Judith Ávila Cruz
Expediente 708/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 708/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 24/05/2022
Partes del expediente
- Judith Ávila Cruz
Actuaciones
- Principal
...el proveído de cuatro de mayo del año en curso, mediante el cual se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, se declara que dicho auto ha quedado firme. Archivo del asunto. Atento a lo anterior, archívese el presente expediente como asunto concluido...
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como corresponda, la impresión de la boleta de turno 20221104010600108 relativa al recurso de revisión interpuesto por la parte tercera interesada contra la sentencia veintinueve de marzo de la presente anualidad. Ahora, del análisis a dichas boletas se advierte que el referido medio de impugnación fue turnado al Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, con sede en esta ciudad.
- Principal
I. DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C, DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE CUATRO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Desechamiento. Atento a lo anterior, del análisis del escrito inicial de demanda, esta juzgadora advierte de manera notoria, manifiesta e indudable la actualización de causal de improcedencia, por lo que debe desecharse de plano la demanda de amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 113, de la Ley de Amparo y atento a las siguientes consideraciones: Del dispositivo legal citado, se advierte que el órgano jurisdiccional que conozca del amparo indirecto tiene la obligación de estudiar la demanda y de encontrar una causa manifiesta e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, en el entendido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos de prueba que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento, por analogía, en la jurisprudencia I.1o.A. J/4, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, registro electrónico 196196, correspondiente a la Novena Época, de título, subtítulo y texto siguiente: Acto reclamado. Ahora bien, en el caso del análisis integral de la demanda de derechos humanos se advierte que en la presente instancia constitucional se reclama: ? El auto de veintisiete de abril de dos mil veintidós, emitido en el juicio especial de desahucio 96/2022, mediante el cual no se concede a la quejosa prórroga para realizar el pago en su totalidad de las rentas vencidas. Establecido lo anterior, esta Juzgadora advierte que se actualiza, en primer término, la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, del propio ordenamiento, ambos interpretados en sentido contrario. Dichos preceptos legales señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Así como el diverso numeral 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, de la ley de la materia, establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" La disposición imperativa de la fracción XXIII transcrita, a diferencia de las fracciones que le preceden, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que ésta se relaciona con las causas de improcedencia establecidas en la Carta Magna y en la propia Ley de Amparo que no encuadran en alguno de los supuestos específicos que prevé el artículo 61 de este último ordenamiento, uno de los cuales es el que se deriva de la interpretación, en sentido contrario, de lo previsto en el artículo 107, fracción V, de la legislación de la materia. Por su parte, la fracción V del numeral 107 antes referido establece la procedencia del amparo indirecto contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación; de modo que una interpretación en sentido contrario lleva a la conclusión de que el juicio de amparo es improcedente contra actos emitidos dentro de juicio que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Cabe destacar que producen "ejecución irreparable" los actos que afectan "materialmente" derechos sustantivos protegidos constitucional y convencionalmente. En este punto, conviene indicar que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, interpretó la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo en los siguientes términos: "(.) De lo hasta aquí expuesto se advierte que sobre el tema central de la presente contradicción de tesis ha habido una variedad de criterios en las distintas épocas de la jurisprudencia, sin que el legislador se ocupara de esclarecer en alguna disposición la descripción normativa de lo que debía entenderse por actos de "imposible reparación", dejando por tanto que fuera esta Suprema Corte de Justicia de la Nación quien jurisprudencialmente determinara en qué casos y bajo qué condiciones tendría eficacia el mandato constitucional que instituyó la procedencia del amparo indirecto contra actos irreparables. Esta situación ya no es así, pues a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107 ofrece en dos de sus fracciones sendas precisiones para comprender el alcance de la expresión de los actos de "imposible reparación". La primera de ellas se encuentra ubicada en su fracción III, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. La segunda, se observa en su fracción V, cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. Las normas invocadas son las siguientes: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...)III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de (...) b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [...] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;[...]." Con base en estas disposiciones, puede afirmarse que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación" no puede seguir siendo aplicable la jurisprudencia P./J. 4/2001, cuya presunta vigencia motivó la presente contradicción de tesis, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que tal criterio se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo que en los juicios de amparo iniciados conforme la Ley de Amparo vigente debe prescindirse de dicha jurisprudencia para no incurrir en desacato al ordenamiento en vigor, en atención a que en tal criterio expresamente se reconoció que la cuestión de personalidad hacía procedente el juicio de amparo indirecto "...aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." De la transcripción que antecede se advierte, en lo que interesa, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la actual redacción de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo establece una definición de lo que debe entenderse por actos de imposible reparación, entendiéndose por tales los que afectan materialmente derechos sustantivos; por lo que, los actos que únicamente ocasionen una afectación a derechos adjetivos o procesales, aun cuando sean de grado predominante o superior, no son impugnables a través del juicio de amparo en la vía indirecta. Igualmente, precisó que para que un acto de autoridad pueda ser calificado como de imposible reparación (que afecte materialmente derechos sustantivos) es necesario que se cumplan con las siguientes condiciones: 1. Que las consecuencias de dicho acto deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y 2. Que ese derecho afectado materialmente revista la categoría de sustantivo, cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos, cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Ilustra lo anterior, la tesis P.LVII/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 180415, de título, subtitulo y texto siguiente: Antecedentes del acto reclamado. Para mayor ilustración se precisan los antecedentes que mencionó la quejosa bajo protesta de decir verdad en la demanda de amparo. 1. El uno de enero de dos mil veinte, la quejosa y el Ayuntamiento de Valle de Bravo, Estado de México, firmaron contrato de arrendamiento para al ocupación comercial del inmueble ubicado en Kiosko de los Tres Árboles, sin número, colonia Tres Árboles y/o Centro, en Valle de Bravo, Estado de México. 2. Derivado de la contingencia sanitaria por COVID- 19, durante los años dos mil veinte y dos mil veintiuno se generó el cierre total, por lo que acordó con el arrendador condonar el cincuenta por ciento del pago de renta. 3. El siete de marzo de dos mil veintidós, la actual administración municipal de Valle de Bravo, Estado de México, demandó juicio especial de desahucio en contra de la aquí quejosa, el cual se radicó con el número de expediente 96/2022, ante el Juzgado responsable, por incumplimiento del pago de rentas de los años dos mil veinte, dos mil veintiuno y dos mil veintidós. 4. A lo anterior, la quejosa dio contestación a la demanda incoada en su contra y exhibió los recibos de pago correspondientes al año dos mil veinte, así como dos fichas de depósito bancario para cubrir el importe de las rentas vencidas. 5. El uno de abril del año en curso elementos de la Dirección de Desarrollo Económico de Valle de Bravo, Estado de México, colocaron sellos de suspensión provisional en el inmueble arrendado, con motivo de no contar con licencia de funcionamiento. 6. La quejosa solicitó prórroga para realizar el pago en su totalidad de las rentas vencidas ante el Juez Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Valle de Bravo, toda vez que el siete de mayo de dos mil veintidós, se llevara a cabo la ejecución del auto de requerimiento y lanzamiento. 7. Petición a la que recayó el acuerdo de veintisiete de abril de dos mil veintidós, en el que el Juez responsable determinó no acordar de conformidad tal solicitud. Acto reclamado en la presente instancia. Configuración de la causal. Así, de lo expuesto en acápites anteriores se tiene que el acto reclamado en esta vía constitucional, no afecta alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, sino que es una violación de carácter formal o intraprocesal, que incide en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable. En efecto, no se está en el supuesto de excepción, derivado de que el acto procesal señalado como reclamado tenga una ejecución de imposible reparación, dado que en el evento de que la determinación de la responsable pudiera trascender al resultado del fallo, la quejosa podrán alegar esa violación al combatir éste, en caso de resultar adverso a sus intereses, de conformidad con lo establecido en los artículos 170, fracción I, 171 párrafo primero, 