Juanito González Alameda
Expediente 570/2015 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de junio de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 570/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 16/06/2015
- Órgano jurisdiccional
- Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Juanito González Alameda
Actuaciones
- Juicio de Amparo Directo
AGREGUESE EL OFICIO DE CUENTA SIGNADO POR LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE, MEDIANTE EL CUAL ACUSA RECIBO DE LO QUE REFIERE, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. ASIMISMO, AL NO EXISTIR DOCUMENTO ORIGINAL QUE DEVOLVER, ARCHIVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO CONCLUIDO, PREVIAS LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE. POR OTRA PARTE, EL EXPEDIENTE EN QUE SE ACTUA ES DESTRUIBLE Y CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL.
- Juicio de Amparo Directo
VISTO EL ESTADO PROCESAL QUE GUARDAN LOS PRESENTES AUTOS Y LA CERTIFICACIÓN DE CUENTA, DE LOS CUALES SE ADVIERTE QUE EL TERMINO DE TRES DÍAS PREVISTO EN EL PARRAFO SEGUNDO, DEL ARTICULO 104, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, HA TRANSCURRIDO SIN QUE LA PARTE QUEJOSA, HAYA IMPUGNADO LA RESOLUCIÓN POR LA CUAL ESTE TRIBUNAL SE DECLARO INCOMPETENTE, PARA CONOCER DE LA DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA; EN CONSECUENCIA, SE TIENE POR CONSENTIDA DICHA RESOLUCIÓN. REMITASE POR INCOMPETENCIA, LA DEMANDA DE AMPARO Y SUS ANEXOS AL JUEZ DE DISTRITO EN TURNO EN EL ESTADO DE HIDALGO, A FIN DE QUE SE AVOQUE A SU CONOCIMIENTO Y ACUERDE LO QUE CONFORME A DERECHO PROCEDA, SOLICITANDO EL ACUSE DE RECIBO CORRESPONDIENTE.
- Juicio de Amparo Directo
VISTA LA RAZON ACTUARIAL QUE ANTECEDE, Y ADVIRTIENDOSE DE LA MISMA LA IMPOSIBILIDAD DE NOTIFICAR PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA, LA RESOLUCIÓN DE VEINTINUEVE DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, DICTADA EN EL PRESENTE ASUNTO, POR LOS MOTIVOS QUE EN LA MISMA SE INDICAN; EN CONSECUENCIA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCIÓN III, INCISO B) EN RELACIÓN CON EL INCISO A, DE LA LEY DE AMPARO, HAGASEL TAL NOTIFICACIÓN, LAS SUBSECUENTES, AÚN LAS DE CARACTER PERSONAL, POR MEDIO DE LISTA. AHORA BIEN, EN CUMPLIMIENTO A ESTE AUTO, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE FECHA VEINTINUEVE DE MAYO DE DOS MIL QUINCE, EL CUAL ES DEL TENOR SIGUIENTE: PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, VEINTINUEVE DE MAYO DE DOS MIL QUINCE. Visto el oficio 858/2015, de la Presidenta de la Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, registrado en oficialía de partes bajo el número 3317/2015, mediante el cual remite original y cinco copias de la demanda de amparo, promovida por ***, comparecencia, oficio 859/2015, así como copias certificadas del toca 4/2015 y testimonio de apelación 271/2014; fórmese expediente, regístrese y acúsese recibo. Ahora bien, en la especie, el suscrito considera que este tribunal colegiado carece de competencia legal, por razón de la vía, para conocer y resolver el juicio de amparo. Para constatar lo que se afirma, es menester precisar que el ahora quejoso Juanito González Alameda, señaló como autoridad responsable y acto reclamado, los siguientes: "(.) III. AUTORIDAD RESPONSABLE- Es autoridad responsable, en su calidad de ordenadora y ejecutora: a) Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Hidalgo. - - - IV.- ACTO RECLAMADO- De la autoridad responsable ordenadora y ejecutora se reclama la resolución del toca 04/2015, radicado en la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del mes de abril del año 2015, dos mil quince y en donde fui legalmente notificado el día 17 del mes de abril de 2015 dos mil quince, misma en la que se omitió pronunciarse respecto a todos y cada una de las solicitudes realizadas en el escrito inicial de demanda relacionado al juicio de cancelación de pensión, describiendo en forma enunciativa y no limitativa los puntos resolutivos que se transcriben, en los cuales no existe pronunciamiento lógico jurídico de las causas motivos y forma respecto al artículo 38 Bis de la Ley de la Familia para el Estado de Hidalgo, así como de las demás medidas precautorias solicitadas, dejando claro que la resolución no es en estricto derecho como lo señala en el resolutivo donde señala lo siguiente: TERCERO.- Devuélvanse las constancias y recábense más pruebas para dictar nueva sentencia." Luego, de las constancias remitidas por la autoridad responsable anexas a su informe justificado y deducidas del juicio generador del acto reclamado, las cuales por ser documentos públicos merecen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al 2° de la Ley de Amparo vigente, se advierte que el quince de abril de dos mil quince, la Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, emitió resolución en el toca civil 4/2015, relativo al recurso de apelación interpuesto por Lorena del Rosario Velázquez Morales, en contra de la sentencia definitiva de treinta y uno de octubre de dos mil catorce, dictada por el Juez Segundo Civil y Familiar de Apan, Hidalgo, en el expediente 271/2014; resolución que revocó la sentencia definitiva, dictada el treinta y uno de octubre de dos mil catorce, y ordenó reponer el procedimiento, para el efecto de que el juez natural recabara los medios necesarios que le permitieran dilucidar eficazmente los aspectos propuestos por la sala responsable, únicamente por cuanto hace a la acción reconvencional, y estuviera en aptitud de dictar una sentencia apegada a derecho y a los principios de congruencia y exhaustividad que rigen las resoluciones judiciales. Inconforme con dicha determinación, Juanito González Alameda, promueve juicio constitucional en la vía directa, cuyo conocimiento por razón de turno correspondió a este órgano colegiado. Por su parte, los artículos 107, fracción V, inciso c), de la Constitución General de la República, 34, 35, 45 y 170 de la Ley de Amparo vigente, establecen que el juicio de amparo directo procede de manera categórica, en dos casos: a) Cuando el acto reclamado es una sentencia definitiva o un laudo; y b) Cuando el acto reclamado es una resolución que