Juanita García Aguilar
Expediente 1180/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 23 actuaciones registradas, la última del 29 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1180/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 29/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Juanita García Aguilar
- Cristina Hernández Saenz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Principal
Visto el estado de los autos y la certificación que antecede se advierte que las partes fueron notificadas de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, sin que se advierta que hayan interpuesto el recurso de revisión previsto por el artículo 81 de la Ley de Amparo. Por lo tanto, con fundamento en el dispositivo 2 de la ley de la materia, en relación con el arábigo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de aquella ley se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. Asimismo se advierte que el juicio de amparo en que se actúa ha quedado definitivamente concluido; en consecuencia, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo interpretado en sentido contrario se ordena el archivo definitivo. Hágase la anotación correspondiente en el libro de gobierno. En otro orden se advierte que el expediente en que se actúa se ubica en la hipótesis prevista por el ordinal 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, por tratarse de un juicio de amparo en el que se sobreseyó; por lo tanto, en cumplimiento a lo ordenado en el mencionado numeral del propio acuerdo se hace constar que este expediente es susceptible de destrucción una vez transcurridos tres años de haberse ordenado su archivo. Se ordena acordar lo correspondiente en el incidente de suspensión derivado del presente juicio. Finalmente, agréguese el oficio firmado por el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito Treinta con residencia en esta ciudad, y atento a su contenido, se le informa el presente proveído mediante oficio. Notifíquese.
- Incidental
Vista la certificación de cuenta se advierte que el juicio principal del cual deriva este incidente de suspensión se encuentra fallado en definitiva por resolución firme y como la medida suspensional tiene vigencia en el universo jurídico hasta en tanto la sentencia que se dicte en aquél cause ejecutoria, de conformidad con el artículo 130 de la Ley de Amparo debe concluirse que el presente incidente de suspensión carece de materia y así se declara para todos los efectos legales. En consecuencia y ya que de autos se desprende que no existe actuación alguna pendiente de desahogar dentro del presente cuaderno procédase a su archivo. Por otra parte, al advertirse que en el presente cuaderno se concedió la suspensión provisional y se negó la definitiva, entonces el original del incidente de suspensión se ubica en la hipótesis prevista por el ordinal 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, por lo que en cumplimiento a lo ordenado en el mencionado numeral del propio acuerdo se hace constar que el original de este incidente es susceptible depuración una vez transcurridos tres años. Asimismo, de conformidad con el arábigo 20, fracción II, inciso a), del indicado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se hace constar que el duplicado de este incidente es susceptible de destrucción a partir del término de seis meses. Notifíquese.
- Principal
Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 1180/2022; promovido por Juanita García Aguilar, contra los actos que reclama del Tribunal Unitario Agrario Distrito Treinta, en la Ciudad de Victoria, Tamaulipas; y, RESULTANDO: Primero. Mediante escrito depositado en buzón judicial el veintinueve de junio de dos mil veintidós, turnado en esa misma fecha, por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas, a este órgano jurisdiccional, Juanita García Aguilar, demandó el amparo y protección de la justicia federal contra el Tribunal Unitario Agrario Distrito Treinta, en la Ciudad de Victoria, Tamaulipas, por los siguientes actos: IV.- Norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame. Se señalan como actos que se reclama a la responsable, Tribunal Unitario Agrario Distrito Treinta, en ciudad Victoria, Tamaulipas. 1.- Todo lo actuado en las diligencias de jurisdicción voluntaria radicadas con el número de expediente 85/2020, promovidas por Cristina Hernández Sáenz. 2.- La sentencia dictada en el juicio agrario número 85/2020, promovido por Cristina Hernández Sáenz, y sus respectivas consecuencias legales de inscripción ante El Registro Agrario Nacional en el Estado, y la expedición del título de propiedad correspondiente, referente al solar 1 manzana 113 localidad 73 de la comunidad Santa Ana de Nahola, municipio de Tula, Tamaulipas en favor del tercero interesado físico. 3.