Judith del Carmen Martinez Cruz
Expediente 1926/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1926/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 26/01/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Judith del Carmen Martinez Cruz
Actuaciones
- Principal
HA TRANSCURRIDO EL TERMINO PARA QUE LAS PARTES INTERPUSIERAN RECURSO DE REVISION EN CONTRA DEL AUTO DICTADA EN ESTOS AUTOS, EN EL QUE SE SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA, SE DECLARA QUE LA MISMA HA CAUSADO ESTADO, SE ORDENA EL ARCHIVO DEL ASUNTO, ES SUSCEPTIBLE DESTRUCCION...LA INFORMACION ES PUBLICA Y ESTARA A DISPOSICION DE LAS PARTES CUANDO LO SOLICITEN...
- Principal
Visto lo de cuenta, se provee: se tiene por recibido el informe justificado rendido por el Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, con el que remite copia certificada del proveído de quince de diciembre de dos mil diecisiete, dictado en el expediente laboral 3383/2016, del que se advierte que en esa data, dejó sin efectos la hora y fecha señalada en acuerdo de quince de diciembre de dos mil diecisiete, para el desahogo de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas y se fijaron para tal efecto las trece horas del nueve de febrero de dos mil dieciocho; el cual se agrega para que obre como corresponda y será tomado en consideración enseguida; documentales que tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en vigor, ........Ahora bien, tomando en cuenta que el acto reclamado lo constituye el acuerdo de quince de diciembre de dos mil diecisiete, dictado en el juicio laboral 3383/2016, en el que se señalaron las diez horas del treinta de mayo de dos mil dieciocho, para el desahogo de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas. Luego, tomando en consideración que la autoridad responsable, dejó sin efectos la fecha y hora señalada el quince de diciembre de dos mil diecisiete, y en su lugar fijó las trece horas del nueve de enero de dos mil dieciocho, en el juicio laboral 3383/2016; es inconcuso que en la especie han cesado los efectos del acto reclamado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor......Sin que sea óbice a lo anterior el hecho que si bien la junta responsable no señaló la diligencia dentro del término que establece el artículo 883 de la Ley Federal del Trabajo, no menos cierto es que dicha fecha no resulta excesiva tomando en consideración que de conformidad con el artículo 77 de la Ley de Amparo, a ningún efecto práctico conllevaría conceder la protección constitucional, numeral del que se advierte lo siguiente: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. (.) Bajo estas consideraciones, se estima que no procede entrar al estudio del fondo del asunto, en virtud de que existe la imposibilidad de materializar los resultados de una sentencia concesoria, lo que origina la actualización de la causal de improcedencia invocada, por no poderse concretar los efectos del amparo. Ahora bien, del artículo 77 de la ley de la materia, se advierte dos supuestos para el caso de concesión del amparo a la parte quejosa, dependiendo de la clase de actos reclamados; uno respecto de actos positivos, atinente a que el efecto del amparo será restituir al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; lo que implica que la autoridad responsable deje insubsistente su acto que fue declarado inconstitucional; y el otro, es con relación a actos negativos o bien, implique una omisión, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Al respecto, cobra vigencia la jurisprudencia del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, identificada con clave I.3o.C. J/6 (10a.), Libro 2, Enero de 2014, Tomo IV, Materia Común, localizable en la página 2895, registro número 2005327, del Semanario Judicial de la Federación, que indica lo siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. SUS EFECTOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 77 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE). El citado artículo regula los efectos de la concesión del amparo, distinguiendo entre los actos reclamados de carácter positivo y negativo. Cuando sean de carácter positivo, el efecto es restituir al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, lo que implica que la autoridad responsable deje insubsistente su acto que fue declarado inconstitucional. Cuando se trate de un acto de carácter negativo o que implique una omisión, el efecto será el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trata y a cumplir, lo que éste exija. Sin embargo, cuando el acto es judicial y se trata de una cuestión litigiosa, por la naturaleza del asunto, no puede dejar de resolverse, en acatamiento a las garantías de debido proceso y acceso pleno a la administración de justicia que establecen los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, la autoridad judicial siempre deberá dictar una sentencia en la que atienda a la declaración de inconstitucionalidad y subsane ese vicio, con las consecuencias jurídicas procesales y sustantivas que implique." Asimismo, sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala del más Alto Tribunal del país, visible en la página 119, Volumen 151-156, Tercera Parte, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación que refiere lo siguiente: "EFECTOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven"; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención) se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija." Así, el efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven; y tomando en consideración que el juicio constitucional siempre debe tener una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, es necesario para que proceda, que la sentencia que se dicte, suponiendo que fuese favorable al quejoso, le produzca la restitución en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una omisión), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija. Es por esa razón, que el juicio de amparo debe en todo tiempo tener resultados concretos o prácticos y no constituir sólo un medio para realizar actividades especulativas, de tal modo de que cuando a tales efectos no pueden obtenerse a pesar de la posible concesión del amparo a la parte agraviada, el juicio de amparo debe declararse improcedente. En ese sentido, resulta aplicable la tesis de jurisprudencia número P./J. 90/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 9, Tomo VI, Diciembre de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO.- El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven."; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija." Del criterio antes trascrito se infiere que la causa de improcedencia de que se trata, está orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es obtener la reparación constitucional a que alude el artículo 77 de la Ley de Amparo, en los términos ya mencionados. Por otro lado, de las constancias que remitió la autoridad responsable en apoyo a su informe con justificación, las cuales fueron ponderadas con antelación, se advierte que mediante auto de quince de diciembre de dos mil diecisiete, señaló las trece horas del nueve de febrero próximo, para la celebración de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas. Sin embargo, aun cuando en el caso fuera procedente conceder el amparo y protección al quejoso, lo cierto es que al tener el acto reclamado el carácter de positivo, el efecto de la protección federal que en su caso se otorgara en términos de lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, sería en el sentido general de restituir las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación cometida; lo cual significaría dejar insubsistente la fecha programada en el auto de quince de diciembre del año inmediato anterior, para la celebración de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, y en su caso, que se señalara una fecha que no excediera de diez días hábiles como lo establece el ordinal 883 de la Ley Federal del Trabajo, lo cual implicaría tomando en consideración la fecha probable en que causara ejecutoria esta sentencia, que tendría que señalarse una fecha posterior a la originalmente señalada por la autoridad judicial responsable. Es decir, si se toma en consideración que para el veintitrés de enero del año en curso, se encuentra señalada la audiencia constitucional, suponiendo que dicha determinación se notifique al día siguiente (veinticuatro de enero de dos mil dieciocho); el término diez días, para la interposición del recurso de revisión previsto en los artículos 81, 84, 86, 87, 88 y 89 de la Ley de Amparo, empezará a transcurrir para la mismas del veinticinco de enero al ocho de febrero de dos mil dieciocho; por tanto, en caso que ninguna de las partes hubiese interpuesto el medio de impugnación citado, el auto en que se declarara firme la sentencia y en el que se requeriría el cumplimiento de la sentencia concesoria, se dictaría el nueve de febrero de dos mil dieciocho, y se notificaría al día siguiente (doce de febrero de dos mil dieciocho) por lo que, si se toma en cuenta que la autoridad laboral tendría que emitir un nuevo proveído en cumplimiento de la ejecutoria, a fin de señalar una distinta fecha dentro del término a que se refiere el artículo 883 de la Ley Federal del Trabajo. Por tanto, ello conllevaría a fijar una fecha posterior, para así estar en posibilidad de que la audiencia pudiera tener verificativo, lo que implicaría que la concesión del amparo, no podría tener efectos prácticos y concretos, pues se ocasionaría un perjuicio mayor a la parte quejosa, al señalarse una fecha posterior a la que en principio se programó, lo que contraviene lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo. Es así, pues como se dijo, el efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven; y tomando en consideración que el juicio constitucional siempre debe tener una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad especulativa, es menester para que proceda, que la sentencia que se dicte, cuando sea favorable al quejoso, le produzca la restitución en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, y en el caso, no se cumpliría con tales fines. Así pues, ante la evidente improcedencia del juicio de amparo, se torna factible sobreseer fuera de la audiencia constitucional, ya que éste opera siempre que la causa que sirva de apoyo sea manifiesta e indudable y que además las pruebas aportadas al juicio por las partes, no alteren el resultado del fallo; lo que está legalmente permitido por encontrarse previsto en la ley de la materia. Lo anterior es así, pues a ningún efecto práctico conduciría celebrar la audiencia constitucional en los términos que refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, para dar oportunidad a la quejosa de ofrecer y desahogar las pruebas tendentes a demostrar la existencia o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que la causa de improcedencia subsistirá y el sentido del fallo correspondiente será el mismo, ya que al ser manifiesta e indudable, no es posible que con los elementos de prueba que en su caso llegare a aportar, sea desvirtuada. De lo que se colige, que esperar a la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, lo único que trae consigo es retardar la impartición de justicia, espíritu que es contrario a la ratio legis del artículo 17 de la Constitución Federal, que en la parte inicial de su párrafo segundo establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Sin que sea obstáculo para resolver en el sentido anterior, el hecho de que la audiencia constitucional esté señalada para que tenga lugar a las diez horas con cinco minutos del veintitrés de enero de dos mil dieciocho, ya que al haberse decretado el sobreseimiento fuera de audiencia por cesación de efectos del acto reclamado, no tiene objeto alguno el desahogo de probanzas, porque con ninguna de ellas podría desvirtuarse tal situación; en consecuencia, déjese sin efectos la audiencia constitucional de referencia, así como las diligencias pendientes por desahogar en el presente asunto. Sirve de apoyo a lo anterior, además, la Jurisprudencia por contradicción de tesis 26/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resuelta en sesión de siete de febrero de dos mil tres, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y comuníquese lo anterior a las autoridades responsables.
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En esta misma data, notifico por medio de lista EL PROVEÍDO DE CUATRO DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO, a la PARTE QUEJOSA, dictado por el juzgado de mi adscripción. Lo anterior de conformidad con el Artículo 27 fracción I, inciso C) de la Ley de Amparo.
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VISTO EL ESTADO QUE GUARDAN LOS PRESENTES AUTOS, SE ADVIERTE QUE A LA FECHA SE ENCUENTRA TRANSCURRIENDO EL TÉRMINO DE QUINCE DÍAS, PARA QUE LAS PARTES RINDIERAN SU INFORME JUSTIFICADO...POR LO QUE NO SE ESTÁ EN POSIBILIDAD DE CELEBRAR LA...SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL SEÑALADA PARA ESTE DÍA, FIJÁNDOSE PARA SU CELEBRACIÓN LAS DIEZ HORAS CON CINCO MINUTOS DEL VEINTITRES DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO....
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