Judith María del Carmen Álvarez

Expediente 275/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 27 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
275/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
27/05/2019

Partes del expediente

  • Judith María del Carmen Álvarez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de mayo de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa (única afectada), haya recurrido el proveído de treinta de abril de dos mil diecinueve, mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de garantías; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley antes invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento a los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este juzgador determina que el presente expediente carece de relevancia documental y es susceptible de destrucción, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo del acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez transcurridos más de cinco años, contados a partir de la legal notificación de este acuerdo, proceda a su destrucción. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales exhibidos por las partes. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

  2. Principal

    PREVIO AVISO... Número de expediente: 275/2019 Acuerdo: San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de abril de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el director de Pensiones del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, mediante el cual da cumplimiento a lo ordenado en auto de dieciséis de abril de dos mil diecinueve, y remite copia certificada de la constancia de notificación realizada a la quejosa ********************, respecto del oficio DPH/202/2019, de nueve de abril del presente año********************lo anterior, para los efectos legales consiguientes. Ahora, del estado de los autos se advierte, mediante escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en esta localidad, el veintiuno de marzo de dos mil diecinueve, se tuvo a la quejosa ********************, solicitando el Amparo y Protección de la Justicia Federal, contra el acto del director de Pensiones del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, consistente en: "IV.- ACTO RECLAMADO: 1.- La falta de resolución a lo solicitado mediante escrito de 07 de enero del año 2019, presentado ante la autoridad responsable. 2.- La falta de notificación de la respuesta a mi escrito de 07 de enero del año 2019, presentado ante la autoridad responsable." De las documentales que obran en autos, remitidos por el director de Pensiones del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, Oaxaca y el oficio de cuenta, con valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que la omisión reclamada es cierta, pues mediante oficio DPH/202/2019, de nueve de abril de dos mil diecinueve, dio contestación al escrito que la quejosa le presentó el siete de enero de dos mil diecinueve********************asimismo, le notificó dicha determinación hasta el veinticinco de abril del año que transcurre, -fecha posterior a la presentación de la demanda de amparo que dio motivo a este juicio-********************por tanto, la omisión reclamada por la parte quejosa, dejó de existir. Ante tales circunstancias, resulta evidente que al dejar de subsistir el acto y de producir efectos, se constituye una situación jurídica que hizo finalizar la que dio origen a este amparo********************de ahí que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, habida cuenta que el acto reclamado cesó en sus efectos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 2ª/J.9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos diez, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y ocho, que dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, SE SOBRESEE en el juicio fuera de audiencia. En virtud de lo anterior, quedan sin efecto la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional (trece horas del día catorce de mayo de dos mil diecinueve), pues no es necesario esperar a esa fecha para sobreseer en el presente asunto, dada la manifiesta e indudable causa de sobreseimiento del juicio de amparo. Sin que haya lugar a proceder en términos del último párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, al no actualizarse la hipótesis prevista en dicho numeral. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 2ª/J.28/2015, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1599, del Tomo II, del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, correspondiente al mes de mayo de dos mil quince, que dice: "PETICIÓN. CUANDO EN LA DEMANDA DE AMPARO SE ALEGUE VIOLACIÓN A ESE DERECHO, EL JUZGADOR NO ESTÁ OBLIGADO A SEGUIR EL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 117, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE LA MATERIA. El precepto referido sólo es aplicable tratándose de actos materialmente administrativos emitidos en forma unilateral por un órgano de la administración pública, cuyos efectos son directos e inmediatos********************de ahí que cuando en la demanda de amparo se alegue violación al derecho de petición reconocido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tratarse de un acto omisivo, aquel numeral resulta inaplicable, por lo que en este supuesto basta con que se dé vista al quejoso con la respuesta que, en su caso, proporcione la autoridad al rendir su informe justificado, para que pueda ampliar su demanda y alegar los vicios de fondo y forma que estime convenientes, pero sin exigir a dicha responsable que en el propio informe formule algún complemento, pues sería tanto como vincular al Juez de Distrito a prejuzgar que en todos los casos la respuesta adolece de falta o insuficiente fundamentación y motivación, no obstante que la persona afectada desconocía su contenido y no estaba, en consecuencia, en aptitud de plantear un argumento en tal sentido." Robustece el anterior criterio jurisprudencial, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el entonces Distrito Federal y Jurisdicción en toda la República, visible en la página 3134, Tomo IV, Enero de 2016********************del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que dice: "ACTOS MATERIALMENTE ADMINISTRATIVOS. LA REGLA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 117, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, CONFORME A LA CUAL, CUANDO EN LA DEMANDA SE ADUZCA SU FALTA O INSUFICIENCIA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, EN SU INFORME CON JUSTIFICACIÓN LA AUTORIDAD DEBERÁ COMPLEMENTARLOS EN ESOS ASPECTOS, SÓLO ES APLICABLE A AQUELLOS DICTADOS UNILATERALMENTE, SIN INTERVENCIÓN DE LOS GOBERNADOS. La regla contenida en el último párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, conforme a la cual, tratándose de actos materialmente administrativos, cuando en la demanda se aduzca la falta o insuficiencia de fundamentación y motivación, en su informe con justificación la autoridad deberá complementar en esos aspectos el acto reclamado, sólo es aplicable a aquellos dictados unilateralmente, sin intervención de los gobernados, es decir, emitidos en ejercicio de una potestad por la que libremente la autoridad pueda actuar o no, elegir entre varias medidas posibles, susceptibles de resolver cuándo ha de proceder, o determinar el contenido de su actuación. Así, la característica fundamental de este tipo de actos consiste en que las autoridades concretan una facultad decisoria, con la que se les dota de herramientas y recursos que les permiten desplegar su función y cumplir con los fines y objetivos para los cuales fueron instituidas, por lo que su ejercicio implica, necesariamente, la posibilidad de elegir entre dos o más opciones, sin que ello signifique arbitrariedad pues, en todo caso, deben cumplir con las exigencias de fundamentación y motivación establecidas en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual permite verificar la legalidad de su actuación. De ahí que las autoridades responsables, al rendir sus informes, podrán expresar la justificación o, incluso, modificar la decisión y su fundamentación y motivación, siempre y cuando en el amparo se impugne un acto con las características descritas." De igual forma, por analogía y por cuanto a su contenido, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Nación, visible en la página 1551, Tomo II, Noviembre de 2016********************del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que dice: "ACTOS MATERIALMENTE ADMINISTRATIVOS. EL ARTÍCULO 124, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO SE REFIERE A LOS QUE SON EMITIDOS DE FORMA UNILATERAL POR UN ÓRGANO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EN LOS QUE NO TIENE INTERVENCIÓN EL GOBERNADO Y, POR TANTO, SON DISCRECIONALES). El apartado del precepto citado no debe entenderse referido a cualquier tipo de asunto, sino sólo respecto de actos materialmente administrativos, por corresponder precisamente a la naturaleza de la acción, es decir, porque configuran la voluntad unilateral y concreta emitida por la autoridad administrativa, cuyos efectos son directos e inmediatos. Lo anterior, si se toma en consideración que cualquier acto administrativo diferente de los anunciados, que recae a una solicitud de parte interesada, o bien, al ejercicio de un derecho de acceso a la información, de acceso a la justicia y de audiencia y defensa, por citar algunos ejemplos, invariablemente -de considerar que contiene un vicio que lo torna inconstitucional- debe subsanarse (a través de un nuevo acto) en la parte que corresponde a la afectación del derecho relativo, pues de lo contrario no se atendería la violación alegada, bajo el argumento de que la autoridad responsable, al rendir su informe de ley, no complementó la fundamentación y motivación del acto reclamado y que, por tanto, existe "un impedimento para reiterarlo", lo cual no es acorde con los objetivos del juicio de amparo, como lo es el restituir al gobernado en el pleno goce del derecho violado y obligar a la autoridad responsable a que lo respete." NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de abril de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte, en auto de dieciséis de abril de dos mil diecinueve, se dio vista a las partes con el informe justificado rendido por la autoridad responsable, por lo que no ha transcurrido el término de ocho días con la vista a las partes a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo; resulta jurídicamente imposible celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy; por tanto, se difiere y se fijan las TRECE HORAS DEL DÍA CATORCE DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga verificativo. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de abril de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio y anexo de cuenta, signado por el director de Pensiones del Ayuntamiento del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, con sede en la Ciudad de Oaxaca, mediante el cual rinde su informe justificado; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, con su contenido dese vista a las partes para que se encuentren en aptitud de promover conforme a sus intereses convenga. Con apoyo en lo dispuesto 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, requiérase a dicha autoridad para que dentro del término de tres días siguientes a la legal notificación de este proveído, tenga a bien remitir copia certificada de la constancia que acredite, notificó a la quejosa ********************, la respuesta que dio a su escrito de siete de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio DPH/202/2019, de nueve de abril de dos mil diecinueve, en el domicilio que al efecto señaló en dicho ocurso; lo anterior, toda vez que la firma y manifestación que lo calza, es ilegible, además, no existe certeza jurídica de que la hubiera notificado, pues mientras el oficio de contestación es de nueve de abril de dos mil diecinueve, la fecha de recibido que al parecer se asienta, es anterior (nueve de marzo de dos mil diecinueve); apercibida que de no hacerlo, se le impondrá multa por el equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización (UMA), en términos del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones (artículo 26, 41 y 123) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del Salario Mínimo (Publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el entendido que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), con fundamento en lo señalado por el artículo 237, fracción I, en relación con los preceptos 238 y 259 de la ley de la materia. NOTIFÍQUESE.

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