Judith Miranda Aguilar

Expediente 913/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 17 actuaciones registradas, la última del 26 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
913/2021
Año
2021
Actuaciones
17
Última actuación
26/04/2022

Partes del expediente

  • Judith Miranda Aguilar
  • Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Vista la certificación precedente, se advierte que ya transcurrió el plazo de diez días concedido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión contra la sentencia, donde se negó la protección constitucional, sin que se haya hecho valer; consecuentemente, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que esa resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. Tomando en consideración que la Sala remitió diversas constancias en justificación de sus actos; devuélvanse a su lugar de procedencia, en el entendido de que el actuario de la adscripción deberá verificar que en el sello de recepción se asiente el número de tomos entregados, POR LO QUE RESULTA INNECESARIO EL ACUSE DE RECIBO. ARCHÍVESE COMO TOTALMENTE CONCLUIDO, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Atendiendo a las particularidades del presente juicio, ...; se concluye que no es de relevancia documental. ...; se hace la observación de que el expediente es susceptible de depuración, en razón de que se negó el amparo y protección de la justicia federal. No obra en autos documento original, en los términos que establece el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. Finalmente, vista la certificación que antecede, en cumplimiento al Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19, y la circular interna 03/2021 de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, el secretario encargado de la tramitación del expediente revisó e hizo constar que la versión impresa de ese último coincide con la electrónica, lo que se tiene por realizado para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL CELEBRADA en el juicio de amparo 913/2021; ..., procediendo a dictar la resolución correspondiente. Doy fe.

  3. Principal

    VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 913/2021, promovido por **** contra actos de la Sexta Sala y Juez Décimo Primero, ambos de lo Civil de la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. El veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, la quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de las autoridades citadas por considerarlos violatorios de los derechos humanos consagrados en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito declaró carecer de competencia legal para conocer del asunto, por lo que ordenó remitirlo a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, y por turno fue enviado a este órgano jurisdiccional. El nueve de noviembre de dos mil veintiuno, el suscrito se avocó al conocimiento del asunto y admitió la demanda, se dio intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se pidieron los informes justificados; y, se señaló parte tercera interesada. La representante social de la Federación adscrita no formuló intervención, se tuvieron por rendidos los informes justificados, se emplazó a la parte tercera interesada; y, finalmente, la audiencia constitucional se celebró en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República; 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 37 y 107, de la Ley de Amparo, en atención a que se trata de un juicio constitucional indirecto promovido contra actos derivados de un proceso de naturaleza civil, tramitado ante un Juzgado con sede en la Ciudad donde el suscrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Se fija el acto reclamado, en los términos de la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, de la siguiente forma: Resolución de tres de agosto de dos mil veintiuno, dictada en el toca ***, por la Sexta Sala Civil de la Ciudad de México, que modificó la interlocutoria de diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, emitida en la vía de apremio promovida en el juicio ordinario civil ****, del índice del Juzgado Décimo Primero Civil de la Ciudad de México, para en su lugar, aprobar la cantidad de $7,959.97 (siete mil novecientos cincuenta y nueve pesos 97/100 moneda nacional) por concepto de gastos. ***** Su ejecución ... TERCERO. Existencia. La Sala responsable no aceptó ni negó los actos reclamados, no obstante, indicó que la resolución que se tilda de inconstitucional cumplió con todos los requisitos establecidos en el Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México y la Constitución Federal, por lo que debe tenerse por cierto el acto que se le atribuye; certeza corroborada con la copia certificada del proceso natural remitida, de valor probatorio pleno, acorde a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo. Certeza que se hace extensiva a los actos atribuidos al juez responsable, en virtud de que al rendir su informe justificado manifestó que se adherían al emitido por el tribunal de alzada. CUARTO. Antecedentes. A fin de contar con información suficiente sobre el problema jurídico planteado, se enlistan las actuaciones que precedieron al acto reclamado: I. El veintiséis de noviembre de dos mil veinte, *****, promovió en la vía de apremio contra ****, el pago de los gastos erogados con motivo de la orden de lanzamiento practicada en el juicio ordinario civil **** del índice del Juzgado Décimo Primero Civil de la Ciudad de México, el cual se llevó a cabo con la orden de rompimiento de cerraduras y uso de la fuerza pública. II. El uno de diciembre de dos mil veinte, se admitió el proceso aludido y se ordenó dar vista la quejosa para que manifestara lo que su interés conviniera. III. El diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, se aprobó la vía de apremio por la