Judith Domínguez Godínez

Expediente 198/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 8 actuaciones registradas, la última del 18 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
198/2021
Año
2021
Actuaciones
8
Última actuación
18/08/2021

Partes del expediente

  • Judith Domínguez Godínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a dieciocho de agosto de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y al analizar las constancias que integran el presente expediente de manera oficiosa, se advierte que se actualizan diversas causas improcedencia, que impiden la prosecución del juicio de amparo. En ese sentido y para el análisis respectivo, es necesario precisar los actos reclamados en esta vía, esto atendiendo íntegramente la demanda de amparo, por lo que visto esta, los actos consisten en: ? La trasmisión de la propiedad ubicada en Avenida Central Sur Número Veinticuatro, Barrio Guadalupano, en Villa Comaltitlan, Chiapas, a través de un contrato de donación protocolizado en el instrumento notarial mil setecientos diecinueve volumen dieciocho. ? La negativa de reconocerla como legitima propietaria. ? la cancelación de registro ante la sección de catastro y la emisión del nuevo folio FI2870042. La anterior determinación se precisa con apoyo en la tesis jurisprudencial 565, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 628, tomo II, Procesal Constitucional 1, Común Primera Parte - SCJN Quinta Sección, Novena Época, del Apéndice 1917- septiembre 2011, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo". En ese sentido, para efectos de entendimiento, primeramente, se abordará lo referente a los actos reclamados al Notario Público Número Ciento Cuarenta y Cinco del Estado, consistente en: ? La trasmisión de la propiedad ubicada en Avenida Central Sur Número Veinticuatro, Barrio Guadalupano, en Villa Comaltitlan, Chiapas, a través de un contrato de donación protocolizado en el instrumento notarial mil setecientos diecinueve volumen dieciocho. ?La negativa de reconocerla como legitima propietaria. En ese contexto, este juzgador en funciones, considera no le asiste el carácter de autoridad responsable a la mencionada, por lo que se actualiza la causa de improcedencia que señalan los artículos 1º, fracción I y 5°, fracción II en relación con el diverso numeral 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, que disponen: Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: [.] I.- Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.] Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.; Así, el primero de los numerales citados establece el objeto del juicio de amparo y, en lo que aquí interesa, refiere que solo procede contra actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por su parte, el segundo precepto transcrito establece que son partes en el juicio de amparo, entre otras, la autoridad responsable, teniendo tal carácter la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas, en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. El último artículo plasmado prevé que el juicio de amparo es improcedente en los casos en que la causa resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o, en su caso, de la Ley de Amparo. En este orden de ideas, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos de la procedencia del juicio de amparo, ha establecido como características o notas distintivas que se requieren para tener el carácter de autoridad responsable, las siguientes: ? La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; ? Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; ? Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, ? Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Elementos que dieron origen a la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el tomo XXXIV, septiembre de 2011, novena época, registro: 161133, página: 1089, de rubro y texto siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Asimismo, con posterioridad, la Segunda Sala del Alto Tribunal emitió la tesis 2a./J. 127/2015, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en el Libro 22, Septiembre de 2015, tomo I, décima época, registro: 200018, página: 510 en la que definió con mayor amplitud las notas distintivas que corresponden a las autoridades para efectos del juicio de amparo, tal como se lee: "NOTARIOS PÚBLICOS. NO SON AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO EN LOS CASOS EN QUE CALCULAN, RETIENEN Y ENTERAN EL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES, PORQUE ACTÚAN COMO AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 423/2014, determinó que de acuerdo con el artículo 5, fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, para que un particular pueda ser llamado a juicio en calidad de autoridad responsable se requiere que el acto que se le atribuya: 1) sea equivalente a los de autoridad, esto es, que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar algún acto en forma unilateral y obligatoria, o bien, que omita actuar en determinado sentido; 2) afecte derechos creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas; y 3) que sus funciones