Judith Arelit Huitz Mendoza

Expediente 319/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 12 actuaciones registradas, la última del 28 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
319/2019
Año
2019
Actuaciones
12
Última actuación
28/08/2019

Partes del expediente

  • Judith Arelit Huitz Mendoza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiocho de agosto de dos mil diecinueve. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 319/2019-VI, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubieran recurrido la sentencia terminada de engrosar el cinco de agosto de dos mil diecinueve; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 24 y 34 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que en dicha sentencia determinó en el único resolutivo negar el amparo y protección a la parte quejosa; ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, agréguese a los autos el original del cuaderno incidental y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, archívese el presente juicio de amparo como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Ahora, tomando en consideración que en el presente juicio de amparo se negó el amparo de la Justicia Federal a la parte quejosa, por consiguiente, de acuerdo al supuesto previsto en la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de depuración. Asimismo, se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible de destrucción, debido que tal medida suspensiva se negó. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, en cumplimiento al Punto Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 procédase a la destrucción del duplicado. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Sergio Arturo Godínez Vega, quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 319/2019, promovido por Judith Arelit Huitz Mendoza, en representación de su menor hijo LEONARDO HUITZ MENDOZA, y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda y admisión. Mediante escrito recibido el once de marzo de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnado al día siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito, Judith Arelit Huitz Mendoza, en representación de su menor hijo LEONARDO HUITZ MENDOZA, promovió juicio de amparo en contra de la Juez Primero Civil de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial en el Estado de Morelos, que hizo consistir en el auto de trece de febrero de dos mil diecinueve, emitido en el expediente 732/2016. SEGUNDO. Admisión y trámite de la demanda. Por proveído de veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, subsanada la prevención se admitió a trámite la demanda de amparo, solicitando a la autoridad señalada como responsable su informe justificado, se dio la intervención legal que le compete a la Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, se ordenó emplazar al tercero interesado, lo que se realizó el cuatro de abril del mismo año y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, que previo diferimiento inició al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y reside la autoridad a la que se atribuye el acto reclamado. SEGUNDO. Certeza del acto. Al rendir su informe justificado la responsable Juez Primero Civil de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial en el Estado de Morelos, expresó que es cierto el acto reclamado. Lo anterior se corrobora con las copias certificadas de la controversia familiar 732/2016, sobre reconocimiento de paternidad, promovido por Judith Arelit Huitz Mendoza, en representación de su menor hijo LEONARDO HUITZ MENDOZA, en contra de Rafael López González, que fue remitida por la responsable como complemento a su informe justificado, a la cual se le concede pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por haber sido expedidas por un servidor público en ejercicio de sus funciones, de las que se desprende ciertamente el acto combatido. TERCERO. Análisis de los conceptos de violación. Al no haberse hecho valer por las partes causales de improcedencia, ni advertirse de oficio por este Juzgador, se procede al análisis de los conceptos de violación. Son infundados, inoperantes e inatendibles los conceptos de violación, sin que se advierta deficiencia de la queja que suplir en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo. Se estima necesario realizar una narración de los antecedentes del acto reclamado, los cuales se obtienen de las constancias que el Juez responsable adjuntó a su informe justificado, en el expediente 732/2016, esencialmente consistentes en: 1) Mediante acuerdo de diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, la Juez responsable admitió a trámite la controversia del orden familiar, sobre reconocimiento de paternidad y otras prestaciones, promovida a nombre del menor LEONARDO HUITZ MENDOZA, en contra de Rafael López González, bajo el número 732/2016 (foja 44, anexo I). 2) Por acuerdo de once de enero de dos mil diecisiete, se tuvo al aquí tercero interesado contestando la demanda (foja 72, anexo I). 3) El veintiuno de enero de dos mil diecinueve, la Juez responsable entre otras cuestiones, decretó pensión alimenticia provisional, en favor del menor LEONARDO HUITZ MENDOZA, a cargo del demandado Rafael López González, solo mientras durara el juicio de origen, por la cantidad de $5,000.000 (CINCO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) mensuales (fojas 458 y 459). 4) Inconforme la parte actora, interpuso recurso de reclamación contra el aludido auto que fijó la pensión alimenticia provisional. 5) Impugnación a la que recayó auto de trece de febrero de dos mil diecinueve, en el que la autoridad responsable dio cuenta con el escrito de Judith Arelit Huitz Mendoza, parte actora en dicho juicio promoviendo en representación de su menor hijo LEONARDO HUITZ MENDOZA, incidente de reclamación contra la medida provisional decretada en auto de veintiuno de enero de dos mil diecinueve; el cual desechó en términos de lo dispuesto por el artículo 234 del Código Procesal Familiar del Estado de Morelos vigente, tomando en consideración -la responsable- que dicha disposición le otorga únicamente el derecho para promover la reclamación al deudor alimentista, debiéndose estar a la pensión alimenticia decretada en autos. Este último acuerdo constituye el acto reclamado. Ahora bien, la parte quejosa hace valer, esencialmente, los siguientes conceptos de violación: ? 1. Resulta procedente el recurso de reclamación con fundamento en los artículos 234, 566 y demás relativos del Código Procesal Familiar en el Estado de Morelos, toda vez que es incoado para combatir el auto que fija la pensión alimentaria provisionalmente, interpuesto con el carácter de acreedor bajo el principio de igualdad de la partes, toda vez que el auto recurrido vulnera el principio Pro Homine, previsto en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ? 2. Los actos que se reclaman violan en su perjuicio las garantías y derechos fundamentales consignados en los artículos 14 y 16 parte dogmática de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; bajo los supuestos de irretroactividad de la ley, y el debido respeto a las formalidades esenciales del procedimiento previo al acto privativo; también le causa agravio la diversa garantía de igualdad, legalidad y seguridad jurídica a que aluden los artículos 1° y 16 constitucionales. Así las cosas, -aduce la parte quejosa- conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en particular a sus artículos 8°, numeral 1, y 14.1, que garantizan el derecho a la tutela judicial efectiva, y atendiendo al principio pro persona que prevé el segundo párrafo del artículo 1° de la Constitución Federal, se llega a la conclusión de que el acto reclamado atenta "contra la seguridad jurídica y derecho de trabajo del gobernado hoy quejoso. Por tanto, se considera que el acto reclamado transgrede los derechos humanos de la quejosa previstos por los artículos 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Por lo que se solicita a este tribunal determinar y resolver la existencia y validez de la concesión del quejoso para prestar el servicio público de transporte de pasajeros en su modalidad de vehículos de alquiler y, en consecuencia, que las autoridades demandadas procedan a la entrega del título de concesión y de las placas, respectivamente". ? 