cantidad de $5,800.00 (cinco mil ochocientos pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de gastos. IV. Inconformes las partes interpusieron recurso de apelación; los cuales resolvió la Sala responsable el tres de agosto de dos mil veintiuno, donde se modificó la interlocutoria que resolvió el proceso, para en su lugar condenar al pago de $7,959.97 (siete mil novecientos cincuenta y nueve pesos 97/100 moneda nacional). Esta determinación y su ejecución constituyen los actos reclamados. QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. La quejosa afirma que se violentaron sus derechos de legalidad y certeza jurídica, conforme a los artículos 14, 16 y 17 Constitucionales, puesto que: a) No es procedente el razonamiento expuesto por el juzgado natural, quien otorga pleno valor probatorio a una factura sin considerar la objeción que de forma fundada se realizó al momento de dar contestación a la vía de apremio, sin realizar pronunciamiento del porqué se alejó de las jurisprudencias que se indicaron, las que además tienen criterio vinculatorio para el juzgador, en relación a documentales imperfectas como lo son las facturas. Criterios de rubros: "FACTURAS. VALOR PROBATORIO ENTRE QUIEN LAS EXPIDIÓ Y QUIEN ADQUIRIÓ LOS BIENES O SERVICIOS."; "FACTURAS. SU VALOR PROBATORIO DEPENDE DE LOS HECHOS QUE SE QUIEREN ACREDITAR, DEL SUJETO CONTRA QUIEN SE PRESENTEN Y DE LAS CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES."; y, "FACTURAS, CARECEN DE VALOR PROBATORIO SI NO SE ENCUENTRAN CORROBORADAS POR OTROS ELEMENTOS DE CONVICCIÓN b) El a quo condena a la quejosa al pago de una factura emitida por concepto de cerrajería, no obstante, omite considerar que de la lectura de la factura y el concepto descrito en ella no tienen relación con el lanzamiento al no precisar datos que la relacionen y ser de una fecha por mucho posterior. c) La factura valorada es de fecha distinta al lanzamiento ordenado, casi un mes después, además de que no acreditó que la persona que la extiende sea la misma que realizó el servicio contenido, por lo que ese documento necesita otro medio de prueba, pues tiene el carácter de imperfecto. d) La vía de apremio se resuelve con un escrito de cada parte en el que se ofrecerán las pruebas que se tuvieran con lo que se debe resolver lo que en derecho corresponda, sin que sea procedente exhibir pruebas posteriores al dictado de la sentencia, como lo realizó la contraparte al interponer la apelación que originó el acto reclamado, donde exhibió el comprobante por arriendo de la bodega, documento que no fue presentado ante el juez primario y por tanto no fue valorado por éste, sin que sea pretexto para su valoración el señalamiento de su existencia y la creación de un indicio. Máxime que en la sentencia de origen se indicó que no fue acreditado el haber contratado una supuesta bodega, lo que era una obligación de la demandada, pues lo que intentó es que con la diligencia respecto del traslado de bienes sea tomado como constancias de la contratación de ella, lo cual no es procedente. e) Se violenta el derecho de igualdad que debe regir en todas las actuaciones, a fin de que la sentencia que determine la procedencia de la acción o bien la absolución del demandado no esté determinada por alguna situación ventajosa, sino por la justicia de sus pretensiones. Y es así, porque se admiten pruebas que no fueron ofrecidas ante el Juzgador de primera instancia, de modo que no se pudo pronunciar al momento de su ofrecimiento. Las manifestaciones sintetizadas en los incisos a), b) y c) son inoperantes, como se verá a continuación. En términos generales, los conceptos de violación resultan inoperantes cuando se presenta algún impedimento técnico o jurídico que imposibilita el análisis del planteamiento formulado; lo anterior se ilustra analógicamente con el criterio de jurisprudencia 2a./J. 188/2009, sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS EN LOS QUE SE PRODUCE UN IMPEDIMENTO TÉCNICO QUE IMPOSIBILITA EL EXAMEN DEL PLANTEAMIENTO QUE CONTIENEN. Conforme a los artículos 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 83, fracción IV, 87, 88 y 91, fracciones I a IV, de la Ley de Amparo, el recurso de revisión es un medio de defensa establecido con el fin de revisar la legalidad de la sentencia dictada en el juicio de amparo indirecto y el respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento, de ahí que es un instrumento técnico que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función jurisdiccional, cuya materia se circunscribe a la sentencia dictada en la audiencia constitucional, incluyendo las determinaciones contenidas en ésta y, en general, al examen del respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento del juicio, labor realizada por el órgano revisor a la luz de los agravios expuestos por el recurrente, con el objeto de atacar las consideraciones que sustentan la sentencia recurrida o para demostrar las circunstancias que revelan su ilegalidad. En ese tenor, la inoperancia de los agravios en la revisión se presenta ante la actualización de algún impedimento técnico que imposibilite el examen del planteamiento efectuado que puede derivar de la falta de afectación directa al promovente de la parte considerativa que controvierte; de la omisión de la expresión de agravios referidos a la cuestión debatida; de su formulación material incorrecta, por incumplir las condiciones atinentes a su contenido, que puede darse: a) al no controvertir de manera suficiente y eficaz las consideraciones que rigen la sentencia; b) al introducir pruebas o argumentos novedosos a la litis del juicio de amparo; y, c) en caso de reclamar infracción a las normas fundamentales del procedimiento, al omitir patentizar que se hubiese dejado sin defensa al recurrente o su relevancia en el dictado de