Judith Baños Noya
Expediente 165/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 7 actuaciones registradas, la última del 25 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 165/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 25/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Judith Baños Noya
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio signado electrónicamente por el Secretario del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, mediante el cual remite copia certificada de la ejecutoria de diez de junio del año en curso, la cual en su punto resolutivo establece que: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja interpuesto por ***, por conducto de su apoderado legal Alfonso Carranza Melo, en contra del auto de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, emitido por la Jueza Tercera de Distrito en el Estado de Hidalgo, dentro del juicio de amparo indirecto 165/2021-I. Notifíquese." Acúsese el recibo correspondiente. Háganse las anotaciones en el libro respectivo, glósese el cuaderno de antecedentes y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Finalmente, tomando en consideración que en el presente juicio de amparo obran documentos exhibidos por la parte quejosa; en términos del punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto 01/2009, requiérasele para que en el plazo de noventa días comparezca a este juzgado a recoger los citados documentos, apercibiéndole que en caso contrario, el mismo podrá ser destruidos junto con el expediente. En consecuencia, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 01/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgado de Distrito, se determina que el presente expediente carece de relevancia documental y que, por tanto, es susceptible de destrucción. Notifíquese.
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio signado por el Secretario del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, mediante el cual acusa recibo del oficio por el cual se le informó que se interpuso recurso de queja dentro de los autos del juicio de amparo en que se actúa y anexos que se acompañaron. Asimismo, informa que admitió a trámite el recurso de queja de mérito, quedando registrado con el número 33/2021, circunstancia de lo cual se toma conocimiento. Notifíquese.
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales a que haya lugar el escrito presentado por ***, por medio del cual interpone recurso de queja en contra del proveído de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, dictado en los autos del juicio de derechos en que se actúa. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento al Tribunal Colegiado en Turno del Vigésimo Noveno Circuito, con residencia en esta ciudad, que es cierto el acto reclamado y remítase el escrito de agravios y copia del mismo, así como copias certificadas de todo lo actuado en el juicio de derechos 165/2021. En aras de una pronta impartición de justicia, remítase de inmediato a la superioridad para los fines legales conducentes. Notifíquese.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito de la parte quejosa, en atención a su contenido, téngasele dando cumplimiento en tiempo y forma al requerimiento formulado en auto inicial para lo cual realiza las manifestaciones conducentes. DESECHAMIENTO Ahora bien, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de derechos, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que, de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda en cuestión. Asimismo, de conformidad con el artículo 113, de la ley en cita, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano. Lo anterior es así, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiere la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situación que en el caso a estudio acontecen. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Dicho precepto autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifieste e indudable de improcedencia. Apoya la anterior consideración la tesis de jurisprudencia I.1o.A. J/4, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Expuesto lo anterior, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, así como de su escrito aclaratorio, se advierte que el quejoso señaló como acto reclamado: todas y cada una de las actuaciones que se siguieron ante la notaría pública número *** con ejercicio en Mixquiahuala en los instrumentos notariales ** y **, la omisión de analizar el expediente que comprende la asamblea de veinte de junio de mil novecientos noventa y ocho, la instrucción para emitir el título de propiedad *** en favor del ** de ocho de octubre de mil novecientos noventa y ocho, así como la inscripción del mismo y de los folios reales electrónicos ** y ** , así como la omisión por parte del Gobernador del Estado de Hidalgo de vigilar la actuación del Notario. Ahora, también es de resaltar que del libelo que se acuerda, se advierte que el quejoso manifiesta bajo protesta de decir verdad que tuvo conocimiento del acto reclamado el veintiuno de junio de dos mil diecinueve. De ahí que se evidencie que desde esa data el peticionario de amparo tuvo conocimiento de la existencia de los actos combatidos, a partir de la cual estuvo en aptitud de promover el juicio biinstancial, tomando en consideración las manifestaciones que se contienen en el libelo constitucional, a las que se les otorga pleno valor probatorio, por constituir una confesión sobre hechos propios que le constan al amparista, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia. En ese sentido, este órgano de control de la constitucionalidad estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61, de la Ley de Amparo, la cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos; (.)". Ahora, para una mejor comprensión de la causal de improcedencia que se invoca, es conveniente traer a colación el contenido de los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, que tienen relación con el numeral citado, mismos que establecen lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo.". