Judith Arroyo Flores

Expediente 310/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2018.

Datos del expediente

Expediente
310/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
02/08/2018

Partes del expediente

  • Judith Arroyo Flores
  • Claudia Trenado Loa

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, a dos de agosto de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos el escrito de cuenta, signado por la quejosa -, mediante el cual solicitan copia certificada de todo lo actuado en el juicio de amparo 310/2018; al respecto, dígasele que por el momento no ha lugar a expedirle las copias certificadas que solicitada, toda vez que el juicio de amparo a que se refiere, se encuentra pendiente de resolverse el recurso de queja interpuesto contra el auto que desechó de plano la demanda de amparo, el que correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil de este Circuito, bajo el número 62/2018. Notifíquese.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, a veintiséis de abril de dos mil dieciocho. Agréguese al cuaderno de antecedentes en que se actúa para que obre como corresponda, el oficio signado por el Secretario de Acuerdos adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, residente en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del expediente original del juicio de amparo IV-310/2018del índice de este juzgado y comunica que mediante auto de veinticinco de abril en curso se admitió el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, contra el auto que desechó de plano la demanda de garantías. Notifíquese.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, a diecisiete de abril de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos el escrito de cuenta suscrito por -y otro Sindicas del Municipio de Amealco de Bonfil, Estado de Querétaro, mediante el cual interponen recurso de queja contra del auto de seis de abril de dos mil dieciocho, dentro del juicio en que se actúa, en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 97, 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, SE TIENE POR INTERPUESTO dicho medio de impugnación; por tanto, una vez que se encuentre debidamente integrado el presente asunto, remítanse dentro de los cinco días siguientes los autos a la superioridad, para la substanciación del medio de impugnación hecho valer, enviándose al efecto el original y réplica del escrito de expresión de agravios e informe sobre la materia de la queja. Notifíquese.