la sentencia; o, en su caso, de la concreción de cualquier obstáculo que se advierta y que impida al órgano revisor el examen de fondo del planteamiento propuesto, como puede ser cuando se desatienda la naturaleza de la revisión y del órgano que emitió la sentencia o la existencia de jurisprudencia que resuelve el fondo del asunto planteado." Los conceptos de violación formulados en una demanda de amparo, son inoperantes cuando en ellos se repiten los agravios que se expresaron ante la autoridad responsable pero sin impugnar las consideraciones del acto reclamado que les dieron respuesta, tal y como se advierte de los siguientes criterios: La jurisprudencia II.2o.C. J/11, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. RESULTAN INOPERANTES SI SON UNA REPETICIÓN DE LOS AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. Si los conceptos de violación son una reiteración, casi literal de los agravios invocados por el hoy quejoso en el recurso de apelación ante la Sala responsable, ya que sólo difieren en el señalamiento del órgano que emitió la sentencia, pues en los agravios se habla del Juez de primer grado o Juez a quo y en los conceptos de violación de los Magistrados o de la Sala o autoridad ad quem; entonces, debe concluirse que los denominados conceptos de violación son inoperantes por no combatir las consideraciones de la responsable al resolver tal recurso, que es el objetivo de los conceptos de violación en el amparo directo civil." En lo conducente, la tesis de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. Si la agraviada en el concepto de violación que se analiza únicamente se concretó a transcribir los agravios que expresó con motivo de la apelación a la sentencia definitiva, sin que en ninguna parte de ellos haya atacado las consideraciones jurídicas que le dio la responsable para desechárselos, debe concluirse que ello no constituye realmente un concepto de violación y, por lo mismo, son improcedentes." En el caso, la quejosa expresó contra la interlocutoria apelada los agravios siguientes: 1. No es procedente el razonamiento expuesto por el juzgado natural, quien otorga pleno valor probatorio a una factura sin considerar la objeción que de forma fundada se realizó al momento de dar contestación a la vía de apremio, sin realizar pronunciamiento del porqué se alejó de las jurisprudencias que se indicaron, las que tienen criterio vinculatorio para el juzgador, en relación a documentales imperfectas como lo son las facturas. Criterios de rubros: "FACTURAS. VALOR PROBATORIO ENTRE QUIEN LAS EXPIDIÓ Y QUIEN ADQUIRIÓ LOS BIENES O SERVICIOS."; "FACTURAS. SU VALOR PROBATORIO DEPENDE DE LOS HECHOS QUE SE QUIEREN ACREDITAR, DEL SUJETO CONTRA QUIEN SE PRESENTEN Y DE LAS CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES."; y, "FACTURAS, CARECEN DE VALOR PROBATORIO SI NO SE ENCUENTRAN CORROBORADAS POR OTROS ELEMENTOS DE CONVICCIÓN.". 2. El a quo condena al pago de una factura emitida por concepto de cerrajería, no obstante, omite considerar que de la lectura de la factura y el concepto descrito en la misma no tienen relación con el lanzamiento al no precisar datos que la relacionen y ser de una fecha por mucho posterior. 3. La factura valorada es una documental imperfecta, por lo que para otorgarle valor probatorio se deben de contar con mayores elementos, como se advierte de los criterios citados. De lo anterior, se advierte que lo alegado es una repetición exacta de los agravios expuestos en el recurso de apelación decidido en la resolución reclamada, los cuales ya fueron examinados y desestimados por la Sala responsable, lo que evidencia que la parte quejosa omitió controvertir las consideraciones consistentes en: - La promovente sí efectúa una liquidación respecto de las cantidades que dice ha erogado derivado de la diligencia de lanzamiento, pues refiere con claridad los montos referentes al cerrajero, cargadores y renta de bodegas. - También son infundados los argumentos realizados relacionados con la factura, en razón de que de la lectura de ésta, se advierte con claridad la relación existente entre el concepto de la factura, la fecha, la hora y los trabajos efectuados, por lo que si bien fue expedida en una data distinta a la que se practicó la diligencia de lanzamiento, esa circunstancia no desmerece su contenido ni alcance probatorio, pues es su concepto y monto lo que determina su valor al momento de ser analizada. - A consideración de la Sala responsable la cantidad respaldada con el comprobante de pago que exhibe la actora junto con su vía de apremio es congruente con los puntos acordados en el contrato de la bodega a que hace referencia. - Se aprecia que la impetrante erogó la cantidad de $2,159.97 (dos mil ciento cincuenta y nueve pesos 97/100 moneda nacional) por concepto de renta de bodega, cantidad que comprende la renta mensual de la bodega de un mes anticipado; renta parcial por el tiempo del mes que transcurriría al momento de ser rentada así como el pago del seguro de las mercancías tanto por el mes anticipado y por los días del mes que transcurriría al momento de ser rentada la bodega, cantidades que, sumadas entre sí, arrojan el total referido en el comprobante de pago. - Dicha circunstancia es suficiente para modificar la interlocutoria apelada, en atención a que la apelante adminiculó debidamente el comprobante de pago con el contrato, el que si bien se exhibió en copia simple al promoverse la vía de apremio, también lo que es que no desmerece su contenido, pues la unión con el comprobante de pago, crea un indicio suficiente para demostrar lo presentido. Como se ve la quejosa sólo se concretó a reiterar que no se tomó en consideración la objeción que solicitó respecto de la factura ofrecida, además que no se pronunció sobre los criterios que hizo valer ante el juez responsable, que