Judith Peña Flores
Expediente 387/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 12 actuaciones registradas, la última del 8 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 387/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 08/07/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Judith Peña Flores
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, ocho de julio de dos mil diecinueve. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 387/2019-III, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo el catorce de junio de dos mil diecinueve, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia cuyo único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, se ordena agregar a los autos el original del cuaderno incidental y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General referido en el párrafo anterior. De igual forma, se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible de depuración, debido que tal medida suspensiva se concedió. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, en cumplimiento al Punto Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 procédase a la destrucción del duplicado. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe.
- Principal
V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 387/2019-III, promovido por JUDITH PEÑA FLORES y otros y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Por demanda presentada el veinticinco de marzo de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, y turnada al día siguiente a este juzgado federal, JUDITH PEÑA FLORES; BERNARDINO PLIEGO PLIEGO y RAÚL FLORES ESPINOSA, solicitaron el amparo y protección de la justicia federal contra actos del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos y otras autoridades (fojas 2 a 8). SEGUNDO. Trámite. Por auto de uno de abril de dos mil diecinueve, se radicó la demanda de amparo con el número 387/2019-III, se admitió trámite, se dio la intervención legal que corresponde al Agente del Ministerio Publico de la adscripción, se requirió su informe justificado a las autoridades responsables y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Por auto de veinticinco de abril de dos mil diecinueve, se dio vista a la parte quejosa para que manifestaran si era su deseo señalar como autoridades responsables al Director General de Responsabilidades y Sanciones de la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos, a la Directora de Procedimientos y Registro de Sanciones de la Secretaría de la Contraloría, al Notificador en Funciones de Actuario adscrito a la Dirección General de Responsabilidades y Sanciones Administrativas de la Secretaría de la Contraloría y a la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. Por acuerdo de treinta de mayo de dos mil diecinueve, y en razón de que la parte quejosa no desahogó el requerimiento de veinticinco de abril de dos mil diecinueve, se hizo efectivo el apercibimiento decretado y se les tuvo por desinteresados en el señalamiento como autoridades responsables a las mencionadas. La audiencia constitucional se difirió en una ocasión, y se señalaron para su desahogo las nueve horas del doce de junio de dos mil diecinueve, y dio inicio al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 33, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, punto segundo, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y se ejecuta el acto reclamado. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En términos de lo que prevé el numeral 74, de la Ley de Amparo, se precisa que lo que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos; Unidad Jurídica del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos, así como del Director de Personal y Relaciones Laborales del mismo Instituto, es: La orden de separación, suspensión e inhabilitación que se pretende ejecutar, así como la orden de suspensión de sueldos y salarios. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables, pues así lo manifestaron al rendir sus respectivos informes justificados (fojas 26 a 44; 90 a 90 a 108 y 154 a 172) Lo anterior se corrobora con constancias que anexaron a su informe justificado, consistentes fotocopias certificadas de la resolución de veinte de junio de dos mil diecisiete, así como del proveído de ocho de febrero de dos mil diecinueve, emitidos en autos del expediente 27/2013, del índice de la Dirección General de Responsabilidades y Sanciones Administrativas de la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos, documentales a los cuales se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, toda vez que fueron autorizados por un servidor público en el ejercicio de sus funciones, sin que además, haya sido objetada su autenticidad. CUARTO.- CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Previo al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, con fundamento en lo dispuesto por artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede al análisis de las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. A continuación, quien resuelve advierte de oficio que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII con relación al 5, fracción II, así como, 108, fracción III, todos de la Ley de Amparo. En efecto, los citados preceptos, establecen lo siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.". "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios;.". Se actualiza dicha causal de improcedencia, atendiendo a las consideraciones que se vierten a continuación. El primero de los dispositivos legales contempla que, en relación con los actos que se reclaman a través del juicio de garantías, sí existe un precepto legal del cual resulte la improcedencia, así debe declararse. En ese sentido, el artículo 5, fracción II, establece que con independencia de su naturaleza formal, es autoridad la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. A su vez, el diverso 108, fracción III, contiene el deber del quejoso de señalar a la o las autoridades a quienes atribuya los actos reclamados. En el caso la parte quejosa reclama la orden de separación, suspensión e inhabilitación que se pretende ejecutar en su contra, así como la orden de suspensión de sueldos y salarios. Ahora bien, de las fotocopias certificadas que adjuntaron las autoridades responsables a su informe justificado, se advierte en primer término la resolución de veinte de junio de dos mil diecisiete, emitida por la Directora General de