  4. Principal

    .CON ESTA FECHA QUEDA LEGALMENTE NOTIFICADA POR LISTA LA PARTE QUEJOSA DEL AUTO DE SEIS DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE:" Vista la demanda de amparo promovida por --, estado de Querétaro, carácter que acreditan con la copia cotejada de la Constancia de Mayoría, contra actos del Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, Ahora, conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia se desechará de plano sin suspender el acto reclamado, el dispositivo en consulta señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del precepto transcrito, se advierte la facultad del juez para desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare causa manifiesta e indudable de improcedencia. En relación con ello, debe precisarse que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que incluso en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. A mayor abundamiento, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Cobra aplicación al caso, la tesis XV.2o.2 K, de contenido siguiente: "DEMANDA DE GARANTÍAS, DESECHAMIENTO DE. REQUISITOS. La facultad contenida en el artículo 145, de la Ley de Amparo, está limitada a aquellos casos en los que exista una causa de improcedencia "manifiesta" e "indudable", lo que significa que para que el juez de Distrito pueda desechar una demanda de amparo, no es suficiente que se actualice una causal de improcedencia, sino que es indispensable que, por una parte, se manifieste con tal notoriedad que sea imposible no advertirla y que, por otra, sea indudable a tal grado que se tenga la certeza absoluta de que no pueda sobrevenir elemento alguno que haga cambiar dicha apreciación." Del escrito de demanda, se desprende que las quejosas reclaman lo siguiente: "La resolución del recurso de revocación dictado por el Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial del Estado de Michoacán, con fecha 09 (nueve) de Marzo de 208, dentro de los autos del expediente 622/2017, correspondiente a la demanda promovida por ... apoderado legal de la persona moral... en contra de... que declara infundado el recurso de revocación interpuesto por los aquí quejosos, en contra del auto de fecha 6 (seis de febrero de la presente anualidad". En el caso, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, 172, fracción III, todos de la Ley de Amparo, ya que se estima que el acto principal que reclama, la parte quejosa es un acto en juicio cuyos efectos no son de imposible reparación, pues no se afectan derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, y el perjuicio procesal que pudiera resentir la parte quejosa en sus derechos adjetivos no resulta exorbitante. Los preceptos legales en los que se sustenta la improcedencia del juicio de amparo en este caso, son del tenor literal siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Por su parte, el artículo 173, fracción VII, establece lo siguiente: "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: ". III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la Ley". De los preceptos trascritos se advierte que el juicio de amparo indirecto es procedente cuando se reclamen actos que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, entendiéndose como tales, aquéllos que afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución y no en los casos en que sólo se afecten derechos adjetivos o procesales, excepto cuando éstos tengan una ejecución de imposible reparación; esto es, cuando afectan algún derecho sustantivo protegido por los derechos humanos reconocidos, así como de las garantías previstas para su protección, de modo que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreparablemente el desconocimiento del derecho humano de que se trata. Por tanto, no pueden ser considerados actos de imposible reparación, aquéllos que tengan como consecuencia una afectación a derechos estrictamente de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y remediables si el afectado obtiene una sentencia favorable. Para una mejor comprensión de la improcedencia del presente juicio constitucional, es pertinente exponer los razonamientos siguientes: El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, sostienen el criterio, que comparte quien aquí resuelve, de que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de violaciones procesales que afecten derechos sustantivos reconocidos en la Constitución Federal o en tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano, o bien cuando esas violaciones causen a las partes en el juicio de que se trate perjuicios procesales exorbitantes. Esas consideraciones jurídicas están contenidas en la tesis IV.3o.C.1 K (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo III, página 2161, de rubro y texto siguientes: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO SÓLO LOS CONSTITUYEN LOS QUE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS, SINO TAMBIÉN LAS VIOLACIONES PROCESALES EXORBITANTES (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE). El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo establece que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; sin embargo, no es dable considerar que esa regla es la única que debe prevalecer para determinar a qué actos se les debe considerar como de imposible reparación; esto, porque al hacer una interpretación tanto integradora de la norma, de acuerdo con su contexto, como lógica al ligarla al origen de las reformas que dieron inicio a su creación, se concluye que las violaciones procesales, como un caso de excepción, pueden tener esta característica; pues no debe pasar inadvertido, que el origen de las reformas derivó en pretender extender la esfera de protección del juicio de amparo, aunado a que en diversos dispositivos de la citada ley, como el 170, 61, fracción XVII, 79, y el invocado 107, fracción III, incisos a) y b), se pone de relieve la facultad de impugnar violaciones procesales en amparo indirecto." Análogos razonamientos se contienen en la tesis XXVII.1o. (VIII