Judith Orea Nieblas
Expediente 290/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 19 actuaciones registradas, la última del 23 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 290/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 23/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Judith Orea Nieblas
- Gerardo Gutiérrez Gayosso Juez de Oralidad Penal Y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Sur-Oriente, Con Sede En Tehuacán, Puebla
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de mayo de dos mil veintidós . FIRME SOBRESEIMIENTO. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el veintisiete de abril de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó el presente juicio, sin que las partes legitimadas para ello lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita. DESTINO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se concedió y negó la medida cautelar solicitada, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa; y por oficio a las autoridades responsables, así como al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
- Principal
V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo número 290/2022, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, promovido por********************; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el dieciocho de marzo de dos mil veintidós, en buzón judicial, y remitido a este órgano jurisdiccional el veintidós siguiente, por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.),******************** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos del 1. ********************, en funciones de administrador general de los Juzgados de Oralidad Penal y de Ejecución de Todas las Regiones Judiciales del Estado, y otras autoridades (fojas 2 a 12). El quejoso narró bajo protesta de decir verdad, los antecedentes de los actos reclamados, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales y garantías, violados, los contenidos en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio. Mediante proveído de veintidós de marzo de dos mil veintidós (fojas 13 a 212), se admitió la demanda de amparo bajo el número de expediente 290/2022, con incidente de suspensión, se solicitó informe justificado a las autoridades responsables; y, se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. TERCERO. Cita para audiencia. En auto de once de abril de dos mil veintidós del presente año, se señalaron las nueve horas con veintiocho minutos del veintisiete de abril de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, se desarrolló al tenor del acta que antecede y culmina con el dictado de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia y territorio, pues se reclaman actos de esa naturaleza, atribuidos a autoridades penales judiciales y penales administrativas, con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se advierten del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, de conformidad con lo establecido en el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, del contenido integral de la demanda de amparo, del escrito aclaratorio y de la revisión de los informes justificados rendidos por las responsables, se advierte que, en el caso particular,******************** reclama lo siguiente: - La orden de aprehensión o detención emitida en su contra, así como su ejecución. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método, en toda sentencia de amparo se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia XVII.2o.J/10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que señala en su rubro lo siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." Ahora, la parte quejosa atribuye los actos reclamados -que quedaron precisados en el considerando que antecede- a las autoridades responsables siguientes: NÚMERO. AUTORIDADES RESPONSABLES. SENTIDO DEL INFORME. FOJAS 1 AL 7 JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y DE EJECUCIÓN EN FUNCIONES DE ADMINISTRADOR GENERAL DE LOS JUZGADOS DE ORALIDAD PENAL DE TODAS LAS REGIONES JUDICIAL DEL ESTADO -1) ********************- Y POR SU CONDUCTO LOS: - JUECES DE ORALIDAD PENAL Y DE EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL SUR-ORIENTE, CON SEDE EN TEHUACÁN, PUEBLA: ********************- JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL SUR-ORIENTE, CON SEDE EN TECAMACHALCO, PUEBLA. ******************** NIEGA. 65 8 JUEZ DE DISTRITO ADMINISTRADOR ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN EL ESTADO DE PUEBLA, CON RESIDENCIA EN PUEBLA. NIEGA. 66 9 DELEGADA DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN EL ESTADO DE PUEBLA MAESTRA EN DERECHO ********************. NIEGA. 67 10 DELEGADO REGIONAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE INTEGRAN LA ORGANIZACIÓN REGIONAL DE LA POLICIA FEDERAL MINISTERIAL EN EL ESTADO DE PUEBLA. NIEGA. 68 11 TITULAR DE LA UNIDAD DE INVESTIGACION Y LITIGACION "A" EN PUEBLA CAPITAL. ADSCRITO A LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA DELEGACION PUEBLA. NIEGA. 61, 69 12 FISCAL EN JEFE DEL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN Y LITIGACIÓN I, DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y LITIGACIÓN "A". ADSCRITO A LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA DELEGACION PUEBLA. NIEGA. 60 13 FISCAL EN JEFE DEL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN Y LITIGACIÓN II, DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y LITIGACIÓN "A". ADSCRITO A LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA DELEGACION PUEBLA NIEGA. 82 14 TITULAR DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y LITIGACIÓN "B" EN PUEBLA CAPITAL. ADSCRITO A LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA DELEGACION PUEBLA. NIEGA. 58 15 FISCAL EN JEFE DEL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN Y LITIGACIÓN I, DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y LITIGACIÓN "B", ADSCRITO A LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA DELEGACION PUEBLA NIEGA. 34 16 AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO FISCAL EN JEFE DEL EQUIPO II DE LA UIL B EN PUEBLA", ADSCRITO A LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA DELEGACION PUEBLA. NIEGA. 70 17 FISCAL EN JEFE DEL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN Y LITIGACIÓN I, DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y LITIGACIÓN "C", ADSCRITO A LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA DELEGACION PUEBLA. NIEGA. 71 18 DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA ESTATAL PREVENTIVA. NIEGA. 86 19 CIUDADANO FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA NIEGA. 84 20 CIUDADANO FISCAL DE INVESTIGACION REGIONAL DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA. NIEGA. 72 21 CIUDADANO FISCAL DE INVESTIGACION METROPOLITANA DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA. NIEGA. 90 22 DIRECTOR DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION ADSCRITO A LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO NIEGA. 