3. Aduce que la responsable viola lo dispuesto en del Código Familiar ya que constituye la inexacta aplicación del artículo 38 y 46 del Código Familiar vigente en virtud de que la cantidad de $5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) no es equitativa y proporcional a la totalidad de percepciones que el deudor alimentario tiene, toda vez de que la autoridad responsable pasó por alto las documentales que ofreció como la DOCUMENTAL PÚBLICA consistente en la copia certificada del Folio Electrónico inmobiliario 500413, expedido por el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos, en el cual se detalla que Rafael López González, es propietario del bien inmueble ubicado en el lote 6 "A" de la Manzana "IV", antes identificada como área verde localizada entre los lotes 6, 7, 14 y 15 ubicado en el fraccionamiento parques Sumiya, en el municipio de Jiutepec, Morelos; DOCUMENTAL PÚBLICA consistente en la copia certificada del folio electrónico inmobiliario 580192, expedido por el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos en el cual se detalla que Rafael López González, es propietario del bien inmueble identificado como la fracción resultante de la división de fracciones de la parcela 304, Z-1, P-2 del Ejido de Temixco, Morelos, con una superficie total de 5,458 m³, así como la DOCUMENTAL PÚBLICA Consistente en dos legajos que contiene los antecedentes y copia certificada del folio mercantil 4492, expedido por el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos, en el cual se detalla el acta constitutiva, antecedentes, asambleas, capital fijo, desglose del número de acciones, valor económico de las acciones y accionistas de la empresa identificada como "GRUPO MADICY CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, documentales públicas que hacen constar que Rafael López González, es copropietario mayoritario y administrador único, de dicha empresa con un total de 2,254 acciones, con un valor de $2,254,000.00 (DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). La violación de las normas secundarias que ha mencionado trascienden a una transgresión de las normas constitucionales contenidas en los numerales 14 y 16, pues se le ha privado de defensa sin que haya mediado juicio en el que se hayan seguido las formalidades esenciales del procedimiento y sin que la resolución conculcatoria de sus derechos haya estado legalmente fundada y motivada. ? 4. El acto reclamado viola lo establecido en la carta magna con base a los principios jurídicos e instituciones normativas a través de garantías, las cuales dieron cause a los principios de equidad, defensa, proporcionalidad, seguridad jurídica, capacidad y debido proceso legal, y quedaron integrados mediante un proceso jurídico legislativo en diferentes ordenamientos, principalmente el principio de igualdad de las partes por lo que el juez debió dirigir el proceso jurisdiccional de manera imparcial, ya que el acto reclamado combatido es interpretado de que solo otorga el derecho a una de las partes rompiendo con esto la inconstitucionalidad de dicho artículo al no otorgare la posibilidad de combatir una decisión importante que afecta los intereses del menor solo a la parte demandada dejando en estado de indefensión al menor para reclamar la medida provisional decretada, por lo que el artículo 234 del Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos es violatorio de garantías de igualdad y por ende inconstitucional ya que el artículo 17 constitucional establece que: "Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales". De los conceptos de violación expuestos, la parte quejosa estima fundamentalmente, que con el acto reclamado se coartan sus derechos humanos de defensa, acceso a la justicia y protección judicial contenidos en el artículo 1º, 14, 16 y 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, porque se conculcaron los principios de igualdad, defensa y proporcionalidad, pues -refiere específicamente en el concepto de violación señalado con el punto 4.-, sólo otorga derecho a una de las partes para combatir la decisión concerniente a los alimentos provisionales, en el caso a la parte demandada, aduciendo que con ello, se deja en estado de indefensión al menor para reclamar la medida provisional decretada, por lo que el artículo 234 del Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos es violatorio de la garantía de igualdad y por ende inconstitucional. En ese sentido, el suscrito juzgador como apartado particular y atendiendo a las jurisprudencias que el quejoso transcribe para sustentar los principios universalidad y de pro-persona en los derechos humanos tutelados por el artículo 1° Constitucional, así como sus derechos humanos al debido proceso y legalidad, precisa que mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, vigente a partir del día siguiente de su publicación, se reformó y adicionó el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer diversas obligaciones a las autoridades, entre ellas, la directriz para que se interpretaran las normas relativas a los derechos humanos conforme a la Constitución y a los tratados internacionales en la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, de ahí que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, deben promover, respetar, proteger y garantizar tales derechos conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; así, el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos desde luego, en los términos que la ley permite. ? Atento a lo anterior, es que se estima procedente precisar que contrario a lo aducido por la parte quejosa, el artículo en alusión no resulta inconstitucional, y por tanto sus argumentos infundados, como a continuación se habrá de dilucidar. El artículo 234 del Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, dispone: "ARTÍCULO 234.- RECLAMACIÓN DE LA PROVIDENCIA POR EL DEUDOR O POR UN TERCERO. El deudor podrá reclamar la providencia en cualquier tiempo hasta antes de la sentencia, que se dicte en el juicio correspondiente, para cuyo efecto se le notificará ésta, en caso de no haberse ejecutado con su persona o con su representante legítimo. La reclamación deberá fundarse en que la medida cautelar fue innecesaria o no se practicó de acuerdo con la Ley. Su realización se hará sin suspensión del procedimiento excepto para el caso de tratarse de alimentos. También puede reclamar la providencia un tercero, cuando sus bienes hayan sido objeto del secuestro. Estas reclamaciones se substanciarán en forma incidental." De dicha transcripción, se hace destacar que si bien, únicamente el deudor en cualquier momento antes de la sentencia podrá reclamar la providencia de alimentos fundándose en que fue innecesaria o no se practicó de acuerdo a la Ley, que se hará sin suspensión del procedimiento excepto tratándose de alimentos, y se substanciará en forma de incidente; sin embargo se aprecia que ello no vulnera derechos fundamentales de la parte quejosa, ni el principio de igualdad como desacertadamente se plantea. Lo anterior es así, porque el medio de impugnación contenido en el artículo 234 del referido código adjetivo, únicamente