Judith Mariely Luna Villalpando
Expediente 402/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 7 actuaciones registradas, la última del 25 de mayo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 402/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 25/05/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Aguascalientes · Aguascalientes
Partes del expediente
- Judith Mariely Luna Villalpando
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Se declara que la sentencia ha causado ejecutoria. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y archívese. III
- Principal
Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 402/2017-III, promovido por Judith Mariely Luna Villalpando; y, R E S U L T A N D O: I. Demanda. Por escrito presentado el dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, que por razón de turno correspondió conocer a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Aguascalientes, Judith Mariely Luna Villalpando, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos de las autoridades que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. La solicitante del amparo narró los antecedentes del acto reclamado, formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes y señaló como derechos violados los contenidos en los artículos 8, 16, 17, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. II. Por acuerdo de veintidós de marzo de dos mil diecisiete, se ordenó formar expediente y registrarlo en el Libro de Gobierno bajo el número 402/2017-III, se admitió la demanda y se solicitó a la responsable su informe justificado, se dio a la agente del Ministerio Público adscrito la intervención legal que le compete y se señaló fecha para la audiencia constitucional. III. Seguidos los trámites de ley, la audiencia constitucional se celebró al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Aguascalientes, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, acorde a lo establecido en los artículos 103 fracción I, y 107 fracciones II y IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 107, fracción II, de la Ley de Amparo; 48 y 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; toda vez que los actos reclamados se atribuyen a autoridades residentes en el ámbito territorial que comprende la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Previamente al estudio de la certeza o existencia de los actos reclamados, a fin de cumplir con la congruencia que debe distinguir toda decisión judicial y en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, conviene indicar con precisión el aquí combatido, atendiendo para ello a la lectura íntegra de la demanda de amparo, así como al pensamiento e intencionalidad de su suscriptor. Resulta aplicable la jurisprudencia P. VI/2004, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XIX, del mes de abril de dos mil cuatro, sustentada por el Pleno de nuestro máximo tribunal constitucional visible en la página doscientos cincuenta y cinco, de rubro y texto: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Igualmente, se invoca la jurisprudencia P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, foja 32, que es del tenor: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En este orden de ideas, del análisis integral de la demanda de amparo, se precisa que el quejoso reclama lo siguiente: Del Fiscal General, Vice Fiscal de Investigación de Delitos, Agente del Ministerio Público Especializada en Justicia Familiar y de Género de la Fiscalía General, todas del Estado de Aguascalientes: "IV.- ACTO RECLAMADO.- Reclamo de las autoridades señaladas como responsables, los siguientes actos u omisiones: A).- Su inadmisible omisión, traducida en una inactividad para integrar correctamente, con eficacia y en breve término, la averiguación previa penal número DGAP/AGS/7365/06-16 de la Agencia del Ministerio Público de la Fiscalía especializada en Justicia Familiar y de Género. B).- Derivada de su conducto omisiva descrita en el párrafo anterior, reclamo también la abstención de las responsable de pronunciarse definitivamente respecto al ejercicio o no de la acción penal dentro de la averiguación previa número DGAP/AGS/7365/06-16 de la Agencia del Ministerio Público de la Fiscalía especializada en Justicia Familiar y de Género." TERCERO. Inexistencia de la omisión reclamada. Las autoridades responsables Fiscal General del Estado de Aguascalientes, por conducto del Vice Fiscal Jurídico y de Servicios a la Justicia, Vice Fiscal de Investigación de Delitos y Director General de Investigación Especializada, ambos de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, al rendir sus respectivos informes justificados negaron la existencia de las omisiones actos que se les reclaman, señalando que no les puede ser atribuido directamente, ya que la integración, investigación, acuerdos y determinación de una averiguación previa, son facultades que por ministerio constitucional y legal, son conferidas al agente del Ministerio Público correspondiente, quien goza de autonomía técnica como titular del monopolio del ejercicio de la acción penal. En consecuencia, no habiendo en autos prueba que desvirtúe tales negativas, y sin que la parte quejosa hubiese aportado medio de convicción alguno para controvertir los informes justificados rendidos, es procedente decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Lo anterior, tiene apoyo también en la Jurisprudencia número doscientos ochenta y cuatro, visible en la página doscientos treinta y seis, del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación mil novecientos diecisiete-dos mil, cuyo texto es el siguiente: "INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." CUARTO. Existencia de la omisión reclamada. La autoridad responsable agente del Ministerio Público Especializado en Justicia Familiar y de Género, adscrito a la Dirección General de Investigación del Delito de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, al rendir su informe justificado negó la existencia de la omisión reclamada; sin embargo de la documental que allegó no se advierte que se hubiere pronunciado respecto del ejercicio de la acción penal con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo, lo que se corrobora con la copia certificada del oficio DGID/3754/04/2017, dirigido al Juez Penal en Turno del Estado de Aguascalientes, del que se desprende que ejercitó acción penal en contra de Carlos Augusto Serna Álvarez, por la probable responsable de la comisión del delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar hasta el doce de abril de dos mil diecisiete, de ahí