Judith Guajardo Rojo
Expediente 1007/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 8 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1007/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 22/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Judith Guajardo Rojo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Determinación causa estado. Con fundamento en el artículo 98 de la Ley de Amparo en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se determina que concluyó el término de impugnación del proveído de veinticinco de octubre de dos mil veintitrés, sin que lo hubiera hecho; por lo que dicha determinación ha causado estado en sus términos. Archivo. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que es destruible la presente pieza de actuaciones, y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE VEINTICINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, EN EL QUE SE ACORDÓ: Diligencia de ratificación de firma. Agréguese a los autos la diligencia de ratificación de firma que antecede, a través de la cual, ********************, desahoga en audiencia pública el requerimiento que le fue formulado en proveído de trece de octubre pasado, y al efecto reconoce como suya la firma que calza el escrito aclaratorio por el cual pretende cumplir la prevención formulada; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales procedentes. Desahogo de prevención. En ese sentido, visto el escrito con el cual la quejosa desahoga el requerimiento que le fue formulado en auto preventivo de veintiocho de septiembre del año en curso, téngasele por cumplido el mismo para los efectos legales a que haya lugar; en consecuencia se provee: Desechamiento. Ahora bien, del contenido integral de la demanda de amparo y ocursos aclaratorios, se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados los siguientes: El auto de uno de septiembre de dos mil veintitrés, por medio del cual -entre otras determinaciones no combatidas-, por una parte se requirió a la impetrante la entrega voluntaria de un vehículo, a fin de que su contrario realice la venta el mismo por pacto entre las partes elevado a cosa juzgada; y, por otra, le dio vista respecto a la petición realizada por su contrario, para que desocupe el inmueble que actualmente se encuentra habitando, haciéndole de su conocimiento que se encuentra a su disposición el diverso inmueble ubicado en calle ********************, para que sirva como domicilio para custodia; así como la notificación de ese auto, por considerar su ilegalidad. Sin que haya lugar a considerar como acto reclamado el diverso que precisa, consistente en la ilegalidad de la vía por la cual el juez responsable admitió y se pronunció respecto del auto de uno de septiembre de dos mil veintitrés; lo anterior, en virtud a que de sus manifestaciones tanto en el escrito inicial de demanda, como en el presente ocurso, se colige que ello constituye un concepto de violación y no un acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior, por el criterio que sostiene, la jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, tomo XI, correspondiente al mes de abril del año dos mil, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, intitulada: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Ahora bien, a efecto de proveer respecto a la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo transcrito, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Ello obedece a que la improcedencia en el juicio de amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, la Ley de Amparo o la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. En la especie este Juzgado Federal advierte que respecto de los actos precitados se actualiza la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el numeral 217, ambos de la Ley de Amparo en vigor. Para evidenciar la certeza de lo afirmado en el párrafo que precede, es necesario asentar algunas notas que giran en torno al contenido, funcionalidad y alcance de la causa de improcedencia denominada "acto derivado de otro consentido", para lo cual se tiene que traer a la vista el contenido de las porciones normativas precitadas, que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente (.)- XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (.)" "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia, funcionando en Pleno o en Salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el Pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de Distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de Distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos De Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna." Las reproducciones que preceden ponen de manifiesto, en primer lugar, que las causas de improcedencia del juicio de garantías tienen su fundamento -además de la Constitución Federal- en el numeral 61 de la Ley de Amparo, en donde se hace un listado de supuestos que prevén diversos motivos de la improcedencia de la acción constitucional; sin embargo, en el propio numeral en cita se encuentra previsto en la fracción XXIII, una cláusula abierta que permite hacer operable otros supuestos de improcedencia que deriven de la interpretación de cualquier dispositivo de la propia norma legal. En ese sentido, es claro que el legislador de la Ley de Amparo estimó que una causa de improcedencia del juicio de garantías también puede tener origen -a manera normativa- en un criterio interpretativo producido por alguno de los órganos de Justicia Federal que están dotados de la facultad para sentar criterios obligatorios, esto es, Jurisprudencia, tal y como se sostiene en la tesis I.3o.C.67 K del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1762 del tomo XVIII, agosto de dos mil tres, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO PUEDEN ESTABLECER UNA CAUSAL CON BASE EN SU FACULTAD DE CREAR JURISPRUDENCIA", así como en la tesis del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 134 del tomo 145-150, sexta parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, EN EL SENTIDO DE QUE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO QUE EN FORMA ENUNCIATIVA PREVÉ DEBE DERIVAR DE CUALQUIER MANDAMIENTO DE LA PROPIA