Responsabilidades y Sanciones Administrativas de la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos, emitida en acatamiento a la resolución de veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, dictada en autos del Juicio de Nulidad TJA/1ªS/218/16, radicado ante la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, por medio de la cual fincó sanción administrativa a los ahora quejosos, e impuso a JUDITH PEÑA FLORES, suspensión del cargo, empleo o comisión por seis meses, inhabilitación por tres años para desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público, así como una multa, a RAÚL FLORES ESPINOSA y BERNARDINO PLIEGO PLIEGO, les impuso suspensión del cargo, empleo o comisión por seis meses, inhabilitación por dos años para desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público y una multa. Asimismo, por auto de ocho de febrero de dos mil diecinueve, al haber quedado firme la resolución antes citada, el Director General de Responsabilidades y Sanciones Administrativas de la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos giró oficio al Director General del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos, a efecto de que se diera cumplimiento a la ejecución de dicha sentencia. De lo anterior, se acredita la existencia de los actos reclamados en el presente juicio de amparo por parte de los quejosos, sin embargo queda en evidencia que el origen de dichos actos es el del procedimiento administrativo 27/2013, del índice de la Dirección General de Responsabilidades y Sanciones Administrativas de la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos cuyos actos fueron materia de impugnación, en el Juicio de Nulidad TJA/1ªS/218/16, radicado ante la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, pues en cumplimiento a lo resuelto en esta se procedió a emitir la resolución que sancionó a los quejosos en relación con sus empleos como servidores públicos. Por tanto, mediante proveído de veinticinco de abril de dos mil diecinueve, se dio vista a la parte quejosa, para que manifestara por escrito y bajo protesta de decir verdad, si era su deseo señalar como autoridades responsables al Director General de Responsabilidades y Sanciones Administrativas de la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos, a la Directora de Procedimientos y Registro de Sanciones de la Secretaría de la Contraloría, al Notificador en Funciones de Actuario adscrito a la Dirección General de Responsabilidades y Sanciones Administrativas de la Secretaría de la Contraloría, así como a la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, en virtud de advertirse la intervención de dichas autoridades en la existencia de los actos reclamados, sin embargo, como quedó plasmado en el proveído de treinta de mayo de dos mil diecinueve, se tuvo a la parte quejosa por desinteresados en el señalamiento de tales autoridades como responsables en el presente juicio de amparo. Por lo antes expuesto, no es posible analizar la constitucionalidad de los actos reclamados al Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos; Unidad Jurídica del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos, así como del Director de Personal y Relaciones Laborales del Instituto ya referido, pues en el caso la autoridad que determinó las sanciones que pretenden ejecutar las anteriores autoridades en cita, no fue señalada como responsable en el presente juicio de amparo, pese haberse requerido a la quejosa. Lo anterior es así, dado que el acto que ahora se reclama constituye la ejecución de una resolución formulada en un procedimiento administrativo incoado en contra de los ahora quejosos, la que fue emitida por una autoridad diversa a las señalas como responsables, que en todo caso actúan en su carácter de ejecutoras ya que su actuación como se mencionó deriva en acatar lo ordenado en la resolución de veinte de junio de dos mil diecisiete, emitida por la Directora General de Responsabilidades y Sanciones Administrativas de la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos, en acatamiento a la resolución de veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, dictada en autos del Juicio de Nulidad TJA/1ªS/218/16, radicado ante la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Autoridades que al no ser llamadas al presente juicio de amparo, no existe posibilidad de analizar la constitucionalidad de sus actos, ya que no fueron oídos en el juicio y no podrían defender sus actuaciones; de ahí que no sea factible emprender el análisis de dichos actos de autoridad, del diverso aquí reclamado, sin violentar los principios que rigen el debido procedimiento en el juicio de amparo. En lo conducente, es aplicable la tesis 2ª. CLXIV/98 Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, IX, Enero de 1999, Página: 113, Materia(s): Común, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE Y EL JUEZ PREVINO AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA Y ÉSTE NO LO HIZO, DEBE SOBRESEERSE.". Así mismo, es aplicable en lo conducente, la tesis XV. 1o. 31 K, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación XIV, Octubre de 1994, Página: 283 Materia(s): Común, correspondiente a la Octava Época, cuyo rubro se cita a continuación: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS.". De igual manera, la diversa Jurisprudencia V.2o. J/96, de la Octava Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 80 Agosto de 1994, Página: 55, Materia(s): Común, que a continuación se trascribe: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS.". En consecuencia, al quedar actualizada la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII con relación al 5, fracción II, así como, 108 fracción III, todos de la Ley de Amparo, se debe de sobreseer en el presente juicio en términos del artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, respecto de los actos y autoridades ya precisados en el considerando segundo. Por lo anteriormente expuesto, y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por JUDITH PEÑA FLORES; BERNARDINO PLIEGO PLIEGO y RAÚL FLORES ESPINOSA, por cuanto a los actos y autoridades precisados en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el considerando cuarto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, hoy catorce de junio de dos mil diecinueve, en que las labores de este Juzgado Federal así lo permitieron, ante el Secretario Paulo Yair García Meza, que da fe.
