Judith Ramírez Gallardo

Expediente 1105/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1105/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
18/11/2022

Partes del expediente

  • Judith Ramírez Gallardo

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede de la que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el auto que desechó por notoriamente improcedente la demanda, sin que se hiciera valer; consecuentemente, SE DECLARA FIRME EL REFERIDO PROVEÍDO. ARCHÍVESE COMO TOTALMENTE CONCLUIDO, previas las anotaciones respectivas en el libro electrónico. Ahora bien, atendiendo a las particularidades del presente juicio, y tomando en consideración que no se trata de delitos contra: la seguridad de la nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente o la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales o que sea relativo a conflictos laborales colectivos trascendentes; tampoco trata sobre juicios con relación al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, o fue generado por el Pleno del Circuito que estableciera jurisprudencia; no versa sobre materia agraria, o bien que su sentencia integrara jurisprudencia o tesis aislada de Tribunal Colegiado; se concluye que no es de relevancia documental. De conformidad con lo que establece el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se hace la observación de que el expediente es susceptible de destrucción, en razón de que se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo. No obra en autos documento original, en los términos que establece el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. Finalmente, vista la certificación que antecede, en cumplimiento al Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19, y la circular interna 03/2021 de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, la secretaria encargada de la tramitación del expediente revisó e hizo constar que la versión impresa de ese último coincide con la electrónica, lo que se tiene por realizado para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Agréguese el escrito de la quejosa por medio del cual desahoga la prevención formulada, en ese sentido se provee: SE DESECHA LA DEMANDA. I. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el Juzgador Federal tiene la obligación de analizar la demanda y si encontrare un motivo de improcedencia, debe desecharla de plano, ya que de conformidad con su diverso numeral 62, las causales de improcedencia se estudian de oficio. II. De la lectura integral de la demanda, se advierte que la quejosa reclama la omisión de dictar resolución interlocutoria en el incidente de prescripción de sentencia promovido el once de febrero de dos mil veinte en el juicio ejecutivo mercantil ..., del índice del Juzgado Trigésimo Cuarto Civil de la Ciudad de México. III. Este juicio es improcedente al actualizarse la causal prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso numeral 77 ambos de la Ley de Amparo. La causal de improcedencia invocada se refiere a la inviabilidad de los efectos de la sentencia de amparo, que se actualiza cuando de concederse una resolución protectora, ésta no podría surtir efectos porque alteraría una situación jurídica diversa -en el caso, el acuerdo que suspendió la citación de dictado de sentencia interlocutoria-.- De conformidad con lo previsto en el artículo 1º y 77 de la Ley de Amparo, la finalidad de este juicio es restituir al agraviado en el pleno goce del derecho violado, lo que a criterio de este órgano no se concretaría plenamente sometiendo a juzgamiento una cuestión jurídica que no es autónoma, como ocurre con la omisión propiamente impugnada, pues lo cierto es que de acuerdo a lo narrado por la quejosa, existe un proveído que explica de manera concreta el por qué no hay una decisión interlocutoria. De tal forma que siguiendo los precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si a partir de un ejercicio de previsibilidad sobre los efectos de una eventual sentencia protectora, se advierte que no se colmaría legítimamente el principio restitutorio a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, entonces la acción intentada resulta improcedente por dictar una sentencia carente de ejecutividad, porque el restablecimiento llegaría al extremo de desencadenar consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo, como sería por ejemplo, ordenar la emisión de un fallo, cuando la autoridad responsable sostuvo en el acuerdo de veinticuatro de enero pasado, que requería tener a la vista los documentos base de la acción, como se advierte de la constancia anexa por la impetrante. Al respecto se invoca la tesis de jurisprudencia 2a./J. 184/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, con registro: 171034. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Octubre de 2007, en Materia(s): Común, Página: 395, que dispone: "SENTENCIAS DE AMPARO. SUS EFECTOS RESTITUTORIOS SÓLO PUEDEN MATERIALIZARSE RESPECTO DE LOS DERECHOS DEL GOBERNADO LEGÍTIMAMENTE TUTELADOS. El artículo 80 de la Ley de Amparo establece que la sentencia que conceda la protección constitucional tendrá por objeto restablecer las cosas al estado en el cual se encontraban antes de la violación, pero este principio no es irrestricto ni absoluto, pues está subordinado al fundamento de orden público que rige los procedimientos de ejecución de las sentencias de amparo, conforme al cual el conjunto de instituciones jurídicas propias de una comunidad necesarias para la convivencia pacífica entre sus miembros no puede alterarse. Ahora bien, de acuerdo con este principio, los alcances restitutorios de una ejecutoria deben materializarse sobre derechos legítimos, esto es, respecto de aquellas prerrogativas de los gobernados legalmente tuteladas, pues de no ser así, la sentencia de amparo podría utilizarse como un instrumento para efectuar actos contrarios a las leyes y al orden público, en agravio de derechos legítimos de otros gobernados, lo cual no debe permitirse, ya que por su naturaleza, ésta es el instrumento para restituir al gobernado en el pleno goce de sus garantías individuales violadas y no un medio para efectuar actos contrarios a la ley o legitimar situaciones de hecho que se encuentren al margen de ella." También se cita la tesis de jurisprudencia 2a./J. 35/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, registro: 2000583. