Juaquin Joshua González Garzón
Expediente 1045/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 11 actuaciones registradas, la última del 8 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1045/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 08/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Juaquin Joshua González Garzón
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Cúmplase.
- Principal
I- Agréguese el oficio de cuenta, signado por la encargada del Despacho de la Dirección General de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Quintana Roo, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento de diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, informa las gestiones realizadas para lograr dar con el paradero de los directos quejosos Juaquín Joshua González Garzón, Oliver Adalis González Cano y Henry Genaro Solís Rivas, respecto de lo cual, no logró obtener información alguna que colabore en encontrarlos. En tal virtud, se tiene a la citada autoridad dando cumplimiento al requerimiento efectuado en el proveído de referencia y se deja sin efectos el apercibimiento decretado, por cuanto a dicha autoridad se refiere. Ahora, del estado procesal que guardan los presentes autos, es destacable lo siguiente: - Que la demanda que dio origen al expediente en que se actúa, fue con motivo del escrito que presentó Gilberto Rafael Cuellar Ramírez, en representación de [1] Juaquin Joshua Gonzalez Garzón, [2] Oliver Adalis González Cano y [3] Henry Genaro Solís Rivas, en el cual señaló como reclamaciones la privación de la libertad personal y de libre tránsito de los nombrados [pues adujó que los directos quejosos se encontraban alojados en las instalaciones de la estación migratoria con sede en esta ciudad]. - Que en razón de lo anterior, en auto de cuatro de diciembre de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional le dio el carácter de tramitación urgente a dicha demanda [en términos del numeral 15 de la legislación aplicable], y con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, se concedió la suspensión de oficio y de plano en favor de los quejosos, y se ordenó la ratificación de dicho escrito inicial. - Que en diligencia de cinco de diciembre último, la actuaria judicial de la adscripción, dio fe e hizo constar que en las instalaciones de la estación migratoria con sede en esta ciudad [autoridad señalada como responsable], no se encontraban alojados los buscados. - Que en virtud de no lograr el paradero de los quejosos, en auto de cinco de diciembre de dos mil veintidós, se libraron oficios a la Fiscalía Especializada en Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, [oficio 31783/2022], directora General de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Quintana Roo (CBPEQROO), y Fiscal General [oficio 31784/2022], y al subdelegado de Procedimientos Penales en Chetumal de la Fiscalía General de la República [oficio 31782/2022], todos con sede en esta ciudad; lo anterior, con el objeto de obtener datos de localización de los buscados. Asimismo, se giró oficio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a los Juzgados Primero y Sexto de Distrito en el Estado con sede en esta ciudad [oficios 31785/2022 y 31786/2022], para que conforme a sus facultades Ministeriales recabara información en el Sistema Nacional de Registro de Detenciones relacionadas con los quejosos y proporcionara las constancias relativas. - Que mediante oficio INM/ORQR/SFQRCHT/AJ/13- 79/2022, de cinco de diciembre último, proveniente del encargado de Despacho de la sub Dirección de Estación Migratoria en Chetumal, Quintana Roo [en contestación a los oficios 31749/2022, 31750/2022 y 31751/2022], al rendir su informe relativo a la suspensión de plano, negó en forma lisa y llana la existencia de actos que se le atribuyeron. - Que mediante oficio FGE/QR/VFDHJyVC/CHE/DJ/3622- /2022, de siete de diciembre de dos mil veintidós [identificado con el folio 17593], la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, informó que en los archivos y bases de datos no se localizó dato alguno respecto de los directos quejosos. - Que mediante oficio FGE/QROO/OPB/FEDDFPyDCP /12/1846/2022, de seis de diciembre de dos mil veintidós [identificado con el folio 17644], la Fiscalía Especializada en Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, comunicó que realizó una búsqueda exhaustiva en los registros físicos y electrónicos, respecto de lo cual obtuvo un resultado negativo, pues no localizó dato alguno de los buscados. - Que mediante oficio SPP/CHET/EIL-3/733/2022 de nueve de diciembre de dos mil veintidós [identificado con el folio 17886], el representante social de la adscripción, informó que derivado de la búsqueda realizada en la base de datos, libros y/o sistemas con los que cuenta las células adscritas a esa subsede, se