Judith Arana Hernández

Expediente 1099/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1099/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
25/07/2022

Partes del expediente

  • Judith Arana Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; veinticinco de julio de dos mil veintidós. CAUSA ESTADO DETERMINACIÓN. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido el auto de doce de julio de dos mil veintidós; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el auto que desechó la demanda de amparo promovida por Judith Arana Hernández, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro respectivo. ARCHIVO Y DESTINO DEL EXPEDIENTE. Por otro lado, visto el estado de autos, se advierte que en el presente expediente no existe actuación alguna que realizar, promoción pendiente por acordar o documento original por devolver, además de que el expediente electrónico coincide fiel e íntegramente con el Gabriel César Téllez Sánchez 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.94.34 01/07/23 18:27:39 expediente físico, por lo que con fundamento en los artículos 3, penúltimo párrafo y 214, ambos de la Ley de Amparo, con esta fecha se archiva el presente asunto como concluido. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 12, 14 y 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es destruible, al haberse desechado la demanda que le dio origen....M VIII

  2. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; doce de julio dos mil veintidós. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Con la demanda promovida por Judith Arana Hernández, contra actos del Juez Primero Civil y Familiar de Tula de Allende, Hidalgo y actuario de su adscripción, fórmese el cuaderno respectivo, y regístrese el expediente en el libro de gobierno con el número 1099/2022-VIII-B. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Ahora bien, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda en cuestión, al advertirse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo. Cabe hacer mención que la razón del numeral citado en segundo término radica en evitar que los juzgadores de amparo no continúen con un juicio que no va a rendir frutos cuando se actualicen causales cuyas características puedan advertirse desde la presentación de la demanda y no requieran de mayor prueba para su demostración. En efecto, de oficio se advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la diversa IV del numeral 107 de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Gabriel César Téllez Sánchez 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.94.34 01/07/23 18:27:39 2 "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior. (...)" Los actos ejecutados después de concluido el juicio son aquellos que se realizan con posterioridad al momento en que se ha declarado ejecutoriada la sentencia respectiva; los de ejecución de sentencia se conciben como todos aquellos que se verifican con el propósito directo de hacer cumplir el mandato contenido en el fallo que establece la verdad legal. En concreto, las hipótesis de procedencia estipuladas por la fracción y ordinal en consulta, son: 1. Actos ejecutados fuera de juicio, generalmente realizados antes de iniciado éste, como son los actos preparatorios de juicio, interdictos, providencias precautorias, las diligencias de jurisdicción voluntaria y otros similares. 2. Actos ejecutados después de concluido el juicio, que son todos aquellos que se realizan con posterioridad a la Gabriel César Téllez Sánchez 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.94.34 01/07/23 18:27:39 3 sentencia ejecutoria, pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla. 3. Actos de ejecución de sentencia propiamente dichos, los que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo. En esta clasificación, encuadran también los procedimientos de remate. Por tanto, se concluye que existen dos reglas generales y una específica para la procedencia del juicio de amparo biinstancial. La primera, consiste en que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos dictados en juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación; y, la segunda, se deduce del aludido artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre y cuando no se dicten en ejecución de sentencia, salvo aquellos que tienen autonomía propia y que no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia del juicio natural. La regla específica de procedencia del juicio de amparo indirecto deriva de los artículos 107 de la Constitución Federal y de la ley de la materia, en cuanto a que el juicio constitucional en la vía indirecta es procedente en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, sólo en contra de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso, y tratándose de remates sólo podrá promoverse el juicio contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Gabriel César Téllez Sánchez 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.94.34 01/07/23 18:27:39 4 Para entender este supuesto de procedencia, cabe precisar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha señalado que la "última resolución" que se dicte en la fase ejecutiva, debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con la regla genérica que establece el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo. Dicho criterio se encuentra inmerso en la jurisprudencia P./J. 32/2001, pronunciada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 31, Tomo XIII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Abril de 2001, cuyos rubro y texto son los siguientes: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Gabriel César Téllez Sánchez 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.94.34 01/07/23 18:27:39 5 Con las reglas de procedencia del juicio de amparo indirecto anunciadas se pretende evitar la obstaculización de la etapa de ejecución de sentencia, al establecer que solamente procede: a) Contra la última resolución que se emita en el procedimiento correspondiente, no así contra otras determinaciones intermedias (regla genérica) y, b) Tratándose de remates, únicamente procede contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben, sin