LEY DE AMPARO O DE LA CONSTITUCIÓN". Con base en lo anterior debe decirse que los órganos de Justicia Federal facultados para crear criterios interpretativos que en forma de precedente tienen obligatoriedad para las autoridades jurisdiccionales del país, han estimado que la relación sistemática que deriva de los supuestos normativos previstos en las fracciones XIII y XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, radica un motivo de improcedencia distinto de los que en dichas porciones normativas se encuentran expresamente reguladas, como lo es el supuesto de ineficacia de la acción constitucional conocida como acto derivado de otro consentido, tal y como lo sostiene la tesis III.1°.A.11 K (con número de registro 202345), del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, visible en la página 582 del tomo III, mayo de mil novecientos noventa y seis, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS, RAZÓN DE SU IMPROCEDENCIA. El artículo 73 de la Ley de Amparo, señala: "El juicio de amparo es improcedente: ... XVIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley." Ahora bien, las fracciones XI y XII del dispositivo en comento, previenen que el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos expresa o tácitamente; por ello, lógica y jurídicamente, debe estimarse improcedente la acción constitucional contra actos que sean consecuencia de otros consentidos, siendo indudable, por tanto, que la causa de mérito emerge de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales." De igual forma ilustra lo anterior la tesis con número registro 230859, del Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 52, tomo I, segunda parte- 1, enero a junio de mil novecientos ochenta y ocho, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "ACTOS DERIVADOS DE OTROS CONSENTIDOS. FUNDAMENTO DE LA IMPROCEDENCIA. La improcedencia que resulta cuando el acto reclamado es consecuencia de otro consentido, por no haberse impugnado en su oportunidad, se funda en los artículos 73, fracción XVIII de la Ley de Amparo en relación con el diverso artículo 192 de la misma Ley, que establece la obligación de observar la jurisprudencia sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación: en este caso, la número 19 visible en la página 38 de la Octava Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación que dice: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA". Como complemento de lo anterior, también es necesario precisar que, la funcionalidad de la causa de improcedencia que se viene comentado lo es en la medida en que la acción de amparo se enderece contra actos que sean consecuencia inmediata y directa de otro que habiendo afectado los intereses del particular no hubiera sido impugnado oportunamente, por lo que entonces se consideran derivados o consecuentes de aquél que se consintió; en este sentido, a efecto de que se actualice tal hipótesis es necesario que se reúnan los siguientes elementos, a saber: a). La existencia de un acto anterior que sea fuente u origen del perjuicio y que hubiese sido consentido (primario); b). La existencia de un acto posterior que cuyo perjuicio irrogue esté fundado o encuentre sustento en el acto primario, esto es, que esté vinculado al precedente de tal forma que la materialidad del agravio que en él se consigne no pueda entenderse de forma autónoma o aislada, sino vinculada con el que el acto anterior o primario; esto es, que el acto derivado sea en estricto sentido una mera consecuencia del primero, es decir, que entre el acto reclamado derivado y el anterior que fue consentido, exista una relación de causa a efecto que íntimamente los vincule; y, c). Que aun concurriendo las exigencias anteriores, el acto reclamado (secundario o derivado) no se impugne por vicios propios, pues en tal caso el amparo sí procederá sólo contra esos vicios. Apoya lo anterior la tesis registrada con el número 232011, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página nueve, Tomo 217-228, Primera Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación de rubro y texto siguientes: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. SUPUESTOS PARA QUE OPERE ESA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. De acuerdo con la jurisprudencia número 19 contenida en la página 38 de la Octava Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, los supuestos para que opere la causal de improcedencia cuando el amparo se endereza contra actos derivados de otros consentidos son, la existencia de un acto anterior consentido y la existencia de un acto posterior que sea una consecuencia directa y necesaria de aquél." En armonía con lo anterior debe decirse que la característica esencial para apreciar si un acto es derivado de otro consentido es la precisión o fijación del acto o resolución en que se originó el perjuicio o agravio que afecta al particular, pues la funcionalidad de la causa de improcedencia que se comenta tiene como presupuesto lógico que exista un acto de autoridad anterior consentido -entendiendo por consentido que debió haberse impugnado porque agraviaba o perjudicaba al gobernado- de donde se sigue que si el particular no se defendió del acto anterior o precedente, se considera que las consecuencias que del mismo se generen también deben aceptarse de modo conforme, esto es, que ya no se puede considerar expedito el derecho de defensa contra los actos derivados o consecuentes al encontrar su fundamento en el acto primario o anterior que se consintió. La lógica en que se basa la causa de improcedencia de mérito no es más que un paralelismo del principio jurídico que reza: "lo accesorio sigue la suerte de lo principal", de donde lo accesorio es el acto derivado y lo principal el acto primario consentido; principio que se explica en la medida de la existencia de un vínculo medular entre el acto consecuente y el primario, esto es, que el acto derivado no tiene vida propia, sino que su existencia depende del primero, siendo el "perjuicio" -en el paralelismo mencionado- para el supuesto de la causa de improcedencia que se comenta, el hilo conductor que debe ponderarse como vínculo entre ambos actos, esto es, que lo importante para considerar