Judih Cruz Pérez
Expediente 1155/2017 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 20 actuaciones registradas, la última del 25 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1155/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 25/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Judih Cruz Pérez
- Judih Cruz Pérez y Otros.
- Sara y/o Dahara Huerta Alvarado
- Martín Huerta Alvarado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Juicio de Amparo Directo
Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que ha transcurrido el término de quince días a que se refiere el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes quejosa y tercera interesada se hubieren inconformado con la resolución que tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el expediente en que se actúa, se declara que la misma ha causado estado; con fundamento en el numeral 196 de la legislación en mención, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno respectivo, archívese este asunto como totalmente concluido. Tomando en consideración que el mismo no es de relevancia documental, atento a lo establecido en el Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General 2/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes Generados en los Tribunales Colegiados de Circuito, se hace la declaratoria que es susceptible de depuración, por lo que, en su momento oportuno deberán desintegrarse materialmente las constancias, y conservarse sólo la demanda de garantías y la sentencia, tal como lo señala la fracción III del referido punto. Finalmente, toda vez que en el expediente en que se actúa obra un cuaderno de antecedentes, atento a lo establecido en el Punto Vigésimo del acuerdo citado en el párrafo que precede, procédase a su destrucción, una vez que hayan transcurrido más de seis meses de haberse archivado este asunto.
- Juicio de Amparo Directo
Del estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que en sesión de treinta de noviembre de dos mil dieciocho (foja 136), el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, en cumplimiento a los Acuerdos Generales 52/2008, 42/2011 y 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y del oficio STCCNO/835/2018, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, y punto de acuerdo C. CAR 96/2018-III, de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial y Creación de Nuevos Órganos, dictó sentencia en el amparo directo 1155/2017, en la que concedió a Judith Cruz Pérez, la protección constitucional para los efectos de que la responsable: ".1. Deje insubsistente la resolución reclamada, y 2. En su lugar, atento a las consideraciones plasmadas en esta ejecutoria, donde se ha definido que respecto del delito de despojo, en la hipótesis atribuida a la aquí tercera interesada, operó una sucesión normativa con motivo de la derogación de la legislación sustantiva penal vigente hasta el treinta de diciembre de dos mil catorce, y no una supresión de la conducta típica, entonces, emita otra en la que con libertad de jurisdicción resuelva lo que en derecho corresponda respecto del delito de despojo, tomado en cuenta el artículo y la descripción típica que se encontraban vigentes en la época de los hechos por los cuales se siguió el proceso penal." (foja 167 vuelta). Este Órgano Colegiado, por auto de diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, tuvo por recibido el oficio 2768/2018, suscrito por el Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, el amparo directo 1155/2017, con la sentencia dictada en el mismo, el toca 723/2014, así como el proceso 389/2013 en tres tomos; y con fundamento en los artículos 77 y 192 de la Ley de Amparo, se requirió a la autoridad responsable a fin de que diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo e informara del mismo (foja 254). De autos se advierte que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento, y que con dicho informe se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada (foja 311), siendo que sólo la primera la desahogó; lo cual se hizo constar en auto de dieciocho de febrero de dos mil diecinueve (foja 323). En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, y con fundamento también en la fracción VII del artículo único del acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula el mecanismo de envío, recepción y devolución de las remesas relativas a los apoyos que prestan los órganos jurisdiccionales auxiliares; se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. I. Del examen de las constancias remitidas por la autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia que el diecisiete de enero de dos mil diecinueve dictó un nuevo fallo (fojas 261 a 310), en el que dejó insubsistente la sentencia reclamada (foja 264 vuelta), y siguiendo los lineamientos dados en la ejecutoria de amparo: II. Reiteró la inacreditación del ilícito de robo calificado, por no haberse demostrado el primero de sus elementos (apoderamiento de un cosa ajena mueble); en consecuencia, consideró innecesario entrar al estudio de la responsabilidad penal de la inculpada Sahara Huerta Alvarado o Sara