está previsto para la parte deudora, a la que se le reclama alimentos y no para quien los solicita; haciéndose especial énfasis que del análisis del proceso ordinario civil, se deprende que el acto reclamado deviene de la determinación sobre la pensión alimenticia provisional; es decir, se sitúa en la hipótesis de una medida cautelar para la subsistencia del alimentista de conformidad con el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; puesto que, dicha providencia precautoria habrá de persistir, sólo mientras perdure el procedimiento del juicio de origen y se dicte la sentencia definitiva, en la cual, la pensión sobre los alimentos para la subsistencia del menor aquí quejoso, podrá modificarse cuando cambien las circunstancias y la juez de origen tenga mayores datos sobre las posibilidades económicas del deudor alimentista. Sin que lo anterior, de ninguna manera pueda interpretarse inequitativo, por el contrario, resulta correcto, porque dicho medio de impugnación se encuentra dirigido a la parte demandada cuando eventualmente tuviera alguna inconformidad con el monto del porcentaje de pensión alimenticia decretado en forma provisional, lo cual encuentra su fundamento, cuando sirve para que ésta tenga la oportunidad de aportar pruebas al sumario de origen y demostrar que la medida cautelar decretada es improcedente o contraria a la Ley, en su caso, desproporcional a sus posibilidades por no haber tenido oportunidad de hacerlo con anterioridad. Ello al ser la materialización de su garantía de defensa, y su derecho de audiencia; con lo que no vulnerara la subsistencia de la parte actora en el juicio natural al ser evidente que ésta se garantizó precisamente al decretar la medida sujeta a reclamo por la contraparte. En ese sentido, se considera constitucionalmente válido, que la reclamación únicamente pueda ser interpuesta por la parte demandada, pues es la que, en todo caso, podría aportar nuevos elementos al juicio de origen para que el juzgador modificara su determinación; ya que, de permitir que la parte actora pueda presentar nuevos elementos no establecidos en su demanda inicial, sería darle doble oportunidad en contraposición con el demandado a quien únicamente se le daría una; lo que también acontece en relación a las probanzas que efectivamente hubiere aportado en el libelo de origen, puesto que la apreciación correcta o incorrecta efectuada por la responsable, en su caso podrá ser materia de análisis de resultar violatoria de derechos mediante el juicio de amparo que en su caso se interponga al existir disposición expresa de que no es procedente el recurso ordinario en su contra. Es por lo anterior, que no le asiste razón a la parte quejosa en sus conceptos de violación cuando argumenta que tal dispositivo resulta inconstitucional y contrario al principio de igualdad, porque precisamente tal medio de impugnación va encaminado a hacer prevalecer la garantía de defensa y audiencia del deudor y en su caso, otorgarle la oportunidad para presentar medios probatorios pertinentes para demostrar en su caso, si tal medida fue innecesaria o contraria a la Ley, y de esa forma, estar en igualdad de circunstancias respecto a la oportunidad que la parte actora tuvo de ofrecer sus pruebas al momento de solicitar los alimentos, lo que también conlleva a refrendar el principio de igualdad entre las partes; por tanto se itera lo infundado de sus argumentos. ? Lo mismo ocurre en lo concerniente a lo alegado por la parte quejosa cuando aduce que el fundamento del acto reclamado vulnera los principios de defensa y proporcionalidad, al no otorgarle la oportunidad de impugnar la pensión alimenticia provisional que decretó el juez de origen; lo cual resulta desacertado, como se desprende de las siguientes consideraciones. En efecto, contrario a la percepción de la parte quejosa, no resulta inconstitucional ni se le deja en estado de indefensión, si en el Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, no se advierta la existencia de medio de impugnación dirigido en particular a la parte acreedora, cuando se inconforme con el monto que se fije como pensión alimenticia provisional; ya que el hecho de que no se establezca un recurso ordinario para la parte acreedora, no se traduce en una infracción al derecho de audiencia, ni al de protección judicial, pues en la propia legislación mexicana se encuentra un medio de defensa sencillo y rápido, que los es el juicio de amparo, el cual garantiza el núcleo de defensa como formalidad esencial del procedimiento. A mayor abundamiento, es de precisar que efectivamente los recursos son una garantía de la justicia completa e imparcial, la cual asegura la posibilidad de corregir los errores en los que pueda incurrir el juzgador en la adopción de sus decisiones, y permite enmendar la aplicación indebida de la ley. En ese sentido, tal como lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Acción de Inconstitucionalidad 22/2009, el derecho de acceso a los recursos, es una manifestación del derecho a la tutela judicial efectiva, y al igual que cualquier otro derecho, salvo en materia penal, no es un derecho absoluto, por lo que no todas las sentencias judiciales deben indefectiblemente ser irrecurribles. Lo anterior apunta a concluir que el legislador puede válidamente decidir que un determinado proceso únicamente podrá tramitarse en única instancia, pero para ello debe satisfacer parámetros de razonabilidad y proporcionalidad, manteniéndose dentro del límite impuesto por los principios, valores y derechos fundamentales constitucionales, particularmente en lo que atañe al principio de igualdad, ya que debe darse igual acceso a los recursos a las personas que estén en situaciones iguales. Por lo anterior, al analizar la razonabilidad de la exclusión de recursos contra las determinaciones sobre pensión alimenticia provisional, emitidas como medidas precautorias en el juicio de origen, se arriba a la conclusión de que sí tiene un fin constitucionalmente legítimo, pues se advierte que la finalidad que se persigue, dado que se trata de una providencia precautoria que garantiza de manera provisional la subsistencia del alimentista, más aun como en el caso acontece, tratándose de un menor de edad, es hacer el procedimiento ágil y eficiente, precisamente dada la naturaleza provisional de dicha medida, y para salvaguardar el interés superior del menor. Lo anterior, a criterio de este Juzgado, constituye un fin constitucionalmente válido en cuanto que persigue una administración de justicia pronta y expedita, principio que se encuentra expresamente dispuesto en el artículo 17 constitucional, en concordancia con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por lo que con ello se logra la obtención de una pronta y efectiva protección de los derechos e intereses ventilados en los juicios que impliquen preservar la subsistencia del alimentista, imprimiéndole celeridad al proceso judicial correspondiente, fomentando la economía procesal y eficacia judicial, y en el caso de que implique menores de edad, trascienda a garantizar el principio del interés superior del menor, como en el presente asunto ocurre. Por tanto, se considera que la exclusión de recurso de impugnación en el caso específico, aunque limita la inconformidad de la parte actora, acreedor alimentario en relación a la pensión provisionalmente fijada; no lo priva del acceso a la justicia, ni deja en estado de indefensión, pues por un lado, en el procedimiento ordinario deben respetarse las formalidades esenciales del procedimiento, y por otro, se tiene la posibilidad de impugnar dicha resolución, en el caso del acreedor, mediante el juicio de amparo, de manera que aun cuando no exista en la jurisdicción ordinaria