Judith Ruiz Díaz
Expediente 1239/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1239/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 09/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Judith Ruiz Díaz
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio número 7744/2021, signado por el actuario judicial del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito; en su atención, se le tiene informando, entre otros aspectos, que se avocó al conocimiento del juicio de amparo 1239/2021, que le fue remitido por incompetencia planteada, por razón de grado, el cual registró como amparo directo 386/2021 de su índice. Ahora, al ser aceptada la incompetencia planteada; además, de la certificación de cuenta, se advierte que en este expediente y en la caja de valores con que cuenta este Juzgado, no existen documentos originales exhibidos por las partes, como tampoco asunto pendiente por diligenciar, ni obran en este expediente documentos originales, con fundamento en el inciso a), de la fracción I, del artículo 20, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte, se ordena el archivo de este cuaderno de antecedentes. Por lo que, procédase a su destrucción, transcurridos más de seis meses, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo. Lo anterior, al no ubicarse en alguno de los supuestos de relevancia documental señalados en el artículo 15 del Acuerdo General mencionado. Hágase la anotación en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Se hace constar que, como quedó asentado en la certificación de cuenta, en este expediente no existen documentos originales. Cotejo de expediente físico y electrónico. Finalmente, a fin de cumplir lo dispuesto en los artículos 25 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se instruye tanto al secretario y actuario llevadores de este expediente, para que, en el lapso máximo de diez días hábiles, realicen el cotejo de la concordancia en la integración del expediente electrónico y físico, y realicen la certificación respectiva, en la cual hagan constar que el expediente físico y electrónico coinciden en su totalidad; esto, en el ámbito de sus áreas respectivas; es decir, la secretaría atenderá que coincidan todas las determinaciones dictadas y las promociones acordadas; en tanto que, el actuario judicial adscrito, se cerciorará de que concuerden todas las notificaciones realizadas a las partes. Hecho lo cual, se realizará el acuerdo de remisión material al personal encargado del archivo. Notifíquese por lista electrónica.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Glósese a los autos, el oficio número 7235/2021, signado por el secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con residencia en este municipio; en su atención, se le tiene acusando recibo del oficio mediante el cual le fue remitida por incompetencia planteada por razón de grado, la demanda de amparo promovida por **********************, por propio derecho y en representación de la menor *******, contra actos del Juez Primero de lo Civil del distrito judicial de la Villa de Etla, Oaxaca, quedando registrada con el número 307/2021 de su inventario; y, que se encuentra pendiente la aceptación de dicha incompetencia, por la razón expuesta en el de cuenta, lo anterior para los efectos legales conducentes. Finalmente, con fundamento en el artículo 51 de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de las partes que de conformidad con el contenido del oficio SEADS/1093/2021, suscrito por el encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, el Titular de este Juzgado es el Juez Víctor Manuel Jaimes Morelos, lo que se comunica para los efectos legales a que haya lugar. En apoyo a lo anterior se cita la jurisprudencia 2a./J. 104/2010 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO". Notifíquese por lista electrónica.