Huerta Alvarado, en su comisión (fojas 285 vuelta a 287 y 373). Lo anterior, pues la concesión del amparo no se advierte que hubiere incidido en la absolución por dicho delito, resuelto en la sentencia reclamada. III Además, tomando en cuenta lo estipulado por el artículo 308, fracción I, del Código Penal para el Estado de Tlaxcala, vigente en la época de los hechos por los cuales se siguió el proceso penal, con libertad de jurisdicción, determinó que sí se encuentra acreditado el primer elemento material constitutivo del delito de despojo (ocupación o uso de un inmueble ajeno o de un derecho real que no le pertenece al activo); sin embargo, por lo que hace a su segundo elemento, dijo que éste no quedó comprobado, motivo por el cual consideró que era innecesario entrar al estudio de la plena responsabilidad penal, de la aquí tercera interesada; y en consecuencia, resolvió confirmar la resolución recurrida (fojas 291 a 302). Previamente, la responsable determinó que en el nuevo Código Penal local, no existe supresión del tipo penal de despojo (fojas 373 vuelta y 374) IV. Ahora bien, al desahogar la vista dada por este Tribunal Colegiado en auto de veinticuatro de enero de dos mil diecinueve (foja 311), la quejosa Judith Cruz Pérez, se pronunció en el sentido que la ejecutoria no se encuentra cumplida, ya que en su consideración la Sala responsable repitió los mismos argumentos de la ejecutoria que constituyó el acto reclamado, lo que conllevó a que confirmara nuevamente la resolución de primera instancia, mediante la cual se absolvió nuevamente a la aquí tercera interesada, de los delitos de robo calificado y despojo, cometidos tanto en su agravio, como en el de su esposo Martín Huerta Alvarado (foja 322). Dicho argumento se califica como inoperante, ya que por lo que se refiere al delito de robo calificado, en la ejecutoria de amparo, no se le dio a la Sala responsable libertad de jurisdicción para pronunciarse respecto de dicho injusto, pues en ésta se estimó que fue correcto su actuar, al no tener por acreditado el primer elemento constitutivo del delito de robo (una acción de apoderamiento de cosa ajena mueble "bolsa negra"); en tanto que, por lo que hace al diverso delito de despojo, corresponde a un aspecto sobre el que ésta sí gozaba de plena jurisdicción al emitir el nuevo fallo; por lo mismo, tal decisión sólo puede ser materia de un diverso juicio de amparo, no de la presente resolución donde se examina el correcto cumplimiento del fallo constitucional. Lo anterior es así, pues debe tomarse en cuenta que esta resolución tiene por objeto examinar si la autoridad responsable se ciñó a lo determinado en el fallo protector; es decir, si cumplió o no con todos y cada uno de los efectos del mismo; lo cual significa que este Tribunal Colegiado no está en posibilidad de analizar las cuestiones referentes al fondo del asunto, como es el haber determinado la responsable que no se acreditaron los elementos constitutivos del ilícito de despojo, pues tal examen fue hecho con libertad de jurisdicción, ya que el mismo no fue motivo de la concesión del amparo. Se cita por analogía la Jurisprudencia 1a./J.121/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 786, Libro 2, enero de 2014, Tomo II, Materia Común, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. SON INOPERANTES LOS AGRAVIOS QUE NO CONTROVIERTEN LO RESUELTO POR EL ÓRGANO DE AMPARO EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DEL FALLO PROTECTOR. El hecho de que el artículo 196 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, establezca que la ejecutoria de amparo se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos, no implica el estudio de aspectos que no fueron materia de análisis en el juicio de amparo, sino exclusivamente del exacto cumplimiento de las cuestiones que sí lo fueron, concretamente, de aquellas que dieron lugar a la concesión de la protección de la Justicia Federal. Por tanto, los agravios expuestos en el recurso de inconformidad resultan inoperantes cuando no controvierten lo resuelto por el órgano de amparo en relación con el cumplimiento del fallo dictado en el juicio, sino la forma en que la autoridad responsable cumplió con la sentencia protectora, con la pretensión de analizar aspectos ajenos a la materia del recurso de inconformidad hecho valer." V. Finalmente, cabe decir, que la quejosa Judith Cruz Pérez, por propio derecho y en su carácter de apoderada de Martín Huerta Alvarado, mediante escrito presentado el veintiuno de febrero del año en curso, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados de Circuito, de este circuito judicial, remitido al día siguiente a este Tribunal Colegiado, denunció repetición del acto reclamado (fojas 325 a 332); sin embargo, mediante resolución de presidencia de cinco de marzo siguiente, dicho incidente fue desechado por extemporáneo (fojas 398 y 399), y tal pronunciamiento causó estado en proveído de veinte siguiente (foja 406). De lo anterior se concluye que, atento a lo resuelto por la autoridad responsable, en el caso concreto, ha quedado cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo.
