Judith Cristina García Urrutia

Expediente 730/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
730/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
22/11/2021

Partes del expediente

  • Judith Cristina García Urrutia

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veintidós de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guarda este asunto y la certificación que precede, se advierte que a la fecha transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese hecho valer recurso de queja contra el tres de los actuales, en el cual se desechó la demanda promovida por Judith Cristina García Urrutia; en tales condiciones, se declara que dicha determinación ha causado estado. Ahora bien, toda vez que no existe actuación alguna por cumplimentar, archívese el presente asunto como totalmente concluido y, en su oportunidad, remítase al archivo de este juzgado para su resguardo. Se hace la precisión de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años posteriores a la fecha de este acuerdo, por ubicarse en los supuestos previstos en los artículos 6, 12, y 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en los supuestos previstos en el capítulo ocho, apartado 8.1.2, número 4, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; toda vez que se desechó la demanda que dio origen al expediente en que se actúa, aunado a que al prudente arbitrio del suscrito no tienen relevancia documental. Asiéntense los anteriores datos en la carátula del expediente mencionado y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de registro de juicios de amparo. Finalmente, tomando en consideración que dada la vía por la que se presentó la demanda de amparo que ocasionó la formación del expediente en que se actúa, fueron remitidos los autos originales del juicio especial hipotecario 1002/2012, del índice del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta localidad fronteriza; y dado que el presente juicio está concluido, carece de objeto su permanencia en este tribunal, por lo que se ordena la devolución del citado expediente, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese personalmente a la promotora del amparo y cúmplase.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL PROMOVENTE EL PROVEÍDO DE 22 DE NOVIEMBRE DE 2021, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO Ciudad Juárez, Chihuahua, veintidós de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guarda este asunto y la certificación que precede, se advierte que a la fecha transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese hecho valer recurso de queja contra el tres de los actuales, en el cual se desechó la demanda promovida por Judith Cristina García Urrutia; en tales condiciones, se declara que dicha determinación ha causado estado. Ahora bien, toda vez que no existe actuación alguna por cumplimentar, archívese el presente asunto como totalmente concluido y, en su oportunidad, remítase al archivo de este juzgado para su resguardo. Se hace la precisión de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años posteriores a la fecha de este acuerdo, por ubicarse en los supuestos previstos en los artículos 6, 12, y 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en los supuestos previstos en el capítulo ocho, apartado 8.1.2, número 4, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; toda vez que se desechó la demanda que dio origen al expediente en que se actúa, aunado a que al prudente arbitrio del suscrito no tienen relevancia documental. Asiéntense los anteriores datos en la carátula del expediente mencionado y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de registro de juicios de amparo. Finalmente, tomando en consideración que dada la vía por la que se presentó la demanda de amparo que ocasionó la formación del expediente en que se actúa, fueron remitidos los autos originales del juicio especial hipotecario 1002/2012, del índice del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta localidad fronteriza; y dado que el presente juicio está concluido, carece de objeto su permanencia en este tribunal, por lo que se ordena la devolución del citado expediente, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese personalmente a la promotora del amparo y cúmplase.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO, EL PROVEÍDO DEICTADO EL 03 DE NOVIEMBRE DE 2021 DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO Ciudad Juárez, Chihuahua, tres de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese el escrito signado por la quejosa ********************, con el que desahoga el requerimiento que se le formuló por auto de quince de octubre último, y al efecto precisa que los hechos que narra en su escrito de demanda y que constituyen los antecedentes del acto reclamado, los manifiesta bajo protesta de decir verdad, exhibiendo las copias necesarias para la correcta distribución entre las partes. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo que sigue es analizar la demanda de amparo para verificar si se actualiza alguna causal de improcedencia, pues de acontecer tal circunstancia debe desecharse. Por principio, conviene señalar que la quejosa reclama, de manera toral, la falta de llamamiento al juicio especial hipotecario ********************, del índice del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, promovido por ********************, Sociedad Anónima, Integrante del Grupo Financiero ********************, en contra de ******************** y ********************, pese a contar con interés legítimo por consanguinidad directa con los demandados, respecto del inmueble objeto de la controversia original, según refiere. En el caso concreto, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el numeral 5, fracción I, de la Ley de Amparo, y artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia [.]". "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resienta una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. [.]". Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]". De la interpretación armónica de los preceptos antes transcritos, es dable considerar que los Jueces de amparo deben realizar una determinación casuística del nivel de afectación que genere el acto reclamado y distinguir entre la existencia de la titularidad de un interés jurídico -no simple- (cuestión de derecho), y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria). En esas condiciones, al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación para determinar si implica un interés jurídico, legítimo o un interés simple; sobre lo cual, en el caso de que no sea factible determinar con claridad estas situaciones o de que se advierta la posibilidad de que el quejoso sea titular de un interés legítimo, debe admitirse la demanda para que, a través de la sustanciación del juicio, se diluciden con certeza esos extremos; pero si de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, entonces podrá desechar la demanda de amparo, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable. Lo que resulta mayormente relevante cuando se acude a combatir actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales administrativos, agrarios o del trabajo, porque acorde con lo establecido en el párrafo cuarto de la fracción I del artículo 5 de la Ley de Amparo, en este supuesto es obligatorio que quien acude a instar acredite ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa, es decir, su interés jurídico. Como se mencionó en párrafos anteriores, ******************** acude a combatir todo lo actuado en el juicio especial hipotecario ********************, del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, debido a que no fue llamada al mismo. De donde se sigue que acude a combatir actos provenientes de una autoridad judicial; lo que impone que para poder ejercer la acción de amparo debe acreditar su interés jurídico. Sin embargo, del contenido de la demanda y de sus anexos, es decir, de lo relatado por la propia promovente y de los autos del referido juicio especial hipotecario del que derivan los actos reclamados, los cuales se tienen a la vista, dada la vía por lo que se presentó la demanda que dio origen al expediente en que se actúa, destaca que fue promovido por ********************, Sociedad Anónima, Integrante del Grupo Financiero ********************, en contra de ******************** y ********************, progenitores de la quejosa, y que la afectación que refiere resentir la hace derivar únicamente del parentesco por consanguinidad directa que tiene con los demandados, alegando que la controversia versa sobre bienes patrimoniales de su familia; lo que lleva a considerar que la situación de la promotora del amparo frente a los actos que combate, conlleva un mero interés simple, ya que carece de la titularidad de algún derecho subjetivo que por virtud de dichos actos resulte afectado de manera personal y directa, pues la acción que se dedujo en el juicio de origen solo vinculaba a quienes intervinieron en la celebración del acto jurídico cuyo incumplimiento la motivó; de tal manera que ningún perjuicio puede ocasionarle lo actuado y resuelto en él, dado que con motivo de la obligación exigida y la condena decretada, no se le impuso alguna obligación que deba cumplir. Por ende, el vínculo que la une con quienes figuraron como demandados es insuficiente para estimar que se trata de una tercera extraña al juicio de origen, legitimada para acudir al juicio de amparo, y que por ello cuenta con interés jurídico para impugnar las actuaciones emitidas en el mismo. De ahí que puede determinarse que se actualiza una causal de improcedencia manifiesta e indudable que no requiere la sustanciación del juicio, pues esa circunstancia constituye una cuestión de derecho que, por sus propios caracteres, no sería desvirtuada con su tramitación, en tanto que nada de lo que se arguya o pruebe podrá modificar o superar ese hecho. Es aplicable al respecto el criterio sostenido en la tesis 2a. LXXX/2013 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 3, Décima Época, registro digital 2004501, página 1854, de rubro y texto: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente". En las relatadas condiciones, al estar acreditado que la situación de la quejosa frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, es claro que se está ante un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, por lo que de conformidad con lo establecido por los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo, se desecha por notoriamente improcedente la demanda promovida por ********************.