la factura es imperfecta y que se tiene que adminicular con otros medios de prueba; sin atacar directamente alguna de las contestaciones que realizó la Sala responsable, por ejemplo, argumentando que la factura no tenía relación directa con la diligencia; que no es verdad que se efectuara la liquidación respecto de las cantidades que dice se erogaron; o bien expresar porqué se debieron de utilizar los criterios que citó en su escrito de apelación o bien la omisión de darle contestación a ese agravio por parte de la Ad quem. Luego, como no se combatieron las consideraciones del acto reclamado, éstas deben quedar incólumes y firmes para seguir rigiendo el sentido de lo decidido. En diverso aspecto, también son inoperantes los motivos de disenso descritos en los incisos d) y e), por los motivos que se expondrán a continuación. La calificación de los argumentos realizados por la quejosa se hace de esa manera, pues se parte del supuesto erróneo de que la prueba que valoró la Sala responsable fue la presentada en copia simple por su contraria el veintiocho de abril de dos mil veintiuno, por lo que alega no fue considerada por el a quo y resulta ilegal sea valorada en segunda instancia. Lo anterior es incorrecto, en razón de que esa documental (contrato de subarrendamiento) obraba en autos, en copia simple, desde que se promovió la vía de apremio (veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno), misma que fue motivo de pronunciamiento en la contestación que dio la quejosa, en razón de que la objetó en cuanto a su alcance y valor probatorio; por lo que, contrario a lo que indica, sí fue presentado ante el juez primigenio, lo que además se valoró en la interlocutoria motivo de apelación, pues al respecto el a quo indicó que no se le podía otorgar valor probatorio por haber sido exhibida en copia simple, mientras que la ad quem, en el acto reclamado, precisó que adminiculada con otras probanzas creaban un indicio de lo erogado. Luego, como la accionante de amparo parte de una consideración errónea en sus conceptos de violación, éstos se tornan inoperantes. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo Del Décimo Séptimo Circuito, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE TIENEN COMO SUSTENTO UN POSTULADO NO VERÍDICO [APLICACIÓN ANALÓGICA DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 108/2012 (10a.)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia en cita, determinó que los agravios cuya construcción parte de premisas falsas son inoperantes, ya que a ningún fin práctico conduciría su estudio pues, al partir de una suposición no verdadera, su conclusión es ineficaz para obtener la revocación de la sentencia recurrida; principio que aplica a los conceptos de violación cuyo sustento es un postulado que resultó no verídico; de ahí que sea ocioso su análisis y, por ende, merecen el calificativo de inoperantes." Asimismo, en lo conducente, la tesis de jurisprudencia XVII.1o. J/3, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que indica: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES CUANDO COMBATEN CONSIDERACIONES NO EXPRESADAS EN LA SENTENCIA RECLAMADA. Si en los conceptos de violación se hacen valer argumentos en relación a consideraciones o razonamientos que no fueron expresados o abordados en la sentencia reclamada para resolver en la manera en que se hizo en la misma, deben entonces desestimarse tales conceptos por inoperantes, puesto que con ellos no se desvirtúa la legalidad de la referida sentencia, a menos de que se esté en alguna de las hipótesis del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, en cuyo caso deberá suplirse la deficiencia de la queja." Sin que pase desapercibido para el suscrito el hecho de que la quejosa citara los criterios de rubros: "PRUEBA SUPERVENIENTE EN EL JUICIO ORAL CIVIL. ES LEGAL SU ADMISIÓN, AUN CUANDO SU OFRECIMIENTO SE HAGA POR ESCRITO SI ADEMÁS SE ANUNCIA ORALMENTE." y "PRINCIPIO DE IGUALDAD PROCESAL. SUS ALCANCES."; pues como se vio la quejosa parte de un supuesto erróneo para citar esos criterios, como lo es que la prueba valorada no obraba en el proceso natural, además de que al ser tesis aisladas no son de carácter obligatorio para el suscrito en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo. En las relatadas circunstancias, ante lo inoperante de los conceptos de violación, lo procedente es negar el amparo y protección solicitado, sin que este resolutor proceda a suplir la deficiencia de la queja, por no encontrarse en ninguna de las hipótesis establecidas en el artículo 79 de la Ley de Amparo. Negativa extensiva a los actos de ejecución, por no combatirse por vicios propios, sino en vía de consecuencia, conforme a la jurisprudencia 91 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de registro 917625, que dice: "AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACIÓN DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS. Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenen la ejecución del acto que se estima violatorio de garantías, debe también negarse respecto de las autoridades que sólo ejecutaron tal acto por razón de su jerarquía." Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido en los artículos 73, 74, 75, 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ***** contra actos de la Sexta Sala y Juez Décimo Primero, ambos de lo Civil de la Ciudad de México, por los motivos precisados en el último considerando. NOTIFÍQUESE CONFORME A DERECHO CORRESPONDA. Lo sentencia y firma ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido de ..., Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, en términos de los artículos 3º de la Ley de Amparo, y 28 del Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, hasta hoy quince de marzo de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.