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VII, Abril de 2012, Tomo 2, Materia(s): Común, Página: 1059, que dispone: "IMPROCEDENCIA. SE ACTUALIZA EN EL JUICIO DE AMPARO SI EL JUZGADOR ADVIERTE QUE LOS EFECTOS DE UNA EVENTUAL SENTENCIA PROTECTORA PROVOCARÍAN LA TRANSGRESIÓN DE SUS NORMAS O PRINCIPIOS RECTORES. La técnica del juicio de amparo permite que, antes de examinar el fondo de un asunto, se anticipe el efecto de la eventual concesión de la protección constitucional en favor del quejoso, y así prever si la restitución en el goce del derecho violado resultaría alcanzable, pues carecería de lógica y sentido práctico analizar el acto reclamado, si de antemano se advierte que la declaración de inconstitucionalidad no tendría ejecutividad. El fundamento de este proceder se apoya, por regla general, en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con otras normas de ese mismo ordenamiento o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo enlace armónico ofrece una variedad de causas de improcedencia que impiden el dictado de sentencias estimatorias cuyo cumplimiento fuera inaccesible. En esos términos, si a partir de un ejercicio de previsibilidad sobre los efectos de una eventual sentencia protectora, el juzgador advierte que la restitución del derecho provocaría la infracción de normas o principios rectores del juicio de amparo, entonces la acción intentada resulta improcedente por dictar una sentencia carente de ejecutividad, porque el restablecimiento citado llegaría al extremo de desencadenar consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y, por ende, a la regularidad constitucional que busca preservar." En ese orden, de admitirse la demanda y emprenderse el estudio de fondo, necesariamente las posibles consecuencias de una concesión impactarían en otra decisión, emitida por el juez responsable como lo es el auto de veinticuatro de enero de dos mil veintidós, donde se reservó la citación para oír sentencia interlocutoria, hasta en tanto el a quo contara con los documentos base, lo cual constituye un acto positivo, diverso a lo reclamado; lo cual implica una razón judicial (acto positivo) que da cuenta de la causa por la que la alegada omisión existe en el proceso natural, pero sin que ésta sea un acto reclamado. Luego, por la naturaleza distinta entre el auto y la omisión, resultan incompatibles los alcances a que se refieren respectivamente las fracciones I y II del artículo 77 de la Ley de Amparo, de conformidad con el planteamiento del reclamo como lo formula la quejosa, esto es, solo por lo que hace a la falta u omisión de dictar sentencia. Al efecto se invoca el criterio 1a. XVII/2018 (10a.) de la Décima Época, sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 52, Marzo de 2018, Tomo I, en Materia(s): Común, Página: 1092, que dispone: "CONCEPTO DE OMISIÓN COMO ACTOS DE AUTORIDAD. Desde un punto de vista conceptual, la simple inactividad no equivale a una omisión. En el ámbito jurídico, para que se configure una omisión es imprescindible que exista el deber de realizar una conducta y que alguien haya incumplido con esa obligación. En este sentido, las autoridades no sólo pueden afectar a los ciudadanos a partir de la realización de actos positivos, sino también a través de actos negativos u omisiones." Lo anterior evidencia la inviabilidad del estudio de la constitucionalidad del acto combatido, pues de hacerlo, una posible concesión tendría incidencia en la situación jurídica generada con una diversa determinación que ordenó reservar la citación del dictado de la sentencia interlocutoria hasta en tanto tuviera los documento base. Ello se corrobora con la propia información que promocionó en el escrito de cuenta, lo cual hace prueba plena en su contra en términos del artículo 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletoria a la Ley de la materia, Ilustra lo anterior la jurisprudencia P./J. 90/97, del Tribunal Pleno, visible en la página 9, del Tomo VI, Diciembre de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO.- El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven."; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija." En consecuencia, lo procedente es DESECHAR LA DEMANDA, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso numeral 77 ambos de la Ley de Amparo. En términos del dispositivo 21 de la ley aplicable, se habilitan días y horas inhábiles, para que el Actuario de la adscripción lleve a cabo la notificación del presente proveído. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Por ser notoriamente improcedente, SE DESECHA DE PLANO la demanda que promueve ..., contra actos de la Juez Trigésimo Cuarto Civil de la Ciudad de México. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Agréguese sin mayor pronunciamiento la razón de imposibilidad para enterar a la parte quejosa el proveído de diecisiete de octubre de dos mil veintidós, pues mediante comparecencia de veinticuatro del mes y año en curso se le notificó dicha determinación. Ahora bien, en la última actuación la persona con quien se entendió la diligencia manifestó que señala como domicilio procesal los estrados, sin que haya lugar a acordarlo de conformidad pues como se advierte de la certificación de cuenta, ...no tiene registrada su cédula profesional en el sistema correspondiente; de ahí que únicamente cuente con facultades para oír y recibir notificaciones. Finalmente, el artículo el artículo 27 fracción II, de la Ley de Amparo prevé que cuando el domicilio señalado de la persona a notificar no se encuentre en el mismo lugar en que resida el órgano jurisdiccional, la primera notificación se hará por exhorto. En ese sentido, considerando que la primera notificación ya se efectuó y que la parte quejosa pidió en su demanda que las notificaciones subsecuentes se realicen por medio de estrados, se tendrá dicho lugar como domicilio procesal, hasta en tanto la quejosa no proporcione una dirección en esta ciudad. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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