Judith Shirley Pineda García
Expediente 1363/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1363/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 09/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Judith Shirley Pineda García
- Isabel Muñoz García
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos y desprendiéndose de la certificación secretarial que antecede, de la cual se advierte que no se recurrió el auto de veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, dentro del término de cinco días que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo según lo refiere el artículo 2, se declara que, HA CAUSADO ESTADO la determinación por la cual se desechó de plano la demanda de amparo promovida por Judith Shirley Pineda García, para todos los efectos legales correspondientes. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto no es de relevancia documental, porque no está en el catálogo de los señalados en su artículo 15. Asimismo, en términos de los artículos 12, 14 y 21, inciso d) del indicado Acuerdo General, se determina que el presente expediente es susceptible de destrucción, al tratarse de un juicio de amparo en el que se desechó la demanda que dio origen al juicio en que se actúa. Por tanto, toda vez que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto totalmente concluido. Por ende, realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así como en la carátula del mismo. Notifíquese.
- Principal
Visto el escrito de demanda signado por ***, por propio derecho, mediante el cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos que reclama de la Juez Segundo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo. REGISTRO DEL EXPEDIENTE Fórmese expediente y regístrese con el número 1363/2021-4, del índice de este Juzgado Federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E-. DETERMINACIÓN JUDICIAL Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo se procede a examinarla, a fin de determinar si existe o no algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Primeramente, se estima necesario conocer el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, que literalmente dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Se desprende del precepto reproducido, que el juez de Distrito podrá desechar la demanda de amparo por improcedente, siempre y cuando exista un motivo manifiesto e indudable. Ahora bien, debe precisarse, que en relación con la interpretación que debe darse a los conceptos manifiesto e indudable a que se contrae el citado artículo 113, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se actualiza, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta, de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En relación con lo expresado, cobra aplicación, la jurisprudencia que sustenta el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo epígrafe y contenido dicen: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA.- De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos manifiesto, significa claro, evidente y el indudable, a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad". Ahora bien, del análisis integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa reclama del Juez Segundo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, lo siguiente: "A).- La sentencia definitiva dictada en fecha 27 de septiembre del año 2021, dentro del Procedimiento No Contencioso de Reconocimiento de Concubinato Post-Mortem radicado bajo el número de expediente 67/2020 ." DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. En este contexto, precisa destacar que el artículo 113 de la ley, impone la obligación al juez de examinar la demanda y si advierte la materialización manifiesta e indudable de una hipótesis de improcedencia, la desechará de plano. Esta actualización es manifiesta cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; mientras que resulta indudable cuando existe la certidumbre y la plena convicción de que la hipótesis de improcedencia analizada opera en el caso a estudio. En ese entendido, esta juzgadora advierte que se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso ordinal 217, de la Ley de Amparo, los que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna." De la interpretación sistemática de los preceptos legales transcritos se desprende que el juicio de amparo es improcedente en los demás caso en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley, que la jurisprudencia que establezcan la Suprema Corte de Justicia de la Nación funcionando en Pleno o en Salas, es obligatoria para éstas en tratándose de la que decrete el Pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y de la Ciudad de México, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. En relación con lo anterior, debe considerarse lo sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 117/2010, consultable en la página 228 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Novena Época, Materia Civil, Registro 163099, cuyo rubro y texto dice: "JURISDICCIÓN VOLUNTARIA. ANTE LA OPOSICIÓN DE PARTE LEGÍTIMA DEBE DARSE POR CONCLUIDO EL PROCEDIMIENTO DEJANDO A SALVO LOS DERECHOS DEL PROMOVENTE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 882 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE HIDALGO). Conforme al citado precepto, cuando en un procedimiento de jurisdicción voluntaria se presenta oposición de parte legítima, pueden ocurrir dos hipótesis: 1) si la oposición no se funda en la negativa del derecho, se seguirá el procedimiento sumario; y, 2) si la oposición se funda en la negativa del derecho, se sustanciará con los trámites establecidos para el juicio que corresponda. Lo anterior debe entenderse en el sentido de que, si estando ya promovidas las diligencias de jurisdicción voluntaria se presenta oposición de parte legítima, en ese momento debe darse por concluido el procedimiento, sin considerar que se transforme en contencioso, ni que automáticamente deba tramitarse conforme a las reglas de un verdadero juicio. Por tanto, el artículo 882 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Hidalgo debe interpretarse en el sentido de que al presentarse oposición de parte legítima, el procedimiento de jurisdicción voluntaria debe darse por concluido, dejando a salvo los derechos del promovente, sin mayor trámite y sin algún otro acto procesal, salvo la declaratoria del órgano jurisdiccional en el sentido de que dentro del procedimiento de jurisdicción voluntaria se presentó oposición de parte legítima, motivo suficiente para concluirlo." La ejecutoria que dio origen a dicho criterio jurisprudencial, en lo que interesa determinó lo siguiente: "(.) Desde el derecho romano, la jurisdicción voluntaria ha sido considerada como un conjunto variado de actos y procedimientos que se realizan ante funcionarios judiciales. Dichos procedimientos tienen como característica común la ausencia de conflicto entre partes. Más recientemente se ha sostenido que la jurisdicción voluntaria es lo opuesto a la contenciosa, se ejerce a solicitud de una o por consentimiento de las dos partes, en un procedimiento en el que el litigio está ausente, a veces latente pero nunca presente. La jurisdicción voluntaria puede definirse como la función que ejercen los Jueces, a solicitud de una o varias personas, en los casos especialmente previstos en la ley, que tiene como finalidad cooperar en el nacimiento de determinadas relaciones jurídicas y, en consecuencia, las resoluciones que en ella recaen no reconocen derechos ni imponen prestaciones entre partes, en otras palabras, la característica primordial de la figura jurídica señalada, es la ausencia de controversia, o de parte contendiente. Fix Zamudio define la jurisdicción voluntaria como un conjunto de procedimientos a través de los cuales se solicita de una autoridad que fiscalice, verifique o constituya una situación jurídica de trascendencia social en beneficio del o de los participantes, situación que se mantiene en tanto no cambien las circunstancias del negocio que les dio origen y mientras no surja una cuestión litigiosa o controvertida. En el derecho positivo mexicano, la jurisdicción voluntaria participa, adicionalmente, de las siguientes características: 1) Para conocer de ella son competentes los órganos jurisdiccionales de primera instancia y, en su caso, para conocer de la apelación está el Tribunal Superior de Justicia. 2) La competencia territorial se determina a partir del domicilio de la persona que promueve la jurisdicción voluntaria, salvo tratándose de bienes raíces en cuyo caso se determinará la competencia por el lugar en donde se encuentran ubicados. 