obtuvieron resultados negativos; no obstante, el seis de diciembre de dos mil veintidós, dio inicio a la carpeta FED/QR/CHET/0000899/2022, por posible desaparición forzada de los directos quejosos, la cual comunicó, se encontraba en trámite. - Que a través del oficio SEGOB/CBPEQROO/DG/ 2281/12/2022, de nueve de diciembre último, solicitó información de los quejosos para poder efectuar acciones de su búsqueda; por tanto, en proveído de trece de ese mes y año, se ordenó la remisión de la demanda de amparo que dio origen a este expediente. - Que el siete de los actuales, se requirió al encargado de Despacho de la Sub dirección de Estación Migratoria en Chetumal, Quintana Roo, para que informara si en la base de datos del ente que representa se desprende que los quejosos estuvieron a disposición del Instituto Nacional de Migración ya sea con sede en esta ciudad o en cualquier parte del país, respecto de lo cual, mediante oficio INM/ORQR/SFQRCHT/AJ/177/2023, de diez de marzo de dos mil veintitrés, dicha responsable dio respuesta negativa a tal requerimiento. - Que mediante oficio SEGOB/CBPEQROO/0814/III/2023 [respecto del cual se provee en esta propia fecha], signado por la encargada del Despacho de la Dirección General de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Quintana Roo, informó las gestiones realizadas para lograr dar con el paradero de los directos quejosos Juaquín Joshua González Garzón, Oliver Adalis González Cano y Henry Genaro Solís Rivas, respecto de lo cual, se advierte que no logró obtener información alguna que colabore en encontrarlos. Ahora, del estado procesal que guardan los presentes autos y con todo lo antes narrado, se advierte que la demanda que dio origen al expediente en que se actúa no se ratificó por [1] Juaquin Joshua Gonzalez Garzón, [2] Oliver Adalis González Cano y [3] Henry Genaro Solís Rivas; de ahí que, se estima actualizada la hipótesis prevista en la parte final del párrafo tercero del artículo 15 de la Ley de Amparo; esto es, que al no colmarse la exigencia para la prosecución del juicio de amparo -ratificación del directo quejoso-, ésta debe tenerse por no presentada. Para llegar a esa conclusión es necesario exponer lo siguiente: El artículo 107, fracción I, de la Constitución dispone que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Al respecto, dicho precepto es del tenor siguiente: "Art. 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.]." Sobre ese tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que son parte agraviada las personas que han sufrido un agravio y se refiere, en general, a la ofensa o perjuicio que se hace a alguno, en sus derechos o intereses. Ahora, el artículo 6° de la Ley de Amparo dispone, como regla general, que el juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado; y, que el quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en la propia Ley. Como excepción a esa regla general, el artículo 15 de la Ley de Amparo dispone que, cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. Precisa que, en esos casos, el órgano de amparo decretará la suspensión de los actos, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado. Empero, dispone que, una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo; y, precisa que si la ratifica por sí o por medio de su representante se tramitará el juicio; de lo contrario se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efecto las providencias. El texto del artículo 15 es el siguiente: "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado. Una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo. Si éste la ratifica por sí o por medio de su representante se tramitará el juicio; de lo contrario se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efecto las providencias dictadas. Si a pesar de las medidas tomadas por el órgano jurisdiccional de amparo no se logra la comparecencia del agraviado, resolverá la suspensión definitiva, ordenará suspender el procedimiento en lo principal y se harán los hechos del conocimiento del Ministerio Público de la Federación. En caso de que éste sea autoridad responsable, se hará del conocimiento al Fiscal General de la República. Cuando haya solicitud expresa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se remitirá copia certificada de lo actuado en estos casos. Transcurrido un año sin que nadie se apersone en el juicio, se tendrá por no interpuesta la demanda. Cuando, por las circunstancias del caso o lo manifieste la persona que presenta la demanda en lugar del quejoso, se trate de una posible comisión del delito de desaparición forzada de personas, el juez tendrá un término no mayor de veinticuatro horas para darle trámite al amparo, dictar la suspensión de los actos reclamados, y requerir a las autoridades correspondientes toda la información que pueda resultar conducente