un recurso disponible para impugnar las resoluciones adversas, existe un recurso extraordinario. Por consiguiente, es falso que la falta de recursos en la jurisdicción ordinaria ocasione que se deje en indefensión a la parte quejosa, y que no haya la posibilidad de una revisión a las determinaciones concernientes a alimentos provisionales por parte del acreedor, porque los tribunales federales que conocen del amparo, están facultados para realizar un control de legalidad sobre las decisiones de los jueces de primera instancia en aquellos casos en que no esté previsto medio de impugnación ordinario. En consecuencia, aunque se limita el derecho a la revisión por impugnación a la parte acreedora, dicha limitación es proporcional con la finalidad que se persigue, y debe ponderarse por encima de tal limitación, ya que ésta no implica una privación del acceso a la justicia. Pues como ha quedado demostrado, el precepto impugnado con el que se fundamentó el proveído aquí combatido, no tiene por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de los acreedores de alimentos provisionales, decretados como medida cautelar, sino hacer que sean más eficientes y ágiles. Los anteriores argumentos fueron sostenidos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al fallar -por unanimidad de once votos- la acción de inconstitucionalidad 22/2009, los que fueran reiterados por la Primera Sala del Más Alto Tribunal del País, al fallar -por unanimidad de cinco votos-, el amparo en revisión 258/2010 y el Amparo en Revisión 327/2013. En ese sentido, contrario a lo aducido por la parte quejosa, la limitación de un recurso de impugnación ordinario para la parte acreedora en el caso de la determinación provisional sobre alimentos, en modo alguno restringe la garantía de audiencia ni de defensa y proporcionalidad, pues como ya se dijo, el diseño de tales determinaciones, dada su naturaleza concerniente a la subsistencia del alimentista al fijar un monto provisional, en el caso, tratándose de un menor de edad, permite la revisión de su legalidad a través del juicio de amparo. Por consiguiente, del examen de los restantes conceptos de violación, resultan inoperantes los señalados en los puntos 1. y 3., porque por una parte, se hacen depender de la desacertada apreciación de la parte quejosa en el sentido de estimar violaciones a los principios de igualdad, defensa y proporcionalidad escudriñados y desestimados en párrafos que anteceden, y por otra, porque sus argumentos van encaminados a controvertir el desechamiento del incidente de reclamación promovido por la parte quejosa, de trece de febrero de dos mil diecinueve, y es que dicho acuerdo, no se refiere a la determinación en la que se concede la medida provisional de alimentos, pues éste se emitió el veintiuno de enero de dos mil diecinueve, y fue en ese proveído cuando la juez tuvo que analizar los requisitos que dispone el artículo 438, fracción IV, del Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos, esto es, la condiciones del allá demandado Rafael López González, concernientes a contar con trabajo estable y remunerado, la posibilidad de quien deba darlos y la urgencia de la medida, entre otros, con base en las cuales la Juez responsable fijó pensión alimenticia provisional. Por tanto, dado que lo argumentado en los aludidos conceptos de violación se refiere al acto impugnado consistente en el desechamiento del incidente de reclamación, circunstancia que ya fue materia de análisis en párrafos precedentes; es por ello que deviene la razón por la cual, resultan inoperantes. Finalmente, resulta inatendible el concepto de violación señalado con el punto 2., por las consideraciones siguientes. En efecto, dicho concepto de violación resulta inatendible dado que sus argumentos en nada tienen que ver con el acto reclamado en el presente asunto, pues desacertadamente la parte quejosa asentó: "contra la seguridad jurídica y derecho de trabajo del gobernado hoy quejoso. Por tanto, se considera que el acto reclamado transgrede los derechos humanos de la quejosa previstos por los artículos 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Por lo que se solicita a este tribunal determinar y resolver la existencia y validez de la concesión del quejoso para prestar el servicio público de transporte de pasajeros en su modalidad de vehículos de alquiler y, en consecuencia, que las autoridades demandadas procedan a la entrega del título de concesión y de las placas, respectivamente"; de ahí lo inatendible de dicho concepto de violación. De todo lo anterior, se itera lo infundado, inoperante e inatendible de los conceptos de violación; además que contrario a lo que expresa la parte quejosa, este juzgador advierte que la autoridad responsable al emitir el acuerdo que desechó el incidente de reclamación promovido por la allá parte acreedora, estuvo en lo correcto al determinar que era improcedente lo solicitado, porque de conformidad con lo previsto en el artículo 234 del Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos vigente, como ha quedado de manifiesto, dispone expresamente estar dirigido, entre otro al deudor, no así a la parte acreedora; circunstancia que como se explicó, no vulneró los principios de igualdad, defensa y proporcionalidad del menor de edad quejoso representado por Judith Arelit Huitz Mendoza, tampoco, como se demostró en la presente determinación, de ninguna manera pudo considerarse inconstitucional ni lesivo a los derechos superiores de los menores en lo general o a la trasgresión de alguno de su derechos fundamentales en lo particular, ello en consideración a las razones apuntadas. Consecuentemente, como ha quedado demostrado, el auto combatido fue debidamente emitido, porque como se precisó, fue correcto el fundamento legal que aplicó la juez responsable, además explicó los argumentos que consideró para declarar improcedente el incidente de reclamación, existiendo adecuación entre los motivos expuestos y las razones que señaló la responsable de conformidad con la literalidad del contenido del artículo que la constriñó a desechar el recurso planteado por las consideraciones ahí apuntadas, por lo que tampoco se vulneró el derecho humano del menor quejoso consagrado en el artículo 16 de la Constitución General de la República relativo a la fundamentación, en virtud de que los razonamientos que hizo en la parte considerativa de su resolución son jurídicos y acertados, como se ha precisado, apoyando su determinación en el precepto de la ley que expresamente señaló, resultando jurídicamente correcta su determinación. Resulta aplicable la Jurisprudencia con registro 238212, que sustentó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, volumen 97-102, Tercera Parte, página 143, con el rubro y texto: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." En las condiciones señaladas, ante la calificación de los conceptos de violación y sin que exista deficiencia de la queja que suplir a favor del menor quejoso LEONARDO HUITZ MENDOZA, representado por Judith Arelit Huitz Mendoza, lo procedente es negar el amparo que se solicita.Por lo antes expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege al menor quejoso LEONARDO HUITZ MENDOZA, representado por Judith Arelit Huitz Mendoza, respecto del acto y autoridad precisados en el resultando primero, por las razones y motivos señalados en el considerando tercero de esta sentencia. Notifíquese personalmente a las partes. Así lo resolvió y firma JORGE ISAAC LAGUNES LEANO, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, hoy cinco de agosto de dos mil diecinueve en que lo permitieron las labores de este Juzgado de Distrito, asistido de Sergio Arturo Godínez Vega, Secretario con quien actúa y da fe. DOY FE.