3) La legitimación procesal se acredita con las posibilidades o facultades que derivan en su favor de los varios intereses en juego, en relación con los fines específicos que debe perseguir a través del proceso mismo. Respecto a la jurisdicción voluntaria, el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Hidalgo dispone lo siguiente: "Artículo 879. La jurisdicción voluntaria comprende los actos en que por disposición de la ley o por solicitud de los interesados se requiere la intervención judicial, sin que esté promovida ni se promueva cuestión alguna entre partes determinadas. (...)" "Artículo 882. Si a la solicitud promovida se opusiere parte legítima, se seguirá el negocio en procedimiento sumario, siempre que la oposición no se funde en la negativa del derecho del que promueve el negocio de jurisdicción voluntaria. En tal caso se sustanciará el pleito conforme a los trámites establecidos para el juicio que corresponda. Si la oposición se hiciere por quien no tenga personalidad ni interés para ello, el Juez la desechará de plano. Igualmente desechará las oposiciones presentadas después de efectuado el acto de jurisdicción voluntaria reservando el derecho al opositor." "Artículo 883. El Juez podrá variar o modificar las providencias que dictare en diligencia de jurisdicción voluntaria, sin sujeción estricta a los términos y formas establecidas respecto de la jurisdicción contenciosa. No se comprenden en esta disposición los autos que tengan fuerza de definitivos y contra los que no se hubiere interpuesto recurso alguno, a no ser que se demostrara que cambiaron las circunstancias que afectan el ejercicio de la acción." El precepto legal interpretado por los Tribunales Colegiados contendientes es el numeral 882 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Hidalgo. De su texto, que ya ha quedado transcrito, se desprende (del primer párrafo) lo siguiente: Cuando en un procedimiento de jurisdicción voluntaria se presenta oposición de parte legítima, pueden ocurrir dos hipótesis: 1) Si la oposición no se funda en la negativa del derecho, se seguirá el procedimiento sumario. 2) Si la oposición se funda en la negativa de derecho, se sustanciará con los trámites establecidos para el juicio que corresponda. El párrafo segundo de dicho precepto plantea una tercera hipótesis: 3) Si quien presenta oposición no cuenta con interés o con personalidad, la oposición deberá ser desechada de plano. Teniendo presente el ya señalado punto de contradicción, lo que ha de dilucidarse es si la oposición presentada, dentro de la jurisdicción voluntaria, debe tramitarse conforme a las reglas de un juicio o simplemente debe darse por concluido ese procedimiento, dejando a salvo los derechos de los interesados. Al respecto, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que si estando ya promovidas las diligencias de jurisdicción voluntaria, se presentase oposición de parte legítima, en ese momento dichas diligencias deben darse por concluidas, sin que sea el caso de considerar que el propio procedimiento de jurisdicción voluntaria se transforme en contencioso, ni que automáticamente deba proceder a tramitarse conforme a las reglas de un verdadero juicio. En esa tesitura, el artículo 882 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Hidalgo debe interpretarse en el sentido de que al presentarse oposición de parte legítima, la jurisdicción voluntaria debe darse por concluida, sin mayor trámite y sin ningún otro acto procesal, salvo la declaratoria del órgano jurisdiccional en el sentido de que dentro del procedimiento de jurisdicción voluntaria se presentó oposición de parte legítima, motivo suficiente para dar por concluido dicho procedimiento. En la inteligencia que el Juez que conozca de la jurisdicción voluntaria, no tiene que valorar ni pronunciarse respecto de si la oposición presentada es o no fundada, pues basta que sea planteada por parte legítima para que se den por concluidas las diligencias. Debe ponerse de manifiesto que si bien es cierto que el referido precepto legal, interpretado por los Tribunales Colegiados contendientes, establece en sus dos primeras hipótesis que si la oposición no se funda en la negativa del derecho, se seguirá el procedimiento sumario; así como que si la oposición se funda en la negativa del derecho, se sustanciará con los trámites establecidos para el juicio que corresponda, dichas hipótesis deben entenderse en el sentido de que ante la oposición de parte legítima y habiéndose dado por terminadas las diligencias de jurisdicción voluntaria, las partes oponentes cuyo derecho está en controversia, están en libertad de promover el juicio que corresponda para dilucidar a quién pertenece el derecho que se discute, en el entendido de que, según lo señala el artículo 882 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Hidalgo, si la oposición no se funda en la negativa del derecho, aquélla se ventilará a través de un procedimiento sumario, mientras que si dicha oposición se fundara en la negativa del derecho, esa cuestión se ventilará y resolverá conforme a los trámites del juicio que corresponda, pero de manera separada e independiente del trámite de la jurisdicción voluntaria. Consecuentemente, si estando