83 23 MAESTRO ********************, FISCAL ESPECIALIZADO INVESTIGACION DE LOS DELITOS DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILCIITA, FISCALES Y RELACIONADOS. NIEGA. 73 24 ********************, AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO, ADSCRITA A LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACION DEL DELITO DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILICITA, DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA NIEGA. 74 25 AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO TITULAR ADSCRITO A LA FISCALÍA EN INVESTIGACIÓN DE DELITOS DE ALTA INCIDENCIA, SEDE TECAMACHALCO, PUEBLA. NIEGA. 75 26 AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO INVESTIGADOR DE TECAMACHALCO, PUEBLA. LIC. ******************** NIEGA. 85 27 FISCALÍA ESPECIALIZADA EN LA INVESTIGACIÓN DE DELITOS DE ALTA INCIDENCIA. LIC. ******************** NIEGA. 57 28 TITULAR DE LA UNIDAD DE APOYO POLICIAL DE TECAMACHALCO PUEBLA. NIEGA. 77 29 TITULAR DE LA UNIDAD DE APOYO POLICIAL DE TEHUACAN, PUEBLA NIEGA. 76, 115 Y 116 30 INSPECTOR GENERAL DE LA GUARDIA NACIONAL EN CARÁCTER DE JEFE DE LA COORDINACIÓN POLICIAL ESTATAL DE LA GUARDIA NACIONAL EN PUEBLA. C. ******************** NIEGA. 59 31 FISCAL ESPECIALIZADO EN MATERIA DE DELINCUENCIA ORGANIZADA NIEGA. 121 Como se advierte de la tabla que antecede, las autoridades responsables, al rendir su respectivo informe justificado, negaron la existencia de los actos que se les reclaman, sin que en autos obre prueba alguna que desvirtúe dichas negativas; de ahí, que no existan los actos reclamados. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER en este juicio constitucional, respecto de las autoridades responsables señaladas y los actos que se les atribuye. Tiene aplicación al caso, en lo conducente, la jurisprudencia VI.2º J/20, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos o desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." CUARTO. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 63, fracción IV, 65 y 74 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto promovido por********************, contra los actos precisados en el considerando segundo de esta sentencia; por las autoridades y los motivos expuestos en el considerando tercero del propio fallo. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indica en el considerando último de este fallo. Notifíquese electrónicamente al quejoso y por oficio a las autoridades responsables, así como al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito...
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, doce de abril de dos mil veintidós .
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, once de abril de dos mil veintidós . DIFERIMIENTO. Visto el estado procesal de autos, se advierte que mediante acuerdo de seis de abril pasado, este órgano de control ordenó dar vista a la parte quejosa, con el informe justificado rendido por la autoridad responsable 31. Fiscal Especializado en Materia de Delincuencia Organizada, por lo tanto, se advierte que se encuentra transcurriendo el término de ocho días para que dicha parte procesal se imponga del referido informe, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. Término que transcurrirá del ocho al veintidós de abril del año en curso, previo descuento de los días sábados y domingos, por ser inhábiles de acuerdo con el artículo 19 de la Ley de Amparo; así como los días trece, catorce y quince de abril de la presente anualidad, de conformidad con la circular 5/2022, de treinta de marzo de dos mil veintidós, signada por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En consecuencia, la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con veinte minutos del veintidós de abril de dos mil veintidós, se difiere anticipadamente y se señalan las NUEVE HORAS CON VEINTIOCHO MINUTOS DEL VEINTISIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su celebración. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis que a continuación se reproduce: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. AUN CUANDO EL QUEJOSO O EL TERCERO INTERESADO CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO QUE RINDIÓ LA AUTORIDAD RESPONSABLE DENTRO O FUERA DEL PLAZO LEGAL, SI NO MEDIARON POR LO MENOS OCHO DÍAS ENTRE SU NOTIFICACIÓN Y LA FECHA PARA SU CELEBRACIÓN, AQUÉLLA DEBE DIFERIRSE, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE SOLICITE. De los párrafos segundo y tercero del artículo 117 de la Ley de Amparo se advierte que las autoridades responsables deben rendir su informe justificado al menos ocho días antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, así como que los informes rendidos fuera del plazo de quince días o el ampliado a veinticinco días, pueden ser considerados por el juzgador de amparo en la resolución respectiva solamente si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos. Lo anterior pone de manifiesto que tales preceptos tienen como finalidad asegurar que las partes -principalmente la quejosa- se impongan del contenido del informe justificado y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que estimen convenientes para desvirtuarlo, o para que, en su caso, pueda ampliarse la demanda de amparo, pues de esta manera se equilibra procesalmente a las partes y se permite aplicar el lineamiento referido que ordena tomar en consideración los informes rendidos solamente "si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos". Esta interpretación impide el estado de indefensión que podría suscitarse si la autoridad responsable rinde el informe justificado momentos antes de la audiencia, sin que éste pueda ser conocido por las partes, armonizándose de esta manera el imperativo de comunicar oportunamente el informe, garantizándose que las partes no queden en estado de indefensión. En ese contexto, cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero interesado no solicite su diferimiento o suspensión, no debe verificarse esa actuación buscando apoyo en una aplicación aislada y restringida del segundo párrafo del citado artículo 117, el cual señala que en caso de que el informe no se presente cuando menos ocho días antes de la audiencia, el juzgador debe acordar diferirla o suspenderla "a solicitud del sistemática y armónicamente con el tercer párrafo del propio numeral, en el fragmento que evidencia que los informes pueden ser estimados "si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos", pues así se cumple con la finalidad de que las partes se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de aportar pruebas para desvirtuarlo o para ampliar la demanda. Así, por imperativo legal, el referido informe debe darse a conocer a las partes, no obstante, se hubiese rendido dentro o fuera del plazo legal, pero siempre mediando un plazo de por lo menos ocho días entre la fecha de notificación y la de celebración de la audiencia, pues de lo contrario ésta deberá diferirse independientemente de que el quejoso o el tercero interesado lo soliciten.". Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa y por lista a las partes
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