  4. Principal

    (AVISO) EN VIRTUD DE QUE LA TERCERA INTERESADA NO ACUDIÓ PERSONALMENTE O POR CONDUCTO DE QUIEN LEGALMENTE LA REPRESENTE EN EL TÉRMINO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL LOCAL DE ESTE JUZGADO, AL AVISO QUE SE DEJÓ EL 18 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA SENTENCIA CON FECHA DE ENGROSE 15 E MARZO DE ESTE AÑO, QUE EN SÍNTESIS DICE: "VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 913/2021, promovido por **** contra actos de la Sexta Sala y Juez Décimo Primero, ambos de lo Civil de la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. El veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, la quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de las autoridades citadas por considerarlos violatorios de los derechos humanos consagrados en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito declaró carecer de competencia legal para conocer del asunto, por lo que ordenó remitirlo a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, y por turno fue enviado a este órgano jurisdiccional. El nueve de noviembre de dos mil veintiuno, el suscrito se avocó al conocimiento del asunto y admitió la demanda, se dio intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se pidieron los informes justificados; y, se señaló parte tercera interesada. La representante social de la Federación adscrita no formuló intervención, se tuvieron por rendidos los informes justificados, se emplazó a la parte tercera interesada; y, finalmente, la audiencia constitucional se celebró en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República; 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 37 y 107, de la Ley de Amparo, en atención a que se trata de un juicio constitucional indirecto promovido contra actos derivados de un proceso de naturaleza civil, tramitado ante un Juzgado con sede en la Ciudad donde el suscrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Se fija el acto reclamado, en los términos de la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, de la siguiente forma: Resolución de tres de agosto de dos mil veintiuno, dictada en el toca ***, por la Sexta Sala Civil de la Ciudad de México, que modificó la interlocutoria de diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, emitida en la vía de apremio promovida en el juicio ordinario civil ****, del índice del Juzgado Décimo Primero Civil de la Ciudad de México, para en su lugar, aprobar la cantidad de $7,959.97 (siete mil novecientos cincuenta y nueve pesos 97/100 moneda nacional) por concepto de gastos. ***** Su ejecución ... TERCERO. Existencia. La Sala responsable no aceptó ni negó los actos reclamados, no obstante, indicó que la resolución que se tilda de inconstitucional cumplió con todos los requisitos establecidos en el Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México y la Constitución Federal, por lo que debe tenerse por cierto el acto que se le atribuye; certeza corroborada con la copia certificada del proceso natural remitida, de valor probatorio pleno, acorde a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo. Certeza que se hace extensiva a los actos atribuidos al juez responsable, en virtud de que al rendir su informe justificado manifestó que se adherían al emitido por el tribunal de alzada. CUARTO. Antecedentes. A fin de contar con información suficiente sobre el problema jurídico planteado, se enlistan las actuaciones que precedieron al acto reclamado: I. El veintiséis de noviembre de dos mil veinte, *****, promovió en la vía de apremio contra ****, el pago de los gastos erogados con motivo de la orden de lanzamiento practicada en el juicio ordinario civil **** del índice del Juzgado Décimo Primero Civil de la Ciudad de México, el cual se llevó a cabo con la orden de rompimiento de cerraduras y uso de la fuerza pública. II. El uno de diciembre de dos mil veinte, se admitió el proceso aludido y se ordenó dar vista la quejosa para que manifestara lo que su interés conviniera. III. El diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, se aprobó la vía de apremio por la cantidad de $5,800.00 (cinco mil ochocientos pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de gastos. IV. Inconformes las partes interpusieron recurso de apelación; los cuales resolvió la Sala responsable el tres de agosto de dos mil veintiuno, donde se modificó la interlocutoria que resolvió el proceso, para en su lugar condenar al pago de $7,959.97 (siete mil novecientos cincuenta y nueve pesos 97/100 moneda nacional). Esta determinación y su ejecución constituyen los actos reclamados. QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. La quejosa afirma que se violentaron sus derechos de legalidad y certeza jurídica, conforme a los artículos 14, 16 y 17 Constitucionales, puesto que: a) No es procedente el razonamiento expuesto por el juzgado natural, quien otorga pleno valor probatorio a una factura sin considerar la objeción que de forma fundada se realizó al momento de dar contestación a la vía de apremio, sin realizar pronunciamiento del porqué se alejó de las jurisprudencias que se indicaron, las que además tienen criterio vinculatorio para el juzgador, en relación a documentales imperfectas como lo son las facturas. Criterios de rubros: "FACTURAS. VALOR PROBATORIO ENTRE