- Juicio de Amparo Directo
ASUNTO QUE SE LISTA POR SEGUNDA OCASION DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27, FRACCION I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO.Del estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que en sesión de treinta de noviembre de dos mil dieciocho (foja 136), el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, en cumplimiento a los Acuerdos Generales 52/2008, 42/2011 y 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y del oficio STCCNO/835/2018, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, y punto de acuerdo C. CAR 96/2018-III, de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial y Creación de Nuevos Órganos, dictó sentencia en el amparo directo 1155/2017, en la que concedió a Judith Cruz Pérez, la protección constitucional para los efectos de que la responsable: ".1. Deje insubsistente la resolución reclamada, y 2. En su lugar, atento a las consideraciones plasmadas en esta ejecutoria, donde se ha definido que respecto del delito de despojo, en la hipótesis atribuida a la aquí tercera interesada, operó una sucesión normativa con motivo de la derogación de la legislación sustantiva penal vigente hasta el treinta de diciembre de dos mil catorce, y no una supresión de la conducta típica, entonces, emita otra en la que con libertad de jurisdicción resuelva lo que en derecho corresponda respecto del delito de despojo, tomado en cuenta el artículo y la descripción típica que se encontraban vigentes en la época de los hechos por los cuales se siguió el proceso penal." (foja 167 vuelta). Este Órgano Colegiado, por auto de diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, tuvo por recibido el oficio 2768/2018, suscrito por el Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, el amparo directo 1155/2017, con la sentencia dictada en el mismo, el toca 723/2014, así como el proceso 389/2013 en tres tomos; y con fundamento en los artículos 77 y 192 de la Ley de Amparo, se requirió a la autoridad responsable a fin de que diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo e informara del mismo (foja 254). De autos se advierte que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento, y que con dicho informe se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada (foja 311), siendo que sólo la primera la desahogó; lo cual se hizo constar en auto de dieciocho de febrero de dos mil diecinueve (foja 323). En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, y con fundamento también en la fracción VII del artículo único del acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula el mecanismo de envío, recepción y devolución de las remesas relativas a los apoyos que prestan los órganos jurisdiccionales auxiliares; se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. I. Del examen de las constancias remitidas por la autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia que el diecisiete de enero de dos mil diecinueve dictó un nuevo fallo (fojas 261 a 310), en el que dejó insubsistente la sentencia reclamada (foja 264 vuelta), y siguiendo los lineamientos dados en la ejecutoria de amparo: II. Reiteró la inacreditación del ilícito de robo calificado, por no haberse demostrado el primero de sus elementos (apoderamiento de un cosa ajena mueble); en consecuencia, consideró innecesario entrar al estudio de la responsabilidad penal de la inculpada Sahara Huerta Alvarado o Sara Huerta Alvarado, en su comisión (fojas 285 vuelta a 287 y 373). Lo anterior, pues la concesión del amparo no se advierte que hubiere incidido en la absolución por dicho delito, resuelto en la sentencia reclamada. III Además, tomando en cuenta lo estipulado por el artículo 308, fracción I, del Código Penal para el Estado de Tlaxcala, vigente en la época de los hechos por los cuales se siguió el proceso penal, con libertad de jurisdicción, determinó que sí se encuentra acreditado el primer elemento material constitutivo del delito de despojo (ocupación o uso de un inmueble ajeno o de un derecho real que no le pertenece al activo); sin embargo, por lo que hace a su segundo elemento, dijo que éste no quedó comprobado, motivo por el cual consideró que era innecesario entrar al estudio de la plena responsabilidad penal, de la aquí tercera interesada; y