- Principal
PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso b) y 29 de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal; así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte quejosa, la resolución de catorce de junio de dos mil diecinueve, que en lo conducente establece: ... V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 387/2019-III, promovido por JUDITH PEÑA FLORES y otros y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Por demanda presentada el veinticinco de marzo de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, y turnada al día siguiente a este juzgado federal, JUDITH PEÑA FLORES; BERNARDINO PLIEGO PLIEGO y RAÚL FLORES ESPINOSA, solicitaron el amparo y protección de la justicia federal contra actos del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos y otras autoridades (fojas 2 a 8). SEGUNDO. Trámite. Por auto de uno de abril de dos mil diecinueve, se radicó la demanda de amparo con el número 387/2019-III, se admitió trámite, se dio la intervención legal que corresponde al Agente del Ministerio Publico de la adscripción, se requirió su informe justificado a las autoridades responsables y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Por auto de veinticinco de abril de dos mil diecinueve, se dio vista a la parte quejosa para que manifestaran si era su deseo señalar como autoridades responsables al Director General de Responsabilidades y Sanciones de la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos, a la Directora de Procedimientos y Registro de Sanciones de la Secretaría de la Contraloría, al Notificador en Funciones de Actuario adscrito a la Dirección General de Responsabilidades y Sanciones Administrativas de la Secretaría de la Contraloría y a la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. Por acuerdo de treinta de mayo de dos mil diecinueve, y en razón de que la parte quejosa no desahogó el requerimiento de veinticinco de abril de dos mil diecinueve, se hizo efectivo el apercibimiento decretado y se les tuvo por desinteresados en el señalamiento como autoridades responsables a las mencionadas. La audiencia constitucional se difirió en una ocasión, y se señalaron para su desahogo las nueve horas del doce de junio de dos mil diecinueve, y dio inicio al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 33, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, punto segundo, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y se ejecuta el acto reclamado. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En términos de lo que prevé el numeral 74, de la Ley de Amparo, se precisa que lo que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos; Unidad Jurídica del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos, así como del Director de Personal y Relaciones Laborales del mismo Instituto, es: La orden de separación, suspensión e inhabilitación que se pretende ejecutar, así como la orden de suspensión de sueldos y salarios. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables, pues así lo manifestaron al rendir sus respectivos informes justificados (fojas 26 a 44; 90 a 90 a 108 y 154 a 172) Lo anterior se corrobora con constancias que anexaron a su informe justificado, consistentes fotocopias certificadas de la resolución de veinte de junio de dos mil diecisiete, así como del proveído de ocho de febrero de dos mil diecinueve, emitidos en autos del expediente 27/2013, del índice de la Dirección General de Responsabilidades y Sanciones Administrativas de la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos, documentales a los cuales se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, toda vez que fueron autorizados por un servidor público en el ejercicio de sus funciones, sin que además, haya sido objetada su autenticidad. CUARTO.- CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Previo al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, con fundamento en lo dispuesto por artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede al análisis de las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. A continuación, quien resuelve advierte de oficio que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII con relación al 5, fracción II, así como, 108, fracción III, todos de la Ley de Amparo. En efecto, los citados preceptos, establecen lo siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.". "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios;.". Se actualiza dicha causal de improcedencia, atendiendo a las consideraciones que se vierten a continuación. El primero de los dispositivos legales contempla que, en relación con los actos que se reclaman a través del juicio de garantías, sí existe un precepto legal del cual resulte la improcedencia, así debe declararse. En ese sentido, el artículo 5, fracción II, establece que con independencia de su naturaleza formal, es autoridad la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. A su vez, el diverso 108, fracción III, contiene el deber del quejoso de señalar a la o las autoridades a quienes atribuya los actos reclamados. En el caso la parte quejosa reclama la orden de separación, suspensión e inhabilitación que se pretende ejecutar en su contra, así como la orden de suspensión de sueldos y salarios. Ahora bien, de las fotocopias certificadas que adjuntaron las autoridades responsables a su informe justificado, se advierte en primer término la resolución de veinte de junio de dos mil diecisiete, emitida por la Directora General de Responsabilidades y Sanciones Administrativas de la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos, emitida en acatamiento a la resolución de veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, dictada en autos del Juicio de Nulidad TJA/1ªS/218/16, radicado ante la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, por medio de la cual fincó sanción administrativa a los ahora quejosos, e impuso a JUDITH PEÑA FLORES, suspensión del cargo, empleo o comisión por seis meses, inhabilitación por tres años para desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público, así como una multa, a RAÚL FLORES ESPINOSA y BERNARDINO PLIEGO PLIEGO, les impuso suspensión del cargo, empleo o comisión por seis meses, inhabilitación por dos años para desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público