a un acto como derivación de otro que fue consentido es la precisión de la génesis del agravio que el gobernado aduzca se ocasiona en su contra; así, el perjuicio, esto es, la causa generadora del agravio que el gobernado aduzca sufrir en su esfera jurídica es la característica que permite identificar qué acto de autoridad es el primario y cuál su consecuente o derivado. El argumento que precede encuentra sustento en la propia mecánica constitucional y legal de procedencia del juicio de garantías que exige forzosamente la existencia de un perjuicio existente cometido contra el gobernado a fin de considerar que su interés jurídico se lastimó -o cuando menos que se consideró lastimado-, esto es, la materialidad de una afectación a alguno de sus derechos para que deba ser corregida mediante el medio de control constitucional denominado juicio de amparo, porque la naturaleza misma de la acción de amparo es la de ser un control constitucional de carácter reparador, lo que implica que para el ejercicio de dicha acción es necesaria e ineludiblemente la existencia de un perjuicio que deba ser reparado, tal y como así lo prevé la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal y 6, de la Ley de Amparo, que en lo conducente disponen lo que sigue: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: --- I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." Presupuesto el que se viene comentando que en la teoría se ha dado en conocer como principio de agravio personal y directo al que ya en párrafos anteriores se explicó con más amplitud y que se encuentra en armonía con la propia lógica que hace posible la existencia de la diversa causa de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, de donde precisamente se exige como requisito la existencia de un acto de autoridad que haya sido consentido por el particular -sea de forma tácita o expresa-, pero aún más, la condición lógica que se requiere para actualizar la improcedencia de mérito es que el acto que se estime consentido efectivamente haya sido el productor de perjuicio, afectación o agravio contra el particular, pues de otra forma no se podría entender la figura del consentimiento porque no sería posible considerar que se consintió algo que no existía, no siendo la nada materia de consentimiento. Para comprender de mejor forma lo que se viene explicando conviene precisar el significado de los vocablos "consentido" y "derivado", así como sus modalidades verbales; así, el Diccionario de la Lengua Española, editorial Espasa Calpe, define al primer vocablo como "Del verbo consentir. Permitir o dejar que se haga una cosa: verbigracia: no consientas que te falten al respeto", además precisa que es sinónimo de conformidad, entendiendo por tal "La tolerancia y resignación ante las circunstancias desgraciadas o difíciles: verbigracia: el equipo aceptó la derrota con conformidad"; en cuanto al vocablo "derivado", dicho diccionario indica que significa: "Tener origen o proceder de algo: verbigracia: su maestría deriva de una larga práctica. Producto que se obtiene de otro a través de una o varias transformaciones"; en ese sentido debe entenderse que por consentido implica la aceptación, conformidad o admisión de algún hecho o acto -beneficioso o perjudicial-, pero finalmente el consentimiento de algo, esto es, de un acto o hecho de la materialidad del ser humano, porque sostener lo contrario implicaría que se puede consentir lo que no existe. Con lo anterior se puede concluir de forma categórica que para la debida actualización de la causa de improcedencia que se viene comentado el factor "perjuicio" -al constituir presupuesto y característica necesaria que se exige para el ejercicio de la acción de amparo- se torna imprescindible que su origen o génesis deba radicar precisamente en el acto perjudicial que el gobernado hubiera consentido en un momento anterior, esto es, en el acto primario, para de ahí estimar que el agravio mismo reproducido en otro acto que emita la autoridad en razón de la ejecución del anterior (derivado), ya no pueda ser analizado en virtud de que el derecho de defensa contra el contenido medular en que se basa el acto secundario quedó consentido al no haberse controvertido el acto génesis del perjuicio (primario). Ahora bien, expuesto lo anterior, en el caso particular se considera que los actos reclamados (resolución de uno de septiembre de dos mil veintitrés, en las partes que tilda de inconstitucionales la parte quejosa y su notificación practicada), son consecuencia directa y necesaria de otro diverso con el carácter de consentido, específicamente, de la determinación asumida en proveído de siete de agosto del año en curso, por las razones que se explican a continuación. En principio, se destacan como antecedentes del acto reclamado, los siguientes: Los actos que se tildan de inconstitucionales tuvieron origen con el escrito presentado por la contraparte de la promovente el dos de agosto del año en curso, ya que a través del mismo peticionó al juez responsable requiriera a la ahora promovente, entre otras cosas, los actos destacados inmersos en la resolución que ahora combate. Luego, por auto de siete de agosto del año que transcurre, admitió el escrito referido y otorgó vista a la aquí quejosa por el término de tres días, a fin de que manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibiéndola de tenerla por conforme con lo peticionado por su contraparte en caso de omisión. Mediante promoción de diecisiete de agosto de dos mil veintitrés, la contraparte de la aquí quejosa, ante la jueza responsable, solicitó se tuviera por precluído el derecho de la impetrante, en virtud de que no realizó manifestación alguna. Así, el veintidós de agosto pasado, la responsable hizo efectivo el apercibimiento decretado en auto de siete de agosto y tuvo a la solicitante del amparo, por conforme con lo peticionado por su adversario en el ocurso de dos del mes y año en comento. En razón de lo anterior y conforme a lo nuevamente solicitado por el contrario de la aquí quejosa, la potestad señalada como responsable emitió el auto de uno de septiembre del año en curso -actuación que constituye el acto reclamado dentro del presente asunto, pues