en consecuencia, resolvió confirmar la resolución recurrida (fojas 291 a 302). Previamente, la responsable determinó que en el nuevo Código Penal local, no existe supresión del tipo penal de despojo (fojas 373 vuelta y 374) IV. Ahora bien, al desahogar la vista dada por este Tribunal Colegiado en auto de veinticuatro de enero de dos mil diecinueve (foja 311), la quejosa Judith Cruz Pérez, se pronunció en el sentido que la ejecutoria no se encuentra cumplida, ya que en su consideración la Sala responsable repitió los mismos argumentos de la ejecutoria que constituyó el acto reclamado, lo que conllevó a que confirmara nuevamente la resolución de primera instancia, mediante la cual se absolvió nuevamente a la aquí tercera interesada, de los delitos de robo calificado y despojo, cometidos tanto en su agravio, como en el de su esposo Martín Huerta Alvarado (foja 322). Dicho argumento se califica como inoperante, ya que por lo que se refiere al delito de robo calificado, en la ejecutoria de amparo, no se le dio a la Sala responsable libertad de jurisdicción para pronunciarse respecto de dicho injusto, pues en ésta se estimó que fue correcto su actuar, al no tener por acreditado el primer elemento constitutivo del delito de robo (una acción de apoderamiento de cosa ajena mueble "bolsa negra"); en tanto que, por lo que hace al diverso delito de despojo, corresponde a un aspecto sobre el que ésta sí gozaba de plena jurisdicción al emitir el nuevo fallo; por lo mismo, tal decisión sólo puede ser materia de un diverso juicio de amparo, no de la presente resolución donde se examina el correcto cumplimiento del fallo constitucional. Lo anterior es así, pues debe tomarse en cuenta que esta resolución tiene por objeto examinar si la autoridad responsable se ciñó a lo determinado en el fallo protector; es decir, si cumplió o no con todos y cada uno de los efectos del mismo; lo cual significa que este Tribunal Colegiado no está en posibilidad de analizar las cuestiones referentes al fondo del asunto, como es el haber determinado la responsable que no se acreditaron los elementos constitutivos del ilícito de despojo, pues tal examen fue hecho con libertad de jurisdicción, ya que el mismo no fue motivo de la concesión del amparo. Se cita por analogía la Jurisprudencia 1a./J.121/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 786, Libro 2, enero de 2014, Tomo II, Materia Común, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. SON INOPERANTES LOS AGRAVIOS QUE NO CONTROVIERTEN LO RESUELTO POR EL ÓRGANO DE AMPARO EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DEL FALLO PROTECTOR. El hecho de que el artículo 196 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, establezca que la ejecutoria de amparo se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos, no implica el estudio de aspectos que no fueron materia de análisis en el juicio de amparo, sino exclusivamente del exacto cumplimiento de las cuestiones que sí lo fueron, concretamente, de aquellas que dieron lugar a la concesión de la protección de la Justicia Federal. Por tanto, los agravios expuestos en el recurso de inconformidad resultan inoperantes cuando no controvierten lo resuelto por el órgano de amparo en relación con el cumplimiento del fallo dictado en el juicio, sino la forma en que la autoridad responsable cumplió con la sentencia protectora, con la pretensión de analizar aspectos ajenos a la materia del recurso de inconformidad hecho valer." V. Finalmente, cabe decir, que la quejosa Judith Cruz Pérez, por propio derecho y en su carácter de apoderada de Martín Huerta Alvarado, mediante escrito presentado el veintiuno de febrero del año en curso, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados de Circuito, de este circuito judicial, remitido al día siguiente a este Tribunal Colegiado, denunció repetición del acto reclamado (fojas 325 a 332); sin embargo, mediante resolución de presidencia de cinco de marzo siguiente, dicho incidente fue desechado por extemporáneo (fojas 398 y 399), y tal pronunciamiento causó estado en proveído de veinte siguiente (foja 406). De lo anterior se concluye que, atento a lo resuelto por la autoridad responsable, en el caso concreto, ha quedado cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo.