QUIEN LAS EXPIDIÓ Y QUIEN ADQUIRIÓ LOS BIENES O SERVICIOS."; "FACTURAS. SU VALOR PROBATORIO DEPENDE DE LOS HECHOS QUE SE QUIEREN ACREDITAR, DEL SUJETO CONTRA QUIEN SE PRESENTEN Y DE LAS CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES."; y, "FACTURAS, CARECEN DE VALOR PROBATORIO SI NO SE ENCUENTRAN CORROBORADAS POR OTROS ELEMENTOS DE CONVICCIÓN b) El a quo condena a la quejosa al pago de una factura emitida por concepto de cerrajería, no obstante, omite considerar que de la lectura de la factura y el concepto descrito en ella no tienen relación con el lanzamiento al no precisar datos que la relacionen y ser de una fecha por mucho posterior. c) La factura valorada es de fecha distinta al lanzamiento ordenado, casi un mes después, además de que no acreditó que la persona que la extiende sea la misma que realizó el servicio contenido, por lo que ese documento necesita otro medio de prueba, pues tiene el carácter de imperfecto. d) La vía de apremio se resuelve con un escrito de cada parte en el que se ofrecerán las pruebas que se tuvieran con lo que se debe resolver lo que en derecho corresponda, sin que sea procedente exhibir pruebas posteriores al dictado de la sentencia, como lo realizó la contraparte al interponer la apelación que originó el acto reclamado, donde exhibió el comprobante por arriendo de la bodega, documento que no fue presentado ante el juez primario y por tanto no fue valorado por éste, sin que sea pretexto para su valoración el señalamiento de su existencia y la creación de un indicio. Máxime que en la sentencia de origen se indicó que no fue acreditado el haber contratado una supuesta bodega, lo que era una obligación de la demandada, pues lo que intentó es que con la diligencia respecto del traslado de bienes sea tomado como constancias de la contratación de ella, lo cual no es procedente. e) Se violenta el derecho de igualdad que debe regir en todas las actuaciones, a fin de que la sentencia que determine la procedencia de la acción o bien la absolución del demandado no esté determinada por alguna situación ventajosa, sino por la justicia de sus pretensiones. Y es así, porque se admiten pruebas que no fueron ofrecidas ante el Juzgador de primera instancia, de modo que no se pudo pronunciar al momento de su ofrecimiento. Las manifestaciones sintetizadas en los incisos a), b) y c) son inoperantes, como se verá a continuación. En términos generales, los conceptos de violación resultan inoperantes cuando se presenta algún impedimento técnico o jurídico que imposibilita el análisis del planteamiento formulado; lo anterior se ilustra analógicamente con el criterio de jurisprudencia 2a./J. 188/2009, sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS EN LOS QUE SE PRODUCE UN IMPEDIMENTO TÉCNICO QUE IMPOSIBILITA EL EXAMEN DEL PLANTEAMIENTO QUE CONTIENEN. Conforme a los artículos 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 83, fracción IV, 87, 88 y 91, fracciones I a IV, de la Ley de Amparo, el recurso de revisión es un medio de defensa establecido con el fin de revisar la legalidad de la sentencia dictada en el juicio de amparo indirecto y el respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento, de ahí que es un instrumento técnico que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función jurisdiccional, cuya materia se circunscribe a la sentencia dictada en la audiencia constitucional, incluyendo las determinaciones contenidas en ésta y, en general, al examen del respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento del juicio, labor realizada por el órgano revisor a la luz de los agravios expuestos por el recurrente, con el objeto de atacar las consideraciones que sustentan la sentencia recurrida o para demostrar las circunstancias que revelan su ilegalidad. En ese tenor, la inoperancia de los agravios en la revisión se presenta ante la actualización de algún impedimento técnico que imposibilite el examen del planteamiento efectuado que puede derivar de la falta de afectación directa al promovente de la parte considerativa que controvierte; de la omisión de la expresión de agravios referidos a la cuestión debatida; de su formulación material incorrecta, por incumplir las condiciones atinentes a su contenido, que puede darse: a) al no controvertir de manera suficiente y eficaz las consideraciones que rigen la sentencia; b) al introducir pruebas o argumentos novedosos a la litis del juicio de amparo; y, c) en caso de reclamar infracción a las normas fundamentales del procedimiento, al omitir patentizar que se hubiese dejado sin defensa al recurrente o su relevancia en el dictado de la sentencia; o, en su caso, de la concreción de cualquier obstáculo que se advierta y que impida al órgano revisor el examen de fondo del planteamiento propuesto, como puede ser cuando se desatienda la naturaleza de la revisión y del órgano que emitió la sentencia o la existencia de jurisprudencia que resuelve el fondo del asunto planteado." Los conceptos de violación formulados en una demanda de amparo, son inoperantes cuando en ellos se repiten los agravios que se expresaron ante la autoridad responsable pero sin impugnar las consideraciones del acto reclamado que les dieron respuesta, tal y como se advierte de los siguientes criterios: La jurisprudencia