para la localización y liberación de la probable víctima. Bajo este supuesto, ninguna autoridad podrá determinar que transcurra un plazo determinado para que comparezca el agraviado, ni podrán las autoridades negarse a practicar las diligencias que de ellas se soliciten o sean ordenadas bajo el argumento de que existen plazos legales para considerar la desaparición de una persona [.]" En este caso, la demanda fue promovida por Gilberto Rafael Cuellar Ramírez, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo, pues se reclamó la incomunicación de [1] Juaquin Joshua Gonzalez Garzón, [2] Oliver Adalis González Cano y [3] Henry Genaro Solís Rivas, y lo que posteriormente, éste juzgado federal en auto de cinco de diciembre de dos mil veintidós, estimó podría tratarse de un caso de desaparición forzada -ello, ante la no localización de los buscados, pese a gestiones por lograr su paradero-. Sin embargo, debe precisarse que de la lectura integral de la demanda que dio origen a este expediente, no se advierte que los actos materia de reclamación sean de esa índole [desaparición forzada]; sino más bien, el alojamiento en la estación migratoria señalada como responsable. Cabe precisar que en acuerdo de cuatro de diciembre de dos mil veintidós, relativo a la recepción de la demanda, se requirió a [1] Juaquin Joshua Gonzalez Garzón, [2] Oliver Adalis González Cano y [3] Henry Genaro Solís Rivas, para que dentro de tres días, la ratificaran; y, se les apercibió que, en caso de no hacerlo, ésta se tendría por no presentada y quedarían sin efecto las providencias dictadas sobre la suspensión. Actuación que no sucedió, pues hasta este momento, el escrito de demanda que dio génesis a este expediente, no ha sido ratificado. Lo anterior, cobra extrema relevancia, pues de continuar la tramitación del presente acarrearía una violación al principio de instancia de parte agraviada previsto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal, en tanto que la parte afectada nunca instó la acción ni compareció al juicio de amparo indirecto 1045/2022-I-B. En este punto, se precisa que la ratificación sí es necesaria a pesar de que inicialmente, lo que motivó la promoción de la demanda por parte de Gilberto Rafael Cuellar Ramírez, fue su manifestación en el entendido de que los directos quejosos tenían programado un viaje por todo el país, y fue hasta el veintiocho de noviembre último, cuando se tuvo contacto con ellos, pues desde esa fecha se encontraban internos en las instalaciones de la estación migratoria responsable. No obstante, con independencia de que en el juicio de amparo se reclamen cuestiones relacionadas con el derecho a la libertad personal; habida cuenta que el artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal no prevé excepción alguna al principio de instancia de parte agraviada; y, el artículo 15 de la Ley de Amparo reafirma la exigencia del principio al exigir que, aún en el caso de amparos urgentes, la demanda debe ratificarse por la persona afectada directamente o por su representante legal. En el entendido que, si se ratifica se sigue el amparo; y si no, se tiene por no presentada la demanda y se dejan insubsistentes las medidas adoptadas para suspender los actos. Sobre el criterio de que el amparo no es una acción popular, es aplicable la tesis aislada siguiente del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "LEYES AMPARO CONTRA. QUIEN PUEDE INTERPONERLO. NO HAY ACCION POPULAR. No es cierto que en amparo contra leyes existe acción popular para su impugnación, pues conforme el artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal, se establece en materia de amparo el principio de instancia de parte agraviada; o sea, que sólo puede interponer la acción constitucional en contra de una ley la persona afectada en sus intereses jurídicos." Así como la jurisprudencia P./J. 50/2014 (10a.) también del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas." En ese orden, considerando que la ratificación de la demanda urgente prevista en el artículo 15 de la Ley de Amparo es exigible siempre, con independencia de la calidad del quejoso y el tipo de derechos humanos que se estimen violados, pues el ejercicio de la acción constitucional de amparo no admite excepciones en cuanto a la necesidad del principio de instancia de parte agraviada, previsto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de ahí que, ante la falta de ratificación de la demanda por parte de [1] Juaquin Joshua Gonzalez Garzón, [2] Oliver Adalis González Cano y [3] Henry Genaro Solís Rivas, tiene como consecuencia, que ésta deba tenerse por no presentada. Es aplicable la tesis VI.1o.A.3 K (11a.), de los Tribunales Colegiados de Circuito, Undécima Época, visible en Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 12, Abril de 2022, Tomo IV, página 2853, Registro