estén determinadas en una norma general que le confiera las atribuciones para actuar como una autoridad del Estado, cuyo ejercicio, por lo general, tenga un margen de discrecionalidad. Sobre esa base, cuando el notario público por disposición legal calcula, retiene y entera el impuesto sobre adquisición de inmuebles, no tiene el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, en virtud de que no actúa de manera unilateral y obligatoria sino en cumplimiento de las disposiciones que le ordenan la realización de esos actos, de donde se entiende que actúa como auxiliar del fisco. Ello no implica desconocer que esos actos pueden ser considerados como la aplicación de una norma general para efectos de la promoción del juicio de amparo. Del criterio plasmado, se obtiene que actualmente las características de los entes para ser considerados como autoridades para el juicio de amparo, son susceptibles de conceptualizarse en las siguientes: 1) Que el acto sea equivalente a los de autoridad, esto es, que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar algún acto en forma unilateral y obligatoria, o bien, que omita actuar en determinado sentido; 2) Que el acto afecte derechos creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas; 3) Que sus funciones estén determinadas en una norma general que le confiera las atribuciones para actuar como una autoridad del Estado, cuyo ejercicio, por lo general, tenga un margen de discrecionalidad. En congruencia con las notas distintivas relatadas, en la Ley de Amparo se integra el concepto de particular como autoridad, lo que es consignado en el artículo 5, fracción II, párrafo segundo de la Ley de Amparo, y que de la ejecutoria que produjo el origen de la tesis 2a./J. 127/2015 (10a.) antes citada, se desprende la interpretación jurisprudencial para ser considerada la actuación del particular como autoridad responsable, recayendo en los siguientes parámetros: ? Realice actos equivalentes a los de autoridad, esto es, que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar algún acto en forma unilateral y obligatoria, o bien, que omita actuar en determinado sentido. ? Afecte derechos creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas; y, ? Sus funciones estén determinadas en una norma general que le confiera las atribuciones para actuar como una autoridad del Estado, cuyo ejercicio, por lo general, tenga un margen de discrecionalidad, y según lo interpretó la Segunda Sala del más Alto Tribunal del País en el criterio de observancia obligatoria precitado, siempre que actúe con imperio, y no como auxiliar del Estado, es decir, que tenga una relación con el quejoso de supra a subordinación. En este orden de ideas, es posible afirmar que no todo acto emitido por un órgano de la administración pública constituye un "acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo", sino solamente aquellos que impliquen el ejercicio de una potestad administrativa, es decir, aquellos que supongan el ejercicio de facultades que otorguen a la autoridad privilegios sustentados en el orden público y el interés social, de tal magnitud que actualicen una relación de supra a subordinación. Ahora bien, de las constancias que integran el presente juicio se acredita que la parte quejosa reclama del Notario Público Número Ciento Cuarenta y Cinco del Estado de Chiapas, la transmisión de una propiedad a través de un contrato de donación y la negativa de reconocer la calidad de única propietaria. Sin embargo, tales actuaciones no equivalen a considerar al Notario Público como autoridad para efectos del juicio de amparo, en razón de que su función se limita a dar fe y protocolizar el acto, hecho o negocio jurídico, sin que tal intervención, por sí misma, dé lugar a modificar de manera unilateral la situación jurídica del quejoso ni tampoco afectar su esfera jurídica. En efecto, la protocolización de una escritura pública no implica la existencia de un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues al ejercer esa función en términos de la ley de notariado que rige su servicio, únicamente da fe de los actos, hechos o negocios jurídicos que celebran las partes que intervienen en ellos; empero, no modifica su situación jurídica de manera unilateral ni afecta su esfera jurídica; en todo caso, es el propio acto, hecho o negocio jurídico el que pudiera modificar o extinguir situaciones jurídicas de las partes, pero no la intervención del fedatario público. Robustece lo anterior, la tesis XXVII.3o.36 K (10a.) del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, agosto de 2014, tomo III, de contenido siguiente: "NOTARIO PÚBLICO. NO REALIZA ACTOS EQUIVALENTES A LOS DE UNA AUTORIDAD CUANDO SE LE RECLAMA LA PROTOCOLIZACIÓN DE UNA ESCRITURA PÚBLICA, SI ÚNICAMENTE DA FORMALIDAD AL ACTO JURÍDICO QUE CELEBRAN LAS PARTES. Conforme al artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, el concepto de autoridad responsable queda desvinculado de su naturaleza formal, y ahora atiende a la unilateralidad del acto susceptible de crear, modificar o extinguir obligatoriamente situaciones jurídicas, con la modalidad de que los