JUDITH JIMÉNEZ PÉREZ y otros y Otros.
Expediente 624/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 14 actuaciones registradas, la última del 6 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 624/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 06/12/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- JUDITH JIMÉNEZ PÉREZ y otros y Otros.
- JUDITH JIMÉNEZ PÉREZ y otros
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
MESA VI A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de diciembre de dos mil dieciocho. Toda vez que del cómputo secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto dictado el doce de noviembre de dos mil dieciocho (fojas 171 a 173), por el que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio; consecuentemente, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, según su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción II del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
MESA VI A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de noviembre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, mediante el cual, en atención al requerimiento formulado, remite copia autorizada con firmas autógrafas de los autos de siete de noviembre del año en curso, dictados en el expediente laboral...... 4) Bis de su registro. Ahora, vistos los autos, se conoce que la parte quejosa reclamó de la Junta responsable, la falta de respuesta a su escrito de veintinueve de septiembre del año pasado, por el que solicitaron ejecución del laudo en contra del demandado Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. En ese orden, la Junta responsable, en el informe justificado que rindió (foja 67), convino parcialmente la existencia del acto reclamado; sin embargo refirió, que el veintisiete de agosto del año en curso, en el expediente 29/2012 (4) bis de su índice, dictó proveído mediante el cual, dio cuenta con el escrito de cuya falta de respuesta se duele la parte quejosa en este asunto, proveyendo sobre el particular. A fin de sustentar lo anterior, la citada responsable remitió copia certificada donde consta dicha determinación, y que la autoridad responsable atendió el referido ocurso, además, se advierte que la parte quejosa quedó notificada de esa actuación, el trece de septiembre siguiente. Establecido lo anterior, contra el referido acto, se actualiza de manera manifiesta e indudable el motivo de improcedencia establecido en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, porque ha cesado en sus efectos, al haberse atendido el ocurso de la parte quejosa, restituyéndola en el goce del derecho humano que se estimaba vulnerado, de manera total e incondicional como si se le hubiera otorgado el amparo. Ahora bien, toda vez que, la responsable otorgó repuesta negativa en relación al escrito por el cual la parte quejosa solicitó ejecución del laudo en contra del demandado Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, se le tuvo ampliando la demanda por lo que concierne al referido auto de veintisiete de agosto pasado. En esa tesitura, de autos se desprende que, por escrito de dieciocho de septiembre del año en curso, el apoderado legal de la parte aquí quejosa en el juicio laboral de origen, interpuso recurso de revisión contra el auto de veintisiete de agosto del año que transcurre, aquí reclamado, al cual, se le dio trámite mediante actuación de siete de noviembre del actual. En razón de lo anterior, la suscrita Juzgadora estima que respecto a dicho acto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; Como es de verse, esa fracción establece como causa de improcedencia del juicio de amparo, que se esté tramitando algún recurso o medio de defensa legal propuesta por la parte quejosa, motivo por el cual es necesario determinar, en primer lugar, lo que se entiende por recurso. El más Alto Tribunal del país ha sostenido que un recurso es un medio de defensa instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada, mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada. Robustece lo anterior, la tesis aislada del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: RECURSOS ORDINARIOS. Los recursos ordinarios que, por no interponerse, hacen improcedente el amparo, son aquellos que concede la ley, y por los cuales, mediante determinado procedimiento, se obtiene que la autoridad misma o su superior, reformen o revoquen la resolución motivo del amparo; pero cuando este medio de modificar o reformar el acto que se reclama, está constituido por una verdadera contienda judicial, entonces no puede considerarse ya que existe el recurso ordinario que hace improcedente el amparo. De acuerdo con lo antes precisado, debe decirse que el recurso a que se refiere la fracción XIX del artículo 61 de la Ley de Amparo, debe tener por objeto que la parte promovente del mismo pueda obtener la revocación o modificación de la resolución que lesiona sus intereses, de modo tal que no cualquier medio de impugnación puede dar lugar a la actualización de la causal de improcedencia en examen, sino sólo aquellos que están establecidos por la ley correspondiente y que tengan los efectos precisados; también es necesario que el recurso ordinario o medio de defensa esté en trámite ante la autoridad correspondiente. En ese tenor, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14 constitucional, los principios generales del derecho son una fuente de derecho procesal atendible en aquellos casos en que no sea factible resolver con la interpretación literal o doctrinal de la ley. De esos principios, para efectos de este examen, cobra relevancia el principio del contradictorio que consiste en que el tribunal debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos. Ese principio, aplicado al precepto en estudio, impone el deber de analizar si la actualización de la causal de improcedencia que se examina deja a la parte promovente del amparo en estado de indefensión, esto es, si