- Juicio de Amparo Directo
ASUNTO QUE SE LISTA POR SEGUNDA OCASION DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27, FRACCION I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO.Del estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que en sesión de treinta de noviembre de dos mil dieciocho (foja 136), el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, en cumplimiento a los Acuerdos Generales 52/2008, 42/2011 y 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y del oficio STCCNO/835/2018, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, y punto de acuerdo C. CAR 96/2018-III, de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial y Creación de Nuevos Órganos, dictó sentencia en el amparo directo 1155/2017, en la que concedió a Judith Cruz Pérez, la protección constitucional para los efectos de que la responsable: ".1. Deje insubsistente la resolución reclamada, y 2. En su lugar, atento a las consideraciones plasmadas en esta ejecutoria, donde se ha definido que respecto del delito de despojo, en la hipótesis atribuida a la aquí tercera interesada, operó una sucesión normativa con motivo de la derogación de la legislación sustantiva penal vigente hasta el treinta de diciembre de dos mil catorce, y no una supresión de la conducta típica, entonces, emita otra en la que con libertad de jurisdicción resuelva lo que en derecho corresponda respecto del delito de despojo, tomado en cuenta el artículo y la descripción típica que se encontraban vigentes en la época de los hechos por los cuales se siguió el proceso penal." (foja 167 vuelta). Este Órgano Colegiado, por auto de diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, tuvo por recibido el oficio 2768/2018, suscrito por el Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, el amparo directo 1155/2017, con la sentencia dictada en el mismo, el toca 723/2014, así como el proceso 389/2013 en tres tomos; y con fundamento en los artículos 77 y 192 de la Ley de Amparo, se requirió a la autoridad responsable a fin de que diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo e informara del mismo (foja 254). De autos se advierte que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento, y que con dicho informe se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada (foja 311), siendo que sólo la primera la desahogó; lo cual se hizo constar en auto de dieciocho de febrero de dos mil diecinueve (foja 323). En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, y con fundamento también en la fracción VII del artículo único del acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula el mecanismo de envío, recepción y devolución de las remesas relativas a los apoyos que prestan los órganos jurisdiccionales auxiliares; se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. I. Del examen de las constancias remitidas por la autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia que el diecisiete de enero de dos mil diecinueve dictó un nuevo fallo (fojas 261 a 310), en el que dejó insubsistente la sentencia reclamada (foja 264 vuelta), y siguiendo los lineamientos dados en la ejecutoria de amparo: II. Reiteró la inacreditación del ilícito de robo calificado, por no haberse demostrado el primero de sus elementos (apoderamiento de un cosa ajena mueble); en consecuencia, consideró innecesario entrar al estudio de la responsabilidad penal de la inculpada Sahara Huerta Alvarado o Sara Huerta Alvarado, en su comisión (fojas 285 vuelta a 287 y 373). Lo anterior, pues la concesión del amparo no se advierte que hubiere incidido en la absolución por dicho delito, resuelto en la sentencia reclamada. III Además, tomando en cuenta lo estipulado por el artículo 308, fracción I, del Código Penal para el Estado de Tlaxcala, vigente en la época de los hechos por los cuales se siguió el proceso penal, con libertad de jurisdicción, determinó que sí se encuentra acreditado el primer elemento material constitutivo del delito de despojo (ocupación o uso de un inmueble ajeno o de un derecho real que no le pertenece al activo); sin embargo, por lo que hace a su segundo elemento, dijo que éste no quedó comprobado, motivo por el cual consideró que era innecesario entrar al estudio de la plena responsabilidad penal, de la aquí tercera interesada; y en consecuencia, resolvió