Juanita Lozada Martínez
Expediente 1619/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 1 actuación registrada, la última del 20 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1619/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 20/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Juanita Lozada Martínez
Actuaciones
- Principal
Visto el escrito signado por la quejosa Juanita Lozada Martínez; atento a su contenido, se le tiene desahogando el requerimiento que se le formuló en proveído de veintiocho de noviembre del año en curso. Ahora bien, antes de proveer sobre la procedencia de la admisión de la demanda de amparo, es necesario seguir los lineamientos establecidos en la Ley de Amparo, uno de los cuales es el que marca su artículo 113, que es como sigue: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y sí existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Así, del análisis íntegro de la demanda, es factible para este juzgado federal determinar con exactitud la intención del promovente de la acción constitucional, armonizando de esta manera los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia; cabe invocar al respecto la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En ese orden lógico, se tiene que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable, lo siguiente: "4.- ACTO RECLAMADO.- De la Autoridad responsable ORDENADORA reclamo lo decretado en el AUTO de fecha 24 de octubre del año 2022 dictado por el C. JUEZ MIXTO DE PAZ de esta Ciudad capital, mismo que me fue notificado con fecha 03 de noviembre del año 2022 Y de la AUTORIDAD señalada como EJECUTORA, el posible cumplimiento de dicha Resolución." Asimismo, de los antecedentes que bajo protesta de decir verdad narra la peticionaria de amparo, lo siguiente: "1.- Con fecha 19 de enero del año 2015, la C. Licenciada IRMA YOLANDA ROMERO ABARCA. En su calidad de AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO del fuero común del Distrito Judicial de Ios Bravo, consignó ante el C. JUEZ MIXTO DE PAZ DE CHILPANCINGO GUERRERO la averiguación previa número BRA/SC/02/1839/2013, bajo el pedimento penal número 751/2014, instaurada en contra de la hoy Quejosa JUANITA LOZADA MARTINEZ por el delito de FALCIFICACIÓN DE DOCUMENTOS ilícito previsto por el artículo 211 del Código Penal en el Estado d Guerrero y en agravio de la C. MARÍA INÉS CHINO RODRIGUEZ averiguación previa que fue radicada bajo el número de causa penal número 05/2015-I. con fecha 27 de Noviembre del 2014 la representación social solicito se le librara la orden de comparecencia en contra de la hoy QUEJOSA por el delito antes citado, por lo que con fecha 26 de mayo del año 2015 el C. JUEZ MIXTO DE PAZ DE CHILPANCINGO GUERRERO obsequió la correspondiente orden de comparecencia, por tal motivo con fecha 10 de junio del 2015, la hoy QUEJOSA comparece ante la autoridad que me requería por tal motivo con fecha 16 de junio del 2015, Ia ordenadora al momento de resolver mi situación jurídica dentro deI término constitucional me dicto auto de sujeción a proceso. Por lo tanto durante la secuela del procedimiento se ofrecieron por ambas partes las pruebas que se consideraron oportunas mismas que han sido desahogadas dentro del proceso penal, por tal motivo con fecha 04 de Octubre del año 2022. se solicitó a la ordenadora el cierre de instrucción, de lo cual se dio vista a la representante social, misma que dentro del término otorgado por la ordenadora con fecha 20 de octubre del año 2022 ingresa un escrito en el cual se opone a dicha petición, manifestando entre otras cosas: "Visto el Estado que Guardan las Constancias que integran el expediente citado al rubro, resulta ser improcedente la solicitud de la agraviada en relación a que se declare cerrada la instrucción que solicita: toda ves de que tal y como es de apreciarse en las constancias que integran el expediente citado al rubro existen dos dictamen en materia de GRAFOSCOPIA realizados por los peritos CRESCENCIO CALLEJA MARTINEZ adscrito a la coordinación General de Servicios Periciales dependiente de la Fiscalía General de Justicia del Estado, así como el de la perito particular YOLANDA BELLO PIZA, en materia de GRAFOSCOPÍA y DOCUMENTOSCOPÍA. Dictámenes de los cuales se advierte existen discrepancia, pues los mismos son contradictorios: es por ello que solicito a su señoría tenga a bien de no haber inconveniente alguno nombrar un perito Tercero en Discordia para efectos de que el mismo previo estudio de los dictámenes antes mencionados así como todas y cada una de las constancias que integran el expediente citado al rubro determine sobre la contradicción que existe". Por tal motivo, con fecha 24 de octubre del año 2022 la ordenadora niega la petición realizada por la suscrita quejosa en relación a que cerrara la instrucción en el asunto que no ocupa, en virtud de que la agente del ministerio público adscrita al juzgado mixto de paz de Chilpancingo guerrero se declaró inconforme con dicha petición dictando la ordenadora el siguiente auto: Chilpancingo de los Bravo, Guerrero; México, veinticuatro (24) e octubre del año dos mil veintidós (2022). Vista la razón de cuenta, con el escrito suscrito por la licencia a Marcelina Hernández López, Agente del Ministerio Público Adscrita a este Juzgado; enterado de su contenido, se le tiene por desahogando en tiempo y forma la vista que se le dicto mediante proveído datado del cinco del presente