- Principal
° San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de noviembre de dos mil veintiuno. Radicación y formación del expediente. Con la demanda de amparo promovida por promovida por ***, por propio derecho y en representación de la menor Y.E.N.R., contra actos del Juez Primero de lo Civil del distrito judicial de la Villa de Etla, Oaxaca; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno respectivo con el número 1239/2021. Expediente electrónico. Por tanto, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se instruye al personal de este órgano jurisdiccional, para que integre este expediente de manera electrónica y física, conforme a los lineamientos establecidos en el acuerdo en mención, por lo cual, deberán digitalizar, integrar y supervisar la captura electrónica de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en el mismo. En el entendido que, no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 del acuerdo mencionado. De igual manera, se hace del conocimiento a las partes que en el sitio web del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación se puede realizar el trámite correspondiente, para que a través del uso de la FIREL o e.firma (antes firma electrónica avanzada o FIEL), puedan presentar promociones, acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en este juicio de amparo. Incompetencia. Ahora del análisis de la demanda de amparo, se advierte que este órgano de control constitucional, carece de competencia legal para conocer de los actos que reclama la parte quejosa, consistentes en: ". a) La aplicación del indebido apercibimiento decretado en el acuerdo de fecha 09 de Julio de 2021. b) La omisión de actuar de oficio y diligentemente en asuntos concernientes a menores y de la familia c) El indebido desechamiento de la demanda radicada en el Juzgado Primero Civil del Distrito Judicial de la Villa de Etla, Oaxaca, bajo el número de expediente *****. d) La negativa a juzgar con perspectiva de género a favor de la quejosa y mi menor hija. e) La contravención a la protección más amplia a favor de una menor de edad. f) La violación al derecho humano de una menor de edad a recibir alimentos. g) La nula protección al principio pro homine a favor de un menor de edad. ." Ahora, los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disponen lo siguiente: "Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite. I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. (.)." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) V. El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes: (.) c) En materia civil, cuando se reclamen sentencias definitivas dictadas en juicios del orden federal o en juicios mercantiles, sea federal o local la autoridad que dicte el fallo, o en juicios del orden común. En los juicios civiles del orden federal las sentencias podrán ser reclamadas en amparo por cualquiera de las partes, incluso por la Federación, en defensa de sus intereses patrimoniales, y (.)". Por otra parte, los numerales 34, 47 y 170 de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. (.)". "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. (.)". "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I.- Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. (.)." Asimismo, el artículo 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, señala: "Artículo 37. Con las salvedades a que se refieren los artículos 10 y 21 de esta ley, son competentes los tribunales colegiados de circuito para conocer: I. De los juicios de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos o contra resoluciones que pongan fin al juicio por violaciones cometidas en ellas o durante la secuela del procedimiento, cuando se trate: (.) c) En materia civil o mercantil, de sentencias o resoluciones respecto de las que no proceda el recurso de apelación, de acuerdo a las leyes que las rigen, o de sentencias o resoluciones dictadas en apelación en juicios del orden común o federal, y (.)". Del marco legal trascrito se desprende que los Tribunales Colegiados de Circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo promovido contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, las cuales son aquellas que deciden el juicio en lo principal, o sin resolverlo, lo dan por concluido, y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso o medio ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas. Además, que cuando se presente ante un Juzgado de Distrito una demanda de amparo contra alguna sentencia definitiva, laudo o resolución que pongan fin al juicio, se debe declarar legalmente incompetente y remitir la demanda al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente. Una vez precisado lo anterior, es pertinente destacar que en tratándose de juicios de divorcio sin expresión de causa, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 104/2019, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 1/2020 (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 75, febrero de 2020, Tomo I, página 597, de rubro: "DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE LO DECRETA, AUN SIN RESOLVER LA TOTALIDAD DE LAS CUESTIONES INHERENTES AL MATRIMONIO, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO (LEGISLACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, COAHUILA Y AGUASCALIENTES).", estableció, entre otras cuestiones, lo siguiente: "(.) 31. Debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio sostenido por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esto es, aquel que estima que contra la resolución que decreta la disolución del vínculo matrimonio, sin resolver sobre la totalidad de las cuestiones inherentes a aquél, procede el juicio de amparo directo. 32. Para justificar lo anterior, es pertinente precisar el régimen sustantivo del divorcio sin expresión de causa previsto en las legislaciones de la Ciudad de México, del estado de Coahuila y del estado de Aguascalientes, que son las que participan en el presente asunto. 33. En las disposiciones correspondientes se confiere legitimación en la causa a ambos cónyuges o a uno solo para pedir el divorcio y se determina que la petición debe hacerse ante la autoridad judicial, mediante la manifestación de su voluntad de no querer continuar con el matrimonio, sin que se requiera señalar la causa por la cual se hace la petición. 34. Las disposiciones respectivas hacen patente que, al margen de las diferencias que pudieran existir en el trámite que cada legislación prevé en este tipo de proceso, en todas ellas el legislador estableció que serían dos los elementos de la pretensión de divorcio sin expresión de causa, a saber: a) La existencia del matrimonio, como presupuesto lógico y jurídico indispensable. b) La manifestación de voluntad de ambos cónyuges o de uno sólo de ellos, en el sentido de no querer continuar con la relación matrimonial, sin que haya necesidad de revelar al juez la causa de esa voluntad extintiva. (.) 38. Ahora bien, con independencia del tipo de divorcio mediante el cual se disuelva el vínculo matrimonial, entendiendo que además del divorcio sin expresión de causa aún subsiste el divorcio administrativo y el divorcio voluntario notarial (éste en la legislación del estado de Coahuila de Zaragoza), lo definitivo es que el divorcio lleva a la consecuencia de extinguir también las demás relaciones jurídicas de carácter patrimonial o del orden familiar entre los cónyuges, surgidas durante o con motivo del matrimonio, o como efectos de su disolución, por lo cual la pretensión de divorcio conlleva de manera necesaria, por ministerio de la ley, la pretensión de que el juez determine la situación en que habrán de quedar esos vínculos jurídicos, entre los cónyuges o entre éstos y sus hijos, como sucede a la conclusión de toda relación jurídica, como la terminación o rescisión de un contrato de cualquier índole. 39. Con este propósito, el legislador propende hacia un mecanismo, preferentemente autocompositivo, para dar solución a esas cuestiones concurrentes, al imponer la carga procesal al solicitante del divorcio, de presentar, conjuntamente con la demanda, una propuesta dirigida a su consorte, para celebrar un convenio, a fin de regular las consecuencias inherentes a la disolución del vínculo matrimonial, tales como la guarda y custodia de los hijos menores o incapaces; la convivencia de los padres con sus hijos; los alimentos; la continuación de alguno de ellos en el domicilio conyugal y la suerte del menaje de la casa; lo concerniente a la administración temporal y liquidación de la sociedad conyugal, si el matrimonio se celebró bajo este régimen, y lo referente a una compensación para el cónyuge que se haya dedicado preponderantemente al cuidado del hogar y de los hijos y carezca de bienes comparables con los del otro, si el matrimonio se celebró bajo el régimen de separación de bienes. 40. Ahora bien, en cuanto al régimen procesal del juicio de divorcio sin expresión de causa, que judicialmente ha de tramitarse en la vía ordinaria civil, si bien existen ciertas diferencias en los trámites previstos en las legislaciones aplicadas en los asuntos que participan en esta contradicción como es, por ejemplo, la posibilidad de que las partes puedan tomar terapias previamente a la disolución del vínculo conyugal, como un derecho que prevé la legislación de Coahuila, o bien, la diferencia en la denominación que cada uno de los códigos da a las diferentes resoluciones que se dictan en el proceso, lo definitivo es que el trámite en todas ellas coincide en lo sustancial, incluida la posibilidad de que una y otra pretensiones (divorcio y cuestiones inherentes a éste) sean resueltas en diferentes momentos del proceso, de donde deriva la contrariedad de los criterios que se examinan. (.) 