última del 12 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1582/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
12/01/2023

Partes del expediente

  • Judith Steffania Cobos Pacheco
  • Josseline Fernanda Maza Sangurima

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y como de la misma se advierte que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara el proveído de veintiuno de diciembre de dos mil veintidós, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente asunto. En consecuencia, se declara que dicha determinación ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Archivo.

  2. Principal

    Glósese el oficio INM/ORSLP/DAJ/1755/XII/2022 que vía electrónica remite el Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí, Órgano Administrativo de la Secretaría de Gobernación en representación del Titular de la Oficina de Representación de dicho Instituto. Contenido oficio. Ahora bien, del contenido del oficio, se desprende que la autoridad informa que el procedimiento administrativo instaurado en contra de las quejosas Josseline Fernanda Maza Sangurima y Judith Steffania Cobos Pacheco fue concluido, al haberse dictado acuerdo de conclusión el diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, ante la imposibilidad material de continuarlo de conformidad con el artículo 57, fracción V, de la Ley Federal de Procedimientos Administrativos. Prueba. De conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase por admitida y desahogada la prueba documental que acompaña dicha autoridad, dada su propia y especial naturaleza. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar en qué consisten los actos reclamados, atendiendo a la integridad de la demanda, en los casos, como en el presente, en que tal proceder resulta necesario para una mejor impartición de justicia. Conforme con lo anterior, de la demanda se advierte que el promovente del amparo señaló como actos reclamados los siguientes: "a) La detención, aseguramiento y/o alojamiento ilegal de los hoy quejosos en la estación migratoria de San Luis Potosí, San Luis Potosí, por más de 36 horas. b) La privación de su libertad personal fuera de procedimiento con fines de deportación y/o expulsión y su ejecución. c) La ejecución de cualquier orden de deportación y/o expulsión que se haya emitido en su contra, fuera de procedimiento, por afectar nuestra esfera jurídica al incurrir los quejos en dicho supuesto. d) La negativa de realizar los trámites migratorios de los hoy quejosos tendientes a regularizar y obtener su legal estancia en México, en términos del artículo 52 fracción V inciso a), 132 fracción I, 133 fracción III y IV, 136 y demás relativos de la Ley de Migración. e) La negativa de recibir y tramitar la solicitud realizada con apego al artículo 102 de la Ley de Migración". Causal de improcedencia. Visto el oficio de cuenta y su anexo; se estima que se surte una causa de improcedencia, la cual debe analizarse en cualquier etapa del juicio, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 62 de la Ley de Amparo. Causales de improcedencia El suscrito advierte que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo. Marco normativo. Dicho numeral señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; (...)" El precepto transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando se promueve contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo en forma de juicio que con posterioridad se consuma de un modo irreparable por haber operado un cambio de situación jurídica, debido a que un eventual pronunciamiento podría afectar la nueva situación imperante. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido los elementos que dan origen a la causal de improcedencia de que se trata, a saber: a). Que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio; b). Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c). Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica; d). Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el amparo y la nueva resolución. Al respecto es aplicable la Tesis 2a. CXI/96, cuyo contenido es el siguiente: "CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." Antecedentes del acto reclamado De las constancias de los expedientes 5771 y 5772 relativas al Procedimiento Administrativo Migratorio instaurado a las quejosas -a las cuales se les otorga valor probatorio pleno en razón de que la autoridad responsable formuló la manifestación a que se refiere el numeral 3, fracciones I, V y VI, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; esto es, que las documentales digitalizadas, presentadas de manera electrónica, son copia íntegra e inalterada del documento impreso- se advierten los antecedentes siguientes: 1. Mediante oficio SCVMSLP/476/XI/2022 de veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, el Agente Federal de Migración "B", comisionado a la acción de verificación migratoria, puso a disposición a las quejosas Judith Steffania Cobos Pacheco y Josseline Fernanda Maza Sangurima, ante el Subdirector de Control y Verificación Migratoria de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en San Luis Potosí, por no contar con documentos que acreditaran su situación migratoria regular en el país. 2. Por acuerdo de veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, el Subdirector de la Estación Migratoria en San Luis Potosí adscrito a la Oficina de Representación en San Luis Potosí del Instituto Nacional de Migración, decretó el inicio de Procedimiento Administrativo Migratorio bajo los expedientes 5771 y 5772, a efecto de resolver la situación migratoria de Judith Steffania Cobos Pacheco y Josseline Fernanda Maza Sangurima. 3. El uno de diciembre de dos mil veintidós, las referidas quejosas quedaron en libertad, con motivo de la suspensión de plano concedida en este juicio. 4. El diecinueve de diciembre de este año, se dictó acuerdo de conclusión en los procedimientos migratorios 5771 y 5772, dado que las quejosas Judith Steffania Cobos Pacheco y Josseline Fernanda Maza Sangurima, se sustrajeron del control de firmas de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en San Luis Potosí. Caso concreto De los antecedentes narrados se advierte que la detención reclamada deriva de procedimiento administrativo migratorio instaurado a Judith Steffania Cobos Pacheco y Josseline Fernanda Maza Sangurima. En ese orden de ideas, tomando en consideración que se dictó acuerdo de conclusión de los procedimientos migratorios 5771 y 5772, respecto de las aquí quejosas. Circunstancia que acreditó la autoridad responsable con las constancias que remitió en copia certificada, anexas al oficio recibido en este órgano jurisdiccional el seis de mayo de dos mil veintidós y el diverso de cuenta; documentales que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. En esa tesitura, este órgano de control constitucional no podría decidir sobre la constitucionalidad de los actos reclamados sin afectar el acuerdo de conclusión del procedimiento administrativo