está en posibilidad o no de ser oída en el recurso o medio de defensa que hubiera propuesto ante la autoridad responsable o su superior jerárquico, para lo cual es necesario la demostración fehaciente de que el recurso haya sido admitido, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé la oportunidad de ser escuchada en defensa de sus derechos, pues bien, puede suceder que el recurso no sea el idóneo o que no lo establezca la ley del acto y que sea desechado por improcedente, supuesto este en que la parte quejosa no será escuchada ante las autoridades ordinarias. Por tanto, al término utilizado en el precepto referido, en el sentido de que el recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso "se esté tramitando", no debe dársele una interpretación restrictiva, esto es, que la operancia de la causal de mérito se origine por la simple presentación del escrito mediante el que se interpuso el recurso, sino que en concordancia con el aludido principio y atendiendo al estado de indefensión en que pudiera quedar el promovente del amparo, debe considerarse que el medio de impugnación hecho valer debe estar pendiente de resolución, lo que implica su admisión por la autoridad respectiva. En ese orden de ideas, cabe colegir que si bien conforme al precepto en estudio no es factible la coexistencia de un recurso ordinario o un medio de defensa legal que pueda tener por finalidad la revocación, modificación o nulificación de un acto de autoridad, con el juicio de amparo, pues no se permite la tramitación de juicios de amparos que puedan implicar la solución de un negocio que esté en vías de ser resuelto con efectos semejantes a los que se obtienen o derivan de la acción constitucional, no lo es menos que la improcedencia del juicio de amparo por la causal prevista en la fracción XIX del artículo 61 de la Ley de Amparo, sólo debe estimarse actualizada cuando se cumplan los siguientes requisitos: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido cuando se resuelva el juicio de amparo, y c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya una vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. En el caso concreto, los requisitos anotados se encuentran colmados, toda vez que por auto de siete de noviembre del año en curso, los Integrantes de la Junta Especial Número Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, acordaron el escrito de dieciocho de septiembre del presente año, suscrito por el apoderado legal de la parte aquí quejosa, por el cual, interpuso recurso de revisión contra el auto aquí reclamado, consistente en auto de veintisiete de agosto del año que transcurre, por ende, señalaron las once horas con treinta minutos del siete de febrero del año en curso (sic), para la audiencia de pruebas y alegatos relativa al recurso de revisión planteado. Como se ve, esos datos indefectiblemente, conllevan a sostener que se encuentra en trámite el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa en el juicio laboral de origen, contra el auto de veintisiete de agosto de dos mil dieciocho; medio de impugnación que tiene por objeto que la Junta responsable confirme, revoque o modifique el auto recurrido. Esto es, se afirma que el recurso de revisión de referencia se encuentra actualmente en trámite, debido a que existe el auto admisorio del recurso por parte de la Junta responsable, quien, además, señaló hora y fecha para el desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos con los apercibimientos ahí precisados; de esa manera el citado recurso constituye una vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en este juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 144/2000 del Pleno del más Alto Tribunal Constitucional del país, que es del tenor: IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo se actualiza cuando concurran las siguientes circunstancias: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Esa interpretación se justifica, por un lado, porque el precepto de referencia exige que el recurso o medio de defensa pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que sea materia del juicio constitucional, resultado que podrá obtenerse si el instrumento jurídico de defensa utilizado es el apropiado, esto es, que esté instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada y mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada; y, por otro, porque de acuerdo con el principio del contradictorio, el tribunal debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos, esto es, debe atender si el agraviado está en posibilidad de ser oído en el recurso o medio de defensa que hubiera propuesto ante la autoridad responsable o su superior jerárquico, para lo cual es indispensable que esté demostrada fehacientemente la admisión del recurso, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus derechos. En este orden de ideas, la causal de improcedencia en mención, únicamente puede considerarse actualizada cuando la parte interesada acredite que el recurso o medio de defensa hecho valer en contra del acto reclamado se esté tramitando simultáneamente con el juicio de garantías, correspondiendo al juzgador de amparo determinar si el medio legal de defensa que esté tramitándose simultáneamente al juicio de amparo, constituye o no la vía idónea de impugnación que pudiera tener como resultado la revocación, modificación o anulación del mismo acto contra el cual se solicita amparo. En tales circunstancias, como se dijo, contra el aludido acto se actualiza la diversa causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, lo que hace improcedente el juicio constitucional. Por lo anterior expuesto, procede a decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto por la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia. Por consecuencia, queda sin efecto la fecha y hora señaladas para la audiencia constitucional. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.