Región) 25 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo III, página 2162, de contenido: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN PARA EFECTOS DE LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CONFORME A LA LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 2 DE ABRIL DE 2013, AQUÉLLOS ABARCAN A LOS ACTOS INTRAPROCESALES QUE AFECTAN DERECHOS ADJETIVOS EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. El artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, establece que el amparo indirecto procede contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Al interpretar esta norma, la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que los mencionados actos pueden dividirse en dos vertientes: a) Los que afectan derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y destinados a regir al exterior del juicio, como la vida, la integridad personal, la salud, la libertad, el patrimonio, la privacidad y la inviolabilidad de las comunicaciones particulares; y, b) Los que perturban derechos adjetivos en grado predominante o superior, por ejemplo, los que pudieran impedir la integración de algún presupuesto procesal insubsanable, ocasionar el retardo grave del fallo definitivo, provocar que el juicio continúe ociosamente o excluir de la contienda acciones o sujetos. Por su parte, el artículo 107, fracción V, de la ley de la materia, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, reiteró que el amparo indirecto procede contra actos intraprocesales de imposible reparación y agregó que se entiende por ellos 'los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte'. Ahora bien, este enunciado no debe leerse como una definición restrictiva, pues no emplea expresiones excluyentes como 'únicamente', 'solamente', 'sólo', 'exclusivamente' o 'excepcionalmente', para reputar como únicos actos de imposible reparación los que afecten derechos sustantivos y negar tal carácter a los que puedan generar violaciones procesales exorbitantes; por el contrario, el citado precepto debe interpretarse sistemáticamente con el artículo 170, fracción I, párrafo cuarto, de la propia ley -a contrario sensu- que dispone: "Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva.'. Al interpretar este precepto a contrario sensu, se advierte que los actos de imposible reparación reconocidos en la ley son tanto los que afectan derechos sustantivos como los que pueden constituir violaciones procesales relevantes. Así pues, es claro que el legislador no pretendió abandonar, sino adoptar los criterios del Máximo Tribunal del País, respecto a la clasificación de los actos de imposible reparación impugnables mediante el amparo indirecto. Finalmente, cabe destacar que esta interpretación protege de un modo más amplio el derecho fundamental a la justicia pronta, al permitir que se examinen de manera expedita las posibles violaciones a derechos procesales cuya gravedad extrema exija un inmediato análisis constitucional. Lo anterior, de conformidad con el principio hermenéutico pro homine establecido en el artículo 1o. de la Constitución Federal, en cuya virtud acudirse a la interpretación más extensiva cuando se trata de fijar los alcances de los derechos humanos y sus garantías. De ahí que conforme a la nueva ley los actos de imposible reparación para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto, abarquen a los actos intraprocesales que afectan derechos adjetivos en grado predominante o superior." En vista de esos criterios, que, pese a que no son obligatorios, son asumidos por este Juzgado Federal en virtud de su razonabilidad y sentido protector en beneficio de las personas, es necesario ahora determinar si el acto principal reclamado en este juicio satisface alguna de las condiciones referidas, para que sea procedente en contra de él el juicio de amparo indirecto, es decir, si el acuerdo de veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, es lesivo de alguno de sus derechos sustantivos reconocidos en la Constitución Federal o en los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano, o bien, si esa resolución causa al quejoso un perjuicio procesal exorbitante. Para decidir lo anterior, es necesario precisar cuáles son los efectos del acto que se reclama en el presente juicio. Con fecha doce de enero de dos mil dieciocho, mediante escrito presentado ante el Juzgado Octavo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial la parte quejosa ofreció pruebas para demostrar la falta de derecho y de acción de la parte actora; mediante auto de diecisiete de enero el juez emite auto en el cual admite las pruebas periciales pero no señala fecha para su desahogo y por otra parte señala que no admite las pruebas de informes solicitadas, testimonial, confesional, declaración de parte y la de inspección judicial; que con fecha dos de febrero se presenta el peritaje correspondiente a la pate aquí quejosa y por acuerdo de seis de febrero la responsable emite acuerdo en el cual señala que no ha lugar a tenerlo por presentado el dictamen pericial, motivo por el cual el siete de febrero interpone recurso de revocación, el cual fue resuelto mediante resolución del nueve de marzo del año en curso donde declara infundado dicho recurso de revocación, resolución que ahora constituye el acto reclamado. Es necesario puntualizar que, como se explica en la jurisprudencia que se transcribe a continuación, esa causa de improcedencia del juicio constitucional está plenamente justificada, pues con ella se pretende evitar una cadena interminable de juicios de amparo a fin de impedir que en el trámite de los juicios comunes las partes acudan tantas veces como violaciones se cometan a demandar el amparo por la vía indirecta, lo que entorpecería el curso natural de aquellos juicios. La tesis es la VI.2o.C. J/231, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, consultable en la página 1186 del Tomo XVII, Mayo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "VIOLACIONES PROCESALES, RAZÓN DE SER DE LA IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO EN CASO DE. Al establecer los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo, que reglamentan la disposición contenida en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la posibilidad de hacer valer las violaciones a las leyes del procedimiento judicial, administrativo o del trabajo, a través del amparo directo que se promueva en contra de la sentencia definitiva, se pretende evitar una cadena interminable de juicios de garantías, esto es, que el fin que se persigue es impedir que en el trámite del juicio las partes acudan tantas veces como violaciones se cometan a demandar el amparo por la vía indirecta, lo que entorpecería el curso natural de los juicios; lo anterior no significa de manera alguna transgredir la garantía de impartición de justicia pronta y expedita, consagrada en el artículo 17 constitucional, habida cuenta que frente al interés de los particulares se encuentra el interés público de que los juicios de amparo no proliferen de manera desmedida, haciendo nugatoria, precisamente, la citada garantía, debido a la demora en la solución de los conflictos." El artículo 172, fracción III, de la Ley de Amparo, refiere qué actuaciones son consideradas como violaciones al procedimiento en los juicios del orden civil agrario o del trabajo, considerándose violadas las leyes de procedimiento con trascendencia a las defensas del quejoso, cuando no se reciban las pruebas que ofrezca legalmente, o cuando no se reciban con arreglo a derecho, y que afectan las defensas del quejoso, cuya impugnación debe hacerse al reclamar la sentencia definitiva, que ponga fin al juicio, mediante el juicio de amparo directo. Dentro de esas violaciones al procedimiento, se destaca la no recepción de pruebas, lo que equivale al pronunciamiento relativo al desechamiento de medios de convicción ofrecidos dentro de un juicio. Esto es, por disposición expresa de la Ley de Amparo, el pronunciamiento sobre desechamiento de pruebas durante el trámite de un juicio, constituye una violación al procedimiento que afecta las defensas del quejoso. A lo anterior, debe añadirse que ha sido criterio reiterado por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el citado desechamiento de pruebas, por regla general, no se considera como una violación que cause perjuicios irreparables, ya que es susceptible de subsanarse en la sentencia definitiva, laudo o resolución que pone fin al juicio, si es que se emite favorablemente a los intereses de la parte que ofreció la prueba, pero de no ser así, podrá hacer valer esa violación al momento de reclamar la sentencia definitiva, mediante el juicio de amparo directo, conforme a las reglas previstas en el artículo 174 de la Ley de la Materia. Sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, materia común, visible a foja 31, del Semanario Judicial y su Gaceta, Octava Época, del rubro y texto siguiente: "PRUEBAS. LA FORMA EN QUE PRETENDAN RECIBIRSE O DESAHOGARSE CONSTITUYE UNA VIOLACION RECLAMABLE COMO REGLA GENERAL, POR EL OFERENTE DE LAS MISMAS, EN AMPARO DIRECTO. El artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley. Ahora bien, cuando la violación procedimental que se reclama no consiste en la admisión o el desechamiento de una prueba, sino en la forma en que se pretendan recibir o desahogar las pruebas al oferente de las mismas, cabe concluir que el caso se ubica en la hipótesis prevista en la fracción III del numeral citado, es decir, en el caso de que las pruebas que legalmente se hayan ofrecido no se reciban conforme a la ley procediendo, en consecuencia, reclamar tal violación en la vía de amparo directo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio en términos de lo dispuesto en el numeral 161 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, toda vez que hasta el momento en que se haya dictado el fallo definitivo se podrá apreciar si con motivo de la forma en que se recibieron o desahogaron las pruebas se vulneraron las defensas del oferente de las mismas, trascendiendo tal violación al resultado de la sentencia. Sin embargo, esta regla general admite una excepción: cuando la forma en que pretende llevarse a cabo la recepción o el desahogo de la probanza relativa en sí misma, pueda tener una ejecución de imposible reparación, lo cual ocurre de acuerdo con la tesis jurisprudencial 24/1992 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia, con el rubro: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.", cuando se violen derechos sustantivos contenidos en las garantías individuales consagradas en la Constitución y nunca en los casos en que sólo se afecten derechos adjetivos o procesales, caso en el cual la violación respectiva podrá ser reclamada en amparo indirecto". Consecuentemente, es indudable que lo procedente es DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo promovida por Claudia Trenado Loa y Judith Arroyo Flores, Sindicas del Municipio de Amelco de Bonfil, estado de Querétaro, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 113, en relación con el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, relacionado con el numeral 172, fracción III, todos de la Ley de Amparo. Hágase del conocimiento de las partes, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del conocimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Se tiene a las promoventes señalado domicilio en esta ciudad para oír y recibir el que se precisa en su libelo constitucional y por autorizado para ese efecto en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a... quien tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computa para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales, como se advierte de la certificación que antecede, no así a los restantes, puesto que no se encuentran registrados en dicho Sistema, por lo que únicamente se les autoriza para oír y recibir notificaciones personales";. LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO.

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