mes y año, por lo que, no ha lugar a acordar favorable lo solicitado por la procesada Juanita Lazada Martínez y su defensa a particular Licenciada Guadalupe Flores García, toda vez que efectivamente existen dos dictámenes en materia de grafoscopía eI primero realizado por el licenciado Crescencio Calleja Martínez, perito adscrito a la Coordinación General de Servicios Periciales dependiente de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, de fecha veintisiete de octubre del año dos mil catorce y el segundo realizado por Yolanda Bello Piza, perito particular en materia de grafoscopía y documentoscopía, dictámenes de los que se advierte que son contradictorios entre sí; por lo tanto, al existir contradicción entre ellos de acuerdo al artículo 107, segundo párrafo del Código de Procedimientos Penales en vigor, se designa como perito tercero en discordia en la mencionada materia aI C. Luis Ignacio Morales Enrique, con domicilio para ser notificado en el ubicado en calle madero número 6, primer piso, con número de teléfono 4724185 por lo que, notifíquesele su designación por conducto deI Coordinador General de Peritos del Tribunal Superior de Justicia del Estado, debiendo girar oficio correspondiente para efectos de que se le notifique al mencionado perito su designación, haciéndole saber que se le concede tres días hábiles mismos que le contaran a partir del día siguiente al de su notificación, para que comparezca ante este órgano jurisdiccional a aceptar y protestar el cargo conferido por esta autoridad debiendo anexar copias de los documentos que acrediten su calidad de perito en el arte, técnica, mecánica u oficio para el que se le designe, además deberá de señalar el monto de sus honorarios, mismos que serán autorizados moderadamente por el suscrito, para que sean cubiertos por las partes del presente proceso en igual proporción, en el momento procesal oportuno." Al respecto, se advierte que, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, esta última hipótesis aplicada a contrario sentido y 173, apartado A), fracción VII; numerales de la Ley Reglamentaria de los preceptos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismos que, en su orden y en la parte que interesa, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley...". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados de los que el estado Mexicano sea parte (...) "Artículo 173. En los juicios del orden penal se consideraran violadas las leyes del procedimiento con trascendencia a las defensa del quejoso, cuando: Apartado A, Sistema de Justicia Penal Mixto: VII.- No se le reciban las pruebas que ofrezcan legalmente, o cuando no se reciban con arreglo derecho." Por su parte, el numeral 170, fracción I, párrafo cuarto de la ley en aplicación, establece: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: (.) Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva." Como se puede ver, el artículo 61 en su fracción XXIII, dispone que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley; en tanto que, el diverso 107, en su fracción V, en forma expresa prevé que el amparo es procedente contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación Ahora bien, se tiene que el acto que reclama la impetrante del amparo en esta instancia constitucional, no es de aquéllos que puedan considerarse como de imposible reparación, puesto que, aun cuando fue dictado dentro de un juicio, éste no afecta de manera directa e inmediata derechos sustantivos de los gobernados, requisito sine qua non que debe ponderarse para poder apreciar si sus efectos no pueden repararse en el juicio del que emana, aún en el supuesto de que se obtuviera sentencia definitiva favorable. Lo anterior es así, toda vez que mediante escrito de cuatro de octubre de dos mil veintidós, la parte quejosa solicitó el cierre de instrucción, con el cual la autoridad responsable dio vista al representante social adscrito, quien al desahogar dicha vista, manifestó que era improcedente la solicitud de la agraviada en relación a que se declare cerrada la instrucción que solicitó, toda vez que de las pruebas periciales en materia de Grafoscopía y Documentoscopía, se advertía que existe discrepancia en las misma; por lo que mediante acuerdo de veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, la autoridad responsable ordenó designar perito tercero en discordia en dicha materias, según lo manifiesta bajo protesta de decir verdad la aquí quejosa; antecedentes que constituyen el acto reclamado en esta vía constitucional, se traduce como violaciones a las leyes del procedimiento por tratarse de pruebas dentro del juicio o procedimiento; por lo que dichos actos no deben considerarse de aquéllos que puedan acarrear sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, acorde a lo dispuesto por el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, pues tales eventos, pueden, inclusive no trascender al resultado del fallo, y obtener sentencia favorable a sus intereses. En efecto, no le irroga por ahora un perjuicio irreparable dado que únicamente ha de producir efectos intraprocesales que no afectan de modo inmediato ningún derecho sustantivo de la impetrante, y en caso de que dichas violaciones procesales trasciendan al resultado del fallo, y este le resulte adverso, podrá invocarlo al promover el amparo directo en contra de la referida sentencia por encontrarse expresamente prevista en la fracción VII, del