  3. Principal

    En términos del artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal a la parte tercera interesada el autoque en lo conducente dice: VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 319/2019, promovido por Judith Arelit Huitz Mendoza, en representación de su menor hijo LEONARDO HUITZ MENDOZA, y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda y admisión. Mediante escrito recibido el once de marzo de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnado al día siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito, Judith Arelit Huitz Mendoza, en representación de su menor hijo LEONARDO HUITZ MENDOZA, promovió juicio de amparo en contra de la Juez Primero Civil de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial en el Estado de Morelos, que hizo consistir en el auto de trece de febrero de dos mil diecinueve, emitido en el expediente 732/2016. SEGUNDO. Admisión y trámite de la demanda. Por proveído de veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, subsanada la prevención se admitió a trámite la demanda de amparo, solicitando a la autoridad señalada como responsable su informe justificado, se dio la intervención legal que le compete a la Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, se ordenó emplazar al tercero interesado, lo que se realizó el cuatro de abril del mismo año y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, que previo diferimiento inició al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y reside la autoridad a la que se atribuye el acto reclamado. SEGUNDO. Certeza del acto. Al rendir su informe justificado la responsable Juez Primero Civil de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial en el Estado de Morelos, expresó que es cierto el acto reclamado. Lo anterior se corrobora con las copias certificadas de la controversia familiar 732/2016, sobre reconocimiento de paternidad, promovido por Judith Arelit Huitz Mendoza, en representación de su menor hijo LEONARDO HUITZ MENDOZA, en contra de Rafael López González, que fue remitida por la responsable como complemento a su informe justificado, a la cual se le concede pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por haber sido expedidas por un servidor público en ejercicio de sus funciones, de las que se desprende ciertamente el acto combatido. TERCERO. Análisis de los conceptos de violación. Al no haberse hecho valer por las partes causales de improcedencia, ni advertirse de oficio por este Juzgador, se procede al análisis de los conceptos de violación. Son infundados, inoperantes e inatendibles los conceptos de violación, sin que se advierta deficiencia de la queja que suplir en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo. Se estima necesario realizar una narración de los antecedentes del acto reclamado, los cuales se obtienen de las constancias que el Juez responsable adjuntó a su informe justificado, en el expediente 732/2016, esencialmente consistentes en: 1) Mediante acuerdo de diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, la Juez responsable admitió a trámite la controversia del orden familiar, sobre reconocimiento de paternidad y otras prestaciones, promovida a nombre del menor LEONARDO HUITZ MENDOZA, en contra de Rafael López González, bajo el número 732/2016 (foja 44, anexo I). 2) Por acuerdo de once de enero de dos mil diecisiete, se tuvo al aquí tercero interesado contestando la demanda (foja 72, anexo I). 3) El veintiuno de enero de dos mil diecinueve, la Juez responsable entre otras cuestiones, decretó pensión alimenticia provisional, en favor del menor LEONARDO HUITZ MENDOZA, a cargo del demandado Rafael López González, solo mientras durara el juicio de origen, por la cantidad de $5,000.000 (CINCO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) mensuales (fojas 458 y 459). 4) Inconforme la parte actora, interpuso recurso de reclamación contra el aludido auto que fijó la pensión alimenticia provisional. 5) Impugnación a la que recayó auto de trece de febrero de dos mil diecinueve, en el que la autoridad responsable dio cuenta con el escrito de Judith Arelit Huitz Mendoza, parte actora en dicho juicio promoviendo en representación de su menor hijo LEONARDO HUITZ MENDOZA, incidente de reclamación contra la medida provisional decretada en auto de veintiuno de enero de dos mil diecinueve; el cual desechó en términos de lo dispuesto por el artículo 234 del Código Procesal Familiar del Estado de Morelos vigente, tomando en consideración -la responsable- que dicha disposición le otorga únicamente el derecho para promover la reclamación al deudor alimentista, debiéndose estar a la pensión alimenticia decretada en autos. Este último acuerdo constituye el acto reclamado. Ahora bien, la parte quejosa hace valer, esencialmente, los siguientes conceptos de violación: ? 1. Resulta procedente el recurso de reclamación con fundamento en los artículos 234, 566 y demás relativos del Código Procesal Familiar en el Estado de Morelos, toda vez que es incoado para combatir el auto que fija la pensión alimentaria provisionalmente, interpuesto con el carácter de acreedor bajo el principio de igualdad de la partes, toda vez que el auto recurrido vulnera el principio Pro Homine, previsto en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ? 2. Los actos que se reclaman violan en su perjuicio las garantías y derechos fundamentales consignados en los artículos 14 y 16 parte dogmática de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; bajo los supuestos de irretroactividad de la ley, y el debido respeto a las formalidades esenciales del procedimiento previo al acto privativo; también le causa agravio la diversa garantía de igualdad, legalidad y seguridad jurídica a que aluden los artículos 1° y 16 constitucionales. Así las cosas, -aduce la parte quejosa- conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en particular a sus artículos 8°, numeral 1, y 14.1, que garantizan el derecho a la tutela judicial efectiva, y atendiendo al principio pro persona que prevé el segundo párrafo del artículo 1° de la Constitución Federal, se llega a la conclusión de que el acto reclamado atenta "contra la seguridad jurídica y derecho de trabajo del gobernado hoy quejoso. Por tanto, se considera que el acto reclamado transgrede los derechos humanos de la quejosa previstos por los artículos 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Por lo que se solicita a este tribunal determinar y resolver la existencia y validez de la concesión del quejoso para prestar el servicio público de transporte de pasajeros en su modalidad de vehículos de alquiler y, en consecuencia, que las autoridades demandadas procedan a la entrega del título de concesión y de las placas, respectivamente". ? 