- La orden con el fin de que subsista el derecho como titular de una fracción de terreno correspondiente al solar 1 manzana 113 localidad 73 de la comunidad Santa Ana de Nahola, municipio de Tula, Tamaulipas, que fue motivo del juicio Agrario 85/2019. Actos que son reclamados, AL ESTIMAR QUE NO FUE RESPETADA MI GARANTÍA DE AUDIENCIA. LEGALIDAD. SEGURIDAD JURIDICA. YA QUE NO FUI OIDO. MUCHO MENOS VENCIDO EN EL JUICIO AGRARIO REFERIDO, a pesar de que la suscrita me encuentro en posesión de una parte del terreno que fue motivo del juicio de origen. Segundo. Previa aclaración de demanda, por auto de catorce de julio de dos mil veintidós, se admitió la demanda de amparo, se procedió a solicitar a la autoridad responsable rindiera su informe justificado, se ordenó el emplazamiento del tercero interesado, se dio la intervención que le corresponde al Fiscal de la Federación adscrito al Juzgado y se procedió a fijar hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Previos diferimientos, la audiencia constitucional se llevó a cabo dentro del presente juicio de garantías, teniendo verificativo al tenor del acta que antecede; y CONSIDERANDO: Primero (competencia). Este Juzgado Primero de Distrito es competente para conocer del presente juicio de amparo de conformidad, con lo dispuesto por los artículos 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder judicial de la Federación; relacionados con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Lo anterior en atención a la autoridad señalada como responsable tiene su domicilio dentro de la jurisdicción de este juzgado. Segundo (precisión del acto reclamado). En el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se prevé que las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener: ".La fijación clara y precisa del acto reclamado.". Lo que además se contiene en la tesis de jurisprudencia P/J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, correspondiente al mes de abril de 2000, Novena Época, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En ese sentido, del análisis íntegro practicado a la demanda de amparo, así como a las constancias remitidas por la responsable -a las que por estar certificadas por una autoridad en ejercicio de sus funciones constituyen documento público, se les da valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo-, se concluye que los actos reclamados en el presente juicio son: Todo lo actuado dentro del juicio agrario 85/2020, del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito Treinta, en Ciudad Victoria, Tamaulipas y sus consecuencia jurídicas. Tercero. (Certeza de actos). Son ciertos los actos reclamados, ya que así lo manifestó al rendir su informe justificado el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito Treinta, lo cual constituye una confesión expresa y espontánea con pleno valor probatorio según lo disponen los artículos 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable de manera supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2. Además, su certeza se corrobora con las copias certificadas electrónicas allegadas al presente sumario, las cuales tienen pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del referido Código Federal de Procedimientos Civiles, al ser documentos públicos. Cuarto. Análisis de causas de improcedencia. En el presente caso, opera la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5, fracción I, todos de la Ley de Amparo, toda vez que la parte quejosa carece de interés para reclamar los actos de los que se duele. En ese orden, el artículo y fracción en comento en su contenido disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.) Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.)" Es así, toda vez que conforme a la reforma del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el decreto del Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, se amplió el concepto de interés de parte agraviada bajo el que se definía el interés jurídico para promover el juicio de amparo, incorporando -en lo que interesa- el concepto de interés legítimo, cuando se alegue que el acto reclamado viola derechos reconocidos por la Ley Suprema y con ello se afecte la esfera jurídica del ciudadano, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por interés legítimo se entiende aquel interés -individual o colectivo-, de cualquier persona, pública o privada, reconocido y protegido por el ordenamiento jurídico, es decir, es una situación jurídica que otorga al interesado la facultad de instar el respeto y el debido cumplimiento a la norma jurídica y, en su caso, de exigir una reparación por los perjuicios antijurídicos que de esa actuación deriven; por ende, para su existencia no se requiere de una afectación a un derecho subjetivo pero sí a la esfera jurídica del particular, ya sea de índole económica, profesional o de cualquier otra, resultando intrascendente que sea, o no, titular del respectivo derecho subjetivo. Asimismo, al resolverse la contradicción de tesis 69/2002-SS, por parte de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se hizo referencia a las características que permiten identificar el interés legítimo y que son las siguientes: Si prospera la acción, ello se traduce en un beneficio jurídico en favor del accionante. Está garantizado por el derecho objetivo, pero no da lugar a un derecho subjetivo. Debe existir una afectación a la esfera jurídica del particular. El titular del interés legítimo tiene un interés propio y distinto de otros gobernados, consistente en que los actos de la administración pública, que incidan en el ámbito de ese interés propio, se ajusten a derecho. Es un interés cualificado, actual y real, y no potencial o hipotético, por lo cual se le estima como un