promovidas las diligencias de jurisdicción voluntaria, se presenta oposición de parte legítima, dicho procedimiento debe darse por concluido, dejando a salvo los derechos del promovente, pues ante todo debe entenderse que el referido precepto legal se refiere al caso de que una vez presentada la oposición y surgida la contienda, ésta deberá dilucidarse conforme a los trámites establecidos para el juicio. Por ningún motivo debe entenderse que al presentarse la oposición, el propio procedimiento de jurisdicción voluntaria se convierte en contencioso ni que en ese caso deba seguirse tramitando conforme a las reglas de un juicio en el que hay contienda entre partes, pues, además de que no existe fundamento para sostener tal extremo, lo cierto es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de su Segunda Sala, ya ha establecido que si en un procedimiento de jurisdicción voluntaria, se presenta oposición de parte legítima, dicho procedimiento debe darse por concluido. El referido criterio legal está reflejado en la siguiente jurisprudencia: "No. Registro: 173554 "Jurisprudencia "Materia(s): Administrativa "Novena Época "Instancia: Segunda Sala "Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta "XXV, enero de 2007 "Tesis: 2a./J. 205/2006 "Página: 675 "JURISDICCIÓN VOLUNTARIA EN MATERIA AGRARIA. ANTE LA OPOSICIÓN DE PARTE LEGÍTIMA, EL PROCEDIMIENTO RELATIVO DEBE CONCLUIR. De conformidad con lo establecido en los artículos 530 y 533 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley Agraria, según lo dispone su artículo 167, si en el procedimiento de jurisdicción voluntaria en materia agraria, se opone parte legítima, ese procedimiento debe concluir, ya que lo que caracteriza las diligencias promovidas en esa vía es la inexistencia de contienda entre partes; esto es así, porque al oponerse parte legítima, el procedimiento toma las características de un negocio contencioso con motivo de las diferentes pretensiones jurídicas surgidas entre la parte promovente y la opositora, por ello, el artículo 533 antes citado, que se interpreta, dispone que ante la oposición de parte legítima a la solicitud promovida en la vía de jurisdicción voluntaria, 'se seguirá el negocio conforme a los trámites establecidos para el juicio'; como se advierte, dicha disposición se refiere a la continuación del negocio conforme a los trámites establecidos para el juicio, mas no a la continuación del procedimiento abierto con motivo de la jurisdicción voluntaria; de ahí que éste, al dejar de tener la característica propia de las diligencias de jurisdicción voluntaria, debe concluir y, el negocio, al transformarse en contencioso con motivo de la cuestión jurídica surgida entre la parte promovente de la vía de jurisdicción voluntaria y la parte legítima que se opone a la pretensión de aquélla, debe seguirse conforme a las reglas establecidas para el juicio, esto es, en un procedimiento diferente a la jurisdicción voluntaria que concluye con motivo de la oposición. Lo anterior se refuerza si se considera que, por un lado, el legislador se refirió en el primer párrafo del artículo 533 del código aludido, a que el negocio se seguirá conforme a los trámites establecidos para el juicio, mas no a que el procedimiento de jurisdicción voluntaria continuará transformado en contencioso, conforme a dichas reglas y, por otro, que el legislador no estableció la obligación a cargo de la autoridad jurisdiccional de actuar oficiosamente para transformar el propio procedimiento de jurisdicción voluntaria en un procedimiento contencioso." Debe precisarse que el criterio transcrito no hace improcedente la denuncia de contradicción de mérito, pues si bien es cierto que contiene un criterio relacionado con el que aquí se dilucida, también es verdad que aquel criterio se enmarca en la materia agraria, y se aplicó una legislación distinta, siendo necesario establecer un criterio a propósito de la legislación civil. De acuerdo con todo lo antes dicho, debe concluirse que en el caso de que haya sido promovido e iniciado un procedimiento de jurisdicción voluntaria, y en éste se presente la oposición de parte legítima, dicho procedimiento debe darse por concluido sin mayor trámite, con independencia de que, por separado, a través de un procedimiento diferente, la parte interesada decida que el derecho discutido deba ventilarse y deba ser resuelto por el órgano jurisdiccional, caso en el cual deberá tomarse en cuenta que si la oposición no se funda en la negativa del derecho, se seguirá el procedimiento sumario, pero si la oposición se funda en la negativa de derecho, se sustanciará con los trámites