Judith Bracamontes Coronado

Expediente 1280/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 10 actuaciones registradas, la última del 11 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1280/2019
Año
2019
Actuaciones
10
Última actuación
11/08/2021

Partes del expediente

  • Judith Bracamontes Coronado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Mexicali, Baja California, a once de agosto de dos mil veintiuno. Cumplimiento consentido. Vista la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el término legal previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieren interpuesto recurso de inconformidad en contra de la resolución en la que se declaró cumplido el fallo protector; por lo tanto, se declara que dicha determinación ha quedado consentida para todos los efectos legales correspondientes. Documentos originales. Requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, comparezca debidamente identificada ante este Juzgado Federal en días y horas hábiles, a recibir los documentos que en copia certificada u originales hubiere exhibido; lo anterior previa cita que deberá hacer a fin de que pueda tener acceso a las instalaciones de este Juzgado de Distrito, conforme lo establecen los artículos 2 y 4 del "Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus del COVID-19" ; con el apercibimiento que de no hacerlo así, el documento de que se trate podrá ser destruido junto con el expediente; lo anterior con fundamento en el segundo párrafo del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; los relativos a delitos contra el derecho internacional; Delitos contra la humanidad; los que traten de delitos contra la administración de justicia; los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; asimismo, podrán ser considerados de relevancia documental aquellos expedientes que determine el titular del órgano jurisdiccional atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Depuración o destrucción. Este expediente es susceptible de depuración, conforme al artículo 18, inciso b), del citado acuerdo. Incidente. No fue solicitado. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Certificación de la carátula. Se ordena al Secretario certifique que la carátula del presente expediente contiene impresas las anotaciones de "no es de relevancia documental" y "depurable", acorde con lo que establece el artículo 35 del Acuerdo General invocado en el presente acuerdo; así como que verificó que, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso, fueron incorporadas cada promoción a fin de que coincidan en su totalidad. Archivo y anotaciones. Finalmente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese y personalmente.