interés jurídicamente relevante. La anulación del acto de autoridad produce efectos en la esfera jurídica del gobernado. Es particularmente relevante lo anterior, en virtud que de la interpretación armónica y sistemática de los preceptos legales en cita, se colige que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, y por ello, es presupuesto para la procedencia de la acción de amparo de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma, que el acto o ley reclamados causen perjuicio o afecten la esfera jurídica del quejoso. En ese contexto, el titular del derecho [ya sea subjetivo o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico] que se estima violentado puede acudir de forma personal o a través de un representante, a solicitar la protección de la justicia federal en un juicio de garantías. Es importante subrayar que los promoventes del juicio constitucional tienen la carga de acreditar de manera fehaciente, en primer orden, la legitimación consistente en demostrar el interés que dice les asiste para acudir a esta instancia; y en segundo término, la afectación a su esfera jurídica con el mismo, porque como se dijo, tal aplicación constituye el presupuesto indispensable que le otorga la facultad de combatir el acto reclamado. En tal tesitura encontramos que dicho principio implica que la solicitud de la protección federal solo es procedente si contra quien lo solicita se causa un perjuicio, entendido como una ofensa a sus derechos; por lo que un acto de autoridad solo será reclamable en la vía de amparo si cumple con tres elementos esenciales a saber: 1) La existencia de un agravio ocasionado por un acto de autoridad, 2) Que dicho agravio sea personal, y 3) Que la ofensa a sus derechos sea directa. Respecto del primero de estos elementos es menester señalar que el término agravio debe entenderse como la ofensa o perjuicio que una autoridad hace a alguno de los derechos o intereses del quejoso, interpretando el prejuicio no en la connotación que de él efectúa la Ley Civil, sino como sinónimo de ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona. Así, tal ofensa puede decirse que constituye el elemento material del agravio, el cual necesariamente debe ser causado por una autoridad al violar un derecho fundamental. Ahora bien, el segundo de los elementos citados, consiste en que tal agravio debe necesariamente ser personal, es decir, que recaiga precisamente en una persona determinada, bien sea física o moral. Por ende todos aquellos daños o perjuicios [entendidos como ofensas] en que puede manifestarse el agravio, que no afecten a una persona concretamente especificada, no pueden reputarse como agravios desde el punto de vista constitucional, originando como consecuencia la improcedencia del amparo. Por lo que hace al tercer y último elemento a que se hizo referencia en líneas anteriores, cabe señalar que el agravio debe ser directo, esto es, de realización presente, pasada o inminentemente futura. En consecuencia, aquellas posibilidades o eventualidades en el sentido de que cualquier autoridad cause a una persona determinada un daño o un perjuicio, sin que la producción de este sea inminente o pronta a suceder, no pueden reputarse como integrantes del concepto de agravio para hacer procedente el juicio de amparo. De esta hipótesis la doctrina ha diferenciado lo que se denomina agravio indirecto del directo, consistente el primero en aquellos que el daño o perjuicio no lo resiente de forma inmediata, por no ser el titular de los derechos agraviados con el acto de autoridad. Esos extremos no están presentes en el caso que nos ocupa; por ello, no es posible considerar que la quejosa se encuentre en una situación de afectación o lesión en sentido amplio que permita a este juzgado tener por acreditado el principio de parte agraviada. Se afirma lo anterior, toda vez que de las pruebas que aporta la impetrante al presente juicio, no acredita que el inmueble que refiere como de su propiedad se encuentre ubicado en el solar o predio que el Tribunal Unitario Agrario Distrito Treinta, resolviera dentro del juicio agrario 85/2019, y donde fuera reconocida la titularidad del mismo en favor de la ahora tercero interesada Cristina Hernández Sáenz. Se estima en esta instancia lo anterior, toda vez que del acervo de pruebas ofrecidas, resultan ineficaz para demostrar que dentro del solar otorgado a la tercero interesada se ubique la propiedad que refiere como suya la quejosa, pues no coincide los datos del predio que se describen en el contrato privado que exhibe y tampoco se puede acreditar ello, con el plano del predio urbano que aporta y que calza los sellos de la Dirección de Obras Públicas y Dirección de Catastro. Incluso dentro del Plano del predio urbano que se menciona en última instancia, se advierte el nombre de un posesionario diverso a la impetrante, siendo este Rogelio Huerta Sáenz En efecto, de las constancias que aportó al parte impetrante su ocurso de demanda, no se advierte que los datos de identificación asentados sobre el bien inmueble que refiere de su propiedad, se encuentran ubicados en el predio otorgado en favor de la tercero interesada; aunado a que no robusteció con prueba diversa alguna, que efectivamente el inmueble sobre el cual se llevó a cabo el