artículo 173 apartado A) de la ley de la materia. Es decir, los actos dictados dentro de un juicio serán de imposible reparación si sus consecuencias afectan en forma cierta e inmediata alguno de los derechos fundamentales del gobernado, debidamente tutelados en la norma constitucional por medio de derechos individuales y, por ende, susceptibles de ser impugnados a través de una demanda de amparo indirecto, pues no obstante de que se trate de actos intraprocesales, en tal hipótesis el afectado no puede esperar a que se dicte la resolución definitiva para impugnarlos a través del amparo directo que en su caso llegare a promover, por virtud de que dicha lesión no se destruye ni aún en el supuesto de que obtenga una sentencia favorable en el juicio. En apoyo de esta consideración se cita la jurisprudencia 189, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del texto literal siguiente: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.- El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Ciertamente, la intención primordial que la impetrante pretende es que se revoque el auto de veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, en el que considera que el Juzgado Mixto de Paz responsable de manera ilegal designó perito tercero en discordia en las materias de Grafoscopía y documentoscopía, dentro de la causa penal 05/2015-I; de ahí que, esa determinación no puede considerarse como de imposible reparación, porque se trata de actos intraprocesales que no depara perjuicio alguno a la impetrante que no pueda llegar a ser reparado con la obtención de un fallo favorable. Ello es así, en atención a que dicho acuerdo no constituye la afectación directa e inmediata a derechos sustantivos, ni tampoco tiene una ejecución tan grave o de efectos exorbitantes que objetivamente analizada, amerite sujetarla al control constitucional sin esperar que se promueva el amparo directo contra la sentencia que se decida sobre el fondo del juicio natural, pues precisamente, de resultar contrario a sus intereses, los solicitantes del amparo, estarían en aptitud de combatir dicha resolución mediante el juicio de amparo uninstancial. Es aplicable la tesis P. LVII/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor literal siguiente: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo." Luego, si el acuerdo impugnado trasciende al resultado del juicio puede alegarse como concepto de violación en el amparo directo, más no hace factible la procedibilidad del juicio de amparo indirecto, ya que se reitera, no tiene la particular connotación de ser un acto de imposible reparación, cuya naturaleza jurídica es más profunda y tiene que ver con la salvaguarda de los derechos fundamentales, no de las cuestiones procedimentales surgidas en la contienda. Lo anterior, encuentra plena explicación en la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, que es del tenor literal siguiente: "EJECUCION DE IMPOSIBLE REPARACION. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCION III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." Asimismo, tiene aplicación al caso la Jurisprudencia por contradicción de tesis, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "PRUEBA DE LA CONTRAPARTE DEL QUEJOSO. SU RECEPCIÓN INDEBIDA ES UNA VIOLACIÓN PROCESAL, POR LO QUE EL EFECTO DE LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO ES QUE SE DEJE INSUBSISTENTE EL LAUDO O SENTENCIA DEFINITIVA Y SE ORDENE LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo que disponen los artículos 158 y 159 de la Ley de Amparo, se advierte que el amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, donde podrán reclamarse no sólo las violaciones cometidas al dictar el laudo, sino también las violaciones suscitadas en la secuela procesal. Ahora bien, en los casos en que se conceda por una cuestión de fondo el efecto será dejar insubsistente la sentencia definitiva o laudo reclamado, y que se dicte otro reparando la violación cometida al dictarla (violaciones in judicando); en tanto que cuando se concede por una violación procesal, el efecto será dejar insubsistente la sentencia definitiva o laudo combatido y reponer el procedimiento a partir del momento en que se cometió la violación declarada inconstitucional (violaciones in procedendo), así la anterior Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la tesis 4a./J. 14 (publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Cuarta Sala, Tomo IV, Primera Parte, julio a diciembre de 1989, página 337); determinó que la ilegal recepción de una prueba de la contraria se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo, de donde se concluye que al tratarse de una violación procesal, el amparo que se conceda en este evento debe tener como efecto ordenar la reposición del procedimiento a partir de la actuación contraria a la ley, y no que en la nueva resolución se le niegue valor a la prueba. Pues bien, atento a lo relatado, en el caso se surte plena e indubitablemente las causales de improcedencia previstas en las fracción XXIII del precepto 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, esta última hipótesis aplicada a contrario sentido y 173, apartado A, fracción VII, todos de la Ley de Amparo, lo que amerita DESECHAR DE PLANO por notoriamente improcedente la demanda que nos ocupa, en términos de lo dispuesto en el numeral 113 del ordenamiento legal en cita.
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