Judith Elizabeth Santoyo Márquez

Expediente 605/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 32 actuaciones registradas, la última del 13 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
605/2021
Año
2021
Actuaciones
32
Última actuación
13/06/2022

Partes del expediente

  • Judith Elizabeth Santoyo Márquez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 32.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a la quejosa en proveído de uno de junio del año en curso, a fin de que manifestara lo que a su interés conviniera en relación con el cumplimiento dado por la autoridad responsable a la sentencia de amparo; en esas condiciones, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en el expediente, el fallo protector se encuentra cumplido. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 297 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 203, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro es: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE. (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE LA SEGUNDA SALA)". También debe verificarse que en el cumplimiento de la ejecutoria no haya exceso o defecto, para lo cual deberá tenerse presente que hay exceso, cuando la responsable se extralimita en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria y que, por el contrario, habrá defecto cuando la autoridad cumple parcialmente con lo ordenado o lo hace deficientemente. Antecedentes El veintiséis de enero de dos mil veintidós, este juzgado dictó sentencia en la que se sobreseyó en el juicio respecto de ciertos actos reclamados, se negó el amparo en cuanto a otros y, finalmente, se concedió la protección constitucional a la quejosa, para los siguientes efectos: (. SEXTO. Efectos. Con base en las razones expuestas, y con apoyo además en el artículo 74, fracción V, de la Ley de Amparo, se concede la protección constitucional solicitada para que el Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada Investigación de Delitos Patrimoniales y Robo de Vehículos, con residencia en Irapuato, Guanajuato, realice lo siguiente dentro de la carpeta de investigación 56885/2021: I. Deje insubsistente el acuerdo de aseguramiento de dos de junio de dos mil veintiuno. II. En su lugar, emita otro en el que decrete que la medida cautelar deberá subsistir por el plazo de treinta días naturales, dentro de los cuales deberá desahogar las diligencias y actos de investigación que queden pendientes respecto del inmueble asegurado. III. Reconozca el carácter de asesores jurídicos dentro de la carpeta de investigación a las personas que la quejosa designe bajo ese carácter, y notifique a ésta o a aquellos, de manera personal, la determinación referida en el inciso anterior, para lo cual deberá correr traslado con copia íntegra. IV. Transcurrido el plazo referido en el inciso II, con plenitud en el ejercicio de sus facultades de investigación, determine si es procedente la devolución definitiva o provisional del inmueble, o bien, si se encuentra en condiciones de ponerlo a disposición de alguna autoridad judicial. (.) Por auto de siete de marzo de dos mil veintidós se declaró que la sentencia causó ejecutoria, por lo que se requirió su cumplimiento. Al respecto, la fiscalía responsable acató los efectos del fallo, lo cual acreditó mediante los siguientes oficios: El recibido vía correo electrónico y registrado en la oficialía de partes de este juzgado el veintinueve de marzo de dos mil veintidós, registrado el folio 6575. DGJ-569/2022 de dieciséis de marzo de dos mil veintidós, recibido en la oficialía de partes de este juzgado el cinco de abril siguiente, registrado con el folio 6961. 3239/2022 de once de abril de dos mil veintidós, recibido en la oficialía de partes de este juzgado el doce de abril de dos mil veintidós, registrado con el folio 7454. El recibido vía correo electrónico y registrado en la oficialía de partes de este juzgado el veinticinco de abril de dos mil veintidós, con el folio 8075. El recibido vía correo electrónico y registrado en la oficialía de partes de este juzgado el veintinueve de abril de dos mil veintidós, con el folio 8543. 4043/2022 de doce de mayo de dos mil veintidós, recibido en la oficialía de partes de este juzgado el dieciséis de mayo de dos mil veintidós, registrado con el folio 9409; y, El recibido por correo electrónico y registrado en la oficialía de partes de este juzgado el treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, con el folio 10368. Con tales comunicaciones, así como con las pruebas documentales anexas, se dio vista a la quejosa en proveído de uno de junio de los actuales, para que manifestara lo que a su interés conviniera, apercibida que de no hacer manifestación alguna, este juzgado se pronunciaría sobre el cumplimiento al fallo protector, teniendo en consideración únicamente lo manifestado por la responsable y con base en las constancias que remitió. Bajo ese contexto, la lectura de las constancias anexas a los oficios relacionados con antelación, permite advertir que se atendieron todos los efectos de la ejecutoria de amparo. Es así, ya que la autoridad responsable remitió las actuaciones ministeriales en las que se observa lo siguiente: En actuación de veintiuno de abril de dos mil veintidós, emitida dentro de la Carpeta de Investigación 56885/2021 de su índice, reconoció como asesores jurídicos a las personas que la quejosa designó bajo ese carácter. En resolución de aseguramiento de diecisiete de marzo de dos mil veintidós, dejó insubsistente el acuerdo de aseguramiento reclamado en esta instancia dictado el dos de junio de dos mil veintiuno, respecto del inmueble ubicado en calle Cebú, 2816, colonia Ganadera, de esta ciudad. Asimismo, determinó que la medida de aseguramiento debía subsistir por el plazo de treinta días naturales, el cual fenecería el dieciocho de abril de dos mil veintidós. En ampliación de entrevista de veintisiete de mayo de dos mil veintidós, determinó que al haberse acreditado la propiedad del inmueble asegurado, ubicado en calle Cebú, 2816, colonia Ganadera, de esta ciudad, ordenó la devolución de bien a la quejosa Judith Elizabeth Santoyo Márquez, en virtud de que ya no resultaba necesario su aseguramiento. En las relatadas condiciones, se estima que el fallo protector está cumplido conforme a lo dispuesto en los artículos 77 y 192, primera parte del primer párrafo, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que la autoridad acató los efectos del fallo, como se advierte en las constancias allegadas. Por tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente expediente como asunto concluido. a) Con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), este expediente es susceptible de depuración, el cual deberá conservarse en este órgano jurisdiccional por el plazo de tres años, contado a partir del presente acuerdo. Una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, deberá depurarse.