reconocimiento de derechos, quedó comprendido el predio que refiere de su propiedad, por lo que no existe una identidad que permita demostrar su pretensión. Al respecto, se cita como apoyo a lo anterior, la tesis XIV.21 K, del índice del Tribunal Colegiado Del Décimo Cuarto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XIII, mayo de 1994, página 465, con número de registro digital 212600, la cual es del contenido siguiente: "INTERES JURIDICO RELATIVO A LA PROPIEDAD DE BIENES MUEBLES, COMPROBACION DEL. Para demostrar la afectación del interés jurídico en el amparo, se requiere que de la demanda de garantías, informes justificados y pruebas aportadas en el sumario, se acredite la existencia conjunta de varios elementos, a saber: a). Una persona determinada (principio de instancia de parte); b). Un derecho legítimo de ésta; c). La precisión indudable de ese derecho (legitimación); d). Un acto de autoridad (principio de procedencia del juicio de amparo); y, e). La afectación del citado derecho, a través de dicho acto autoritario (principio de agravio personal y directo). Así, si en el caso se reclaman violaciones al derecho de propiedad de bienes muebles, evidentemente el referido interés jurídico debe demostrarse de manera fehaciente. Si tales muebles son identificables con datos inequívocos, bastará la exhibición de la factura o documento que se le equipare, y algún otro medio que robustezca ésta, de los cuales se desprenda que el quejoso, además de la propiedad, tenga la posesión actual de los bienes. En cambio, si no son identificables, entonces, además de los elementos de convicción precisados con antelación deberán aportarse al sumario las pruebas tendientes a demostrar la identidad de los bienes que afirma la parte quejosa le pertenecen, con los que fueron objeto de los actos reclamados, y que esos bienes eran los únicos con las características indicadas por la quejosa, existentes en el lugar y fecha de la ejecución del acto reclamado." Así, de las constancias que se allegaron al sumario de amparo que nos ocupa, no se advierte un perjuicio palpable, real, actual y/o inminente sobre la esfera jurídica de la ahora impetrante. Aún más, como ya se hizo mención, dentro del acervo de pruebas aportadas, la parte impetrante allego un contrato privado de elaboración fecha veintiuno de noviembre de dos mil catorce, el cual calza un sello de un representante de la "Comunidad Indígena Anahoa, del Municipio de Tula Tamaulipas", así como firma de testigo y de vendedor, sin embargo, con el mismo no acredita la titularidad de algún predio, esto al carecer dicho contrato de una fecha cierta, pues este no fue ratificado ante notario público. Al respecto, se cita como apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 96/2007, del índice de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVI, septiembre de 2007, página 191, con número de registro digital 171436, que en su rubro y texto dispone; INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. PUEDE ACREDITARSE CON EL CONTRATO PRIVADO TRASLATIVO DE DOMINIO CUYAS FIRMAS SE RATIFICAN ANTE NOTARIO, PORQUE ES UN DOCUMENTO DE FECHA CIERTA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que un documento privado es de fecha cierta, entre otros supuestos, desde el momento en que se entrega a un funcionario en razón de su oficio. Ahora bien, entre las funciones de los notarios está la de dar fe pública para hacer constar los actos y hechos jurídicos a los que los interesados deban o quieran dar autenticidad y fuerza probatoria, así como la de expedir las certificaciones que procedan legalmente, de manera que la certificación de una ratificación de firmas que calzan un contrato privado otorga la certeza de que al menos en la fecha en que ésta se efectúa, ya se había celebrado el acto traslativo de dominio, evitando con ello el riesgo de un fraude contra los acreedores. Así, mientras no se declare judicialmente su falsedad, la certificación del notario convierte al documento privado en uno público con valor probatorio pleno de la celebración del acto jurídico que se ratificó, no respecto del contenido del documento, pero sí en cuanto a la ratificación de las firmas; de ahí que constituye prueba suficiente para acreditar ante el juzgador que la propiedad del bien se transmitió antes de que se practicara el embargo que motiva la interposición del juicio de amparo, es decir, sirve para justificar la existencia de un agravio en contra del comprador ante la privación de su propiedad y, por tanto, para acreditar el interés jurídico para solicitar la protección constitucional. Por lo anterior, al actualizarse la causal de improcedencia de previo análisis, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63 fracción V de la Ley de Amparo, lo que procede es sobreseer en el presente juicio. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 61, 62, 63, 73, 74, 75, 77, 217, de la Ley de Amparo vigente, se: RESUELVE UNICO. -Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Juanita García Aguilar, respecto al acto reclamado a la autoridad responsable Tribunal Unitario Agrario Distrito Treinta, el cual fuera precisado en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el último considerando de este fallo. Notifíquese y personalmente a las partes.