así lo señaló expresamente la parte quejosa, tanto en la demanda de amparo como en los ocursos aclaratorios-. Así, al analizar en conjunto las manifestaciones vertidas por la parte quejosa bajo protesta de decir verdad, tanto en la demanda de amparo como en sus escritos aclaratorios, se obtiene que los actos emanados de la resolución que ahora pretende tildar de inconstitucionales son consecuencia directa del diverso proveído de siete de agosto de dos mil veintitrés, dictado en el juicio natural, pues fue en dicho auto en el que se le otorgó vista a la aquí quejosa por el término de tres días, a fin de que manifestara lo que a su interés legal conviniera, respecto de la petición que formuló la contraparte de la solicitante de amparo y que constituye el origen de las determinaciones emitidas en la resolución que ahora reclama; apercibiéndola, de tenerla por conforme con lo peticionado por su contraparte en caso de omisión; lo que se hizo efectivo el veintidós siguiente, al no desahogar la citada vista, y a consecuencia de lo antes reseñado, es que se le generó la afectación ahora reclamada contenida en el auto de uno de septiembre de dos mil veintitrés -en sus partes conducentes-, lo cual ya no es posible remover con el presente juicio de amparo. Se asevera lo anterior, porque el auto primigenio de siete de agosto del año en curso no fue combatido por la parte quejosa ni en la demanda de amparo ni en su ocurso de desahogo a la prevención recibido en este órgano jurisdiccional el veintisiete de septiembre de la misma anualidad, pese haberle requerido para que precisara con claridad el acto o actos que pretendía combatir mediante la demanda que dio origen al presente expediente-ello, al margen de que tampoco se inconformó con dicha actuación a través del medio de defensa previsto en la ley ordinaria-, a pesar de haber conocido de dicha actuación en la misma data en que presentó el libeló constitucional (dieciocho de septiembre pasado), tal y como lo refirió bajo protesta de decir verdad en el ocurso aclaratorio recibido en este Juzgado Federal el once de octubre del año en curso. En ese sentido, si la parte quejosa consintió el acuerdo que dio origen a los actos aquí reclamados, esto es el auto de siete de agosto de dos mil veintitrés, entonces deben considerarse también como consentidos la totalidad de actos que hora tilda de inconstitucionales, pues los mismos, en lo que interesa, constituyen una consecuencia directa de lo previamente acordado el siete de agosto pasado, siendo inconcuso que opera la causal de improcedencia invocada, que da lugar a desechar la demanda de amparo intentada. Ello, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 217, ambos la Ley de Amparo y las tesis antes trascritas. Por consiguiente, en conjunto a lo aquí esbozado, al actualizarse respecto de los actos reclamados, las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 217, de la Ley de Amparo, por ser un acto derivado de consentido, de conformidad en el artículo 113 de la misma legislación, se desecha de plano la demanda de amparo que nos ocupa por notoriamente improcedente. Cobra aplicación la tesis de jurisprudencia II.1o.C.T.11 K, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Tomo II, Diciembre de 1995, Materia Común, página: 509, de texto y rubro: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA; INTERPRETACION AL ARTICULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. De lo dispuesto por el artículo 145 de la ley de la materia, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías, deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse. Amén, de que cuando los actos reclamados en la respectiva demanda de amparo están fuertemente ligados entre sí formando una unidad o un todo de la que no es posible desmembrar, es necesario admitir la demanda y seguir los trámites correspondientes para dar oportunidad a que mediante los informes de las autoridades responsables y las pruebas que se rindan puedan confirmarse o desvanecerse los posibles motivos de improcedencia advertidos desde la iniciación del juicio y, de esa manera, evitar perjuicios irreparables al quejoso". Se ordena generación de versión pública. En cumplimiento a los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, realícense las acciones necesarias a fin de generar oportunamente la versión pública de la presente determinación, para que pueda ser consultable por el público en general.
- Principal
Diligencia de ratificación de firma. Agréguese a los autos la diligencia de ratificación de firma que antecede, a través de la cual, ********************, desahoga en audiencia pública el requerimiento que le fue formulado en proveído de trece de octubre pasado, y al efecto reconoce como suya la firma que calza el escrito aclaratorio por el cual pretende cumplir la prevención formulada; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales procedentes. Desahogo de prevención. En ese sentido, visto el escrito con el cual la quejosa desahoga el requerimiento que le fue formulado en auto preventivo de veintiocho de septiembre del año en curso, téngasele por cumplido el mismo para los efectos legales a que haya lugar; en consecuencia se provee: Desechamiento. Ahora bien, del contenido integral de la demanda de amparo y ocursos aclaratorios, se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados los siguientes: El auto de uno de septiembre de dos mil veintitrés, por medio del cual -entre otras determinaciones no combatidas-, por una parte se requirió a la impetrante la entrega voluntaria de un vehículo, a fin de que su contrario realice la venta el mismo por pacto entre las partes elevado a cosa juzgada; y, por otra, le dio vista respecto a la petición realizada por su contrario, para que desocupe el inmueble que actualmente se encuentra habitando, haciéndole de su conocimiento que se encuentra a su disposición el diverso inmueble ubicado en calle ********************, para que sirva como domicilio para custodia; así como la notificación de ese auto, por considerar su ilegalidad. Sin que haya lugar a considerar como acto reclamado el diverso que precisa, consistente en la ilegalidad de la vía por la cual el juez responsable