  2. Principal

    Mexicali, Baja California, a diez de junio de dos mil veintiuno. Fallo cumplido. Vistos los autos del presente juicio de amparo, este juzgado federal procede a resolver, de oficio, si el fallo protector se encuentra o no cumplido, desde luego, sin excesos ni defectos, en los términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Al respecto, debe decirse lo siguiente: Por sentencia de veinticuatro de febrero de dos mil veinte, se concedió a la parte quejosa la protección constitucional contra los actos reclamados a las autoridades responsables para los efectos siguientes: "SÉPTIMO. Efectos del fallo protector. Con apoyo en el artículo 77 de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a Judith Bracamontes Coronado, para los siguientes efectos: i) Una vez que cause ejecutoria esta sentencia, las autoridades responsables del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (ISSSTECALI), deberá dar respuesta de inmediato, por escrito, en forma definitiva, completa, integral y congruente, a la solicitud elevada por la parte quejosa mediante el formato oficial presentado el treinta de octubre de dos mil diecinueve, la cual puede ser en cualquier sentido, tomando en cuenta que el fin perseguido por el numeral 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es el de que las autoridades aseguren una respuesta al gobernado, y no de que se acuerde favorablemente la petición relativa. Empero, para tal efecto, las autoridades responsables deberán vigilar que la respuesta que otorguen a la parte quejosa en cumplimiento al presente fallo protector, se fundamente en la normatividad vigente y aplicable al caso concreto, debiéndose ceñir a lo previsto en la Ley que rige al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios de Estado de Baja California (ISSSTECALI) y, en su caso, al Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones a los Asegurados de dicho instituto, siempre y cuando éste no contemple supuestos distintos a los previstos en la ley, y no la contradiga o vaya más allá; es decir, las autoridades responsables no deberán introducir requisitos extralegales previstos en normas secundarias que no correspondan al trámite respectivo contemplado en la ley que rige la materia para el otorgamiento de pensiones y jubilaciones. Lo anterior es así pues, conforme a los principios de reserva de ley y de subordinación jerárquica, cuando se reserva expresamente a la ley la regulación de una determinada materia, ésta no puede regularse por otras normas secundarias, y por otro lado, en el reglamento únicamente se desenvuelve la obligatoriedad de un principio ya definido por la ley y, por tanto, no puede ir más allá de ella, ni extenderla a supuestos distintos ni mucho menos contradecirla, sino que sólo debe concretarse a indicar los medios para cumplirla. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 30/2007 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1515, tomo XXV, mayo de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 172521, que establece: "FACULTAD REGLAMENTARIA. SUS LÍMITES. La facultad reglamentaria está limitada por los principios de reserva de ley y de subordinación jerárquica. El primero se presenta cuando una norma constitucional reserva expresamente a la ley la regulación de una determinada materia, por lo que excluye la posibilidad de que los aspectos de esa reserva sean regulados por disposiciones de naturaleza distinta a la ley, esto es, por un lado, el legislador ordinario ha de establecer por sí mismo la regulación de la materia determinada y, por el otro, la materia reservada no puede regularse por otras normas secundarias, en especial el reglamento. El segundo principio, el de jerarquía normativa, consiste en que el ejercicio de la facultad reglamentaria no puede modificar o alterar el contenido de una ley, es decir, los reglamentos tienen como límite natural los alcances de las disposiciones que dan cuerpo y materia a la ley que reglamentan, detallando sus hipótesis y supuestos normativos de aplicación, sin que pueda contener mayores posibilidades o imponga distintas limitantes a las de la propia ley que va a reglamentar. Así, el ejercicio de la facultad reglamentaria debe realizarse única y exclusivamente dentro de la esfera de atribuciones propias del órgano facultado, pues la norma reglamentaria se emite por facultades explícitas o implícitas previstas en la ley o que de ella derivan, siendo precisamente esa zona donde pueden y deben expedirse reglamentos que provean a la exacta observancia de aquélla, por lo que al ser competencia exclusiva de la ley la determinación del qué, quién, dónde y cuándo de una situación jurídica general, hipotética y abstracta, al reglamento de ejecución competerá, por consecuencia, el cómo de esos mismos supuestos jurídicos. En tal virtud, si el reglamento sólo funciona en la zona del cómo, sus disposiciones podrán referirse a las otras preguntas (qué, quién, dónde y cuándo), siempre que éstas ya estén contestadas por la ley; es decir, el reglamento desenvuelve la obligatoriedad de un principio ya definido por la ley y, por tanto, no puede ir más allá de ella, ni extenderla a supuestos distintos ni mucho menos contradecirla, sino que sólo debe concretarse a indicar los medios para cumplirla y, además, cuando existe reserva de ley no podrá abordar los aspectos materia de tal disposición". De igual forma, por las razones que la sustentan, la tesis 2a. I/2015 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1770, libro 15, febrero de 2015, tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2008434, del tenor siguiente: "PRINCIPIO DE SUBORDINACIÓN JERÁRQUICA. SE VULNERA CUANDO UN REGLAMENTO CONTRARÍA UNA LEY DISTINTA A LA QUE DESARROLLA, COMPLEMENTA O DETALLA, PERO CON LA CUAL GUARDA VINCULACIÓN. La importancia de los reglamentos radica en que posibilitan proveer en la esfera administrativa a la exacta observancia de las leyes, donde el principio de legalidad preceptúa que no puede existir un reglamento independiente en el ordenamiento jurídico, al ser necesaria una ley previa; así, en atención a dicho principio, los reglamentos no pueden contener cuestiones que son exclusivas de la ley, cobrando relevancia el concepto de reserva de la ley. Ahora bien, el principio de subordinación jerárquica al que se encuentra sujeta la facultad reglamentaria, consiste en la exigencia de que al reglamento lo preceda necesariamente una ley cuyas disposiciones desarrolle, complemente, o detalle y en las que encuentra su justificación y medida. Sin embargo puede darse el caso en que un reglamento viole una ley distinta de las que reglamenta en forma específica y con ello puede infringir el principio en comento; de ahí que para hacer valer su inconstitucionalidad, debe argumentarse que excede el alcance de la Ley, y para ello puede partirse de aquella que el reglamento desarrolla complementa o detalla, o bien, de aquella otra con la que tenga vinculación por la materia regulada." ii) Deberá notificar personalmente a la quejosa la contestación en el domicilio que se le proporcionó en dicho formato, porque únicamente así, se restituirá a la inconforme en el goce del derecho vulnerado con la omisión que nos ocupa. En la inteligencia que cualquier otra autoridad que esté relacionada al cumplimiento de este fallo protector, pueda vincularse eventualmente, en virtud que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento. No pasa inadvertido para quien resuelve, que la presente sentencia se emitió conforme a la normatividad prevista por la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece y, no obstante ello, se aplicaron criterios jurisprudenciales y aislados emitidos con antelación a la actual legislación de amparo; sin embargo, ello no es óbice, dado que el artículo sexto transitorio de aquélla dispone: "SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley." Lo que implica que dichos criterios son aplicables, mientras no contravengan lo plasmado en la actual legislación de amparo; de ahí que puedan ser invocados en el presente fallo, a fin de proporcionar soporte jurídico a la determinación adoptada por este Juzgado Federal." Recurso de revisión. Inconforme con dicha resolución, las autoridades responsables interpusieron recurso de revisión, cuyo conocimiento correspondió al Quinto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con el número de amparo en revisión 194/2020. Causa ejecutoria y se requiere cumplimiento. Por auto de cuatro de noviembre de dos mil veinte, se tuvo por recibida la ejecutoria de la superioridad, en la que confirmó la sentencia que concedió el amparo a la parte quejosa. En consecuencia, en el mismo proveído se requirió el cumplimiento al fallo protector. Ahora, para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, las autoridades responsables estuvieron constreñidas a proceder en los términos siguientes: Dar respuesta a la solicitud de otorgamiento de pensión presentada por la quejosa el treinta de octubre de dos mil diecinueve, por escrito, en forma definitiva, completa, integral y congruente; Notificar la contestación respectiva en el domicilio que proporcionó en dicho formato. Actuaciones llevadas a cabo por la autoridad responsable en acatamiento al fallo protector. Por oficios recibidos en este Juzgado de Distrito el once de marzo y cuatro de mayo de dos mil veintiuno, el delegado de las autoridades responsables del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Baja California, remitió constancia de la que se desprende que mediante oficio de nueve de marzo del año en curso, dio contestación a su escrito de pensión, en la cual se le otorgó la pensión por invalidez, mediante resolución de veinticinco de febrero de los corrientes, según por acuerdo general SE/171/25-02-2021; los cuales le fueron notificados a la parte quejosa en el domicilio que señaló para tal efecto. Vista con el cumplimento. Con lo anterior, se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniera en relación al cumplimiento dado por la autoridad. Desahogo de la vista. Sin que la parte quejosa hubiere hecho manifestación alguna al respecto. Se declara cumplido el fallo protector. Así pues, del examen de las constancias obrantes en autos, a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al juicio de amparo, acorde con el numeral 2° de la ley de la materia, se colige que en el caso se cumplieron todos los lineamientos señalados en el fallo protector, dado que la autoridad responsable dio respuesta al escrito de la quejosa de treinta de octubre de dos mil diecinueve, mismo que se le notificó en el domicilio que señaló para tal efecto; lo que se corrobora con las constancias que obran en autos. Vista con la presente resolución. Por todo lo anterior, no hay duda de que se restituyó a la parte quejosa en el goce del derecho vulnerado con el acto atacado en este juicio, en términos de los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, por lo cual, dése vista a las partes por el plazo de quince días, contado a partir de su legal notificación, para que manifiesten lo que a su interés convenga. Apercibimiento. Apercibidas para el caso que de no hacer manifestación alguna, se tendrá por consentida esta determinación y se ordenará el archivo del presente asunto como totalmente concluido, de conformidad con lo previsto en el numeral 214 de la ley de la materia. Anotaciones. Finalmente, háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese y personalmente.

