Judith Rosario Cardenas Peña
Expediente 1710/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1710/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 20/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Judith Rosario Cardenas Peña
Actuaciones
- Principal
MESA X.-Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que refiere el artículo 98, en relación con el 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, sin que el promovente del juicio de amparo haya interpuesto recurso de queja, conforme al diverso numeral 99 de la citada legislación, en contra del auto de cinco de diciembre de dos mil diecinueve, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por *************, en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. Consecuentemente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Asimismo, se hace del conocimiento que el presente expediente no cumple con los lineamientos expresados en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, para ser considerado de relevancia documental. En ese sentido, de conformidad a lo señalado en el punto décimo primero del referido Acuerdo, una vez hechas las anotaciones relativas en la carátula del expediente, el mismo permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de ese lapso, con base en los puntos vigésimo y vigésimo primero del ordenamiento en cita, una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, el Centro de Documentación y Análisis, procederá a su destrucción. CSH
- Principal
CITATORIO.- POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE JUZGADO FEDERAL, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE CINCO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE EN ESENCIA DICE: Visto lo de cuenta, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ****, contra actos del Encargado del despacho del Departamento de Escuelas Secundarias Generales del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos y otra autoridad; fórmese expediente impreso y electrónico y regístrese en el libro de gobierno de juicios de amparo bajo el número 1710/2019-X, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Ahora, de acuerdo al artículo 112 en relación con el 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito que conozca del juicio de amparo dentro del plazo de veinticuatro horas, contadas desde que la demanda fue presentada o en su caso turnada, deberá resolver si desecha o admite. Por su parte el diverso numeral antes citado refiere que se deberá examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, los numerales en comento disponen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Los citados artículos imponen la obligación al Juez de Distrito de examinar, dentro del término de veinticuatro horas, con todo detenimiento, el escrito de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, el deber de desecharla de plano, para lo cual, en principio, ha de considerar únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto; de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Por su parte, el numeral 113 de la Ley de Amparo, refiere que se deberá examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Ahora, la parte quejosa, señala como acto reclamado todo lo actuado en el expediente relativo al procedimiento administrativo iniciado en su contra y del cual no fue emplazada. En ese sentido, al tratarse de un conflicto entre el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos y sus trabajadores, el mismo es de naturaleza laboral, por lo cual no puede considerarse como actos de autoridad para efectos del amparo. Bajo esa tesitura, al tratarse de una cuestión de orden público, debe atenderse a los citados elementos a efecto de comprobar que con respecto a dicho acto, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5º, fracción II, de la Ley de Amparo y por las siguientes consideraciones: El artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5.- Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse, crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." De la interpretación sistemática de dichos ordinales, se advierte que el juicio de amparo tiene por objeto resolver controversias que se susciten por actos de autoridad que violen derechos humanos, y que es autoridad para efectos del juicio de amparo, aquélla que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; sin embargo, el precepto en cita únicamente ejemplifica las formas en que la autoridad puede llevar a cabo los actos objeto del amparo constitucional, pero no aborda las características que deben reunir éstas para ser consideradas como tales, pues en caso de no tener dicho carácter, se actualiza la improcedencia del juicio, en los términos establecidos en el último de los numerales transcritos. En ese orden de ideas, la definición del concepto de autoridad responsable ha quedado a cargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su carácter de máximo intérprete de la Constitución General de la República, la cual ha sostenido que una autoridad para efectos del amparo es la que teniendo las características de órgano público que le dan las normas jurídicas, tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados sin requerir de la voluntad del afectado o aun en contra de ella. Consecuentemente, es posible obtener como características de un acto de autoridad, para los efectos del juicio de amparo, las siguientes: 1. Que sea emitido por un órgano público, al cual las normas jurídicas le otorguen potestad para actuar. 2. Que sea un acto unilateral, a través del cual se cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, una situación jurídica concreta. 