admitió y se pronunció respecto del auto de uno de septiembre de dos mil veintitrés; lo anterior, en virtud a que de sus manifestaciones tanto en el escrito inicial de demanda, como en el presente ocurso, se colige que ello constituye un concepto de violación y no un acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior, por el criterio que sostiene, la jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, tomo XI, correspondiente al mes de abril del año dos mil, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, intitulada: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Ahora bien, a efecto de proveer respecto a la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo transcrito, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Ello obedece a que la improcedencia en el juicio de amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, la Ley de Amparo o la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. En la especie este Juzgado Federal advierte que respecto de los actos precitados se actualiza la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el numeral 217, ambos de la Ley de Amparo en vigor. Para evidenciar la certeza de lo afirmado en el párrafo que precede, es necesario asentar algunas notas que giran en torno al contenido, funcionalidad y alcance de la causa de improcedencia denominada "acto derivado de otro consentido", para lo cual se tiene que traer a la vista el contenido de las porciones normativas precitadas, que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente (.)- XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (.)" "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia, funcionando en Pleno o en Salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el Pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de Distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de Distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos De Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna." Las reproducciones que preceden ponen de manifiesto, en primer lugar, que las causas de improcedencia del juicio de garantías tienen su fundamento -además de la Constitución Federal- en el numeral 61 de la Ley de Amparo, en donde se hace un listado de supuestos que prevén diversos motivos de la improcedencia de la acción constitucional; sin embargo, en el propio numeral en cita se encuentra previsto en la fracción XXIII, una cláusula abierta que permite hacer operable otros supuestos de improcedencia que deriven de la interpretación de cualquier dispositivo de la propia norma legal. En ese sentido, es claro que el legislador de la Ley de Amparo estimó que una causa de improcedencia del juicio de garantías también puede tener origen -a manera normativa- en un criterio interpretativo producido por alguno de los órganos de Justicia Federal que están dotados de la facultad para sentar criterios obligatorios, esto es, Jurisprudencia, tal y como se sostiene en la tesis I.3o.C.67 K del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1762 del tomo XVIII, agosto de dos mil tres, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO PUEDEN ESTABLECER UNA CAUSAL CON BASE EN SU FACULTAD DE CREAR JURISPRUDENCIA", así como en la tesis del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 134 del tomo 145-150, sexta parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, EN EL SENTIDO DE QUE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO QUE EN FORMA ENUNCIATIVA PREVÉ DEBE DERIVAR DE CUALQUIER MANDAMIENTO DE LA PROPIA LEY DE AMPARO O DE LA CONSTITUCIÓN". Con base en lo anterior debe decirse que los órganos de Justicia Federal facultados para crear criterios interpretativos que en forma de precedente tienen obligatoriedad para las autoridades jurisdiccionales del país, han estimado que la relación sistemática que deriva de los supuestos normativos previstos en las fracciones XIII y XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, radica un motivo de improcedencia distinto de los que en dichas porciones normativas se encuentran expresamente reguladas, como lo es el supuesto de ineficacia de la acción constitucional conocida como acto derivado de otro consentido, tal y como lo sostiene la tesis III.1°.A.11 K (con número de registro 202345), del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, visible en la página 582 del tomo III, mayo de mil novecientos noventa y seis, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS, RAZÓN DE SU IMPROCEDENCIA. El artículo 73 de la Ley de Amparo, señala: "El juicio de amparo es improcedente: ... XVIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley." Ahora bien, las fracciones XI y XII del dispositivo en comento, previenen que el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos expresa o tácitamente; por ello, lógica y jurídicamente, debe estimarse improcedente la acción constitucional contra actos que sean consecuencia de otros consentidos, siendo indudable, por tanto, que la causa de mérito emerge de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales." De igual forma ilustra lo anterior la tesis con número registro 230859, del Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 52, tomo I, segunda parte- 1, enero a junio de mil novecientos ochenta y ocho, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "ACTOS DERIVADOS DE OTROS CONSENTIDOS. FUNDAMENTO DE LA IMPROCEDENCIA. La improcedencia que resulta cuando el acto reclamado es consecuencia de otro consentido, por no haberse impugnado en su oportunidad, se funda en los artículos 73, fracción XVIII de la Ley de Amparo en relación con el diverso artículo 192 de la misma Ley, que establece la obligación de observar la jurisprudencia sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación: en este caso, la número 19 visible en la página 38 de la Octava Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación que dice: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA". Como complemento de lo anterior, también es necesario precisar que, la funcionalidad de la causa de improcedencia que se viene comentado lo es en la medida en que la acción de amparo se enderece contra actos que sean consecuencia inmediata y directa de otro que