Judith López Ocon
Expediente 1376/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1376/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 29/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Judith López Ocon
Actuaciones
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a veintinueve de noviembre de dos mil veintidós. Vista la primera certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el plazo tres días concedido en auto de diecisiete de noviembre de dos mil veintidós (fojas 34 a 36), para que las parte quejosa manifestara lo que a su derecho conviniera en relación a la adscripción de la Jueza Doris Yadira Ponce Figueroa, como Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, sin que lo hubieren hecho; en consecuencia, se le tiene por precluido el derecho que pudo haber ejercitado, para los efectos legales conducentes. Por otra parte, vista la segunda certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo legal de cinco días, dentro del que la parte quejosa pudiera recurrir en queja el auto de veintisiete de octubre de dos mil veintidós (fojas 20 a 30), que desechó de plano la demanda de garantías, sin que hiciera manifestación alguna; por tanto, con fundamento en el artículo 97 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al citado ordenamiento legal, se declara que dicha determinación HA CAUSADO ESTADO. Hágase las anotaciones correspondientes en el libro de control electrónico, y con base en lo establecido por el numeral 214 de la ley en la materia, se ordena el archivo de este asunto como totalmente concluido, en virtud de no existe actuación pendiente por realizar. En cumplimiento al artículo 21, fracción d)1 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en relación con el Capítulo 8, punto 8.1.2 apartado 42 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se indica que el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, además, no tiene relevancia documental, ni se encuentra en los supuestos previstos en el artículo 15 del referido Acuerdo General. Lo anterior, pues en el caso: I) se desechó por improcedente la demanda de amparo, II) la demanda que forma este juicio no está vinculado a determinar la constitucionalidad de resoluciones referente a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, III) no se ocupa de resoluciones impugnadas ante organismos públicos internacionales, IV) tampoco a conflictos laborales colectivos, patrimonio histórico, arqueológico y artístico V) ni se trata de materia agraria o se encuentre ligado a una jurisprudencia o tesis aislado de los Tribunales de Circuito. Entonces, este expediente, al ser destruible, se conservará por el término de tres años en el "archivo de trámite" a que se refieren los artículos 8, fracción I, y 9 del citado Acuerdo General, contados a partir de que se ordenó el archivo como asunto concluido, y una vez concluido dicho plazo, dentro de los siguientes treinta días deberá procederse a su destrucción, hecho lo anterior, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo establece el penúltimo párrafo del artículo 21 del referido Acuerdo General. Se ordena estampar el sello "DESTRUIBLE" en la carátula del expediente, atendiendo a lo establecido en el presente acuerdo, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 35 del acuerdo en comento. Notifíquese
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a diecisiete de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, se desprende que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión ordinaria celebrada el veintiséis de octubre de dos mil veintidós, acordó la primera adscripción de la Jueza Doris Yadira Ponce Figueroa, como Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, en sustitución del Juez Raúl López Pedraza, a partir del dieciséis de noviembre del dos mil veintidós; lo que fue notificado a este órgano jurisdiccional mediante oficio SEADS/721/2022, de veintiséis del mismo mes y año. Ante esa circunstancia, resulta menester hacer del conocimiento de las partes lo relatado en el párrafo que precede por un plazo de tres días, contado a partir del siguiente en que surta efectos la notificación de este proveído, para los efectos legales procedentes; pues de no hacerlo, se actualizaría una violación procesal que ameritaría la reposición del procedimiento. (.).Cabe aclarar que el criterio invocado, no se opone a la Ley de Amparo vigente, por lo que se aplicó con sustento en el artículo sexto transitorio de dicha legislación actual. Notifíquese.
- Principal
***** SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 27/10/2022, RELATIVO AL AVISO DE NOTIFICACIÓN DE 04/11/2022 ***** Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a veintisiete de octubre de dos mil veintidós. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por *****, contra el acto que reclama del Juzgado Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tapachula, con sede en esta ciudad y otra autoridad. ANOTACIONES Con el original de la demanda de cuenta, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número ******. DESECHAMIENTO Ahora, a efecto de estar en condiciones de proveer respecto a la admisión o no de la demanda de mérito, se debe considerar que el normativo 113 de la Ley de Amparo vigente, estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda; y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El citado precepto impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de derechos fundamentales para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano. (.).En ese contexto, el análisis de la demanda, se evidencia que la parte quejosa reclama el proveído de once de octubre de dos mil veintidós, emitido dentro del juicio reivindicatorio 15/2021, del índice del Juzgado Primero del Ramo civil del Distrito Judicial de Tapachula, con sede en esta ciudad, que determinó no dar trámite al recurso de revocación en contra del proveído de veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, en el que ordenó el desahogo de pruebas, para mejor proveer, por tanto, no tiene las características de ser una simple determinación de trámite, y que además de conformidad con el artículo 293, último párrafo del Código de Procedimientos Civiles del Estado, el auto que admite alguna prueba no es recurrible; acto que evidentemente, no genera una ejecución que sea de imposible reparación, pues sus efectos sólo se traducen en violaciones procesales que, en su caso, afectan derechos adjetivos susceptibles de ser reparados al dictarse la sentencia que ponga fin a la controversia de origen, y en caso contrario, podrán hacerse valer al promover amparo directo contra violaciones al procedimiento. Así, el acto reclamado en esta vía, por sí solo, no produce una afectación directa a los derechos sustantivos del gobernado, pues sólo implica que proveído de once de octubre de dos mil veintidós, emitido dentro del juicio reivindicatorio 15/2021, del índice del Juzgado Primero del Ramo civil del Distrito Judicial de Tapachula, con sede en esta ciudad, que determinó no dar trámite al recurso de revocación en contra del proveído de veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, en el que ordenó el desahogo de pruebas, para mejor proveer, por tanto, no tiene las características de ser una simple determinación de trámite, y que además de conformidad con el artículo 293, último párrafo del Código de Procedimientos Civiles del Estado, el auto