3. Aduce que la responsable viola lo dispuesto en del Código Familiar ya que constituye la inexacta aplicación del artículo 38 y 46 del Código Familiar vigente en virtud de que la cantidad de $5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) no es equitativa y proporcional a la totalidad de percepciones que el deudor alimentario tiene, toda vez de que la autoridad responsable pasó por alto las documentales que ofreció como la DOCUMENTAL PÚBLICA consistente en la copia certificada del Folio Electrónico inmobiliario 500413, expedido por el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos, en el cual se detalla que Rafael López González, es propietario del bien inmueble ubicado en el lote 6 "A" de la Manzana "IV", antes identificada como área verde localizada entre los lotes 6, 7, 14 y 15 ubicado en el fraccionamiento parques Sumiya, en el municipio de Jiutepec, Morelos; DOCUMENTAL PÚBLICA consistente en la copia certificada del folio electrónico inmobiliario 580192, expedido por el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos en el cual se detalla que Rafael López González, es propietario del bien inmueble identificado como la fracción resultante de la división de fracciones de la parcela 304, Z-1, P-2 del Ejido de Temixco, Morelos, con una superficie total de 5,458 m³, así como la DOCUMENTAL PÚBLICA Consistente en dos legajos que contiene los antecedentes y copia certificada del folio mercantil 4492, expedido por el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos, en el cual se detalla el acta constitutiva, antecedentes, asambleas, capital fijo, desglose del número de acciones, valor económico de las acciones y accionistas de la empresa identificada como "GRUPO MADICY CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, documentales públicas que hacen constar que Rafael López González, es copropietario mayoritario y administrador único, de dicha empresa con un total de 2,254 acciones, con un valor de $2,254,000.00 (DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). La violación de las normas secundarias que ha mencionado trascienden a una transgresión de las normas constitucionales contenidas en los numerales 14 y 16, pues se le ha privado de defensa sin que haya mediado juicio en el que se hayan seguido las formalidades esenciales del procedimiento y sin que la resolución conculcatoria de sus derechos haya estado legalmente fundada y motivada. ? 4. El acto reclamado viola lo establecido en la carta magna con base a los principios jurídicos e instituciones normativas a través de garantías, las cuales dieron cause a los principios de equidad, defensa, proporcionalidad, seguridad jurídica, capacidad y debido proceso legal, y quedaron integrados mediante un proceso jurídico legislativo en diferentes ordenamientos, principalmente el principio de igualdad de las partes por lo que el juez debió dirigir el proceso jurisdiccional de manera imparcial, ya que el acto reclamado combatido es interpretado de que solo otorga el derecho a una de las partes rompiendo con esto la inconstitucionalidad de dicho artículo al no otorgare la posibilidad de combatir una decisión importante que afecta los intereses del menor solo a la parte demandada dejando en estado de indefensión al menor para reclamar la medida provisional decretada, por lo que el artículo 234 del Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos es violatorio de garantías de igualdad y por ende inconstitucional ya que el artículo 17 constitucional establece que: "Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales". De los conceptos de violación expuestos, la parte quejosa estima fundamentalmente, que con el acto reclamado se coartan sus derechos humanos de defensa, acceso a la justicia y protección judicial contenidos en el artículo 1º, 14, 16 y 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, porque se conculcaron los principios de igualdad, defensa y proporcionalidad, pues -refiere específicamente en el concepto de violación señalado con el punto 4.-, sólo otorga derecho a una de las partes para combatir la decisión concerniente a los alimentos provisionales, en el caso a la parte demandada, aduciendo que con ello, se deja en estado de indefensión al menor para reclamar la medida provisional decretada, por lo que el artículo 234 del Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos es violatorio de la garantía de igualdad y por ende inconstitucional. En ese sentido, el suscrito juzgador como apartado particular y atendiendo a las jurisprudencias que el quejoso transcribe para sustentar los principios universalidad y de pro-persona en los derechos humanos tutelados por el artículo 1° Constitucional, así como sus derechos humanos al debido proceso y legalidad, precisa que mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, vigente a partir del día siguiente de su publicación, se reformó y adicionó el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer diversas obligaciones a las autoridades, entre ellas, la directriz para que se interpretaran las normas relativas a los derechos humanos conforme a la Constitución y a los tratados internacionales en la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, de ahí que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, deben promover, respetar, proteger y garantizar tales derechos conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; así, el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos desde luego, en los términos que la ley permite. ? Atento a lo anterior, es que se estima procedente precisar que contrario a lo aducido por la parte quejosa, el artículo en alusión no resulta inconstitucional, y por tanto sus argumentos infundados, como a continuación se habrá de dilucidar. El artículo 234 del Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, dispone: "ARTÍCULO 234.- RECLAMACIÓN DE LA PROVIDENCIA POR EL DEUDOR O POR UN TERCERO. El deudor podrá reclamar la providencia en cualquier tiempo hasta antes de la sentencia, que se dicte en el juicio correspondiente, para cuyo efecto se le notificará ésta, en caso de no haberse ejecutado con su persona o con su representante legítimo. La reclamación deberá fundarse en que la medida cautelar fue innecesaria o no se practicó de acuerdo con la Ley. Su realización se hará sin suspensión del procedimiento excepto para el caso de tratarse de alimentos. También puede reclamar la providencia un tercero, cuando sus bienes hayan sido objeto del secuestro. Estas reclamaciones se substanciarán en forma incidental." De dicha transcripción, se hace destacar que si bien, únicamente el deudor en cualquier momento antes de la sentencia podrá reclamar la providencia de alimentos fundándose en que fue innecesaria o no se practicó de acuerdo a la Ley, que se hará sin suspensión del procedimiento excepto tratándose de alimentos, y se substanciará en forma de incidente; sin embargo se aprecia que ello no vulnera derechos fundamentales de la parte quejosa, ni el principio de igualdad como desacertadamente se plantea. Lo anterior es así, porque el medio de impugnación contenido en el artículo 234 del referido código adjetivo, únicamente está previsto para la parte deudora, a la que se le reclama alimentos y no para quien los solicita; haciéndose especial énfasis que del análisis del proceso ordinario civil, se deprende que el acto reclamado deviene de la determinación sobre la pensión alimenticia provisional; es decir, se sitúa en la hipótesis de una medida cautelar para la subsistencia del alimentista de conformidad con el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; puesto que, dicha providencia precautoria habrá de persistir, sólo mientras perdure el procedimiento del juicio de origen y se dicte la sentencia definitiva, en la cual, la pensión sobre los alimentos para la subsistencia del menor aquí quejoso, podrá modificarse cuando cambien las circunstancias y la juez de origen tenga mayores datos sobre las posibilidades económicas del deudor alimentista. Sin que lo anterior, de ninguna manera pueda interpretarse inequitativo, por el contrario, resulta correcto, porque dicho medio de impugnación se encuentra dirigido a la parte demandada cuando eventualmente tuviera alguna inconformidad con el monto del porcentaje de pensión alimenticia decretado en forma provisional, lo cual encuentra su fundamento, cuando sirve para que ésta tenga la oportunidad de aportar pruebas