II.2o.C. J/11, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. RESULTAN INOPERANTES SI SON UNA REPETICIÓN DE LOS AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. Si los conceptos de violación son una reiteración, casi literal de los agravios invocados por el hoy quejoso en el recurso de apelación ante la Sala responsable, ya que sólo difieren en el señalamiento del órgano que emitió la sentencia, pues en los agravios se habla del Juez de primer grado o Juez a quo y en los conceptos de violación de los Magistrados o de la Sala o autoridad ad quem; entonces, debe concluirse que los denominados conceptos de violación son inoperantes por no combatir las consideraciones de la responsable al resolver tal recurso, que es el objetivo de los conceptos de violación en el amparo directo civil." En lo conducente, la tesis de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. Si la agraviada en el concepto de violación que se analiza únicamente se concretó a transcribir los agravios que expresó con motivo de la apelación a la sentencia definitiva, sin que en ninguna parte de ellos haya atacado las consideraciones jurídicas que le dio la responsable para desechárselos, debe concluirse que ello no constituye realmente un concepto de violación y, por lo mismo, son improcedentes." En el caso, la quejosa expresó contra la interlocutoria apelada los agravios siguientes: 1. No es procedente el razonamiento expuesto por el juzgado natural, quien otorga pleno valor probatorio a una factura sin considerar la objeción que de forma fundada se realizó al momento de dar contestación a la vía de apremio, sin realizar pronunciamiento del porqué se alejó de las jurisprudencias que se indicaron, las que tienen criterio vinculatorio para el juzgador, en relación a documentales imperfectas como lo son las facturas. Criterios de rubros: "FACTURAS. VALOR PROBATORIO ENTRE QUIEN LAS EXPIDIÓ Y QUIEN ADQUIRIÓ LOS BIENES O SERVICIOS."; "FACTURAS. SU VALOR PROBATORIO DEPENDE DE LOS HECHOS QUE SE QUIEREN ACREDITAR, DEL SUJETO CONTRA QUIEN SE PRESENTEN Y DE LAS CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES."; y, "FACTURAS, CARECEN DE VALOR PROBATORIO SI NO SE ENCUENTRAN CORROBORADAS POR OTROS ELEMENTOS DE CONVICCIÓN.". 2. El a quo condena al pago de una factura emitida por concepto de cerrajería, no obstante, omite considerar que de la lectura de la factura y el concepto descrito en la misma no tienen relación con el lanzamiento al no precisar datos que la relacionen y ser de una fecha por mucho posterior. 3. La factura valorada es una documental imperfecta, por lo que para otorgarle valor probatorio se deben de contar con mayores elementos, como se advierte de los criterios citados. De lo anterior, se advierte que lo alegado es una repetición exacta de los agravios expuestos en el recurso de apelación decidido en la resolución reclamada, los cuales ya fueron examinados y desestimados por la Sala responsable, lo que evidencia que la parte quejosa omitió controvertir las consideraciones consistentes en: - La promovente sí efectúa una liquidación respecto de las cantidades que dice ha erogado derivado de la diligencia de lanzamiento, pues refiere con claridad los montos referentes al cerrajero, cargadores y renta de bodegas. - También son infundados los argumentos realizados relacionados con la factura, en razón de que de la lectura de ésta, se advierte con claridad la relación existente entre el concepto de la factura, la fecha, la hora y los trabajos efectuados, por lo que si bien fue expedida en una data distinta a la que se practicó la diligencia de lanzamiento, esa circunstancia no desmerece su contenido ni alcance probatorio, pues es su concepto y monto lo que determina su valor al momento de ser analizada. - A consideración de la Sala responsable la cantidad respaldada con el comprobante de pago que exhibe la actora junto con su vía de apremio es congruente con los puntos acordados en el contrato de la bodega a que hace referencia. - Se aprecia que la impetrante erogó la cantidad de $2,159.97 (dos mil ciento cincuenta y nueve pesos 97/100 moneda nacional) por concepto de renta de bodega, cantidad que comprende la renta mensual de la bodega de un mes anticipado; renta parcial por el tiempo del mes que transcurriría al momento de ser rentada así como el pago del seguro de las mercancías tanto por el mes anticipado y por los días del mes que transcurriría al momento de ser rentada la bodega, cantidades que, sumadas entre sí, arrojan el total referido en el comprobante de pago. - Dicha circunstancia es suficiente para modificar la interlocutoria apelada, en atención a que la apelante adminiculó debidamente el comprobante de pago con el contrato, el que si bien se exhibió en copia simple al promoverse la vía de apremio, también lo que es que no desmerece su contenido, pues la unión con el comprobante de pago, crea un indicio suficiente para demostrar lo presentido. Como se ve la quejosa sólo se concretó a reiterar que no se tomó en consideración la objeción que solicitó respecto de la factura ofrecida, además que no se pronunció sobre los criterios que hizo valer ante el juez responsable, que la factura es imperfecta y que se tiene que adminicular con otros medios de prueba; sin atacar directamente alguna de las contestaciones que realizó la Sala responsable, por