confirmar la resolución recurrida (fojas 291 a 302). Previamente, la responsable determinó que en el nuevo Código Penal local, no existe supresión del tipo penal de despojo (fojas 373 vuelta y 374) IV. Ahora bien, al desahogar la vista dada por este Tribunal Colegiado en auto de veinticuatro de enero de dos mil diecinueve (foja 311), la quejosa Judith Cruz Pérez, se pronunció en el sentido que la ejecutoria no se encuentra cumplida, ya que en su consideración la Sala responsable repitió los mismos argumentos de la ejecutoria que constituyó el acto reclamado, lo que conllevó a que confirmara nuevamente la resolución de primera instancia, mediante la cual se absolvió nuevamente a la aquí tercera interesada, de los delitos de robo calificado y despojo, cometidos tanto en su agravio, como en el de su esposo Martín Huerta Alvarado (foja 322). Dicho argumento se califica como inoperante, ya que por lo que se refiere al delito de robo calificado, en la ejecutoria de amparo, no se le dio a la Sala responsable libertad de jurisdicción para pronunciarse respecto de dicho injusto, pues en ésta se estimó que fue correcto su actuar, al no tener por acreditado el primer elemento constitutivo del delito de robo (una acción de apoderamiento de cosa ajena mueble "bolsa negra"); en tanto que, por lo que hace al diverso delito de despojo, corresponde a un aspecto sobre el que ésta sí gozaba de plena jurisdicción al emitir el nuevo fallo; por lo mismo, tal decisión sólo puede ser materia de un diverso juicio de amparo, no de la presente resolución donde se examina el correcto cumplimiento del fallo constitucional. Lo anterior es así, pues debe tomarse en cuenta que esta resolución tiene por objeto examinar si la autoridad responsable se ciñó a lo determinado en el fallo protector; es decir, si cumplió o no con todos y cada uno de los efectos del mismo; lo cual significa que este Tribunal Colegiado no está en posibilidad de analizar las cuestiones referentes al fondo del asunto, como es el haber determinado la responsable que no se acreditaron los elementos constitutivos del ilícito de despojo, pues tal examen fue hecho con libertad de jurisdicción, ya que el mismo no fue motivo de la concesión del amparo. Se cita por analogía la Jurisprudencia 1a./J.121/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 786, Libro 2, enero de 2014, Tomo II, Materia Común, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. SON INOPERANTES LOS AGRAVIOS QUE NO CONTROVIERTEN LO RESUELTO POR EL ÓRGANO DE AMPARO EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DEL FALLO PROTECTOR. El hecho de que el artículo 196 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, establezca que la ejecutoria de amparo se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos, no implica el estudio de aspectos que no fueron materia de análisis en el juicio de amparo, sino exclusivamente del exacto cumplimiento de las cuestiones que sí lo fueron, concretamente, de aquellas que dieron lugar a la concesión de la protección de la Justicia Federal. Por tanto, los agravios expuestos en el recurso de inconformidad resultan inoperantes cuando no controvierten lo resuelto por el órgano de amparo en relación con el cumplimiento del fallo dictado en el juicio, sino la forma en que la autoridad responsable cumplió con la sentencia protectora, con la pretensión de analizar aspectos ajenos a la materia del recurso de inconformidad hecho valer." V. Finalmente, cabe decir, que la quejosa Judith Cruz Pérez, por propio derecho y en su carácter de apoderada de Martín Huerta Alvarado, mediante escrito presentado el veintiuno de febrero del año en curso, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados de Circuito, de este circuito judicial, remitido al día siguiente a este Tribunal Colegiado, denunció repetición del acto reclamado (fojas 325 a 332); sin embargo, mediante resolución de presidencia de cinco de marzo siguiente, dicho incidente fue desechado por extemporáneo (fojas 398 y 399), y tal pronunciamiento causó estado en proveído de veinte siguiente (foja 406). De lo anterior se concluye que, atento a lo resuelto por la autoridad responsable, en el caso concreto, ha quedado cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo.
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