seguido contra de las quejosas, que es el que rige la situación jurídica de Judith Steffania Cobos Pacheco y Josseline Fernanda Maza Sangurima; de ahí que una eventual concesión del amparo no podría surtir efectos. Apoya lo anterior, por las consideraciones emitidas en la tesis aislada I.11o.C.28 K (10a.), sustentada por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que expresa: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XVII, DE LA LEY DE AMPARO QUE PREVÉ ESA CAUSA DE IMPROCEDENCIA, NO CONTRAVIENE LOS ARTÍCULOS 1o., PÁRRAFO TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, NI 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. La causal de improcedencia consiste en que cuando el acto emane de un procedimiento, de surgir una situación jurídica nueva, el juicio de amparo será improcedente si de concederlo se afectara esa nueva situación y, por ello, deben reputarse consumadas irreparablemente las violaciones alegadas, por la posible afectación al nuevo status jurídico. Así, la finalidad del artículo 61, fracción XVII, señalado es evitar la inutilidad o ineficacia de la acción constitucional por causas ajenas que hacen irreparable el acto reclamado y que, de no existir dicha causa de improcedencia, perdería fundamento el juicio constitucional, pues no podría restituirse al agraviado en el goce o respeto del derecho violado en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. Las causas ajenas consisten en: a) Un acto posterior al que se reclama; y, b) Haya autonomía o independencia entre ambos, de modo que la última resolución pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional; dichos aspectos son ajenos, pues la nueva situación jurídica y su autonomía no son materia de impugnación en el juicio constitucional que puedan analizarse en términos de los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I y II, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1o., fracción I, de la ley citada; ello en atención a los principios de instancia de parte agraviada y relatividad de las sentencias que rigen al juicio pues, de lo contrario, se estaría transgrediendo el principio de seguridad jurídica previsto en los artículos 14 y 16 constitucionales, al trastocar los efectos de diversa resolución judicial que no fue previamente impugnada por la parte agraviada. Ante esa finalidad normativa, el artículo 61, fracción XVII, invocado no contraviene el derecho a contar con un recurso eficaz a que se refiere el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues aquél pretende evitar que, precisamente, el juicio de amparo sea inútil por causa de una nueva situación jurídica y, por ende, la norma no tiene como propósito limitar la posibilidad de ejercer un derecho fundamental, sino establecer un caso de inadmisibilidad, atento a razones de seguridad jurídica, cuando existen causas externas que hacen irreparable las violaciones alegadas por el quejoso, máxime que la causal de improcedencia de mérito no impide que esa nueva situación jurídica pueda ser impugnada mediante diverso juicio de amparo. La circunstancia de que dicha causal de improcedencia dé lugar a que no se analicen de fondo los conceptos de violación, no resulta violatoria del derecho fundamental de acceso a la justicia, toda vez que ello no implica imponer costos o dificultar el acceso del quejoso a un tribunal previamente establecido, aunado a que las causales de improcedencia son presupuestos procesales que deben cumplirse previo a una decisión de fondo. En efecto, los presupuestos procesales, como son las causales de improcedencia, encuentran su justificación en el artículo 17, segundo párrafo, constitucional, que dispone que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, por lo que es constitucionalmente correcto que la Ley de Amparo vigente establezca los términos y condiciones que deban cumplirse para la procedencia del juicio de amparo, acorde con la jurisprudencia P./J. 113/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL.". Asimismo, el artículo 61, fracción XVII, referido no contraviene el artículo 1o., segundo párrafo, constitucional, en cuanto al principio de interpretación pro persona, pues ello encuentra su propia limitación a lo que prevé la propia Constitución Federal, en este caso, en el numeral 107, párrafo primero, que dispone que las controversias a que se refiere el artículo 103 constitucional se sujetarán a los procedimientos que determine su ley reglamentaria; lo que significa que el legislador ordinario se encuentra facultado constitucionalmente para emitir leyes en donde se establezcan las formalidades que estime deban cumplirse y llevar a cabo dicho fin, máxime que por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados, mediante sus órganos legislativos, pueden y deben establecer en las leyes que emitan, presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, para cumplir con los propias formalidades que establece la Constitución Federal en sus artículos 1o., 14 y 17. Además, lo previsto en el artículo 1o. constitucional, en cuanto a interpretar las normas en favor de las personas, no implica que el legislador ordinario se encuentre obligado a establecer que el juicio de amparo sea procedente contra todo acto de autoridad, pues también debe emitir sus leyes para hacer posible la aplicación de los principios que establecen los artículos constitucionales de referencia". Decisión. Así las cosas, es inconcuso que los actos reclamados de que se trata quedaron afectados considerablemente por la conclusión del procedimiento migratorio instaurado al quejoso; por lo que las violaciones reclamadas deben considerarse irremediablemente consumadas, pues, se reitera no se podría decidir sin afectar la nueva situación jurídica, lo que impone decretar el sobreseimiento en el juicio en términos de lo dispuesto en los artículos 63, fracción V, y 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo. De modo que, al actualizarse la causa de improcedencia indicada, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 63, fracción V, de la Ley de Amparo, y a fin de no retardar la impartición de justicia, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, visible en la página 386, Novena Época, Tomo XVII, Marzo de 2003, Segunda Sala del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 184572. Se deja sin efecto audiencia constitucional. Ante la decisión decretada, hágase del conocimiento de las partes que se deja sin efecto la audiencia constitucional programada en el presente juicio de amparo para las nueve horas con veinte minutos del cinco de enero de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    agréguese el informe justificado rendido por el Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí. Contenido informe. Al respecto manifiesta que no son ciertos los actos reclamados. Vista a las partes. Con su contenido dese vista a las partes, para que manifiesten lo que a sus intereses convenga, sin perjuicio de que se relacione en la audiencia respectiva.