  2. Incidental

    istos los autos y toda vez que se ordenó el archivo definitivo del juicio de amparo del que deriva este incidente, aunado a que en interlocutoria de seis de septiembre de dos mil veintiuno se concedió la suspensión definitiva del acto reclamado; por tanto, en términos de lo que dispone el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, se establece: a) Con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), así como de la circular CAP/DGAD/392/2021 de ocho de marzo de dos mil veintiuno, el original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, el cual deberá conservarse en este órgano jurisdiccional por el término de tres años, contados a partir del presente acuerdo. Una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, deberá depurarse. Terminado el proceso de depuración se deberá transferir a la Dirección General de Archivo y Documentación. b) Con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, que deberá verificarse transcurrido un término de seis meses, contado a partir de la emisión del presente acuerdo, previa acta correspondiente.

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA PROVEÍDO DE 13 DE JUNIO DE 2022, QUE A LA LETRA DICE "...Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a la quejosa en proveído de uno de junio del año en curso, a fin de que manifestara lo que a su interés conviniera en relación con el cumplimiento dado por la autoridad responsable a la sentencia de amparo; en esas condiciones, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en el expediente, el fallo protector se encuentra cumplido. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 297 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 203, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro es: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE. (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE LA SEGUNDA SALA)". También debe verificarse que en el cumplimiento de la ejecutoria no haya exceso o defecto, para lo cual deberá tenerse presente que hay exceso, cuando la responsable se extralimita en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria y que, por el contrario, habrá defecto cuando la autoridad cumple parcialmente con lo ordenado o lo hace deficientemente. Antecedentes El veintiséis de enero de dos mil veintidós, este juzgado dictó sentencia en la que se sobreseyó en el juicio respecto de ciertos actos reclamados, se negó el amparo en cuanto a otros y, finalmente, se concedió la protección constitucional a la quejosa, para los siguientes efectos: (. SEXTO. Efectos. Con base en las razones expuestas, y con apoyo además en el artículo 74, fracción V, de la Ley de Amparo, se concede la protección constitucional solicitada para que el Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada Investigación de Delitos Patrimoniales y Robo de Vehículos, con residencia en Irapuato, Guanajuato, realice lo siguiente dentro de la carpeta de investigación 56885/2021: I. Deje insubsistente el acuerdo de aseguramiento de dos de junio de dos mil veintiuno. II. En su lugar, emita otro en el que decrete que la medida cautelar deberá subsistir por el plazo de treinta días naturales, dentro de los cuales deberá desahogar las diligencias y actos de investigación que queden pendientes respecto del inmueble asegurado. III. Reconozca el carácter de asesores jurídicos dentro de la carpeta de investigación a las personas que la quejosa designe bajo ese carácter, y notifique a ésta o a aquellos, de manera personal, la determinación referida en el inciso anterior, para lo cual deberá correr traslado con copia íntegra. IV. Transcurrido el plazo referido en el inciso II, con plenitud en el ejercicio de sus facultades de investigación, determine si es procedente la devolución definitiva o provisional del inmueble, o bien, si se encuentra en condiciones de ponerlo a disposición de alguna autoridad judicial. (.) Por auto de siete de marzo de dos mil veintidós se declaró que la sentencia causó ejecutoria, por lo que se requirió su cumplimiento. Al respecto, la fiscalía responsable acató los efectos del fallo, lo cual acreditó mediante los siguientes oficios: El recibido vía correo electrónico y registrado en la oficialía de partes de este juzgado el veintinueve de marzo de dos mil veintidós, registrado el folio 6575. DGJ-569/2022 de dieciséis de marzo de dos mil veintidós, recibido en la oficialía de partes de este juzgado el cinco de abril siguiente, registrado con el folio 6961. 