45. Por tanto, si la litis se integra desde el principio con las dos pretensiones mencionadas, es inconcuso que el proceso no puede cerrarse o remitir a la iniciación de otro nuevo, mientras no se resuelva el litigio respecto de ambas pretensiones, para cumplir plenamente con el derecho a la jurisdicción y que, en caso de obrar de distinta manera, se conculcaría el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 46. En ese tenor, ante la posibilidad de que el divorcio se decrete en una resolución diferente de la que se dicte sobre las cuestiones que de él derivan (guarda y custodia de los hijos, alimentos, liquidación del régimen patrimonial, compensación, etcétera) cabe hacer algunas precisiones sobre los procesos jurisdiccionales en que se unen varias peticiones y que se rigen por los principios atinentes a la acumulación y a la escisión de pretensiones. (.) 63. Al respecto, si tales preceptos se interpretan en el sentido de dar por concluido el expediente en la fase postulatoria, en el que se deje expedito el derecho de los cónyuges para que posteriormente lo hagan valer por vía de acción incidental; esto es, sin resolver en este proceso dichas pretensiones accesorias, e imponiendo a las partes la carga de volver a iniciar el litigio al respecto, mediante el ejercicio de una acción incidental, esta intelección lleva a contraponer el precepto con el derecho a la jurisdicción, consignado en el artículo 17 constitucional, en atención a que las pretensiones consecuenciales de que se trata se encuentran unidas indisolublemente a la principal de divorcio, por lo que no necesitan siquiera ser planteadas expresamente en la demanda y en la contestación, al constituir consecuencias inherentes a la disolución del vínculo matrimonial, sobre las cuales, además, ya se impuso a las partes la carga de fijar una posición en sus escritos iniciales y de ofrecer los medios de prueba conducentes, de manera que se dejaría inconclusa una causa, injustificadamente, hasta que se volviera a promover. (.) 74. Sobre esas bases, se estima que la resolución que decreta el divorcio, sin resolver sobre las cuestiones inherentes al matrimonio constituye una sentencia definitiva. (.)." De lo anterior, se advierte que, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que los elementos indispensables para la actualización de esta modalidad del divorcio son: la existencia del matrimonio y la manifestación de voluntad, de uno o ambos cónyuges, de no continuar con la relación marital. Asimismo, precisó que el juicio de divorcio sin expresión de causa es un proceso en el que se ventilan dos pretensiones, a saber: la disolución del vínculo matrimonial y la regulación de las consecuencias inherentes a ésta (entre ellas, guarda y custodia de los hijos, alimentos, liquidación del régimen patrimonial, compensación, etcétera), por lo que ambas forman parte de la litis sometida a la decisión jurisdiccional. Afirmó que en este proceso existe la posibilidad de que el divorcio se decrete en una resolución diferente de la que se dicte sobre las cuestiones que de él derivan, pues, en caso de no existir un consenso entre las partes respecto a ambas pretensiones, el procedimiento es susceptible de escisión por no ser posible resolver todo en una misma resolución. Por tanto, el proceso puede concluir válidamente con la emisión de dos resoluciones definitivas: una sobre la pretensión principal y otra respecto a las consecuencias inherentes a la disolución del vínculo matrimonial. De ahí que, ese Máximo Tribunal del País, concluyera que, la resolución que decreta el divorcio, sin resolver sobre las cuestiones inherentes al matrimonio constituye una sentencia definitiva, pues resuelve de fondo una de las pretensiones planteadas en el juicio, de hecho, la principal de ellas -disolución del vínculo matrimonial-; por lo que esa determinación es susceptible de impugnarse a través del juicio de amparo directo. Dichas consideraciones se encuentran contenidas en la citada jurisprudencia 1a./J. 1/2020 (10a.), que dice: "DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE LO DECRETA, AUN SIN RESOLVER LA TOTALIDAD DE LAS CUESTIONES INHERENTES AL MATRIMONIO, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO (LEGISLACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, COAHUILA Y AGUASCALIENTES). El juicio de divorcio sin expresión de causa es un proceso en el que se ventilan dos pretensiones, a saber: la disolución del vínculo matrimonial y la regulación de las consecuencias inherentes a ésta. Ahora bien, cuando las leyes locales que lo regulan, admiten la posibilidad de escisión, siempre que se actualicen ciertos supuestos, el proceso iniciado en común puede culminar con más de una sentencia definitiva y no sólo con una en la que se decida la totalidad del litigio. En el caso del juicio en cuestión, la resolución que decreta el divorcio concierne a la controversia principal, por lo que materialmente es una sentencia definitiva, independientemente de las alusiones o denominaciones formales con las que se refiera a ella el legislador, en contra de la cual procede el juicio de amparo directo en conformidad con el artículo 170 de la Ley de Amparo, ante un Tribunal Colegiado de Circuito, y no el juicio de amparo indirecto ante un Juez de Distrito." Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que ante el juez de natural se demandó esencialmente 1) la disolución del vínculo matrimonial entre ******* y ******, sin expresión de causa; así como 2) el pago de la pensión alimenticia provisional bastante y suficiente para satisfacer las necesidades de comida, vestido, habitación, calzado, servicios médicos y demás necesidades de la menor *******, en donde se le asignó el número de expediente ******* del índice del juzgado Primero Civil de la Villa de Etla, Oaxaca; sin embargo, le hicieron unos requerimientos, no se pronunció de la pensión alimenticia y se le desechó la demanda. En el presente caso, se advierte que el juzgado Primero Civil de la Villa de Etla, Oaxaca, dictó una resolución considerada como definitiva ya que puso fin al juicio promovido y lo dio por concluido. Al respecto, el artículo 283 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca, señala que las acciones y pretensiones derivadas del matrimonio relativas a la situación de hijos menores de edad o incapaces, al derecho de alimentos o al régimen patrimonial adoptado en el matrimonio, que sean consecuencia de la disolución del vínculo, se resolverán en el mismo procedimiento de divorcio. En este tenor, es evidente que la resolución de desechamiento de la demanda dictada en el expediente *******; materialmente constituye una sentencia definitiva, pues puso fin al juicio de divorcio solicitado, incluidas las cuestiones inherentes al matrimonio. Luego, si el juicio de amparo directo procede en contra de sentencias definitivas y éste es competencia de un Tribunal Colegiado en Materia Civil, se estima que este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, es legalmente incompetente para conocer y resolver de la demanda de amparo que dio origen al presente juicio de amparo, pues se considera que su conocimiento corresponde, en este caso, al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, en turno, en términos de lo que señalan los artículos 103, fracción I, 107, fracción V, inciso c), ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 34, 47 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo; y 37, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 47 de la Ley de Amparo, este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, se declara legalmente incompetente para resolver este asunto, ya que se estima que el acto reclamado es materia de amparo directo; en esas condiciones, SE ORDENA LA DEMANDA DE AMPARO Y SIETE COPIAS DE LA MISMA AL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA DEL DECIMOTERCER CIRCUITO, EN TURNO, para lo que a bien tenga determinar, solicitándole de la manera más atenta que, de no existir inconveniente legal alguno, se sirva acusar el recibo respectivo; por tanto, se ordena formar el cuaderno de antecedentes respectivo. Domicilio para notificación. Por otra parte, téngase a la parte quejosa, por autorizados para recibir notificaciones e imponerse de los autos, a las personas que indica. Autorizado. En términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene por autorizado a *******, profesionista que tiene registrada su cédula profesional en el "SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROFESIONALES DEL DERECHO, ANTE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO". Consulta y notificación electrónica. Por lo que hace al uso de la consulta vía internet del expediente electrónico en este juicio de amparo dentro de los Servicios de Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con fundamento en los artículos 35 y 55 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; téngase por autorizado, para acceder al expediente electrónico 1239/2021, con el nombre de usuario Franciscoramosmartinez a fin de que pueda realizar la consulta correspondiente y, de igual forma, para que en términos de los artículos 26, fracción IV, 30 fracción II y 31, fracción III, de la Ley de Amparo, se tengan por practicadas las notificaciones en este juicio de amparo. Oficial judicial "A" (SISE). Se instruye al oficial judicial "A" (SISE) de este Juzgado, para que realice la vinculación del usuario de referencia con este juicio de amparo (1239/2021). Protección de datos personales. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6°, segundo párrafo, fracción II, y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que se considerara información confidencial sus datos personales, los cuales los hacen identificados o identificables, por lo que si desea que sean divulgados, se requiere su consentimiento. Notifíquese personalmente a la parte quejosa con estricto cumplimiento a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal del Consejo de la Judicatura Federal.
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