que admite alguna prueba no es recurrible; produzca efectos meramente procesales, pues la parte quejosa puede obtener sentencia favorable, ya que como se dijo no se ha dictado resolución en el juicio natural; por lo cual dicho acto, hasta en esta etapa, no vulnera ningún derechos sustantivos; además, la parte quejosa al momento de promover este juicio de amparo, no tiene la certeza de que la resolución que se llegare a dictar en la cuestión de fondo planteada le será desfavorable o no, para así estar en condiciones de determinar si las indicadas violaciones trascendieron o no al resultado del fallo. Así, respecto de los actos cuyos efectos produzcan imposible reparación, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales en el Estado Mexicanos sea parte, proporcionan una mayor seguridad jurídica de los mismos, es decir, establece que tales actos, para calificarse como irreparables necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, por tanto, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzca una lesión de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo; así, se insiste que el acto aquí reclamado por el inconforme por sí sólo no produce un afectación a sus derechos sustantivos, que no puedan ser reparados con el dictado de la sentencia sobre el fondo del juicio natural. (.).En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el segundo de los citados interpretado en sentido contrario, el juicio de amparo instado en esta vía resulta improcedente y, por ende, con apoyo en el ordinal 113 del citado ordenamiento legal, SE DESECHA DE PLANO la demanda de referencia. (.).DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en esta ciudad. Con apoyo en el artículo 24 de la Ley de Amparo, téngase como autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a Francisco Antonio Leal López, por no encontrarse registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. (.).PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los arábigos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Además, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Asimismo, de conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán con supresión de datos, y solamente en caso de consentimiento expreso serán publicados. (.).Notifíquese y, personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a veintisiete de octubre de dos mil veintidós. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por *****, contra el acto que reclama del Juzgado Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tapachula, con sede en esta ciudad y otra autoridad. ANOTACIONES Con el original de la demanda de cuenta, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número ******. DESECHAMIENTO Ahora, a efecto de estar en condiciones de proveer respecto a la admisión o no de la demanda de mérito, se debe considerar que el normativo 113 de la Ley de Amparo vigente, estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda; y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El citado precepto impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de derechos fundamentales para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano. (.).En ese contexto, el análisis de la demanda, se evidencia que la parte quejosa reclama el proveído de once de octubre de dos mil veintidós, emitido dentro del juicio reivindicatorio 15/2021, del índice del Juzgado Primero del Ramo civil del Distrito Judicial de Tapachula, con sede en esta ciudad, que determinó no dar trámite al recurso de revocación en contra del proveído de veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, en el que ordenó el desahogo de pruebas, para mejor proveer, por tanto, no tiene las características de ser una simple determinación de trámite, y que además de conformidad con el artículo 293, último párrafo del Código de Procedimientos Civiles del Estado, el auto que admite alguna prueba no es recurrible; acto que evidentemente, no genera una ejecución que sea de imposible reparación, pues sus efectos sólo se traducen en violaciones procesales que, en su caso, afectan derechos adjetivos susceptibles de ser reparados al dictarse la sentencia que ponga fin a la controversia de origen, y en caso contrario, podrán hacerse valer al promover amparo directo contra violaciones al procedimiento. Así, el acto reclamado en esta vía, por sí solo, no produce una afectación directa a los derechos sustantivos del gobernado, pues sólo implica que proveído de once de octubre de dos mil veintidós, emitido dentro del juicio reivindicatorio 15/2021, del índice del Juzgado Primero del Ramo civil del Distrito Judicial de Tapachula, con sede en esta ciudad, que determinó no dar trámite al recurso de revocación en contra del proveído de veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, en el que ordenó el desahogo de pruebas, para mejor proveer, por tanto, no tiene las características de ser una simple determinación de trámite, y que además de conformidad con el artículo 293, último párrafo del Código de Procedimientos Civiles del Estado, el auto que admite alguna prueba no es recurrible; produzca efectos meramente procesales, pues la parte quejosa puede obtener sentencia favorable, ya que como se dijo no se ha dictado resolución en el juicio natural; por lo cual dicho acto, hasta en esta etapa, no vulnera ningún derechos sustantivos; además, la parte quejosa al momento de promover este juicio de amparo, no tiene la certeza de que la resolución que se llegare a dictar en la cuestión de fondo planteada le será desfavorable o no, para así estar en condiciones de determinar si las indicadas violaciones trascendieron o no al resultado del fallo. Así, respecto de los actos cuyos efectos produzcan imposible reparación, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales en el Estado Mexicanos sea parte, proporcionan una mayor seguridad jurídica de los mismos, es decir, establece que tales actos, para calificarse como irreparables necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, por tanto, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzca una lesión de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo; así, se insiste que el acto aquí reclamado por el inconforme por sí sólo no produce un afectación a sus derechos sustantivos, que no puedan ser reparados con el dictado de la sentencia sobre el fondo del juicio natural. (.).En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el segundo de los citados interpretado en sentido contrario, el juicio de amparo instado en esta vía resulta improcedente y, por ende, con apoyo en el ordinal 113 del citado ordenamiento legal, SE DESECHA DE PLANO la demanda de referencia. (.).DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en esta ciudad. Con apoyo en el artículo 24 de la Ley de Amparo, téngase como autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a Francisco Antonio Leal López, por no encontrarse registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. (.).PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los arábigos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Además, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Asimismo, de conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán con supresión de datos, y solamente en caso de consentimiento expreso serán publicados. (.).Notifíquese y, personalmente a la parte quejosa.
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