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO EL PROVEÍDO DE 15 DE OCTUBRE DE DOSMIL VEINTIUNO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO Ciudad Juárez, Chihuahua, quince de octubre de dos mil veintiuno. Por recibido el oficio signado por la actuaria judicial adscrita al Primero Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, residente en esta localidad fronteriza, con el que remite los autos del juicio de amparo directo 435/2021, del índice de dicho órgano colegiado, promovido por la quejosa Judith Cristina García Urrutia, por propio derecho, en cumplimiento a lo ordenado en proveído de diecisiete de septiembre último, de cuyo contenido se advierte que ese órgano resolutor declaró carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo de origen, en razón de la naturaleza del acto reclamado, a saber, la falta de llamamiento al juicio especial hipotecario E-5 1002/2012, del índice del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, pese a contar con interés legítimo por consanguinidad directa con los demandados, respecto del inmueble objeto de la controversia original. Previo a proveer lo relativo a su admisión o desechamiento, es importante mencionar que de conformidad con lo previsto en el artículo 114 de la Ley de Amparo, cuando el juez de distrito advierta del contenido de la demanda alguna irregularidad para entablar la litis constitucional, no se colmen en su totalidad los requisitos esenciales que debe contener aquélla, establecidos en el artículo 108 de la propia ley, o no se exhiban las copias a que se refiere el artículo 110 del mismo ordenamiento, requerirá al promovente para que subsane tales inconsistencias u omisión. En el caso particular, de la lectura integral de la demanda se obtiene que carece de uno de los requisitos previstos en el artículo 108 de la ley de la materia, a saber, el contemplado en la fracción V, específicamente la protesta de decir verdad, con que deben exponerse los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen los antecedentes del acto reclamado, el cual debe colmarse por constituir un requisito formal cuya omisión podría traer como consecuencia tener por no presentada la demanda. Como apoyo se cita la jurisprudencia P./J.127/99, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 32, Tomo X, Noviembre de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESIÓN FINAL "PROTESTO LO NECESARIO" Y CUYA OMISIÓN PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA. Al señalar el artículo 116, fracción IV de la Ley de Amparo, como requisito en la demanda, el relativo a que el quejoso manifieste "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, estableció, con este requisito legal, que no constituye una fórmula sacramental o solemne, la obligación a cargo del quejoso de manifestar que su relato de hechos lo hace con sujeción a la verdad. Ahora bien, la omisión de esa declaración, puede llevar al juzgador a tener por no interpuesta la demanda, en caso de que el solicitante del amparo no llene ese requisito cuando sea prevenido para ello, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo. De igual forma, el hecho de que, aun habiendo realizado la protesta de decir verdad, el quejoso incurra en falsedad, lo hace acreedor a las sanciones privativas de libertad o pecuniarias, establecidas en el artículo 211 de la Ley de Amparo. De ahí que la frase "Protesto lo necesario", que aparece comúnmente al final de una demanda, como expresión de cortesía y que deja ver que el ocursante manifiesta a la autoridad sus respetos, atenciones y consideraciones no puede ser utilizada en sustitución de la protesta de decir verdad, establecido como requisito en la demanda de amparo, ya que ambas expresiones tienen contenidos y finalidades distintas.". En consecuencia, con apoyo en los artículos 108, fracción V, y 114, de la Ley de Amparo, requiérase a la promovente para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, precise por escrito si los hechos que narra en su escrito de demanda y que constituyen los antecedentes del acto reclamado, los manifiesta bajo protesta de decir verdad. Haciendo de su conocimiento que deberá exhibir tantas copias de su escrito aclaratorio como número de partes haya designado, para la correcta distribución entre éstas e integración del expediente y cuadernos incidentales respectivos, en caso de solicitarse. Apercibida que de no cumplir con lo anterior, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, en términos del referido artículo 114 de la Ley de Amparo. Con independencia de la decisión adoptada, a fin de tener un mejor manejo del presente expediente, con el expediente remitido por el órgano colegiado, consistente en los autos del juicio especial hipotecario E-5 1002/2012, conformado por dos tomos, del índice del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, del que derivan los actos reclamados; se ordena la apertura de igual número de tomos de pruebas por cuerda separada, respetando sello, folio y rúbrica de los mismos y, en el momento procesal oportuno, sean devueltos a su lugar de origen. Con apoyo en los artículos 6 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 9, 16 y 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 1, 40 y 41, del Reglamento de la citada ley; y 8º, párrafo primero, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Unión y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, infórmese a las partes, que tienen derecho de oponerse a la publicación de sus datos personales al hacerse pública la resolución que se dicte en el presente asunto, no obstante comuníquese también que en la versión pública de la sentencia que se emita, se suprimirán los datos sensibles que pueda contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido. Asimismo, se les comunica que sus datos personales aparecerán en las listas de notificación que se publiquen por vía electrónica, excepto cuando se haga valer por alguna de las partes la oposición a la que se refiere el artículo 8° de la precitada ley, para lo cual quedan expeditos sus derechos. En diverso orden, de conformidad con