establecidos para el juicio que corresponda. (.)" En el caso, es importante precisar que dicho criterio cobra aplicación al caso, en tanto que el artículo 882 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Hidalgo, citado en la ejecutoria en mención, permite establecer que al presentarse oposición de parte legítima, el procedimiento de jurisdicción voluntaria debe darse por concluido, dejando a salvo los derechos del promovente y del opositor para que los ejerzan a través del juicio contradictorio que corresponda; y, en caso de que la oposición se presentará después de efectuada la jurisdicción voluntaria, se reservará el derecho al opositor. De tal manera que es factible establecer con certeza jurídica, que el juicio de amparo es improcedente, cuando se reclama la falta de llamamiento y consecuentemente todo lo actuado en un procedimiento de jurisdicción voluntaria que ha concluido; lo anterior, es así, si se toma en consideración que conforme a los artículos 882 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Hidalgo y a la jurisprudencia 1a./J. 117/2010, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ningún fin practicó tendría, en su caso, conceder el amparo, si se toma en cuenta que aunque se presente oposición a las actuaciones de jurisdicción voluntaria ya terminadas, se reservaría su derecho; y en su caso, la cuestión jurídica contenciosa surgida entre la parte promovente de la vía de jurisdicción voluntaria y la parte legítima que se opone a la pretensión de aquélla, deberá seguirse conforme a las reglas establecidas para el juicio, lógicamente en un procedimiento diferente a aquél, pues lo que caracteriza a las diligencias de jurisdicción voluntaria es la inexistencia de contienda entre las partes. Al respecto, la parte quejosa señala como acto reclamado, la sentencia emitida en el procedimiento no contencioso de acreditación de concubinato 67/2020, en el cual se reconoció el concubinato entre Isabel Muñoz García y Roberto Pineda Arce (padre de la aquí quejosa). Sobre la materia, es menester tener presente el contenido de los artículos 227, 557 a 565 del Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Hidalgo: Artículo 227.- Durante el procedimiento, el Juez Familiar podrá intervenir de oficio, en asuntos que afecten el interés de la familia, de las niñas, niños y adolescentes, así como de incapaces, atendiendo siempre el interés supremo de éstos, en términos de la ley para la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. En todas las controversias en que estén inmersos intereses de menores, el juez deberá escucharlos, pudiendo contar con la presencia de los padres y Consejo de Familia, a criterio del juez. Está facultado para decretar las medidas que tienden a preservar la familia, proteger a sus miembros y su patrimonio. En los mismos asuntos, con la salvedad de las prohibiciones legales relativas a la preservación de la familia y alimentos, el Juez Familiar deberá exhortar a los interesados a avenirse, resolviendo sus diferencias mediante convenio para evitar controversia o dar por terminado el procedimiento. Notificando a las partes, para que puedan hacer valer sus derechos, citando a los contendientes a audiencias personales, sin asesores jurídicos, celebrando en lo posible convenios que adquieran el carácter de sentencia ejecutoriada y que sean arreglos justos y equitativos que no contraríen la moral, el derecho y las buenas costumbres; de ellos se dará vista al C. Agente del Ministerio Público por el término de tres días para que manifieste lo que su representación competa. Pueden las partes presentar por escrito el convenio aludido, el que deberá ser ratificado ante la presencia del Juez. CAPITULO XII DE LOS PROCEDIMIENTOS NO CONTENCIOSOS Artículo 557.- La vía de procedimiento no contencioso comprende los actos en que por disposición de la Ley o por solicitud de los interesados se requiere la intervención judicial, sin que esté promovida ni se promueva cuestión alguna entre partes determinadas. Los procedimientos respectivos deberán ser desahogados por el secretario de acuerdos en funciones de juez instructor, cuando así lo autorice el juez titular, reservándose a éste la resolución definitiva. Artículo 558.- Cuando fuere necesaria la audiencia de alguna persona, se le citará conforme a derecho advirtiéndole en la citación que quedan por tres días las actuaciones en la secretaría del juzgado para que se imponga de ellas y señalándole día y hora para la audiencia a la que concurrirá el promovente, sin que sea obstáculo para la celebración de ella la falta de asistencia de éste. Artículo 559.