particulares tendrán esa calidad cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los referidos términos y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Por ende, la protocolización de una escritura pública por un notario público, al ejercer esa función en términos de la ley del notariado que rige su actuación, no implica la realización de actos equivalentes a los de una autoridad para efectos del amparo, ya que sólo autentica y da forma a los instrumentos donde constan los actos, hechos o negocios jurídicos que celebran las partes que en ellos intervienen, razón por la cual no impone disposiciones normativas ni modifica alguna situación jurídica de manera unilateral ni afecta la esfera legal de las partes, pues es el acto, hecho o negocio jurídico protocolizado el que, en sí mismo, CESAR OMAR ACERO HERNANDEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d0.49 18/09/22 09:40:12 crea, modifica o extingue situaciones jurídicas y el que, en su caso, podría causar perjuicio a las partes que intervienen." Asimismo, sirve de apoyo, por identidad de razón, la tesis I.3o.C.88 K (10a.) del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 22, septiembre de 2015, tomo III, cuyo rubro y texto es: "NOTARIO PÚBLICO. NO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL AMPARO, DADO QUE CARECE DE FACULTADES PARA CREAR, MODIFICAR O EXTINGUIR SITUACIONES JURÍDICAS EN FORMA UNILATERAL Y OBLIGATORIA. El artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo establece la norma que regula las notas características del acto de autoridad, en cuanto crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, así como también identifica como autoridad a los particulares cuyas funciones estén determinadas por una norma general que los faculte para realizar actos equivalentes a aquellos que afecten derechos en términos de esta fracción. En ese sentido, la intervención de un notario en la elaboración de una escritura, no le otorga la calidad de autoridad responsable en el juicio de amparo, porque no dicta, ordena, ni ejecuta un acto que crea, modifica o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, sino que únicamente da fe y protocoliza el acto de la autoridad judicial. Esto es, la objetiva posibilidad legalmente prevista de que un ente del gobierno o un particular puedan ser considerados como autoridades responsables para efectos del juicio de amparo, deriva de la naturaleza y características propias del acto que emiten u omiten, pues no sólo debe tener las cualidades específicas señaladas de unilateralidad y obligatoriedad, sino que también deben trascender o impactar en la esfera jurídica del gobernado, creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas o fácticas, siempre que esa posibilidad para el particular derive de una facultad expresa conferida por normas generales. En esas condiciones, si bien es cierto que aunque el artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo establece que para los efectos de la propia ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de la citada fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general, también lo es que el notario público no se encuentra en ese supuesto, pues lo que se reclama de éste es cualquier acto tendente a tirar la escritura del inmueble materia del juicio de origen, lo que implica que únicamente dará fe del acto de adjudicación, con lo cual da la forma de escritura pública a ese acto, para efecto de su inscripción; pero no actúa por sí y ante sí, de manera unilateral, para afectar la esfera jurídica de la quejosa, máxime que de los artículos 11 y 12 de la Ley del Notariado para el Distrito Federal se advierte que los notarios públicos son sólo auxiliares de la administración de justicia, así como que están obligados a prestar sus servicios profesionales cuando para ello fueren requeridos por las autoridades, por los particulares o en cumplimiento de resoluciones judiciales." Así las cosas, el Notario Público Número Ciento Cuarenta y Cinco del Estado de Chiapas, no es autoridad para los efectos del juicio de amparo, pues al dar solo formalidad a los actos jurídicos y dar fe de los hechos que se le ponen a la vista o la voluntad de las partes, en este caso, un contrato de donación, solo actúa en ejercicio de sus funciones, por lo que no actuó por sí y ante sí de manera unilateral para afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Bajo esa tesitura, las decisiones o actos que se tomaron no tienen el carácter de unilaterales, imperativas y coercitivas, características propias de los actos emitidos por una autoridad y, mucho menos en una relación de supra-subordinación, sino de naturaleza eminentemente contractual. En esas circunstancias, el acto reclamado en esta vía constitucional, sólo da origen a una controversia contractual entre particulares, por lo que no deriva de un mandamiento unilateral de la autoridad, para los efectos del juicio de garantías y con las características que dicho acto de autoridad requiere, según se ha justificado. Sostiene lo anterior, por similitud la tesis I.3o.C.88 K (10a.) sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 