que proceda tampoco contra autos intermedios (regla específica). No obstante lo anterior, conviene puntualizar que existen actos dictados en ejecución de sentencia en contra de los que excepcionalmente sí es procedente el amparo indirecto, a saber: a) Que el acto infrinja directamente derechos sustantivos y, b) Que los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de sentencia. En ese sentido se pronunció el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 108/2010, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Enero de 2011, página 6, Novena Época, que dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; Gabriel César Téllez Sánchez 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.94.34 01/07/23 18:27:39 6 lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." De lo expuesto se colige que, por regla general, un acto dictado en ejecución de sentencia sólo puede reclamarse a través del amparo indirecto que se promueva en contra de la última resolución dictada en el procedimiento correspondiente, o tratándose de remates, contra la resolución definitiva que lo apruebe o desapruebe y, de manera excepcional, cuando el acto reclamado, aún dictado en la etapa de ejecución de sentencia, afecta derechos sustantivos y que éstos sean ajenos a la cosa juzgada. En el caso, la parte quejosa solicita la protección constitucional contra el auto de veinticuatro de junio de dos mil veintidós, dictado en el juicio ordinario civil 854/2017, del índice del Juzgado Primero Civil y Familiar de Tula de Allende, Hidalgo, mediante el cual en la vía de apremio en ejecución de sentencia se ordenó poner en posesión real y material a la parte actora (tercera interesada) de una fracción correspondiente al predio ubicado en Estación Tolteca, actualmente carretera Tula-Tepeji sin número, El Carmen, municipio de Tula de Allende, Hidalgo, con las medidas y colindancias descritas en el resolutivo quinto de la sentencia, así como de los frutos y accesorios, inmueble respecto del cual la quejosa Judith Arana Hernández (demandada en el juicio natural) aduce tener la Gabriel César Téllez Sánchez 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.94.34 01/07/23 18:27:39 7 propiedad; procedimiento al cual la parte solicitante del amparo compareció a ejercer su derecho de defensa y en el que se dictó sentencia definitiva. Lo anterior, se desprende de los antecedentes que, bajo protesta de decir verdad, la parte quejosa expresó, así como de la documental que exhibió con su escrito de demanda, de los que se advierte que la peticionaria del amparo es parte demandada en dicho juicio, quien compareció a contestar la demandada y, por tanto, no tiene el carácter de tercera ajena al procedimiento de origen, y en el que, además, se dictó sentencia definitiva el veintidós de marzo de dos mil diecinueve. Bajo ese contexto, resulta evidente que el acto reclamado que ordenó poner en posesión real y material a la parte actora (tercera interesada) de una fracción correspondiente al predio ubicado en Estación Tolteca, actualmente carretera Tula-Tepeji sin número, El Carmen, municipio de Tula de Allende, Hidalgo, con las medidas y colindancias descritas en el resolutivo quinto de la sentencia, así como de los frutos y accesorios, no constituye la última resolución dictada en la etapa de ejecución de dicho juicio, dado que la autoridad responsable deberá determinar si la sentencia que dirimió esa controversia quedó plenamente cumplida, o bien, pronunciarse sobre la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, por lo que para efectos de la procedencia del amparo indirecto, se requiere impugnar la última resolución dictada en la etapa de ejecución de ese procedimiento. En la inteligencia de que, cuando se dicte el auto en el que se apruebe o reconozca de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, la parte quejosa estará en aptitud de combatir todas las violaciones procesales a que hace referencia en esta Gabriel César Téllez Sánchez 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.94.34 01/07/23 18:27:39 8 instancia constitucional, pues ese proveído será la última resolución dictada en el procedimiento, no así que el auto que ordenó poner en posesión real y material a la parte actora (tercera interesada) de una fracción correspondiente al predio ubicado en Estación Tolteca, actualmente carretera Tula-Tepeji sin número, El Carmen, municipio de Tula de Allende, Hidalgo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 28/2010, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 60, del Tomo XXXI, Mayo del 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUÍDO EL JUICIO EN LA FASE DE CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LA SENTENCIA. La razón medular del legislador para establecer la regla de procedencia del juicio de garantías contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede contra la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la misma demanda las violaciones cometidas durante éste que hubieran dejado sin defensa al quejoso, es el eficaz cumplimiento de las sentencias judiciales como tutela del Estado en la impartición de justicia; de ahí que ello también opera respecto de los actos tendentes al cumplimiento de la sentencia de condena o su preparación, ya sea en la instancia de forzoso cumplimiento o en la etapa voluntaria para el demandado. Por tanto, el amparo indirecto es improcedente contra actos dictados después de concluido el juicio en la fase de cumplimiento voluntario de la sentencia, porque no se trata de la última resolución en el período de ejecución. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que tales actos no tienden directamente a obtener su cumplimiento sino que únicamente lo preparan, también lo es que la procedencia o improcedencia del juicio de garantías contra actos dictados después de concluido el juicio y que corresponden a la ejecución de sentencia no se determina por el aspecto procesal formal de haberse dado inicio o aperturado el procedimiento de apremio o Gabriel César Téllez Sánchez 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.94.34 01/07/23 18:27:39 9 de cumplimiento forzoso de la sentencia, que es un aspecto meramente formal, sino que lo determinante es establecer si existe cosa juzgada como institución procesal fundamental para identificar los actos después de concluido el juicio." Así como la diversa jurisprudencia VI.2o.C. J/253, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1331, del Tomo XXI, Mayo de 2005, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "ORDEN DE LANZAMIENTO EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO CONSTITUYE LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN ESE PROCEDIMIENTO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, PROMOVIDO POR QUIEN FUE PARTE E INTERVINO EN EL JUICIO DE ORIGEN. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que por la expresión "última resolución" en actos de ejecución de sentencia a que alude el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, para los efectos de la procedencia del juicio de garantías en la vía indirecta, debe entenderse que es aquella en que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, mediante la aplicación analógica del artículo 113 del mismo ordenamiento legal; ahora bien, la orden de lanzamiento dictada en ejecución de sentencia firme, emitida en un juicio en el que el quejoso fue parte y, por ende, escuchado en defensa de sus intereses, por su propia naturaleza no puede ser conceptuada como una determinación judicial en que se apruebe o reconozca de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia, o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, a fin de determinar la procedencia del amparo indirecto, pues si bien se dirige a preparar y lograr el mismo, lo cierto es que todavía se encuentra supeditada a la eficacia de la diligenciación material del mandamiento judicial, lo que conlleva la realización de diversos actos tendientes a la satisfacción de lo sentenciado, por lo que dicha orden no puede estimarse como la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución del fallo definitivo." Así las cosas, al ser la resolución reclamada un acto dictado en la etapa de ejecución de sentencia, y que no constituye el último acto en dicha fase, considerando que Gabriel César Téllez Sánchez 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.94.34 01/07/23 18:27:39 10 el juicio de amparo indirecto, tratándose de actos de ejecución de sentencia, sólo puede promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieran dejado sin defensa a la parte agraviada, resulta inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la XXIII del invocado artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del ordinal 107 de dicho ordenamiento legal; de ahí que procede desechar de plano la demanda promovida por Judith Arana Hernández. LUGAR PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES DEL QUEJOSO. Toda vez que la quejosa señala como lugar para oír y recibir notificaciones las listas que se publican en este órgano jurisdiccional, se ordena que las mismas, incluso las de carácter personal se le practiquen por lista. AUTORIZADOS. Téngase como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Luis Enrique Anaya Franco, y únicamente para oír, recibir notificaciones e imponerse de autos a Rogelio Álvarez Lara, Ricardo Alexis Rojano Chávez y Marian Romero Ponce, toda vez que no se encontró registro de su cedula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. CONTINUIDAD DEL TRABAJO A DISTANCIA O TELETRABAJO. Para preservar la salud de los servidores públicos y usuarios, como regla general el personal de este juzgado continuará laborando de manera remota a través de medios electrónicos y solo por excepción lo hará de manera presencial. Esto significa que las partes únicamente tendrán acceso a las instalaciones judiciales cuando ello resulte estrictamente necesario y se haya agendado la cita correspondiente, sobre la base que para la atención al público no se dispone de la plantilla completa del personal. Gabriel César Téllez Sánchez 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.94.34 01/07/23 18:27:39 11 ATENCIÓN DE MANERA PRESENCIAL Y CON PREVIA CITA. La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine genere la cita correspondiente y b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para efectuar las notificaciones que se ordenen realizar en el presente juicio de amparo. MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con la Circular 12/2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza tanto al promovente como a su autorizada el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, a efecto de imponerse para oír y recibir notificaciones de los acuerdos dictados en el presente juicio. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento se autoriza la expedición de copias que se soliciten durante el trámite en el presente juicio, con independencia de que en solicitudes ulteriores se autorice a otras personas para recibirlas, distintas de las autorizadas para tales efectos en la demanda de amparo; lo anterior, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2 de la Ley de Amparo. En ese sentido, se hace del conocimiento de las partes que de conformidad con la fracción II, del artículo 6, del Acuerdo General 21/2020 antes citado, éstas o sus representantes y personas autorizadas, según las reglas de las leyes aplicables, podrán generar citas a través del sistema "Agenda OJ", para consultar expedientes, realizar el trámite correspondiente a la obtención de copias, así como desahogar requerimientos o comparecencia que les hayan sido exigidas por el órgano jurisdiccional. Esquema de trabajo que continuará en vigor hasta en tanto se emitan disposiciones generales en contrario o que modifiquen el modelo de atención presencial basado en citas contemplado en el precitado Acuerdo General. GLOSA DE PROMOCIONES SIN ACUERDO. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena al secretario que proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente a certificar y agregar a los autos aquellas promociones donde resulte inútil dictar acuerdo. Lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas)..M-VIII

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