- Se oirá precisamente al Ministerio Público: I.- Cuando la solicitud promovida afecte los intereses públicos; II.- Cuando se refiera a la persona o bienes de menores o incapacitados; III.- Cuando tenga relación con los derechos o bienes de un ausente; y IV.- Cuando lo dispusieren las Leyes. Artículo 560.- Si a la solicitud promovida se opusiere parte legítima, se substanciará el trámite en vía incidental. Si la oposición se hiciere por quien no tenga personalidad ni interés para ello, el juez la desechará de plano. Igualmente desechará las oposiciones presentadas después de dictada la resolución reservando el derecho al opositor. Artículo 561.- El juez podrá variar o modificar las providencias que dictare en los procedimientos no contenciosos, sin sujeción estricta a los términos y formas establecidas respecto de la jurisdicción contenciosa. No se comprenden en esta disposición los autos que tengan fuerza de definitivos y contra los que no se hubiere interpuesto recurso alguno, a no ser que se demostrara que cambiaron las circunstancias que afectan el ejercicio de la solicitud. Artículo 562.- Las providencias de jurisdicción voluntaria serán apelables en ambos efectos, si el recurso lo interpusiere el promovente de las diligencias, y sólo en el devolutivo cuando el que recurre hubiere venido al expediente voluntariamente o llamado por el juez o para oponerse a la solicitud que haya dado motivo a su formación. Artículo 563.- La substanciación de las apelaciones en procedimientos no contenciosos, se ajustará a los trámites establecidos para la de los incidentes. Artículo 564.- Toda cuestión que surja en los negocios a que se refieren los capítulos siguientes y haya de resolverse en juicio contradictorio, se substanciará en la forma determinada para los incidentes, a no ser que la Ley dispusiere otra cosa. Artículo 565.- En los negocios de menores e incapacitados intervendrá el Juez y los demás funcionarios que determina la Ley para la Familia. De los numerales transcritos, se advierte que el procedimiento no contencioso de que se trata, en esencia se trata una jurisdicción voluntaria, la cual se considera para aquellos actos y procedimientos que se realizan ante funcionarios judiciales con el objeto de que éstos verifiquen la existencia de ciertas situaciones jurídicas sin que exista conflicto entre partes, y sin que las resoluciones que aquéllos lleguen a pronunciar puedan adquirir autoridad de cosa juzgada. De lo anterior, es inconcuso que la parte quejosa reclama lo actuado en una jurisdicción voluntaria de un procedimiento que ha concluido, con el fin de oponerse al mismo. Por tanto, en términos de lo expuesto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 188/2010, el presente juicio de es improcedente, porque el procedimiento no contencioso de acreditación de concubinato 67/2020 ya está concluido; y, en su caso, la quejosa se encuentra en aptitud de promover en juicio contencioso que estime conveniente. Por tanto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso ordinal 217, de la Ley de Amparo, en tal virtud SE DESECHA DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO, por notoriamente improcedente, de conformidad con lo dispuesto en el diverso 113 del ordenamiento legal citado. DOMICILIO. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones las listas de este Juzgado Federal, por así haberlo señalado en su escrito de demanda y como autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a los profesionistas que cita toda vez que no tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; sin perjuicio de que durante la tramitación del la parte quejosa para tenerlos como autorizados en términos amplios. AUTORIZADOS Se tiene en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que indica, en virtud de que no se encontró registro de su cédula profesional en el Módulo de Consulta del Consejo de la Judicatura, tal como se aprecia de la certificación de cuenta. SE HABILITAN DIAS Y HORAS Igualmente y en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República y tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio de derechos deban realizarse notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas, así como para el caso de que una vez que se haya cerciorado el funcionario judicial, que el domicilio en el que se actúa es el señalado en autos como de la persona a notificar, proceda en los términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, debiendo levantar acta circunstanciada con las razones conducentes. Notifíquese por lista por así haberlo señalado la parte quejosa.
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