Judith Aguilar Reyes
Expediente 843/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 843/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 07/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Judith Aguilar Reyes
Actuaciones
- Principal
"...Boca del Río, Veracruz, siete de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se declara: el auto que desechó la demanda de amparo ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Archívese como asunto concluido. Hágase la captura en el libro electrónico correspondiente, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESTINO. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente asunto es destruible -una vez transcurran tres años- al haberse desechado la demanda. Notifíquese..."
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintiocho de agosto de dos mil veintitrés. Fórmese expediente con la demanda de amparo promovida por Judith Aguilar Reyes por derecho propio y en representación de sus menores hijas de identidad reservada, contra actos del Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Décimo Séptimo Distrito Judicial, con sede en Veracruz, Veracruz. Regístrese con el número 843/2023-III que le correspondió. Hágase la captura en el libro electrónico correspondiente, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con fundamento en los artículos 99 y 99 Bis del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. DESECHAMIENTO. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar el escrito de demanda. De encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desecharla de plano. De la demanda de amparo se advierte el acto reclamado es: - La resolución emitida el dos de agosto de dos mil veintitrés, en los autos del juicio ordinario civil 1595/2022/IX del índice del Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Décimo Séptimo Distrito Judicial, con sede en Veracruz, Veracruz. Relativa al recurso de reclamación interpuesto por el tercero interesado Sebastián Gutiérrez González. Redujo la pensión alimenticia fijada originalmente del sesenta por ciento (60%) al cincuenta y un por ciento (51%) correspondiendo un diecisiete por ciento (17%) para cada acreedora (3) del sueldo y demás prestaciones que percibe el deudor alimentario. De la certificación de cuenta, se obtiene en este juzgado de Distrito está radicado el juicio de amparo indirecto 256/2023-VI, promovido por Judith Aguilar Reyes por derecho propio y en representación de sus menores hijas de identidad reservada. El acto reclamado en ese expediente es: -La resolución de veintiuno de marzo de dos mil veintitrés emitida en el juicio ordinario civil 1595/2022/IX del índice de la autoridad responsable. Relativa al recurso de reclamación interpuesto por el tercero interesado Sebastián Gutiérrez González. Redujo la pensión alimenticia fijada originalmente del sesenta por ciento (60%) al cuarenta y cinco por ciento (45%) correspondiendo un quince por ciento (15%) para cada acreedora (3) del sueldo y demás prestaciones que percibe el deudor alimentario. En sentencia de catorce de junio de dos mil veintitrés se concedió el amparo para efecto que la autoridad responsable: - Deje insubsistente la resolución de veintiuno de marzo de dos mil veintitrés, emitida en el expediente 1595/2022 de su índice (acto reclamado). -Emita una nueva en la que reitere todas aquellas consideraciones que lo llevaron a calificar de ineficaces (en el acto aquí analizado) los agravios de la reclamación y, siguiendo los lineamientos plasmados en este fallo, fundada y motivadamente, reduzca la pensión alimenticia provisional, estimando válido el hecho de que el deudor demostró cubrir el rubro de vivienda de las acreedoras alimentistas y prescinda del argumento tendente a reducir la pensión alimenticia a favor de las acreedoras, consistente en que el deudor justificó contar con diversa acreedora alimentaria. Siendo de su exclusiva competencia el porcentaje que asigne, en atención al ejercicio de su libre arbitrio judicial, el cual no podrá ser del sesenta por ciento (medida inicial) ni del cuarenta y cinco por ciento (reducción por dos razones). Debiendo graduarlo a su prudente arbitrio entre esos parámetros ya trazados en el caso. Conclusión a la que se llega ponderando que en asuntos previos el suscrito ha considerado, privilegiando el fondo, establecer el porcentaje que la autoridad debía ajustar. Sin embargo, algunas revisiones realizadas por Tribunales Colegiados llevan a reflexionar el tema y replantear que sea la autoridad responsable quien regule ese porcentaje, pero en ejercicio libre donde éste dependa de su estricta