al sumario de origen y demostrar que la medida cautelar decretada es improcedente o contraria a la Ley, en su caso, desproporcional a sus posibilidades por no haber tenido oportunidad de hacerlo con anterioridad. Ello al ser la materialización de su garantía de defensa, y su derecho de audiencia; con lo que no vulnerara la subsistencia de la parte actora en el juicio natural al ser evidente que ésta se garantizó precisamente al decretar la medida sujeta a reclamo por la contraparte. En ese sentido, se considera constitucionalmente válido, que la reclamación únicamente pueda ser interpuesta por la parte demandada, pues es la que, en todo caso, podría aportar nuevos elementos al juicio de origen para que el juzgador modificara su determinación; ya que, de permitir que la parte actora pueda presentar nuevos elementos no establecidos en su demanda inicial, sería darle doble oportunidad en contraposición con el demandado a quien únicamente se le daría una; lo que también acontece en relación a las probanzas que efectivamente hubiere aportado en el libelo de origen, puesto que la apreciación correcta o incorrecta efectuada por la responsable, en su caso podrá ser materia de análisis de resultar violatoria de derechos mediante el juicio de amparo que en su caso se interponga al existir disposición expresa de que no es procedente el recurso ordinario en su contra. Es por lo anterior, que no le asiste razón a la parte quejosa en sus conceptos de violación cuando argumenta que tal dispositivo resulta inconstitucional y contrario al principio de igualdad, porque precisamente tal medio de impugnación va encaminado a hacer prevalecer la garantía de defensa y audiencia del deudor y en su caso, otorgarle la oportunidad para presentar medios probatorios pertinentes para demostrar en su caso, si tal medida fue innecesaria o contraria a la Ley, y de esa forma, estar en igualdad de circunstancias respecto a la oportunidad que la parte actora tuvo de ofrecer sus pruebas al momento de solicitar los alimentos, lo que también conlleva a refrendar el principio de igualdad entre las partes; por tanto se itera lo infundado de sus argumentos. ? Lo mismo ocurre en lo concerniente a lo alegado por la parte quejosa cuando aduce que el fundamento del acto reclamado vulnera los principios de defensa y proporcionalidad, al no otorgarle la oportunidad de impugnar la pensión alimenticia provisional que decretó el juez de origen; lo cual resulta desacertado, como se desprende de las siguientes consideraciones. En efecto, contrario a la percepción de la parte quejosa, no resulta inconstitucional ni se le deja en estado de indefensión, si en el Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, no se advierta la existencia de medio de impugnación dirigido en particular a la parte acreedora, cuando se inconforme con el monto que se fije como pensión alimenticia provisional; ya que el hecho de que no se establezca un recurso ordinario para la parte acreedora, no se traduce en una infracción al derecho de audiencia, ni al de protección judicial, pues en la propia legislación mexicana se encuentra un medio de defensa sencillo y rápido, que los es el juicio de amparo, el cual garantiza el núcleo de defensa como formalidad esencial del procedimiento. A mayor abundamiento, es de precisar que efectivamente los recursos son una garantía de la justicia completa e imparcial, la cual asegura la posibilidad de corregir los errores en los que pueda incurrir el juzgador en la adopción de sus decisiones, y permite enmendar la aplicación indebida de la ley. En ese sentido, tal como lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Acción de Inconstitucionalidad 22/2009, el derecho de acceso a los recursos, es una manifestación del derecho a la tutela judicial efectiva, y al igual que cualquier otro derecho, salvo en materia penal, no es un derecho absoluto, por lo que no todas las sentencias judiciales deben indefectiblemente ser irrecurribles. Lo anterior apunta a concluir que el legislador puede válidamente decidir que un determinado proceso únicamente podrá tramitarse en única instancia, pero para ello debe satisfacer parámetros de razonabilidad y proporcionalidad, manteniéndose dentro del límite impuesto por los principios, valores y derechos fundamentales constitucionales, particularmente en lo que atañe al principio de igualdad, ya que debe darse igual acceso a los recursos a las personas que estén en situaciones iguales. Por lo anterior, al analizar la razonabilidad de la exclusión de recursos contra las determinaciones sobre pensión alimenticia provisional, emitidas como medidas precautorias en el juicio de origen, se arriba a la conclusión de que sí tiene un fin constitucionalmente legítimo, pues se advierte que la finalidad que se persigue, dado que se trata de una providencia precautoria que garantiza de manera provisional la subsistencia del alimentista, más aun como en el caso acontece, tratándose de un menor de edad, es hacer el procedimiento ágil y eficiente, precisamente dada la naturaleza provisional de dicha medida, y para salvaguardar el interés superior del menor. Lo anterior, a criterio de este Juzgado, constituye un fin constitucionalmente válido en cuanto que persigue una administración de justicia pronta y expedita, principio que se encuentra expresamente dispuesto en el artículo 17 constitucional, en concordancia con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por lo que con ello se logra la obtención de una pronta y efectiva protección de los derechos e intereses ventilados en los juicios que impliquen preservar la subsistencia del alimentista, imprimiéndole celeridad al proceso judicial correspondiente, fomentando la economía procesal y eficacia judicial, y en el caso de que implique menores de edad, trascienda a garantizar el principio del interés superior del menor, como en el presente asunto ocurre. Por tanto, se considera que la exclusión de recurso de impugnación en el caso específico, aunque limita la inconformidad de la parte actora, acreedor alimentario en relación a la pensión provisionalmente fijada; no lo priva del acceso a la justicia, ni deja en estado de indefensión, pues por un lado, en el procedimiento ordinario deben respetarse las formalidades esenciales del procedimiento, y por otro, se tiene la posibilidad de impugnar dicha resolución, en el caso del acreedor, mediante el juicio de amparo, de manera que aun cuando no exista en la jurisdicción ordinaria un recurso disponible para impugnar las resoluciones adversas, existe un recurso extraordinario. Por consiguiente, es falso que la falta de recursos en la jurisdicción ordinaria ocasione que se deje en indefensión a la parte quejosa, y que no haya la posibilidad de una revisión a las determinaciones concernientes a alimentos provisionales por parte del acreedor, porque los tribunales federales que conocen del amparo, están facultados para realizar un control de legalidad sobre las decisiones de los jueces de primera instancia en aquellos casos en que no esté previsto medio de impugnación ordinario. En consecuencia, aunque se limita el derecho a la revisión por impugnación a la parte acreedora, dicha limitación es proporcional con la finalidad que se persigue, y debe ponderarse por encima de tal limitación, ya que ésta no implica una privación del acceso a la justicia. Pues como ha quedado demostrado, el precepto impugnado con el que se fundamentó el proveído aquí combatido, no tiene por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de los acreedores de alimentos provisionales, decretados como