habiendo afectado los intereses del particular no hubiera sido impugnado oportunamente, por lo que entonces se consideran derivados o consecuentes de aquél que se consintió; en este sentido, a efecto de que se actualice tal hipótesis es necesario que se reúnan los siguientes elementos, a saber: a). La existencia de un acto anterior que sea fuente u origen del perjuicio y que hubiese sido consentido (primario); b). La existencia de un acto posterior que cuyo perjuicio irrogue esté fundado o encuentre sustento en el acto primario, esto es, que esté vinculado al precedente de tal forma que la materialidad del agravio que en él se consigne no pueda entenderse de forma autónoma o aislada, sino vinculada con el que el acto anterior o primario; esto es, que el acto derivado sea en estricto sentido una mera consecuencia del primero, es decir, que entre el acto reclamado derivado y el anterior que fue consentido, exista una relación de causa a efecto que íntimamente los vincule; y, c). Que aun concurriendo las exigencias anteriores, el acto reclamado (secundario o derivado) no se impugne por vicios propios, pues en tal caso el amparo sí procederá sólo contra esos vicios. Apoya lo anterior la tesis registrada con el número 232011, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página nueve, Tomo 217-228, Primera Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación de rubro y texto siguientes: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. SUPUESTOS PARA QUE OPERE ESA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. De acuerdo con la jurisprudencia número 19 contenida en la página 38 de la Octava Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, los supuestos para que opere la causal de improcedencia cuando el amparo se endereza contra actos derivados de otros consentidos son, la existencia de un acto anterior consentido y la existencia de un acto posterior que sea una consecuencia directa y necesaria de aquél." En armonía con lo anterior debe decirse que la característica esencial para apreciar si un acto es derivado de otro consentido es la precisión o fijación del acto o resolución en que se originó el perjuicio o agravio que afecta al particular, pues la funcionalidad de la causa de improcedencia que se comenta tiene como presupuesto lógico que exista un acto de autoridad anterior consentido -entendiendo por consentido que debió haberse impugnado porque agraviaba o perjudicaba al gobernado- de donde se sigue que si el particular no se defendió del acto anterior o precedente, se considera que las consecuencias que del mismo se generen también deben aceptarse de modo conforme, esto es, que ya no se puede considerar expedito el derecho de defensa contra los actos derivados o consecuentes al encontrar su fundamento en el acto primario o anterior que se consintió. La lógica en que se basa la causa de improcedencia de mérito no es más que un paralelismo del principio jurídico que reza: "lo accesorio sigue la suerte de lo principal", de donde lo accesorio es el acto derivado y lo principal el acto primario consentido; principio que se explica en la medida de la existencia de un vínculo medular entre el acto consecuente y el primario, esto es, que el acto derivado no tiene vida propia, sino que su existencia depende del primero, siendo el "perjuicio" -en el paralelismo mencionado- para el supuesto de la causa de improcedencia que se comenta, el hilo conductor que debe ponderarse como vínculo entre ambos actos, esto es, que lo importante para considerar a un acto como derivación de otro que fue consentido es la precisión de la génesis del agravio que el gobernado aduzca se ocasiona en su contra; así, el perjuicio, esto es, la causa generadora del agravio que el gobernado aduzca sufrir en su esfera jurídica es la característica que permite identificar qué acto de autoridad es el primario y cuál su consecuente o derivado. El argumento que precede encuentra sustento en la propia mecánica constitucional y legal de procedencia del juicio de garantías que exige forzosamente la existencia de un perjuicio existente cometido contra el gobernado a fin de considerar que su interés jurídico se lastimó -o cuando menos que se consideró lastimado-, esto es, la materialidad de una afectación a alguno de sus derechos para que deba ser corregida mediante el medio de control constitucional denominado juicio de amparo, porque la naturaleza misma de la acción de amparo es la de ser un control constitucional de carácter reparador, lo que implica que para el ejercicio de dicha acción es necesaria e ineludiblemente la existencia de un perjuicio que deba ser reparado, tal y como así lo prevé la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal y 6, de la Ley de Amparo, que en lo conducente disponen lo que sigue: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: --- I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." Presupuesto el que se viene comentando que en la teoría se ha dado en conocer como principio de agravio personal y directo al que ya en párrafos anteriores se explicó con más amplitud y que se encuentra en armonía con la propia lógica que hace posible la existencia de la diversa causa de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, de donde precisamente se exige como requisito la existencia de un acto de autoridad que haya sido consentido por el particular -sea de forma tácita o expresa-, pero aún más, la condición lógica que se requiere para actualizar la improcedencia de mérito es que el acto que se estime consentido efectivamente haya sido el productor de perjuicio, afectación o agravio contra el particular, pues de otra forma no se podría entender la figura del consentimiento porque no sería posible considerar que se consintió algo que no existía, no siendo la nada materia de consentimiento. Para comprender de mejor forma lo que se viene explicando conviene precisar el significado de los vocablos "consentido" y "derivado", así como sus modalidades verbales; así, el Diccionario de la Lengua Española, editorial Espasa Calpe, define al primer vocablo como "Del verbo consentir. Permitir o dejar que se haga una cosa: verbigracia: no consientas que te falten al respeto", además