22, septiembre de 2015, Tomo III, visible en la página 2091, que dice: "NOTARIO PÚBLICO. NO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL AMPARO, DADO QUE CARECE DE FACULTADES PARA CREAR, MODIFICAR O EXTINGUIR SITUACIONES JURÍDICAS EN FORMA UNILATERAL Y OBLIGATORIA. El artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo establece la norma que regula las notas características del acto de autoridad, en cuanto crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, así como también identifica como autoridad a los particulares cuyas funciones estén determinadas por una norma general que los faculte para realizar actos equivalentes a aquellos que afecten derechos en términos de esta fracción. En ese sentido, la intervención de un notario en la elaboración de una escritura, no le otorga la calidad de autoridad responsable en el juicio de amparo, porque no dicta, ordena, ni ejecuta un acto que crea, modifica o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, sino que únicamente da fe y protocoliza el acto de la autoridad judicial. Esto es, la objetiva posibilidad legalmente prevista de que un ente del gobierno o un particular puedan ser considerados como autoridades responsables para efectos del juicio de amparo, deriva de la naturaleza y características propias del acto que emiten u omiten, pues no sólo debe tener las cualidades específicas señaladas de unilateralidad y obligatoriedad, sino que también deben trascender o impactar en la esfera jurídica del gobernado, creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas o fácticas, siempre que esa posibilidad para el particular derive de una facultad expresa conferida por normas generales. En esas condiciones, si bien es cierto que aunque el artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo establece que para los efectos de la propia ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de la citada fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general, también lo es que el notario público no se encuentra en ese supuesto, pues lo que se reclama de éste es cualquier acto tendente a tirar la escritura del inmueble materia del juicio de origen, lo que implica que únicamente dará fe del acto de adjudicación, con lo cual da la forma de escritura pública a ese acto, para efecto de su inscripción; pero no actúa por sí y ante sí, de manera unilateral, para afectar la esfera jurídica de la quejosa, máxime que de los artículos 11 y 12 de la Ley del Notariado para el Distrito Federal se advierte que los notarios públicos son sólo auxiliares de la administración de justicia, así como que están obligados a prestar sus servicios profesionales cuando para ello fueren requeridos por las autoridades, por los particulares o en cumplimiento de resoluciones judiciales. (Lo subrayado es propio). Por otro lado, respecto del acto consistente en la cancelación de registro ante la sección de catastro y la emisión del nuevo folio FI2870042, este juzgador en funciones considera que se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII en relación con el artículo 77 de la Ley de Amparo, por las siguientes consideraciones: Los artículos 61, fracción XXIII y 77 de la Ley de Amparo, señalan: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley; Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. El primer precepto citado prevé que el juicio de amparo es improcedente en los casos en que la causa resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o, en su caso, de la Ley de Amparo. En este sentido, del segundo numeral transcrito se obtiene que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados. Así el efecto de la sentencia que conceda el amparo y protección de la justicia de la unión es la de restituir las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación cuando sea jurídica y materialmente posible. Sirve de apoyo a lo considerado, la jurisprudencia P./J. 90/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 9 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta VI, Diciembre de 1997, Novena Época, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO.- El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven."; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija. En ese tenor, la causal en estudio se actualiza cuando existe imposibilidad jurídica para que la sentencia de amparo produzca efectos restitutorios de la garantía que el quejoso estima violada en su perjuicio. Por su parte, los artículos 16 y 23 del Reglamento de la Ley de Catastro del Estado de Chiapas, disponen lo siguiente: "ARTICULO 16.- PARA LOS EFECTOS DE LOS ARTICULOS 23, 62, 74 Y 75 DE LA LEY, PARA ACREDITAR LA TENENCIA DE LOS PREDIOS SE DEBERA PRESENTAR COPIA, COTEJADA CON EL ORIGINAL, DE LOS DOCUMENTOS QUE ENSEGUIDA SE INDICAN: I. PARA ACREDITAR LA PROPIEDAD: a) ESCRITURA PUBLICA b) TITULO DE PROPIEDAD EXPEDIDO POR INSTITUCION AUTORIZADA. c) ESCRITURA PRIVADA. d) RESOLUCION PRESIDENCIAL, EN EL CASO DE EJIDOS. (REFORMADO, P.O. 26 DE ABRIL DE 2006) LOS DOCUMENTOS ENUNCIADOS EN LOS INCISOS A), B) Y C), DEBERAN CONTENER LOS DATOS DE INSCRIPCION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO. II. PARA ACREDITAR LA POSESION: a) DOCUMENTO DERIVADO DE UN ACUERDO DE ASAMBLEA, QUE CERTIFIQUE LA CESION DE DERECHOS EN TERRENOS URBANOS EJIDALES. b) RESOLUCION JUDICIAL, SIEMPRE Y CUANDO SE DE EL AVISO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 72 DE LA LEY. "ARTICULO 23.