medida cautelar, sino hacer que sean más eficientes y ágiles. Los anteriores argumentos fueron sostenidos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al fallar -por unanimidad de once votos- la acción de inconstitucionalidad 22/2009, los que fueran reiterados por la Primera Sala del Más Alto Tribunal del País, al fallar -por unanimidad de cinco votos-, el amparo en revisión 258/2010 y el Amparo en Revisión 327/2013. En ese sentido, contrario a lo aducido por la parte quejosa, la limitación de un recurso de impugnación ordinario para la parte acreedora en el caso de la determinación provisional sobre alimentos, en modo alguno restringe la garantía de audiencia ni de defensa y proporcionalidad, pues como ya se dijo, el diseño de tales determinaciones, dada su naturaleza concerniente a la subsistencia del alimentista al fijar un monto provisional, en el caso, tratándose de un menor de edad, permite la revisión de su legalidad a través del juicio de amparo. Por consiguiente, del examen de los restantes conceptos de violación, resultan inoperantes los señalados en los puntos 1. y 3., porque por una parte, se hacen depender de la desacertada apreciación de la parte quejosa en el sentido de estimar violaciones a los principios de igualdad, defensa y proporcionalidad escudriñados y desestimados en párrafos que anteceden, y por otra, porque sus argumentos van encaminados a controvertir el desechamiento del incidente de reclamación promovido por la parte quejosa, de trece de febrero de dos mil diecinueve, y es que dicho acuerdo, no se refiere a la determinación en la que se concede la medida provisional de alimentos, pues éste se emitió el veintiuno de enero de dos mil diecinueve, y fue en ese proveído cuando la juez tuvo que analizar los requisitos que dispone el artículo 438, fracción IV, del Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos, esto es, la condiciones del allá demandado Rafael López González, concernientes a contar con trabajo estable y remunerado, la posibilidad de quien deba darlos y la urgencia de la medida, entre otros, con base en las cuales la Juez responsable fijó pensión alimenticia provisional. Por tanto, dado que lo argumentado en los aludidos conceptos de violación se refiere al acto impugnado consistente en el desechamiento del incidente de reclamación, circunstancia que ya fue materia de análisis en párrafos precedentes; es por ello que deviene la razón por la cual, resultan inoperantes. Finalmente, resulta inatendible el concepto de violación señalado con el punto 2., por las consideraciones siguientes. En efecto, dicho concepto de violación resulta inatendible dado que sus argumentos en nada tienen que ver con el acto reclamado en el presente asunto, pues desacertadamente la parte quejosa asentó: "contra la seguridad jurídica y derecho de trabajo del gobernado hoy quejoso. Por tanto, se considera que el acto reclamado transgrede los derechos humanos de la quejosa previstos por los artículos 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Por lo que se solicita a este tribunal determinar y resolver la existencia y validez de la concesión del quejoso para prestar el servicio público de transporte de pasajeros en su modalidad de vehículos de alquiler y, en consecuencia, que las autoridades demandadas procedan a la entrega del título de concesión y de las placas, respectivamente"; de ahí lo inatendible de dicho concepto de violación. De todo lo anterior, se itera lo infundado, inoperante e inatendible de los conceptos de violación; además que contrario a lo que expresa la parte quejosa, este juzgador advierte que la autoridad responsable al emitir el acuerdo que desechó el incidente de reclamación promovido por la allá parte acreedora, estuvo en lo correcto al determinar que era improcedente lo solicitado, porque de conformidad con lo previsto en el artículo 234 del Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos vigente, como ha quedado de manifiesto, dispone expresamente estar dirigido, entre otro al deudor, no así a la parte acreedora; circunstancia que como se explicó, no vulneró los principios de igualdad, defensa y proporcionalidad del menor de edad quejoso representado por Judith Arelit Huitz Mendoza, tampoco, como se demostró en la presente determinación, de ninguna manera pudo considerarse inconstitucional ni lesivo a los derechos superiores de los menores en lo general o a la trasgresión de alguno de su derechos fundamentales en lo particular, ello en consideración a las razones apuntadas. Consecuentemente, como ha quedado demostrado, el auto combatido fue debidamente emitido, porque como se precisó, fue correcto el fundamento legal que aplicó la juez responsable, además explicó los argumentos que consideró para declarar improcedente el incidente de reclamación, existiendo adecuación entre los motivos expuestos y las razones que señaló la responsable de conformidad con la literalidad del contenido del artículo que la constriñó a desechar el recurso planteado por las consideraciones ahí apuntadas, por lo que tampoco se vulneró el derecho humano del menor quejoso consagrado en el artículo 16 de la Constitución General de la República relativo a la fundamentación, en virtud de que los razonamientos que hizo en la parte considerativa de su resolución son jurídicos y acertados, como se ha precisado, apoyando su determinación en el precepto de la ley que expresamente señaló, resultando jurídicamente correcta su determinación. Resulta aplicable la Jurisprudencia con registro 238212, que sustentó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, volumen 97-102, Tercera Parte, página 143, con el rubro y texto: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." En las condiciones señaladas, ante la calificación de los conceptos de violación y sin que exista deficiencia de la queja que suplir a favor del menor quejoso LEONARDO HUITZ MENDOZA, representado por Judith Arelit Huitz Mendoza, lo procedente es negar el amparo que se solicita.Por lo antes expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege al menor quejoso LEONARDO HUITZ MENDOZA, representado por Judith Arelit Huitz Mendoza, respecto del acto y autoridad precisados en el resultando primero, por las razones y motivos señalados en el considerando tercero de esta sentencia. Notifíquese personalmente a las partes. Así lo resolvió y firma JORGE ISAAC LAGUNES LEANO, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, hoy cinco de agosto de dos mil diecinueve en que lo permitieron las labores de este Juzgado de Distrito, asistido de Sergio Arturo Godínez Vega, Secretario con quien actúa y da fe. DOY FE.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, seis de mayo de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra transcurriendo la vista ordenada mediante proveído de dos de mayo de dos mil diecinueve, a efecto de que las partes tuvieran el debido conocimiento del informe justificado rendido por la autoridad responsable, es procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose para que tenga verificativo las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL ONCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE, tiene apoyo la anterior consideración la jurisprudencia 2a./J. 21/2008, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XXVII, Marzo de 2008 de la Novena Época, visible en la página 151, del rubro "INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO.". NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Sergio Arturo Godínez Vega, que autoriza y da fe.

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