  4. Principal

    Visto el estado de los autos y la certificación que antecede se advierte que en acuerdo de veintinueve de noviembre del año actual se concedió a los quejosos **********, la suspensión de plano solicitada, misma que surtiría efectos siempre y cuando se cumplieran los lineamientos y medidas de seguridad siguientes: - En el acto de la diligencia de notificación del acuerdo de veintinueve de noviembre del presente año o en el término veinticuatro horas, señalaran domicilio en el que residirían una vez obtuvieran su libertad. - No podrían ausentarse sin previa autorización otorgada por este Juzgado. - Con fundamento en el artículo 166 de la Ley de Amparo, debían comparecer a este Juzgado los días viernes de cada semana o el siguiente si fuera inhábil. - También, se impuso a las quejosas la obligación de comparecer ante las autoridades responsables, con residencia en esta ciudad, cuantas veces fueran requeridas para la prosecución del procedimiento administrativo de migración. Bajo el apercibimiento que, de no cumplir con las obligaciones impuestas, quedaría sin efecto la suspensión de plano decretada. Dicho auto fue notificado personalmente el veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, sin que las quejosas hayan cumplido con la obligación de presentarse a este órgano jurisdiccional los viernes dos y nueve de diciembre del presente año. Efectivo apercibimiento. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en auto de veintinueve de noviembre pasado y se deja sin efecto la suspensión de plano decretada en los términos ahí contenidos.. Conocimiento de autoridades. Mediante oficio que se gire, hágase lo anterior del conocimiento de las autoridades responsables para los efectos legales a que haya lugar. Estado de autos, requerimiento. Ahora bien, a fin de integrar debidamente el expediente en que se actúa, requiérase al Titular de la Oficina de Representación del Instituto de Migración del Estado de San Luis Potosí, para que en el término de tres días que se le conceden, de conformidad con lo establecido en el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo informe cuál fue el trámite que dado al procedimiento administrativo de migración que se inició en contra de las quejosas ********************* Apercibimiento.

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