Digital 2024397, de rubro y texto siguientes: "RATIFICACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO URGENTE PROMOVIDA POR UN TERCERO A FAVOR DEL QUEJOSO. ES EXIGIBLE SIEMPRE, CON INDEPENDENCIA DE LA CALIDAD DEL AGRAVIADO Y LOS DERECHOS HUMANOS QUE SE ESTIMEN VIOLADOS. Hechos: Una abogada promovió juicio de amparo indirecto a favor de un menor de edad en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo, por tratarse de un caso urgente relacionado con la omisión de suministrarle medicamentos para su tratamiento oncológico de leucemia. La Jueza de Distrito que conoció del asunto admitió la demanda, tramitó el juicio constitucional y dictó sentencia, sin haber obtenido la ratificación de la demanda por parte de la madre y representante legal del menor. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que la ratificación de la demanda urgente es exigible siempre, con independencia de la calidad del quejoso y los derechos humanos que se estimen violados en el juicio constitucional, pues el principio de instancia de parte agraviada no admite excepciones, ya que el juicio de amparo no es una acción popular. Justificación: Lo anterior, porque el artículo 107, fracción I, de la Constitución General dispone que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. En casos urgentes, el precepto 15 de la Ley de Amparo permite que un tercero presente la demanda si el agraviado se encuentra imposibilitado. Empero, aclara que requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda, por sí o por medio de su representante, con el apercibimiento que, de no hacerlo, se tendrá por no presentada. Esto implica que: (i) el principio de instancia de parte agraviada no admite excepciones, habida cuenta que, aun en los casos urgentes, se requiere la intervención del impetrante; y, (ii) la acción constitucional de amparo no es una acción popular que pueda ejercer cualquiera para defender intereses ajenos. Por tanto, quedan sin efectos las providencias dictadas en el presente expediente, debiendo hacerse del conocimiento de la autoridad responsable. Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Estadístico relativo, para los efectos legales y administrativos correspondientes. Notifíquese por oficio a las autoridades responsables.
- Principal
I- Agréguese a los autos el oficio CHET-EIL-BIII-C2-317/2023, de veinte de marzo de dos mil veintitrés, proveniente del agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la Célula B-III-2, con sede en Chetumal, Quintana Roo, mediante el cual solicita 1] información respecto de cuál es el estado procesal de este asunto, 2] de ser el caso, copia certificada de la sentencia y, 3] se le proporcione datos del domicilio en donde pudieran ser localizados los quejosos. Al respecto se provee: Hasta este momento no se ha localizado a los quejosos, y por ende, no han ratificado el escrito de demanda inicial que promovió Gilberto Rafael Cuellar Ramírez, en su favor; respecto de lo cual se solicitó información a la diversas autoridades; sin que se tenga una respuesta favorable de su localización [siendo el último requerimiento el veintidós de los actuales, dirigido a la Comisión de Búsqueda de Personas con sede en esta ciudad], por lo que se está a la espera de la contestación a lo peticionado. No se ha dictado sentencia en el expediente que nos ocupa, de ahí que no es posible remitir la copia certificada que se solicita. No existe dato alguno en donde pudieran ser localizados los quejosos. De todo lo anterior, hágase del conocimiento al fiscal oficiante, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese por lista y por oficio a la autoridad correspondiente.
- Principal
I- Agréguese el oficio firmado por la encargada del Despacho de la Dirección General de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Quintana Roo, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, en alcance del oficio SEGOB/CBPEQROO/0740/III/2023 de dieciséis de marzo de la presente anualidad, remite la documentación siguiente: N° DE ANEXO CONTENIDO FOJAS 1 Copia simple del oficio del informe rendido por la Fiscalía General de la República, número CHET-EIL-BII-C2-316/2023. 1 2 Copia simple de la captura de pantalla del correo electrónico enviado a la Institución Nacional de Inmigración solicitando información con fecha de 17 de enero de 2023. 1 Así, este Juzgado toma nota de lo anterior; sin embargo, no es el caso de proveer mayor acuerdo al respecto, toda vez que el diecisiete del mes y año en curso, se requirió a la responsable en cita para que en el término de veinticuatro horas legalmente computadas se sirva remitir las constancias que crea pertinentes en copias certificadas, completas y legibles; hecho que acontezca, se acordara lo conducente. Notifíquese por lista electrónica a las partes.
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