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor.". En ese orden, de los preceptos legales transcritos, se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, es decir, contra aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro del plazo de quince días, contado a partir del siguiente al en que haya surtido efectos la misma, conforme a la ley del acto. Bajo esa óptica, a fin de acreditar la causal de improcedencia de mérito, es importante destacar que de la propia demanda de amparo así como de su escrito de desahogo, se advierte que la parte quejosa reclama todas y cada una de las actuaciones que se siguieron ante la notaría pública número ** con ejercicio en Mixquiahuala en los instrumentos notariales ** y **, la omisión de analizar el expediente que comprende la asamblea de veinte de junio de mil novecientos noventa y ocho, la instrucción para emitir el título de propiedad ** en favor del ** de ocho de octubre de mil novecientos noventa y ocho, así como la inscripción del mismo y de los folios reales electrónicos ** y **, así como la omisión por parte del Gobernador del Estado de Hidalgo de vigilar la actuación del Notario; aunado a eso, como ya quedó establecido, el peticionario de amparo manifiesta en su escrito aclaratorio bajo protesta de decir verdad, que el veintiuno de junio de dos mil diecinueve tuvo conocimiento de tales actos. Bajo ese contexto, es importante destacar que el citado artículo 18 de la ley de la materia, establece tres momentos a partir de los cuales debe computarse el plazo de quince días para la promoción del juicio de amparo, los cuales se cuentan respectivamente a partir del día siguiente: A) Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; B) Al en que el quejoso haya tenido conocimiento de él o de sus actos de ejecución; y, C) Al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. Dichos supuestos son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno, sustentándose en el conocimiento real del acto reclamado y no en lo expuesto por las partes o en la formalidad de la notificación. De ahí que en el caso, el cómputo para la promoción de la demanda de amparo inició a partir del día siguiente al en que la notificación del acto reclamado surtió sus efectos conforme a la ley que rige al mismo. Asimismo, cabe precisar que conforme lo dispuesto por la ley de la materia, se prevén supuestos de excepción respecto de la temporalidad para la promoción del juicio de amparo, en modo que cuando el acto reclamado implique: ?Peligro de privación de la vida; ?Ataques a la libertad personal fuera de procedimiento; ?Incomunicación; ?Deportación o expulsión; ?Proscripción o destierro; ?Desaparición forzada de personas; ?Alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; ?Así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. La demanda de amparo indirecto podrá presentarse en cualquier tiempo. Sin embargo, el acto aquí combatido no se encuentra dentro de la hipótesis que describe la fracción IV, del artículo 17 de la Ley de Amparo. En consecuencia, el plazo de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, para que el impetrante de amparo promoviera el juicio constitucional, comenzó a transcurrir desde el día siguiente al que tuvo conocimiento de los actos que reclama, esto es, dese el veintiuno de junio de dos mil diecinueve, como él lo expresa, a lo que se le otorga valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia. Por tanto, el acto combatido se estima consentido tácitamente, en virtud que no se impugnó dentro del plazo que señala el artículo 17 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, ya que la parte quejosa promovió su demanda de amparo hasta el veinticinco de febrero de dos mil veintiuno; lo cual ya es extemporánea ya que el término para recurrirla fue del veinticuatro de junio al quince de julio de dos mil diecinueve; en consecuencia, dicho ocurso es extemporáneo, por lo cual, este órgano federal estima que existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. A lo anterior, con fundamento en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, se DESECHA LA DEMANDA de amparo por notoriamente improcedente. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, P./J. 12/2015 (10a.), visible a página 38, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 18, Mayo de 2015, Tomo I, del rubro y texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA. El plazo para promover el juicio de amparo indirecto contra autos restrictivos de la libertad personal dictados dentro del proceso penal que se pronuncien a partir de esa fecha, es el genérico de 15 días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que es acorde con el principio de progresividad en materia de protección de los derechos humanos, ya que esa medida legislativa permite a quienes la ley considera como víctimas saber con certeza que transcurrido dicho periodo esa decisión se encuentra firme para poder promover, cuando legalmente les está permitido, las medidas provisionales que garanticen una eventual reparación del daño, en términos del derecho fundamental contenido en la fracción VI del apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que uno de los derechos de los sujetos pasivos del delito consiste en la posibilidad de solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Además, tomando en cuenta que el nuevo sistema penal acusatorio, conforme al primer párrafo del artículo 20 constitucional, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, resulta necesario garantizar la secuencia continua de las fases que lo componen para proteger los derechos de las víctimas, así como la seguridad jurídica necesaria para que esos juicios no se prolonguen excesivamente en su perjuicio, y menos aún en el de los propios procesados. Finalmente, la figura de la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios permite que las personas afectadas con ese tipo de decisiones presenten su demanda en el plazo de 15 días sin necesidad de mayor asesoría, porque los órganos de amparo deben examinar oficiosamente la legalidad del acto reclamado, lo que implica que sea cual fuere su estrategia defensiva, corresponde al juzgador examinar con acuciosidad su legalidad, aun cuando no hayan alegado la violación que encuentre el órgano de amparo. De ahí que el plazo de 15 días es suficiente para entablar su defensa, porque basta con que opten por solicitar la protección de la Justicia Federal para que los Jueces de Distrito, aun ante la ausencia de conceptos de violación, analicen si hubo o no violación de sus derechos fundamentales, en términos del artículo 79, fracción III, y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Lo anterior, además, porque debe tenerse en cuenta que no hay obligación alguna de mantener invariables los periodos procesales que con anterioridad se hubiesen instituido en las leyes que se abrogan, pues salvo los plazos previstos a nivel constitucional, cualesquiera otros establecidos para el ejercicio de un derecho se ubican dentro del campo de libertad de configuración normativa que corresponde al legislador ordinario, máxime que respecto de los plazos para presentar la demanda de amparo, los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal no establecen lapso alguno específico para promover el juicio contra actos restrictivos de la libertad dictados dentro del proceso penal." Ahora, si bien conforme al artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, y que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Asimismo, se reconoce el derecho de las personas a que se les administre justicia, el acceso a ésta y a contar con un recurso sencillo, rápido y efectivo. Sin embargo, lo anterior no puede ser interpretado en el sentido de que las causales de improcedencia del juicio de amparo sean inaplicables, ni que el sobreseimiento en él, por sí, viola esos derechos. Por el contrario, como el derecho de acceso a la justicia está condicionado o limitado a los plazos y términos que fijen las leyes, es claro que en ellas también pueden establecerse las condiciones necesarias o presupuestos procesales para que los tribunales estén en posibilidad de entrar al fondo del asunto planteado, y decidir sobre la cuestión debatida. Por tanto, las causales de improcedencia establecidas en la Ley de Amparo tienen una existencia justificada, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo. Sustenta lo anterior, la tesis III.4o.(III Región) 14 K (10a.), emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con Residencia en Guadalajara, Jalisco, visible en la página 1641, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 3, Materia(s): Constitucional, de rubro: "DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA". De igual forma, debe estimarse que los motivos de inejercitabilidad, no son incompatibles con el precepto 25.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, pues no impiden decidir sencilla, rápida y efectivamente sobre los derechos fundamentales reclamados como violados dentro del juicio de amparo, debido a que el propósito de condicionar el acceso a los tribunales para evitar una sobrecarga de casos sin mérito, es en sí legítimo, por lo que esa compatibilidad, en cuanto a los requisitos para la admisibilidad de los recursos dependerá, en principio, de los siguientes criterios: no pueden ser irracionales ni de tal naturaleza que despojen al derecho de su esencia, ni discriminatorios y, en el caso, la razonabilidad de esas causas se justifica por la viabilidad de que una eventual sentencia concesoria tenga un ámbito de protección concreto y no entre en conflicto con el orden jurídico, no son de tal naturaleza que despojen al derecho de su esencia ni tampoco son discriminatorias, pues no existe alguna condicionante para su aplicabilidad, en función de cuestiones personales o particulares del quejoso. Lo anterior encuentra sustento, en la tesis XVI.1o.A.T.2 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, publicada en la página 1167 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 2, Materia(s): Constitucional, que dice: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS". Notifíquese personalmente.
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