172, fracción V y 174 párrafo primero de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin a juicio dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo." "Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin a juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante el procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo." "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o de trabajo, se consideraran violadas las leyes del procedimiento y que se afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando (.) V. Se deseche o resuelva ilegalmente un incidente de nulidad;" "Artículo 174. En la demanda de amparo principal y en su caso, en la adhesiva el quejoso deberá hacer valer todas las violaciones procesales que se estime se cometieron (.)" Es así, pues el auto de veintisiete de abril de dos mil veintidós, emitido en el expediente 96/2022, mediante el cual no se concede a la quejosa prórroga para realizar el pago en su totalidad de las rentas vencidas, no es un acto en el juicio que, por regla general, tenga una ejecución de imposible reparación, sino que tiene efectos meramente procesales, dado que la violación que llegare a cometerse en el dictado de dicha resolución, puede quedar subsanada con posterioridad, si en la sentencia resulta finalmente favorable a los intereses de la quejosa, pero de no ser así, este último podrá reclamarla en el amparo directo que, en su caso y oportunidad, promueva en contra del mencionado fallo. Lo anterior, se patentiza pues de conformidad con lo establecido en los artículos 2.312 al 2.321 del Código de Procedimientos Civiles el Estado de México, en el juicio especial de desahucio, el Juez de instancia, una vez admitida la demanda ordenará requerir al arrendatario para que en diligencia formal justifique estar al corriente en el pago de las rentas reclamadas o haga pago de ellas; y en caso de no hacerlo, requerirá la desocupación del inmueble en el plazo de treinta días, apercibido de lanzamiento a su costa si no lo efectúa. Luego, en caso de que se admitan excepciones, con ellas se mandará dar vista al actor por tres días, quien en ese plazo podrá ofrecer pruebas, transcurrido dicho término, el juez natural citará a una audiencia de desahogo de las pruebas admitidas, alegatos y sentencia, que se efectuará antes del vencimiento del plazo fijado para el lanzamiento. Sobre esa base, se concluye que conforme a los artículos señalados del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, el desahucio reviste la forma de juicio sumario, que principia por demanda y termina por sentencia, que resuelve si se decreta, o no, el lanzamiento. Ahora bien, el auto por el que se manda requerir al inquilino para que compruebe el pago de rentas y que de no hacerlo se le prevenga la desocupación, apercibido de lanzamiento, emplazándolo, al mismo tiempo, para que comparezca a juicio a exponer las excepciones que tuviera, no es irreparable en su ejecución, respecto del lanzamiento, puesto que éste, mientras no se dicte la sentencia que lo decrete, después de haberle dado oportunidad a la parte quejosa para defenderse en el juicio, no puede ejecutarse. Por tanto, debe estimarse que el caso no se encuentra comprendido en la fracción V, del artículo 107 constitucional, para que pudiera estimarse procedente el amparo indirecto, en virtud que el acto en esta vía reclamado, no puede ser considerado como de imposible reparación, pues no afectan la esfera jurídica del gobernado, de manera irreparable, es decir, sus efectos son meramente formales, como en el caso acontece, pues, de conformidad con lo establecido en la Ley adjetiva señalada, antes del vencimiento del plazo fijado para el lanzamiento que constituye el acto en esta vía reclamado, se dictará sentencia en el juicio natural, la cual pudiera serle favorable. En otro orden, esta juzgadora estima que también se configura la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, el cual dispone expresamente lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)" El precepto legal transcrito prevé el principio de definitividad de los actos jurisdiccionales, que es uno de los pilares del juicio de amparo y radica en que éste sólo procede contra actos definitivos, entendidos como aquéllos contra los cuales no procede recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificarlos, revocarlos o modificarlos. Tal principio encuentra su justificación en el hecho de que, al ser el juicio de amparo un medio extraordinario de defensa constitucional, la parte quejosa debe previamente acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente. Sobre esa base, los elementos con los que se integra la hipótesis de inejercitabilidad de la acción constitucional respecto de las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o agrarios, establecidos en la transcrita fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, son los siguientes: 1. Que el acto reclamado sea -efectivamente- una resolución proveniente de tribunales judiciales, administrativos o agrarios; 2. Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio ordinario de defensa; 3. Que ese recurso o medio ordinario de defensa se dé dentro del procedimiento en el que se emitió la actuación reclamada; y, 4. Que por virtud de dicho recurso o medio ordinario de defensa, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Cabe señalar que los casos de excepción, esto es, los supuestos en los que no resulta necesario agotar los recursos o medios de defensa ordinarios previstos en la ley que rige el acto, están previstos en la propia fracción que se analiza y son los siguientes: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; y, c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Sin embargo, no debe pasarse por alto que cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, la parte quejosa quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Lo anterior implica que, salvo las excepciones destacadas, de no agotarse los recursos o medios de defensa que procedan en contra del acto reclamado el juicio de amparo que en su caso se promueva, resultará improcedente. Ahora bien, la hipótesis de improcedencia del juicio de amparo referida se actualiza respecto del acto reclamado, pues tal actuación fue emitida por el Juez Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Valle de Bravo, Estado de México; lo que evidencia que se trata de un acto proveniente de un tribunal judicial y, en consecuencia, se satisface el primero de los requisitos antes señalados. Por otra parte, en lo tocante a los requisitos identificados con los números dos, tres y cuatro ya precisados, conforme a la naturaleza del procedimiento de origen, que trata sobre un juicio de desahucio, se tiene que el artículo 1.362 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, prevé lo siguiente: "Artículo 1.362. Los autos que no fueren apelables y los decretos, son revocables por el juez o tribunal que los dictó." Conforme al precepto citado, el recurso de revocación procede contra autos que no fueren apelables y los decretos, son revocables por el Juez o Tribunal que los dictó. En tal virtud, se concluye que el recurso de revocación tiene por objeto confirmar, modificar o anular el acto reclamado (requisito 4); está establecido en la legislación procesal civil aplicable al asunto (requisito 2) y tiene determinado un procedimiento para su resolución, pues fija un término para su interposición y un plazo para su resolución y, por tanto, constituye una actuación necesaria de las partes en el aludido juicio (requisito 3), a fin de que el Juez del proceso se pronuncie, específicamente, sobre la actuación impugnada mediante el recurso de revocación. Lo anterior es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en caso de no obtener resolución favorable se actualiza el medio extraordinario de defensa, que es el juicio de amparo; de lo contrario, si las partes dentro del juicio ordinario no tuvieran la carga de plantear sus defensas, excepciones o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote su jurisdicción, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de amparo suplantaría las facultades del Juez ordinario (en el caso, de los Jueces responsables); además, si los afectados no interponen dichos medios ordinarios de defensa, las violaciones procesales que pudieron haber sido reparadas por la propia autoridad responsable mediante la tramitación del incidente respectivo, no podrán ser atendidas en el juicio de amparo que se promueva. En tales condiciones, al actualizarse de un modo manifiesto e indudable las causales de improcedencia advertidas en el artículo 61, fracciones XVIII y XXIII, en relación con el 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, ambos de la ley de la materia; con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, se concluye desechar de plano la demanda de amparo de que se trata. No se desatiende que la peticionaria al narrar bajo protesta de decir verdad los antecedentes del acto reclamado, refiera que la Dirección de Desarrollo Económico colocó sellos de suspensión sobre el bien inmueble que tiene en arrendamiento; sin embargo, del análisis integral a la demanda tal cuestión no constituye el acto de molestia en esta vía, pues sus aseveraciones están encaminadas a combatir la determinación por la que no se acuerda procedente la prórroga que peticionó a efecto de hacer pago en su totalidad de las rentas vencidas; lo cual incluso constituye diverso acto emitido en procedimiento diverso por autoridades meramente administrativas, que en modo alguno guardan vinculación con el aquí reclamado. Lo expuesto guarda congruencia al considerar que dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que la parte quejosa tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de amparo y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, lo que incluso permite que la parte quejosa promueva oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. Sin que la anterior determinación pueda considerarse denegatoria de justicia, ya que justo a través del presente pronunciamiento se está impartiendo de conformidad con las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, no obstante que le sea desfavorable a la parte promovente.
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