3. Que afecte la esfera jurídica de los gobernados. Respecto a la primera nota distintiva que refiere la citada jurisprudencia, es necesario señalar que la teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materia de derecho público, en la que la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación los derechos humanos contenidos en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. De ahí que, el concepto de autoridad se ubica dentro de las relaciones denominadas de supra a subordinación entablada entre los órganos de autoridad del Estado, por un lado, y el gobernado, por el otro, en donde la voluntad del gobernante se impone de manera unilateral, imperativa y coercitiva al poderse exigir su cumplimiento inclusive, mediante el uso de la fuerza pública o a través de las autoridades respectivas. Lo anterior permite establecer que, en el caso, el acto que la parte quejosa hace consistir en todo lo actuado en el expediente relativo al procedimiento administrativo iniciado en su contra y del cual no fue emplazada, corresponde a una controversia que se ciñe exclusivamente al plano laboral existente entre el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos y la parte quejosa. Ello es así, pues de lo expuesto por la quejosa en su escrito de demanda, se desprende que entre ella y el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, existe una relación laboral al prestar sus servicios en la Escuela Secundaria Federal "Ignacio Manuel Altamirano" del Municipio de Yautepec, Morelos, y por ende, su relación como trabajadora al servicio del Gobierno del Estado de Morelos queda acreditada. Lo cual constituye una confesión expresa, admisible en el juicio de amparo y con valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Luego, es evidente que entre ellos subyace un vínculo empleado-patrón, por ende, una relación de coordinación -no subordinación, (gobierno-gobernado)-, cuyas diferencias están sujetas a la jurisdicción de las instituciones laborales acorde al contenido del artículo 123 constitucional, ante ello, al emanar el acto reclamado de un organismo público actuando como patrón, la parte quejosa tiene expedito su derecho para hacerlo valer ante los tribunales correspondientes (Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje) pues el acto impugnado, no puede ser objeto de examen constitucional, en tanto, ello es propio de una controversia ante las autoridades del trabajo y no del juicio de amparo, pues como se dijo entre ambos existe una relación de coordinación, obrero-patrón, la cual debe ventilarse ante las instancias correspondientes, ya que el juicio de amparo tiene entre otros objetos, resolver las controversias que se susciten por actos u omisiones de autoridad, sin que pueda considerarse actos de autoridad las diferencias de carácter laboral, suscitadas entre aquéllas y sus empleados. Al respecto, los artículos 1 y 14 , del Decreto que crea el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, establecen que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje es un organismo descentralizado, así como que será competente para conocer de los conflictos individuales que se susciten entre dicho Instituto (como en el caso) con sus trabajadores. De lo anterior se deduce que la génesis del acto reclamado deriva de una relación patrón-trabajador (en igualdad de condiciones por encontrarse en un plano de coordinación) y no particular-Estado, por tanto, es evidente que la quejosa debieó acudir ante la autoridad laboral para dilucidar la afectación de sus derechos. Por consiguiente, los actos combatidos por la impetrante de amparo, son determinaciones que se circunscriben exclusivamente al plano laboral y en esa medida, desvinculado totalmente de las características propias que revisten los actos de autoridad para efectos del juicio de amparo; lo cual implica que la parte quejosa, debe acudir ante las instancias ordinarias a impugnar los derechos laborales que dice, le vulneran con lo actuado en el expediente administrativo incoado en su contra, para en su caso, estar en condiciones de someter a la jurisdicción constitucional las determinaciones que se adopten al respecto y le irroguen perjuicio. Dicho de otra manera, en las relaciones entre el Estado y sus trabajadores, aquél no actúa como autoridad, aunque, sí se afecten los derechos de éstos y, para evitarlo se establecen los tribunales ordinarios de carácter burocrático; de ahí que no sea la vía de amparo la procedente. Por tanto, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por ******. Lo anterior es así, ya que se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; es decir, en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que el informe justificado que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia, que no haya duda alguna de que se actualiza la misma. Con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito inicial de demanda y por autorizadas a las personas que designa en los términos que refiere, por tratarse de la parte trabajadora en un asunto en materia laboral. Se habilita a los actuarios de la adscripción para realizar las notificaciones en el presente asunto en días y horas inhábiles, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución General de la República y 21 de la Ley de Amparo. En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de Amparo, desde este momento se faculta al actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa: no conozcan a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectúe (previa razón asentada como soporte), por medio de la lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal; en la inteligencia de que, dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo inmueble para tal efecto.
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