- Principal
NOTIFICACION POR LISTA MESA VI A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de noviembre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, mediante el cual, en atención al requerimiento formulado, remite copia autorizada con firmas autógrafas de los autos de siete de noviembre del año en curso, dictados en el expediente laboral...... 4) Bis de su registro. Ahora, vistos los autos, se conoce que la parte quejosa reclamó de la Junta responsable, la falta de respuesta a su escrito de veintinueve de septiembre del año pasado, por el que solicitaron ejecución del laudo en contra del demandado Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. En ese orden, la Junta responsable, en el informe justificado que rindió (foja 67), convino parcialmente la existencia del acto reclamado; sin embargo refirió, que el veintisiete de agosto del año en curso, en el expediente 29/2012 (4) bis de su índice, dictó proveído mediante el cual, dio cuenta con el escrito de cuya falta de respuesta se duele la parte quejosa en este asunto, proveyendo sobre el particular. A fin de sustentar lo anterior, la citada responsable remitió copia certificada donde consta dicha determinación, y que la autoridad responsable atendió el referido ocurso, además, se advierte que la parte quejosa quedó notificada de esa actuación, el trece de septiembre siguiente. Establecido lo anterior, contra el referido acto, se actualiza de manera manifiesta e indudable el motivo de improcedencia establecido en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, porque ha cesado en sus efectos, al haberse atendido el ocurso de la parte quejosa, restituyéndola en el goce del derecho humano que se estimaba vulnerado, de manera total e incondicional como si se le hubiera otorgado el amparo. Ahora bien, toda vez que, la responsable otorgó repuesta negativa en relación al escrito por el cual la parte quejosa solicitó ejecución del laudo en contra del demandado Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, se le tuvo ampliando la demanda por lo que concierne al referido auto de veintisiete de agosto pasado. En esa tesitura, de autos se desprende que, por escrito de dieciocho de septiembre del año en curso, el apoderado legal de la parte aquí quejosa en el juicio laboral de origen, interpuso recurso de revisión contra el auto de veintisiete de agosto del año que transcurre, aquí reclamado, al cual, se le dio trámite mediante actuación de siete de noviembre del actual. En razón de lo anterior, la suscrita Juzgadora estima que respecto a dicho acto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; Como es de verse, esa fracción establece como causa de improcedencia del juicio de amparo, que se esté tramitando algún recurso o medio de defensa legal propuesta por la parte quejosa, motivo por el cual es necesario determinar, en primer lugar, lo que se entiende por recurso. El más Alto Tribunal del país ha sostenido que un recurso es un medio de defensa instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada, mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada. Robustece lo anterior, la tesis aislada del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: RECURSOS ORDINARIOS. Los recursos ordinarios que, por no interponerse, hacen improcedente el amparo, son aquellos que concede la ley, y por los cuales, mediante determinado procedimiento, se obtiene que la autoridad misma o su superior, reformen o revoquen la resolución motivo del amparo; pero cuando este medio de modificar o reformar el acto que se reclama, está constituido por una verdadera contienda judicial, entonces no puede considerarse ya que existe el recurso ordinario que hace improcedente el amparo. De acuerdo con lo antes precisado, debe decirse que el recurso a que se refiere la fracción XIX del artículo 61 de la Ley de Amparo, debe tener por objeto que la parte promovente del mismo pueda obtener la revocación o modificación de la resolución que lesiona sus intereses, de modo tal que no cualquier medio de impugnación puede dar lugar a la actualización de la causal de improcedencia en examen, sino sólo aquellos que están establecidos por la ley correspondiente y que tengan los efectos precisados; también es necesario que el recurso ordinario o medio de defensa esté en trámite ante la autoridad correspondiente. En ese tenor, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14 constitucional, los principios generales del derecho son una fuente de derecho procesal atendible en aquellos casos en que no sea factible resolver con la interpretación literal o doctrinal de la ley. De esos principios, para efectos de este examen, cobra relevancia el principio del contradictorio que consiste en que el tribunal debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos. Ese principio, aplicado al precepto en estudio, impone el deber de analizar si la actualización de la causal de improcedencia que se examina deja a la parte promovente del amparo en estado de indefensión, esto es, si está en posibilidad o no de ser oída en el recurso o medio de defensa que hubiera propuesto ante la autoridad responsable o su superior jerárquico, para lo cual es necesario la demostración fehaciente de que el recurso haya sido admitido, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé la oportunidad de ser escuchada en defensa de sus derechos, pues bien, puede suceder que el recurso no sea el idóneo o que no lo establezca la ley del acto y que sea desechado por improcedente, supuesto este en que la parte quejosa no será escuchada ante las autoridades ordinarias. Por tanto, al término utilizado en el precepto referido, en el sentido de que el recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso "se esté tramitando", no debe dársele una interpretación restrictiva, esto es, que la operancia de la causal de mérito se origine por la simple presentación del escrito mediante el que se interpuso el recurso, sino que en concordancia con el aludido principio y atendiendo al estado de indefensión en que pudiera quedar el promovente del amparo, debe considerarse que el medio de impugnación hecho valer debe estar pendiente de resolución, lo que implica su admisión por la autoridad