pone fin al juicio. Luego, el artículo 170 de la ley de la materia, dispone: ". El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas.". En mérito de lo anterior, como en la especie el acto reclamado se hace consistir en la sentencia de quince de abril de dos mil quince, dictada por la Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, en el toca civil 4/2015, donde ordenó la reposición del procedimiento dentro del expediente 271/2014; dicha resolución no es de las que pone fin al juicio; y menos una sentencia que tenga el carácter de definitiva. De ahí que si el acto reclamado no reúne los requisitos previstos por el ya apuntado precepto legal 170 de la Ley Reglamentaria vigente, de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; es inconcuso que los Tribunales Colegiados de Circuito no son legalmente competentes para conocer del asunto; razón por la cual, es incuestionable por exclusión, que respecto de la resolución impugnada, por no tratarse de una sentencia definitiva, ni una resolución que pone fin al juicio, pues no decide el juicio en lo principal resolviendo sobre la procedencia o improcedencia de las acciones o excepciones que dieron origen a la litis, ni lo da por concluido en forma tal, que ya no se pueda seguir actuando en el mismo; en consecuencia, al no reunir las características exigidas en el numeral en cita como tampoco actualizarse las hipótesis ahí contenidas y, como del diverso 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte, es claro que por falta de competencia legal el tribunal colegiado no puede decidir al respecto, y su actuación se debe limitar a hacer la declaratoria correspondiente; por lo tanto, una vez que cause estado la presente resolución, envíense las constancias respectivas al Juez de Distrito en turno en el Estado, a fin de que se avoque a su conocimiento y acuerde lo que conforme a derecho proceda, solicitando el acuse de recibo correspondiente. Por su sentido, sirve de apoyo a lo anterior, el criterio Jurisprudencial sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 28/94, entre las sustentadas por el Cuarto y el Sexto Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 35, Tomo I, Mayo de 1995, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, misma que textualmente dice: "AMPARO DIRECTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCION DE SEGUNDA INSTANCIA QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107, fracción V de la Constitución General de la República, así como 46 y 158 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo directo procede taxativamente cuando se reclama una sentencia definitiva (laudo si se trata de un juicio laboral) o una resolución que pone fin al juicio. La resolución de segunda instancia que ordena reponer el procedimiento, no se adecua a ninguno de esos supuestos, porque no decide el juicio en lo principal, es decir, estableciendo el derecho en cuanto a la acción y a la excepción que dieron lugar a la litis contestatio y menos aún dio por concluido el juicio, pues esa decisión tiene como finalidad volver el pleito al estado en que se encontraba antes de cometerse la infracción que dio lugar a esa clase de resolución, para un nuevo curso que se ajuste a la disposición expresa de la ley. Por tanto el juicio de amparo directo que se promueva contra una resolución de esa naturaleza es improcedente". Obténgase copia certificada de las constancias necesarias para formar el cuaderno de antecedentes, y en su oportunidad, archívese como totalmente concluido, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente. Para el solo efecto de notificar la presente resolución, se tiene como domicilio y autorizados para oír y recibir notificaciones los indicados en el escrito de demanda. De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, de treinta de marzo de dos mil cuatro, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de la misma anualidad y que entró en vigor al día siguiente de su publicación, última reforma publicada el doce de diciembre de dos mil siete, derogó en términos de su artículo cuarto transitorio, los Acuerdos Generales 9/2003 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y 30/2003 del Consejo de la Judicatura Federal, así como las demás disposiciones derivadas de esos Acuerdos; así como con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, de veintinueve de enero de dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero del mismo año, y cuya última reforma fue publicada el ocho de mayo de dos mil quince, en concordancia con lo preceptuado en el artículo Octavo Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se señala a las partes que el Poder Judicial de la Federación debe hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria; también deberán hacerse públicas las resoluciones intermedias que pongan fin a una instancia o algún incidente de previo y especial pronunciamiento y las que recaigan a un recurso intraprocesal; asimismo, que de conformidad con lo dispuesto por los numerales 1º, 3º, 5°, 6°, 7° y 8° del citado reglamento, toda la información que tienen en resguardo los órganos jurisdiccionales es pública y, por ende, los expedientes en que obren, podrán ser consultados por cualquier persona, tanto aquellos de asuntos concluidos, como los relativos a las demás resoluciones una vez que se emitan, no obstante no haber causado ejecutoria, con las salvedades a que se refiere tal disposición; es así que las determinaciones que se dicten en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información; por último, hágase del conocimiento de las partes que tienen derecho a oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, cuando la información contenida en las constancias procesales esté clasificada, de conformidad con los artículos 13, 14 y 18 de la citada ley federal, como reservada o confidencial. Igualmente, sólo podrán considerarse reservadas o confidenciales las pruebas aportadas por las partes, cuando se les hayan atribuido tal carácter al momento de ser allegadas al juicio y tal calificación se base en lo dispuesto en algún tratado internacional, ley federal o local.
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