ejemplo, argumentando que la factura no tenía relación directa con la diligencia; que no es verdad que se efectuara la liquidación respecto de las cantidades que dice se erogaron; o bien expresar porqué se debieron de utilizar los criterios que citó en su escrito de apelación o bien la omisión de darle contestación a ese agravio por parte de la Ad quem. Luego, como no se combatieron las consideraciones del acto reclamado, éstas deben quedar incólumes y firmes para seguir rigiendo el sentido de lo decidido. En diverso aspecto, también son inoperantes los motivos de disenso descritos en los incisos d) y e), por los motivos que se expondrán a continuación. La calificación de los argumentos realizados por la quejosa se hace de esa manera, pues se parte del supuesto erróneo de que la prueba que valoró la Sala responsable fue la presentada en copia simple por su contraria el veintiocho de abril de dos mil veintiuno, por lo que alega no fue considerada por el a quo y resulta ilegal sea valorada en segunda instancia. Lo anterior es incorrecto, en razón de que esa documental (contrato de subarrendamiento) obraba en autos, en copia simple, desde que se promovió la vía de apremio (veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno), misma que fue motivo de pronunciamiento en la contestación que dio la quejosa, en razón de que la objetó en cuanto a su alcance y valor probatorio; por lo que, contrario a lo que indica, sí fue presentado ante el juez primigenio, lo que además se valoró en la interlocutoria motivo de apelación, pues al respecto el a quo indicó que no se le podía otorgar valor probatorio por haber sido exhibida en copia simple, mientras que la ad quem, en el acto reclamado, precisó que adminiculada con otras probanzas creaban un indicio de lo erogado. Luego, como la accionante de amparo parte de una consideración errónea en sus conceptos de violación, éstos se tornan inoperantes. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo Del Décimo Séptimo Circuito, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE TIENEN COMO SUSTENTO UN POSTULADO NO VERÍDICO [APLICACIÓN ANALÓGICA DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 108/2012 (10a.)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia en cita, determinó que los agravios cuya construcción parte de premisas falsas son inoperantes, ya que a ningún fin práctico conduciría su estudio pues, al partir de una suposición no verdadera, su conclusión es ineficaz para obtener la revocación de la sentencia recurrida; principio que aplica a los conceptos de violación cuyo sustento es un postulado que resultó no verídico; de ahí que sea ocioso su análisis y, por ende, merecen el calificativo de inoperantes." Asimismo, en lo conducente, la tesis de jurisprudencia XVII.1o. J/3, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que indica: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES CUANDO COMBATEN CONSIDERACIONES NO EXPRESADAS EN LA SENTENCIA RECLAMADA. Si en los conceptos de violación se hacen valer argumentos en relación a consideraciones o razonamientos que no fueron expresados o abordados en la sentencia reclamada para resolver en la manera en que se hizo en la misma, deben entonces desestimarse tales conceptos por inoperantes, puesto que con ellos no se desvirtúa la legalidad de la referida sentencia, a menos de que se esté en alguna de las hipótesis del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, en cuyo caso deberá suplirse la deficiencia de la queja." Sin que pase desapercibido para el suscrito el hecho de que la quejosa citara los criterios de rubros: "PRUEBA SUPERVENIENTE EN EL JUICIO ORAL CIVIL. ES LEGAL SU ADMISIÓN, AUN CUANDO SU OFRECIMIENTO SE HAGA POR ESCRITO SI ADEMÁS SE ANUNCIA ORALMENTE." y "PRINCIPIO DE IGUALDAD PROCESAL. SUS ALCANCES."; pues como se vio la quejosa parte de un supuesto erróneo para citar esos criterios, como lo es que la prueba valorada no obraba en el proceso natural, además de que al ser tesis aisladas no son de carácter obligatorio para el suscrito en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo. En las relatadas circunstancias, ante lo inoperante de los conceptos de violación, lo procedente es negar el amparo y protección solicitado, sin que este resolutor proceda a suplir la deficiencia de la queja, por no encontrarse en ninguna de las hipótesis establecidas en el artículo 79 de la Ley de Amparo. Negativa extensiva a los actos de ejecución, por no combatirse por vicios propios, sino en vía de consecuencia, conforme a la jurisprudencia 91 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de registro 917625, que dice: "AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACIÓN DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS. Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenen la ejecución del acto que se estima violatorio de garantías, debe también negarse respecto de las autoridades que sólo ejecutaron tal acto por razón de su jerarquía." Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido en los artículos 73, 74, 75, 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ***** contra actos de la Sexta Sala y Juez Décimo Primero, ambos de lo Civil de la Ciudad de México, por los motivos precisados en el último considerando.".

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