- LOS DATOS DE LA CEDULA - AVALUO CORRESPONDIENTE A LA TOTALIDAD DE UN PREDIO DEBERAN SER INCORPORADOS EN LOS REGISTROS CATASTRALES, UNA VEZ EXPEDIDA ESTA. LOS DATOS DE LA CEDULA-AVALUO DE UNA FRACCION O DE LA FUSION DE DOS O MAS PREDIOS, SE INCORPORARAN A LOS REGISTROS CATASTRALES CUANDO SE PRESENTE EL DOCUMENTO DE LA OPERACION TRASLATIVA DE DOMINIO RESPECTIVA, EN EL QUE SE CONSIGNE S INSCRIPCION EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO." (lo resaltado es propio) Ahora los artículos 45, 157 y 161 del Reglamento del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Chiapas, mencionan lo siguiente: "Artículo 45.- Las resoluciones judiciales que causen ejecutoria que ordenen una inscripción, anotación o cancelación, dictadas en juicio donde el Registrador haya sido parte, se cumplirán en los plazos señalados por el mandamiento o resolución, haciéndose aplicables lo señalado por el segundo párrafo del artículo 26 del presente Reglamento. Artículo 157.- Siempre que ante un tribunal se promueva la nulidad o cancelación de una inscripción preventiva o anotación marginal, el juez ante quien se haya solicitado lo participará al funcionario con atribuciones de Registrador, que recibirá el mandamiento para que se realice la captura en el sistema informático SIREC y sobre la carátula marginal que le corresponda de forma preventiva, precisando el reclamo de la nulidad o cancelación requerido en la carátula. Artículo 161.- Podrá pedirse y deberá ordenarse, en su caso, por la autoridad competente, la cancelación total de las inscripciones y anotaciones marginales preventivas e inscripciones definitivas, cuando: I. Se extinga por completo el bien objeto de la inscripción. II. Se extinga, también por completo, el derecho inscrito. III. Se declare la nulidad del acto consignado en el documento en cuya virtud se haya hecho la inscripción. IV. Se declare la nulidad de la inscripción. V. Sea vendido judicialmente el inmueble que reporte el gravamen. VI. Tratándose de cédula hipotecaria o de embargo, hayan transcurrido tres años de la fecha de la inscripción, sin que el interesado haya promovido el juicio correspondiente. VII. Cuando se encuentre establecido en la Ley. La cancelación deberá realizarse por mandamiento de la autoridad judicial Competente, de conformidad en lo previsto en el artículo 3002 del Código Civil." (lo resaltado es propio) De la interpretación armónica de los preceptos transcritos se desprende que las inscripciones hechas en el Registro Público de la Propiedad así como en el Registro Catastral del Estado, únicamente pueden cancelarse por consentimiento de las partes o por decisión judicial, de tal manera que fuera del caso que sea por consentimiento de las partes, para realizarla válidamente, es necesario ejercer la vía judicial en la que podrá escucharse a los interesados; es decir, para impedir que surtan sus efectos jurídicos los actos que derivan de una inscripción registral, es menester que previamente se declare judicialmente la nulidad de la misma; lo que no es factible hacer a través del juicio de amparo. En ese tenor, los actos que derivan de una inscripción registral o catastral, deben respetarse mientras no se resuelva sobre la nulidad de la misma en un juicio contradictorio, en el que se oiga a las partes y se decida lo que en derecho corresponda, conforme a lo alegado y probado; de lo contrario los órganos de control constitucional se estarían sustituyendo a la autoridad del orden común, lo que no sucedería si se tratara de actos judiciales. Ahora bien, de las constancias que integran el presente juicio se acredita que la inscripción o registro del contrato de donación protocolizado en el instrumento notarial mil setecientos diecinueve, volumen dieciocho, ante la fe del Notario Público Número Ciento Cuarenta y Cinco del Estado de Chiapas, con lleva una anotación de las autoridades administrativas en el registro público de la propiedad y por ende en el Catastro del Estado de Chiapas, dando así quizá un nuevo número de folio. Por lo que, en el presente caso se trata de una autoridad administrativa (Registro Público de la Propiedad y del Comercio) que en el ejercicio de sus funciones puede registrar un instrumento notarial para dar efectos frente a terceros y este conllevar al trámite catastral correspondiente, es decir todo derivada de un pacto entre particulares. De ahí que, como se dijo, la validez de las anotaciones e inscripciones registrales, por ley, no pueden decidirse en el amparo, sin que previamente haya sido resuelta por la autoridad del orden común en la litis contradictoria correspondiente. Luego, aun cuando se concluyera que los acto de autoridad aquí reclamados pudieran resultar inconstitucionales, jurídicamente se tornaría imposible restituir a la parte quejosa en el goce de la garantía que se estime