3239/2022 de once de abril de dos mil veintidós, recibido en la oficialía de partes de este juzgado el doce de abril de dos mil veintidós, registrado con el folio 7454. El recibido vía correo electrónico y registrado en la oficialía de partes de este juzgado el veinticinco de abril de dos mil veintidós, con el folio 8075. El recibido vía correo electrónico y registrado en la oficialía de partes de este juzgado el veintinueve de abril de dos mil veintidós, con el folio 8543. 4043/2022 de doce de mayo de dos mil veintidós, recibido en la oficialía de partes de este juzgado el dieciséis de mayo de dos mil veintidós, registrado con el folio 9409; y, El recibido por correo electrónico y registrado en la oficialía de partes de este juzgado el treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, con el folio 10368. Con tales comunicaciones, así como con las pruebas documentales anexas, se dio vista a la quejosa en proveído de uno de junio de los actuales, para que manifestara lo que a su interés conviniera, apercibida que de no hacer manifestación alguna, este juzgado se pronunciaría sobre el cumplimiento al fallo protector, teniendo en consideración únicamente lo manifestado por la responsable y con base en las constancias que remitió. Bajo ese contexto, la lectura de las constancias anexas a los oficios relacionados con antelación, permite advertir que se atendieron todos los efectos de la ejecutoria de amparo. Es así, ya que la autoridad responsable remitió las actuaciones ministeriales en las que se observa lo siguiente: En actuación de veintiuno de abril de dos mil veintidós, emitida dentro de la Carpeta de Investigación 56885/2021 de su índice, reconoció como asesores jurídicos a las personas que la quejosa designó bajo ese carácter. En resolución de aseguramiento de diecisiete de marzo de dos mil veintidós, dejó insubsistente el acuerdo de aseguramiento reclamado en esta instancia dictado el dos de junio de dos mil veintiuno, respecto del inmueble ubicado en calle Cebú, 2816, colonia Ganadera, de esta ciudad. Asimismo, determinó que la medida de aseguramiento debía subsistir por el plazo de treinta días naturales, el cual fenecería el dieciocho de abril de dos mil veintidós. En ampliación de entrevista de veintisiete de mayo de dos mil veintidós, determinó que al haberse acreditado la propiedad del inmueble asegurado, ubicado en calle Cebú, 2816, colonia Ganadera, de esta ciudad, ordenó la devolución de bien a la quejosa Judith Elizabeth Santoyo Márquez, en virtud de que ya no resultaba necesario su aseguramiento. En las relatadas condiciones, se estima que el fallo protector está cumplido conforme a lo dispuesto en los artículos 77 y 192, primera parte del primer párrafo, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que la autoridad acató los efectos del fallo, como se advierte en las constancias allegadas. Por tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente expediente como asunto concluido. a) Con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), este expediente es susceptible de depuración, el cual deberá conservarse en este órgano jurisdiccional por el plazo de tres años, contado a partir del presente acuerdo. Una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, deberá depurarse..."

  4. Principal

    intégrese al expediente el oficio remitido por el agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Técnicas e Investigaciones Especializadas del Estado de Guanajuato, con sede en la capital, mediante el cual pretende dar cumplimiento el requerimiento de veintiséis de abril pasado. Al respecto, de las constancias que remite como anexo, se advierte que éstas carecen de rúbrica, entresello, folio completo y certificación original; por tanto, con fundamento en el artículo 129 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, requiérase a dicha autoridad, para que en el término de tres días, las remita en soporte impreso, debidamente foliadas, entreselladas, rubricadas y certificadas. Es así, porque la calidad de públicos se demuestra por la existencia regular, sobre los documentos, de los sellos y firma del servidor público facultado para tal efecto, a fin de otorgarle valor al momento de resolver el cumplimiento de la totalidad de los efectos de la presente ejecutoria. Se apercibe a la autoridad responsable que en caso de no cumplir con lo aquí ordenado o de no informar la imposibilidad que tenga para hacerlo, se le impondrá multa de cincuenta unidades de medida y actualización, en términos de lo establecido en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo.

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