el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones que correspondan en el presente juicio de amparo (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Asimismo, con fundamento en los ordinales 26, fracción III y 29 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ordena que las notificaciones en el presente asunto se realicen por lista únicamente mediante la publicación en internet, la cual se puede consultar en la liga siguiente https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm, de la página web de Servicios y Trámites de la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal. Lo anterior, con excepción de las notificaciones que a juicio de este órgano jurisdiccional se requieran hacer personalmente dada su trascendental naturaleza, en términos del en términos del artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo, debiendo privilegiarse en todo momento las referidas en el párrafo que antecede, y en su caso el actuario deberá realizarlos acatando los lineamientos sanitaras existentes respecto al virus COVID-19, siguiendo las medidas de sana distancia y cubre bocas. En adición a lo anterior y atendiendo a las medidas preventivas que se deben implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2, con el fin de dar seguridad jurídica y preservar la salud debido a la pandemia que aqueja al país, se autoriza que el presente auto se remita vía electrónica a la parte quejosa una vez que haya sido proporcionado; por ende, se le requiere para que facilite un correo electrónico o en su caso el usuario registrado para la consulta de expedientes electrónicos. Tal como se establece en la Circular SECNO/7/2020, relativa a la Propuesta de solución a diversas consultas derivadas de la entrada en vigor del Acuerdo General 8/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la Comisión Especial en sesión de seis de mayo del año próximo pasado, determinó que cuando lo requiera el orden público, puede ordenarse que la notificación se haga a las autoridades responsables por cualquier medio oficial, por lo que, en términos del numeral 28, fracción III, de la Ley de Amparo, de ser necesario, las determinaciones que se tomen podrán remitirse vía correo electrónico institucional o personal de la autoridad (medios electrónicos). De igual manera, hágase del conocimiento de los promoventes que se encuentra disponible en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, un micrositio sobre "Servicios Jurisdiccionales", dentro del cual las personas justiciables encontraran los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de este y todos los Órganos Jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, así como la lista de acuerdos. Con apoyo en los artículos 22 y 28, del citado Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que de continuar con la tramitación de este juicio lo hagan en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL); para el caso de no contar con la misma, podrán realizar su trámite de firma electrónica y continuar siguiendo las directrices del manual de uso que se encuentra disponible en la liga del propio portal de servicios en línea:https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayudaohttps://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales; por ende, se requiere a todas las partes para que faciliten un correo electrónico y en su caso el usuario registrado para la consulta de expedientes electrónicos a través del Portal de Servicios en Línea. Lo anterior en atención a que todos los acuerdos y oficios en los que consten las evidencias criptográficas correspondientes, es innecesario agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa, y que, para el caso que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, el fedatario correspondiente queda facultado para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. De igual forma, para privilegiar el distanciamiento social y trabajo a distancia se autoriza para que los Fedatarios de la adscripción, en la medida de lo posible lleven a cabo las diligencias vía telefónica, por video llamada, por fax o por cualquier medio electrónico, sin perjuicio de levantar acta pormenorizada de ello, lo anterior de conformidad con los artículos 5 y 6 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, desde este momento se autoriza la utilización de cualquier medio digital, fotográfico o que resulte apto para copiar el contenido de las constancias que integren el presente expediente; así como la expedición a su costa de copias simples o certificadas que sean de su interés, previa constancia de entrega recepción que se deje en autos. En la inteligencia que tal autorización excluye la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa. Para tal efecto, con fundamento en el artículo 6 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la parte quejosa deberá generar cita a través del sistema "Agenda OJ"; sistema que otorgará a la persona a cuyo nombre se solicite, un Código QR, el cual permitirá que ella y, en su caso, otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingresen al órgano jurisdiccional. En términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el ubicado en calle Del Cerero, número 7526, fraccionamiento Rincones de San Marcos, en esta localidad fronteriza; asimismo, se tiene como autorizados de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la ley de materia, al licenciado Francisco Javier Sánchez Baca, toda vez que su cédula profesional aparece registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales.

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