violada, en la medida que sus efectos, de realizarse, importaría ordenar la cancelación de los alcances de la inscripción o registro del nuevo folio, lo cual está encomendado a los tribunales de instancia; de ahí que contra las inscripciones registrales, cancelaciones o anotaciones, que no han sido declaradas nulas jurídicamente, sea improcedente el juicio de amparo. En este contexto y por los razonamientos antes anotados, de conformidad con los artículos 61 fracción XXIII así como 63 fracción V , en relación con los articulo 1º, fracción I, 5°, fracción II y 77 todos de la Ley de Amparo, se SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de amparo. Apoya lo anterior la Jurisprudencia por contradicción 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Página trescientos ochenta y seis, del Tomo XVII, Marzo de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, la cual es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En consecuencia, se deja sin efectos la fecha señalada para llevarse a cabo la celebración de la audiencia constitucional, misma que se encuentra fijada para las TRECE HORAS CON CINCUENTA Y UN MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO. Comuníquese lo anterior a las autoridades señaladas como responsables, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Notifíquese por personalmente a la parte quejosa, electrónicamente al Agente del Ministerio Público adscrito y por oficio a las autoridades responsables.

  2. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a dos de agosto de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal de los autos, se advierte que en proveído de veinticinco de junio del año en curso se agregó el informe justificado rendido por la autoridad responsable Notario Público Número Ciento Cuarenta y Cinco del Estado de Chiapas, en el que se advierte, que Adith Guzmán Godínez, le asiste el carácter de tercera interesada, de conformidad el artículo 5, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Ahora bien, previo a requerir información del domicilio de la tercera mencionada, el suscrito juzgador en funciones, advierte que se actualizan causas de improcedencias para cada acto reclamado, estos derivados del numeral 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1, fracción I, 5°, fracción II y 77 todos de la Ley de Amparo; en tal virtud, con apoyo en el numeral 64 de la ley de la materia, dése vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días manifieste lo que a su derecho convenga; apercibido que de ser omisa, se continuará con el trámite que corresponda. Finalmente, también del estado procesal que guardan los autos, se advierte que para este día se encuentra señalada la audiencia constitucional, sin que se esté en aptitud de llevarse a cabo, en razón a lo acordado en líneas precedente, por lo tanto para dar margen a lo anterior, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día y se fijan las TRECE HORAS CON CINCUENTA Y UN MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO, para su verificativo. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    En catorce de julio de dos mil veintiuno, se da cuenta, con el oficio signado por el Delegado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio y Notarías en Huixtla, Chiapas, registrado con el folio 6468. Conste.Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a catorce de julio de dos mil veintiuno. Vista la cuenta, téngase por recibido y agréguese a los autos el oficio signado por el Delegado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio y Notarías en Huixtla, Chiapas, mediante el cual rinde su respectivo informe justificado. Atento lo anterior, con fundamento en el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; con el contenido del referido informe justificado dese vista a las partes por el término de ocho días para que manifiesten lo que a su interés convenga. Lo anterior es sin perjuicio de hacer la relación correspondiente del informe justificado en la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Jorge Carrasco Rodríguez, Secretario en Funciones de Juez, del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chiapas, con fundamento en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo y de conformidad con la autorización de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, con número de oficio CCJ/ST/3781/2020, de fecha catorce de diciembre de dos mil veinte, quien actúa ante la licenciada Daisy Yanira Romero Gamboa, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Vista la cuenta, téngase por recibido y agréguese a los presentes autos, el oficio firmado por el Encargado de la Administración Postal con residencia en esta ciudad mediante el cual en contestación al requerimiento que se le efectuó por auto de cinco de julio del año que transcurre; manifiesta que la pieza postal del oficio 6014 fue entregada a su destinatario y en cuanto el acuse del mismo esté en su poder la devolverá a este Juzgado. Por tanto, este juzgado queda enterado y se está a la espera del acuse de recibido del citado oficio.

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