precisa que es sinónimo de conformidad, entendiendo por tal "La tolerancia y resignación ante las circunstancias desgraciadas o difíciles: verbigracia: el equipo aceptó la derrota con conformidad"; en cuanto al vocablo "derivado", dicho diccionario indica que significa: "Tener origen o proceder de algo: verbigracia: su maestría deriva de una larga práctica. Producto que se obtiene de otro a través de una o varias transformaciones"; en ese sentido debe entenderse que por consentido implica la aceptación, conformidad o admisión de algún hecho o acto -beneficioso o perjudicial-, pero finalmente el consentimiento de algo, esto es, de un acto o hecho de la materialidad del ser humano, porque sostener lo contrario implicaría que se puede consentir lo que no existe. Con lo anterior se puede concluir de forma categórica que para la debida actualización de la causa de improcedencia que se viene comentado el factor "perjuicio" -al constituir presupuesto y característica necesaria que se exige para el ejercicio de la acción de amparo- se torna imprescindible que su origen o génesis deba radicar precisamente en el acto perjudicial que el gobernado hubiera consentido en un momento anterior, esto es, en el acto primario, para de ahí estimar que el agravio mismo reproducido en otro acto que emita la autoridad en razón de la ejecución del anterior (derivado), ya no pueda ser analizado en virtud de que el derecho de defensa contra el contenido medular en que se basa el acto secundario quedó consentido al no haberse controvertido el acto génesis del perjuicio (primario). Ahora bien, expuesto lo anterior, en el caso particular se considera que los actos reclamados (resolución de uno de septiembre de dos mil veintitrés, en las partes que tilda de inconstitucionales la parte quejosa y su notificación practicada), son consecuencia directa y necesaria de otro diverso con el carácter de consentido, específicamente, de la determinación asumida en proveído de siete de agosto del año en curso, por las razones que se explican a continuación. En principio, se destacan como antecedentes del acto reclamado, los siguientes: Los actos que se tildan de inconstitucionales tuvieron origen con el escrito presentado por la contraparte de la promovente el dos de agosto del año en curso, ya que a través del mismo peticionó al juez responsable requiriera a la ahora promovente, entre otras cosas, los actos destacados inmersos en la resolución que ahora combate. Luego, por auto de siete de agosto del año que transcurre, admitió el escrito referido y otorgó vista a la aquí quejosa por el término de tres días, a fin de que manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibiéndola de tenerla por conforme con lo peticionado por su contraparte en caso de omisión. Mediante promoción de diecisiete de agosto de dos mil veintitrés, la contraparte de la aquí quejosa, ante la jueza responsable, solicitó se tuviera por precluído el derecho de la impetrante, en virtud de que no realizó manifestación alguna. Así, el veintidós de agosto pasado, la responsable hizo efectivo el apercibimiento decretado en auto de siete de agosto y tuvo a la solicitante del amparo, por conforme con lo peticionado por su adversario en el ocurso de dos del mes y año en comento. En razón de lo anterior y conforme a lo nuevamente solicitado por el contrario de la aquí quejosa, la potestad señalada como responsable emitió el auto de uno de septiembre del año en curso -actuación que constituye el acto reclamado dentro del presente asunto, pues así lo señaló expresamente la parte quejosa, tanto en la demanda de amparo como en los ocursos aclaratorios-. Así, al analizar en conjunto las manifestaciones vertidas por la parte quejosa bajo protesta de decir verdad, tanto en la demanda de amparo como en sus escritos aclaratorios, se obtiene que los actos emanados de la resolución que ahora pretende tildar de inconstitucionales son consecuencia directa del diverso proveído de siete de agosto de dos mil veintitrés, dictado en el juicio natural, pues fue en dicho auto en el que se le otorgó vista a la aquí quejosa por el término de tres días, a fin de que manifestara lo que a su interés legal conviniera, respecto de la petición que formuló la contraparte de la solicitante de amparo y que constituye el origen de las determinaciones emitidas en la resolución que ahora reclama; apercibiéndola, de tenerla por conforme con lo peticionado por su contraparte en caso de omisión; lo que se hizo efectivo el veintidós siguiente, al no desahogar la citada vista, y a consecuencia de lo antes reseñado, es que se le generó la afectación ahora reclamada contenida en el auto de uno de septiembre de dos mil veintitrés -en sus partes conducentes-, lo cual ya no es posible remover con el presente juicio de amparo. Se asevera lo anterior, porque el auto primigenio de siete de agosto del año en curso no fue combatido por la parte quejosa ni en la demanda de amparo ni en su ocurso de desahogo a la prevención recibido en este órgano jurisdiccional el veintisiete de septiembre de la misma anualidad, pese haberle requerido para que precisara con claridad el acto o actos que pretendía combatir mediante la demanda que dio origen al presente expediente-ello, al margen de que tampoco se inconformó con dicha actuación a través del medio de defensa previsto en la ley ordinaria-, a pesar de haber conocido de dicha actuación en la misma data en que presentó el libeló constitucional (dieciocho de septiembre pasado), tal y como lo refirió bajo protesta de decir verdad en el ocurso aclaratorio recibido en este Juzgado Federal el once de octubre del año en curso. En ese sentido, si la parte quejosa consintió el acuerdo que dio origen a los actos aquí reclamados, esto es el auto de siete de agosto de dos mil veintitrés, entonces deben considerarse también como consentidos la totalidad de actos que hora tilda de inconstitucionales, pues los mismos, en lo que interesa, constituyen una consecuencia directa de lo previamente acordado el siete de agosto pasado, siendo inconcuso que opera la causal de improcedencia invocada, que da lugar a desechar la demanda de amparo intentada. Ello, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 