y una multa. Asimismo, por auto de ocho de febrero de dos mil diecinueve, al haber quedado firme la resolución antes citada, el Director General de Responsabilidades y Sanciones Administrativas de la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos giró oficio al Director General del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos, a efecto de que se diera cumplimiento a la ejecución de dicha sentencia. De lo anterior, se acredita la existencia de los actos reclamados en el presente juicio de amparo por parte de los quejosos, sin embargo queda en evidencia que el origen de dichos actos es el del procedimiento administrativo 27/2013, del índice de la Dirección General de Responsabilidades y Sanciones Administrativas de la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos cuyos actos fueron materia de impugnación, en el Juicio de Nulidad TJA/1ªS/218/16, radicado ante la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, pues en cumplimiento a lo resuelto en esta se procedió a emitir la resolución que sancionó a los quejosos en relación con sus empleos como servidores públicos. Por tanto, mediante proveído de veinticinco de abril de dos mil diecinueve, se dio vista a la parte quejosa, para que manifestara por escrito y bajo protesta de decir verdad, si era su deseo señalar como autoridades responsables al Director General de Responsabilidades y Sanciones Administrativas de la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos, a la Directora de Procedimientos y Registro de Sanciones de la Secretaría de la Contraloría, al Notificador en Funciones de Actuario adscrito a la Dirección General de Responsabilidades y Sanciones Administrativas de la Secretaría de la Contraloría, así como a la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, en virtud de advertirse la intervención de dichas autoridades en la existencia de los actos reclamados, sin embargo, como quedó plasmado en el proveído de treinta de mayo de dos mil diecinueve, se tuvo a la parte quejosa por desinteresados en el señalamiento de tales autoridades como responsables en el presente juicio de amparo. Por lo antes expuesto, no es posible analizar la constitucionalidad de los actos reclamados al Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos; Unidad Jurídica del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos, así como del Director de Personal y Relaciones Laborales del Instituto ya referido, pues en el caso la autoridad que determinó las sanciones que pretenden ejecutar las anteriores autoridades en cita, no fue señalada como responsable en el presente juicio de amparo, pese haberse requerido a la quejosa. Lo anterior es así, dado que el acto que ahora se reclama constituye la ejecución de una resolución formulada en un procedimiento administrativo incoado en contra de los ahora quejosos, la que fue emitida por una autoridad diversa a las señalas como responsables, que en todo caso actúan en su carácter de ejecutoras ya que su actuación como se mencionó deriva en acatar lo ordenado en la resolución de veinte de junio de dos mil diecisiete, emitida por la Directora General de Responsabilidades y Sanciones Administrativas de la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos, en acatamiento a la resolución de veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, dictada en autos del Juicio de Nulidad TJA/1ªS/218/16, radicado ante la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Autoridades que al no ser llamadas al presente juicio de amparo, no existe posibilidad de analizar la constitucionalidad de sus actos, ya que no fueron oídos en el juicio y no podrían defender sus actuaciones; de ahí que no sea factible emprender el análisis de dichos actos de autoridad, del diverso aquí reclamado, sin violentar los principios que rigen el debido procedimiento en el juicio de amparo. En lo conducente, es aplicable la tesis 2ª. CLXIV/98 Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, IX, Enero de 1999, Página: 113, Materia(s): Común, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE Y EL JUEZ PREVINO AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA Y ÉSTE NO LO HIZO, DEBE SOBRESEERSE.". Así mismo, es aplicable en lo conducente, la tesis XV. 1º. 31 K, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación XIV, Octubre de 1994, Página: 283 Materia(s): Común, correspondiente a la Octava Época, cuyo rubro se cita a continuación: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS.". De igual manera, la diversa Jurisprudencia V.2º. J/96, de la Octava Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 80 Agosto de 1994, Página: 55, Materia(s): Común, que a continuación se trascribe: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS.". En consecuencia, al quedar actualizada la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII con relación al 5, fracción II, así como, 108 fracción III, todos de la Ley de Amparo, se debe de sobreseer en el presente juicio en términos del artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, respecto de los actos y autoridades ya precisados en el considerando segundo. Por lo anteriormente expuesto, y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por JUDITH PEÑA FLORES; BERNARDINO PLIEGO PLIEGO y RAÚL FLORES ESPINOSA, por cuanto a los actos y autoridades precisados en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el considerando cuarto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, hoy catorce de junio de dos mil diecinueve, en que las labores de este Juzgado Federal así lo permitieron, ante el Secretario Paulo Yair García Meza, que da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a seis de mayo de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el término concedido a la parte quejosa, por auto de veinticinco de abril del año en curso, a fin de manifieste si es su deseo o no ampliar la demanda de amparo; por lo tanto, para dar tiempo a lo anterior, resulta procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijando en su lugar las NUEVE HORAS DEL DOCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga verificativo. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Paulo Yair García Meza, quien autoriza y da fe.
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