Juanita Ruiz Albor y Otros.
Expediente 240/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 9 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 240/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 31/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Juanita Ruiz Albor y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el presente asunto se encuentra totalmente concluido; por tanto, el original del cuaderno incidental de suspensión, será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, toda vez que se concedió la suspensión provisional, por lo que, se deberán conservar todas las constancias relativas al otorgamiento de la medida; por tanto, mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para mejor resguardo. Atendiendo al artículo 20, fracción II, inciso a) del indicado instrumento normativo, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses a partir de esta fecha.
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión, en contra del proveído de cuatro de mayo del año en curso, por el cual este Tribunal sobreseyó en el presente juicio de amparo fuera de audiencia constitucional, sin que se haya hecho valer; por tanto, se se declara FIRME. Notifíquese lo anterior a la responsable, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera que no es de relevancia documental. Por otra parte, toda vez que en el presente expediente se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del acuerdo citado en el párrafo que antecede. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Incidental
ÚNICO. Se NIEGA a ************, por su propio derecho y en representación de sus menores hijos *************, la suspensión definitiva que solicita respecto del acto reclamado al Juez Especializado en Materia Familiar, con residencia en Acámbaro, Guanajuato, por los motivos expuestos en el último considerando de esta resolución.
- Principal
Agréguese en autos el oficio que suscribe el Juez Especializado en Materia Familiar, con residencia en Acámbaro, Guanajuato, mediante el cual, remite un disco compacto y copia certificada de la audiencia de juicio celebrada el veintiocho de abril del año en curso, las cuales se admiten y se tienen por desahogadas, dada su propia y especial naturaleza. Ahora bien, de las referidas constancias que anexa el oficiante, se advierte que en el presente asunto, sobreviene de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII del numeral 61, de la Ley de Amparo, que textualmente dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo." En principio, para fijar el alcance de la citada causa de improcedencia conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de la constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de los derechos humanos que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido, y la jurisprudencia del Más Alto Tribunal del país ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del juicio de amparo, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Por esta razón, entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio se encuentra la prevista en la fracción XXII antes transcrita, en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir a la parte quejosa en el goce de su derecho que se estime violado, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria. Lo anterior, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél; porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación; o bien, por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de amparo. Ahora bien en el caso concreto, de la lectura de la demanda de amparo, así como de las constancias que integran el presente asunto, se advierte que la parte quejosa reclama: La determinación dictada dentro de la audiencia preliminar celebrada en el expediente ************, del índice del Juzgado de Partido Especializado en Materia Familiar, con residencia en Acámbaro, Guanajuato, en la etapa de revisión de medidas provisionales, en la que se decretó la reducción de la pensión alimenticia a favor de los menores **************. En ese sentido, de las constancias que adjuntó el Juez Especializado en Materia Familiar, con residencia en Acámbaro, Guanajuato, al oficio de cuenta, se advierte que: El veintiocho de abril del año en curso, al celebrar la audiencia de juicio en el expediente ***********, del índice del Juzgado de Partido Especializado en Materia Familiar, con residencia en Acámbaro, Guanajuato, las partes (actora y demandada), celebraron un convenio y manifestaron su conformidad con las precisiones y adiciones ahí efectuadas. En razón de lo anterior, el Juez responsable, en esa misma audiencia, en entre otras cosas, aprobó el convenio, elevándolo a la categoría de cosa juzgada y ordenó la salida del expediente como asunto totalmente concluido. Constancias a la que se les concede valor probatorio pleno en términos de los arábigos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Ahora bien, tomando en consideración que la parte quejosa acudió al presente juicio de amparo doliéndose de la determinación dictada dentro de la audiencia preliminar celebrada en el expediente ************, del índice del Juzgado de Partido Especializado en Materia Familiar, con residencia en Acámbaro, Guanajuato, en la que se decretó la reducción de la pensión alimenticia a favor de los menores *************, aún y cuando dicho acto sigue subsistiendo, la materia u objeto del presente amparo dejó de existir debido a la circunstancia en comento. En esa tesitura, aún y cuando la determinación en la que se decretó la reducción de la pensión alimenticia reclamada, subsiste, dado que no ha sido invalidada expresamente por la autoridad responsable, no puede surtir efecto legal ni material, en razón de que dejó de existir el objeto de la misma, (determinar la ilegalidad de la determinación reclamada), pues como ya se explicó, el que se haya celebrado un convenio entre las partes, generó que en el presente asunto el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir su materia. Lo anterior es así, pues al haber pactado respecto al pago la pensión alimenticia, en el convenio que celebraron, dándose las partes por satisfechas y ordenándose incluso la elevación del citado convenio a la categoría de cosa juzgada, es inconcuso que en la especie dejó de existir la materia del acto reclamado, al haber desaparecido el objeto o materia del presente juicio. Bajo esa guisa, resulta incuestionable concluir que en virtud de la modificación del entornó en el cual se materializó la resolución reclamada, la concesión del amparo que en su caso se efectuara ningún efecto jurídico tendría, en atención de que a pesar de que aún subsiste el acto de autoridad, empero, debido a las condiciones y circunstancias que actualmente imperan en el presente asunto, el objeto de análisis constitucional dejó de existir materialmente, dado que se insiste, con el convenio celebrado entre las partes se ordenó el archivo definitivo del expediente del que emanó el acto aquí reclamado. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, y dejar sin efectos el señalamiento de la hora y fecha fijadas para la celebración de la audiencia constitucional. Es aplicable al caso, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que reza: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." No es obstáculo que la determinación adoptada se emita previo a la celebración de la audiencia constitucional, en virtud que la causal de improcedencia en estudio es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, por lo que sería ocioso esperar hasta la celebración de aquélla para resolver de la forma en que se hace, pues, como se dijo, dicha causal de improcedencia no puede ser desvirtuada. Estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.
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