217, ambos la Ley de Amparo y las tesis antes trascritas. Por consiguiente, en conjunto a lo aquí esbozado, al actualizarse respecto de los actos reclamados, las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 217, de la Ley de Amparo, por ser un acto derivado de consentido, de conformidad en el artículo 113 de la misma legislación, se desecha de plano la demanda de amparo que nos ocupa por notoriamente improcedente. Cobra aplicación la tesis de jurisprudencia II.1o.C.T.11 K, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Tomo II, Diciembre de 1995, Materia Común, página: 509, de texto y rubro: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA; INTERPRETACION AL ARTICULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. De lo dispuesto por el artículo 145 de la ley de la materia, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías, deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse. Amén, de que cuando los actos reclamados en la respectiva demanda de amparo están fuertemente ligados entre sí formando una unidad o un todo de la que no es posible desmembrar, es necesario admitir la demanda y seguir los trámites correspondientes para dar oportunidad a que mediante los informes de las autoridades responsables y las pruebas que se rindan puedan confirmarse o desvanecerse los posibles motivos de improcedencia advertidos desde la iniciación del juicio y, de esa manera, evitar perjuicios irreparables al quejoso". Se ordena generación de versión pública. En cumplimiento a los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, realícense las acciones necesarias a fin de generar oportunamente la versión pública de la presente determinación, para que pueda ser consultable por el público en general.
- Principal
Quejosa pretende desahogar prevención. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado presuntivamente por la quejosa ********************, mediante el cual pretende desahogar la prevención de demanda que se le formuló en auto de veintiocho de septiembre pasado; sin embargo, previo a proveer su contenido, se advierte a simple vista que la firma que lo calza, es notoriamente distinta a la que obra en el escrito inicial de demanda, tal como se evidencia a continuación: Escrito de demanda. 2. Escrito de cuenta. Se requiere ratificación de firma. En consecuencia, requiérase a la parte promovente para que dentro del término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación del presente proveído, comparezca ante el personal judicial de este juzgado debidamente identificada con documento oficial y vigente en el cual conste su nombre completo para el efecto siguiente: Manifieste bajo protesta de decir verdad, si el escrito con el que se da cuenta fue suscrito de su puño y letra, y de ser así, justifique la razón por la cual los rasgos de la firma que lo calza, son notoriamente distintos a los plasmados en su demanda de amparo. El anterior requerimiento se formula en razón de que la firma constituye la manifestación expresa de voluntad y es entendida como la suscripción que de un documento hace una persona mediante la colocación al calce de éste de las palabras o signos idóneos para identificarle y que por su carácter personalísimo, encuadra en aquellas cosas de las que solo un individuo puede disponer. En el entendido que de reconocer como suyo el grafismo que obra en dicho escrito y no justificar de manera convincente la razón de la discrepancia destacada, se tendrán por no hechas las manifestaciones a que se contrae el ocurso de cuenta, con las consecuencias que ello acarreé. Apercíbase a la parte quejosa de las penas previstas en el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientas unidades de medida y actualización a quienes declaren con falsedad. La facultad de prevenir a la parte promovente del amparo tiene como finalidad contar con la certeza de que quien plasmó dicho grafismo efectivamente fue la quejosa, pues como se precisó, la misma diverge notoriamente con los rasgos plasmados en el escrito inicial de demanda. Asimismo, es preciso destacar que la relevancia de la expresión "bajo protesta de decir verdad", implica que los señalamientos que el quejoso llegare a realizar se harán con sujeción a la realidad, de modo que en caso de que no sea así, podría hacerse acreedor a la sanción antes dicha. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 3a./J. 24 (7/89), de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 9/88, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Tomo III, Primera Parte, Enero a Junio de 1989, página 385, cuyo rubro es el siguiente: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS, DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA." En el entendido de que si este órgano jurisdiccional aprecia una diferencia notoria entre la firma ratificada y la plasmada durante la diligencia de ratificación, de oficio se practicará y desahogará prueba pericial en materia de caligrafía y grafoscopía, a fin de corroborar su autenticidad, con la salvedad de que si acredita que dicha firma no fue plasmada de puño y letra por la directa quejosa, se tendrá por no presentado el escrito de cuenta y se dará vista a la agente Ministerio Público de la Federación adscrita para que por su conducto se inicie una carpeta de investigación por el o delitos que resulten. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia 59/2017 de la Décima Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 338/2016, con número de registro 2014436, de rubro: "PERICIAL EN MATERIA DE CALIGRAFÍA Y GRAFOSCOPIA. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA ORDENAR OFICIOSAMENTE SU PRÁCTICA Y DESAHOGO, A FIN DE VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE LA FIRMA QUE CALZA LA DEMANDA DE AMPARO, RECONOCIDA POR QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE EN ELLA, ÚNICAMENTE CUANDO ADVIERTA QUE LA FIRMA RATIFICADA Y LAS PLASMADAS DURANTE LA DILIGENCIA DE RATIFICACIÓN SON NOTORIAMENTE DIFERENTES." Se apercibe a la parte promovente que de no cumplir con lo anterior se tendrá por no presentado el escrito de cuenta, con las consecuencias legales que ello implique.
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