facultad jurisdiccional. Por lo que, una vez destacadas las consideraciones (arriba señaladas) que afectaron derechos humanos, sea el Juez quien gradúe la pensión de acuerdo a su prudente decisión, donde no cabe mayor revisión posterior que la responsabilidad administrativa en el desempeño de su actuar. Por auto de once de julio de dos mil veintitrés, la citada sentencia causó ejecutoria. En proveído de dieciocho de agosto de dos mil veintitrés, se declaró cumplida la concesión del amparo con la resolución emitida por el Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en Veracruz, Veracruz, el dos de agosto de dos mil veintitrés. De lo anterior se desprende, lo reclamado dentro del presente asunto consistente en la citada resolución de dos de agosto de dos mil veintitrés, con la que se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo emitida en el expediente 256/2023-VI, del índice de este Juzgado de Distrito. Por lo tanto, ese reclamo constitucional no es susceptible de impugnación a través del juicio de amparo indirecto. El precepto 61, fracción IX, de la Ley de la materia pone de manifiesto su improcedencia contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas. Acto que, en su caso, debe ser combatido a través de los recursos previstos en dicho cuerpo de leyes, dentro del juicio constitucional donde se otorgó la protección de la Justicia Federal. Además, en la sentencia de catorce de junio de dos mil veintitrés, emitida en el expediente 256/2023 VI de este órgano jurisdiccional, se establecieron los lineamientos que debía seguir la responsable al emitir la determinación (aquí reclamada) para tener por cumplido ese fallo, los cuales versaron sobre el fondo de la litis puesta en conocimiento (análisis de argumentos hechos valer en el juicio de origen para solicitar los alimentos provisionales, agravios formulados en el recurso de reclamación y constancias de autos). Siendo la autoridad responsable quien reguló el porcentaje a decretar por concepto de pensión alimenticia, en ejercicio libre conforme a su estricta facultad jurisdiccional. Respecto de lo cual, como se precisó en el fallo amparador, no cabe mayor revisión posterior que la responsabilidad administrativa en el desempeño de su actuar. En consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda que se analiza. Sirve de apoyo a lo anterior, por su sentido jurídico, la tesis 1a. CCLXXVI/2015 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, Materias Constitucional y Común, página: 307, registro 2010008, de rubro y texto: IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO DERIVADA DEL CUMPLIMIENTO DE UN FALLO PROTECTOR. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE AMPARO, NO TRANSGREDE EL DERECHO DEL GOBERNADO A CONTAR CON UN RECURSO EFICAZ. Al establecer el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, que el juicio de garantías es improcedente en contra de resoluciones dictadas en ejecución de sentencias de amparo, se refiere a aquellas resoluciones que indefectiblemente deben emitir las autoridades responsables, en las cuales el juzgador de amparo les constriñe a realizar determinadas y precisas acciones, esto es, les fija lineamientos para cumplir con el fallo protector y, por ende, la responsable no tiene libertad de jurisdicción, sino que debe emitir la nueva resolución conforme a los efectos precisados por el órgano jurisdiccional federal. La improcedencia deriva del hecho de que la resolución dictada por la responsable es producto del análisis jurídico llevado a cabo en el juicio de amparo que se cumplimenta, por lo que admitir un nuevo amparo afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica. En ese orden de ideas, el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, no es inconstitucional por inconvencional, ya que no contradice los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en particular, el derecho a contar con un recurso eficaz, pues la norma en cuestión no tiene como propósito limitar o cerrar la posibilidad de ejercer un derecho fundamental, sino establecer un caso de inadmisibilidad del juicio de amparo atendiendo a razones de seguridad jurídica y de cosa juzgada. Por las mismas razones, la medida legislativa que se impugna también cumple con un postulado previsto en el artículo 17 constitucional, consistente en procurar una justicia expedita y pronta, que asegure la correcta y funcional administración de justicia..." Notifíquese; personalmente a la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, electrónicamente a la parte quejosa.
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