  3. Principal

    Mexicali, Baja California, a seis de mayo de dos mil veintiuno. Oficio. Agréguense a los autos para que obren como legalmente corresponda, el oficio y anexo remitidos por la delegada de las autoridades señaladas como responsables pertenecientes al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad; por medio de los cuales informa sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Vista. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, con las constancias que remite la autoridad oficiante, por el término de tres días, para que manifiesten lo que a su interés convenga. Transcurrido dicho plazo, con desahogo de la vista o sin él, este juzgado federal dictará resolución fundada y motivada en que declarará si la sentencia está cumplida o no, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Notifíquese y personalment

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA *********** EL SIGUIENTE AUTO QUE REZA: Mexicali, Baja California, a seis de mayo de dos mil veintiuno. Oficio. Agréguense a los autos para que obren como legalmente corresponda, el oficio y anexo remitidos por la delegada de las autoridades señaladas como responsables pertenecientes al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad; por medio de los cuales informa sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Vista. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, con las constancias que remite la autoridad oficiante, por el término de tres días, para que manifiesten lo que a su interés convenga. Transcurrido dicho plazo, con desahogo de la vista o sin él, este juzgado federal dictará resolución fundada y motivada en que declarará si la sentencia está cumplida o no, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Notifíquese y personalment

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