respectiva. En ese orden de ideas, cabe colegir que si bien conforme al precepto en estudio no es factible la coexistencia de un recurso ordinario o un medio de defensa legal que pueda tener por finalidad la revocación, modificación o nulificación de un acto de autoridad, con el juicio de amparo, pues no se permite la tramitación de juicios de amparos que puedan implicar la solución de un negocio que esté en vías de ser resuelto con efectos semejantes a los que se obtienen o derivan de la acción constitucional, no lo es menos que la improcedencia del juicio de amparo por la causal prevista en la fracción XIX del artículo 61 de la Ley de Amparo, sólo debe estimarse actualizada cuando se cumplan los siguientes requisitos: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido cuando se resuelva el juicio de amparo, y c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya una vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. En el caso concreto, los requisitos anotados se encuentran colmados, toda vez que por auto de siete de noviembre del año en curso, los Integrantes de la Junta Especial Número Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, acordaron el escrito de dieciocho de septiembre del presente año, suscrito por el apoderado legal de la parte aquí quejosa, por el cual, interpuso recurso de revisión contra el auto aquí reclamado, consistente en auto de veintisiete de agosto del año que transcurre, por ende, señalaron las once horas con treinta minutos del siete de febrero del año en curso (sic), para la audiencia de pruebas y alegatos relativa al recurso de revisión planteado. Como se ve, esos datos indefectiblemente, conllevan a sostener que se encuentra en trámite el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa en el juicio laboral de origen, contra el auto de veintisiete de agosto de dos mil dieciocho; medio de impugnación que tiene por objeto que la Junta responsable confirme, revoque o modifique el auto recurrido. Esto es, se afirma que el recurso de revisión de referencia se encuentra actualmente en trámite, debido a que existe el auto admisorio del recurso por parte de la Junta responsable, quien, además, señaló hora y fecha para el desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos con los apercibimientos ahí precisados; de esa manera el citado recurso constituye una vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en este juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 144/2000 del Pleno del más Alto Tribunal Constitucional del país, que es del tenor: IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo se actualiza cuando concurran las siguientes circunstancias: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Esa interpretación se justifica, por un lado, porque el precepto de referencia exige que el recurso o medio de defensa pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que sea materia del juicio constitucional, resultado que podrá obtenerse si el instrumento jurídico de defensa utilizado es el apropiado, esto es, que esté instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada y mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada; y, por otro, porque de acuerdo con el principio del contradictorio, el tribunal debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos, esto es, debe atender si el agraviado está en posibilidad de ser oído en el recurso o medio de defensa que hubiera propuesto ante la autoridad responsable o su superior jerárquico, para lo cual es indispensable que esté demostrada fehacientemente la admisión del recurso, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus derechos. En este orden de ideas, la causal de improcedencia en mención, únicamente puede considerarse actualizada cuando la parte interesada acredite que el recurso o medio de defensa hecho valer en contra del acto reclamado se esté tramitando simultáneamente con el juicio de garantías, correspondiendo al juzgador de amparo determinar si el medio legal de defensa que esté tramitándose simultáneamente al juicio de amparo, constituye o no la vía idónea de impugnación que pudiera tener como resultado la revocación, modificación o anulación del mismo acto contra el cual se solicita amparo. En tales circunstancias, como se dijo, contra el aludido acto se actualiza la diversa causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, lo que hace improcedente el juicio constitucional. Por lo anterior expuesto, procede a decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto por la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia. Por consecuencia, queda sin efecto la fecha y hora señaladas para la audiencia constitucional. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.
- Principal
MESA VI A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de octubre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, mediante el cual, en atención al requerimiento formulado, remite copia certificada de diversas constancia deducidas del expediente laboral 29/2012 (4) de su índice, que refiere, corresponden a partir de la emisión del laudo dictado en ese juicio laboral. En ese tenor, toda vez que de la documental que remite la autoridad responsable, se advierte que mediante escritos de dieciocho y veinticinco de septiembre del año en curso, los apoderados legales de la parte aquí quejosa y tercero interesado, interpusieron recurso de revisión en contra del auto de veintisiete de agosto del año que transcurre, en el juicio laboral de origen; en razón de lo anterior, requiérase al Presidente de la Junta Especial Número Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, para que en el plazo de tres días, siguientes al en que reciba el comunicado respectivo, informe a esta autoridad de amparo lo que haya proveído respecto a dichos ocursos. Apercibido que de no cumplir lo anterior, o no informar el impedimento que tenga para ello, se le impondrá multa de cincuenta días de salario mínimo general vigente al momento de realizarse la conducta sancionada, de conformidad con lo previsto en los artículos 237, fracción I de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 259 y 238 de la misma.
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