que pese haber negado la existencia de la omisión reclamada, su negativa se desvirtúa con lo antes señalado. QUINTO. Causales de improcedencia. Previo a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado por el quejoso a la agente del Ministerio Público Especializado en Justicia Familiar y de Género, adscrito a la Dirección General de Investigación del Delito de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, es necesario analizar las causas de improcedencia del juicio de garantías, sea que la aleguen las partes o que de oficio se advierta, ello por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. Cobra vigencia la jurisprudencia publicada bajo el número 814 en la página 553 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En la especie, no será necesario el análisis de los conceptos de violación vertidos en contra del precisado acto, toda vez que se actualiza la causal de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia. En efecto, el referido precepto establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". De dicho precepto legal se infiere que el juicio de amparo se torna improcedente cuando el acto reclamado ya no puede incidir en la esfera jurídica del peticionario de amparo en virtud de que ya no puede producir efecto alguno, ya sea porque ha sido sustituido procesalmente por otro, o bien, porque la responsable determinó revocarlo, es decir, para que esta causa de improcedencia se materialice es necesario una conducta de hacer por parte de la responsable con la que deje sin efecto el acto reclamado. Lo expuesto se retoma de la jurisprudencia 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, junio de 1999, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Asimismo, es ilustrativa al respecto la diversa jurisprudencia emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, identificada con el número 9/98, visible en la página 210 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, febrero de 1998, que dispone: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Así, conforme a las razones que sustentan tales criterios, es menester para que se actualice la causa de improcedencia que se analiza, lo siguiente: a) Que la autoridad responsable actúe en un determinado sentido, ya derogando, revocando o sustituyendo el acto reclamado; b) Que con ese actuar se destruyan todos sus efectos; c) Como consecuencia de lo anterior, que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. En tal entendido, como se precisó, la omisión reclamada en el presente juicio de amparo, es la inactividad para integrar correctamente de la averiguación previa DGAP/AGS/7365/06-16 y la abstención de la responsable de pronunciarse definitivamente respecto al ejercicio o no de la acción penal, con eficacia y en breve término. Ahora en su informe con justificación la responsable agente del Ministerio Público Especializado en Justicia Familiar y de Género, adscrito a la Dirección General de Investigación del Delito de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, remitió a este órgano jurisdiccional copia certificada del oficio DGID/3754/04/2017, dirigido al Juez Penal en Turno del Estado de Aguascalientes, del que se desprende que ejercitó acción penal en contra de Carlos Augusto Serna Álvarez, por la probable responsable de la comisión del delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar. Luego, resulta indudable que con tal actuar de la autoridad responsable, se satisfacen los requisitos -antes anotados-, para tener por actualizada la causa de improcedencia en estudio. Lo anterior es así porque respecto del primero, al haber ejercitado acción penal en contra de Carlos Augusto Serna Álvarez, por la probable responsable de la comisión del delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar; en consecuencia, cesaron los efectos de la omisión reclamada, al haberse realizado la conducta de la autoridad esperada por la peticionaria de amparo. En torno al segundo, con ese actuar se destruyeron todos los efectos de la omisión reclamada, pues restituyó a la parte quejosa en el uso y disfrute del derecho violado que se estimó vulnerado. Finalmente, en lo concerniente al tercero, las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera concedido el amparo, de tal manera que no se aprecia, por no haber quedado huella de ello, que la omisión reclamada invadiera la esfera jurídica del gobernado, ya que la parte quejosa logró que la autoridad responsable ejercitara acción penal en contra de Carlos Augusto Serna Álvarez, por la probable responsable de la comisión del delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar. Así, la cesación de efectos que se comenta se demostró plenamente, porque no está condicionada a cualquier otra circunstancia que pudiera afectarla, de modo que en tal acontecer lo que procede es sobreseer en el juicio de amparo, en relación al acto reclamado en estudio, en términos del artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 61, fracción XXI, 62, 63, fracción V, 73, 74, 75 y 76 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo número 402/2017-III, promovido por Judith Mariely Luna Villalpando, contra los actos y las autoridades precisados en el considerando segundo de esta resolución, por los motivos ahí expuestos en los considerando tercero y quinto de la presente sentencia. Notifíquese. Así lo proveyó Jaime Páez Díaz, Juez Primero de Distrito en el Estado de Aguascalientes, ante Arturo Montes de Oca Gálvez, Secretario que autoriza y da fe. JLD
- Principal
Se tiene a la autoridad responsable Fiscal General del Estado de Aguascalientesagente del Ministerio Público Especializado en Justicia Familiar y de Género, adscrito a la Dirección General de Investigación del Delito de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, rindiendo el informe justificado que se le solicitó. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes para que se impongan de su contenido. III
- Principal
Agréguese a los autos el escrito que suscribe Daniel Omar Vázquez Esparza, en su carácter de autorizado de la parte quejosa y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2º, expídanse a su costa copia simple de las constancias que refiere, previa razón que por su recibo obre en autos, debiendo entregárselas a las personas que para tal efecto fueron autorizadas en su escrito inicial de demanda. Se difiere la celebración de la audiencia constitucional prevista para el día de hoy, y en su lugar se señalan las diez horas con cinco minutos del ocho de mayo de dos mil diecisiete. III
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