- Principal
PARA QUE LE SURTA EFECTOS DE NOTIFICACION PERSONAL A LA PARTE QUEJOSA DE LA SENTENCIA DE LA FECHA EN CITA POR LA CUAL: "Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 1180/2022; promovido por Juanita García Aguilar, contra los actos que reclama del Tribunal Unitario Agrario Distrito Treinta, en la Ciudad de Victoria, Tamaulipas; y, RESULTANDO: Primero. Mediante escrito depositado en buzón judicial el veintinueve de junio de dos mil veintidós, turnado en esa misma fecha, por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas, a este órgano jurisdiccional, Juanita García Aguilar, demandó el amparo y protección de la justicia federal contra el Tribunal Unitario Agrario Distrito Treinta, en la Ciudad de Victoria, Tamaulipas, por los siguientes actos: IV.- Norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame. Se señalan como actos que se reclama a la responsable, Tribunal Unitario Agrario Distrito Treinta, en ciudad Victoria, Tamaulipas. 1.- Todo lo actuado en las diligencias de jurisdicción voluntaria radicadas con el número de expediente 85/2020, promovidas por Cristina Hernández Sáenz. 2.- La sentencia dictada en el juicio agrario número 85/2020, promovido por Cristina Hernández Sáenz, y sus respectivas consecuencias legales de inscripción ante El Registro Agrario Nacional en el Estado, y la expedición del título de propiedad correspondiente, referente al solar 1 manzana 113 localidad 73 de la comunidad Santa Ana de Nahola, municipio de Tula, Tamaulipas en favor del tercero interesado físico. 3.- La orden con el fin de que subsista el derecho como titular de una fracción de terreno correspondiente al solar 1 manzana 113 localidad 73 de la comunidad Santa Ana de Nahola, municipio de Tula, Tamaulipas, que fue motivo del juicio Agrario 85/2019. Actos que son reclamados, AL ESTIMAR QUE NO FUE RESPETADA MI GARANTÍA DE AUDIENCIA. LEGALIDAD. SEGURIDAD JURIDICA. YA QUE NO FUI OIDO. MUCHO MENOS VENCIDO EN EL JUICIO AGRARIO REFERIDO, a pesar de que la suscrita me encuentro en posesión de una parte del terreno que fue motivo del juicio de origen. Segundo. Previa aclaración de demanda, por auto de catorce de julio de dos mil veintidós, se admitió la demanda de amparo, se procedió a solicitar a la autoridad responsable rindiera su informe justificado, se ordenó el emplazamiento del tercero interesado, se dio la intervención que le corresponde al Fiscal de la Federación adscrito al Juzgado y se procedió a fijar hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Previos diferimientos, la audiencia constitucional se llevó a cabo dentro del presente juicio de garantías, teniendo verificativo al tenor del acta que antecede; y CONSIDERANDO: Primero (competencia). Este Juzgado Primero de Distrito es competente para conocer del presente juicio de amparo de conformidad, con lo dispuesto por los artículos 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder judicial de la Federación; relacionados con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Lo anterior en atención a la autoridad señalada como responsable tiene su domicilio dentro de la jurisdicción de este juzgado. Segundo (precisión del acto reclamado). En el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se prevé que las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener: ".La fijación clara y precisa del acto reclamado.". Lo que además se contiene en la tesis de jurisprudencia P/J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, correspondiente al mes de abril de 2000, Novena Época, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En ese sentido, del análisis íntegro practicado a la demanda de amparo, así como a las constancias remitidas por la responsable -a las que por estar certificadas por una autoridad en ejercicio de sus funciones constituyen documento público, se les da valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo-, se concluye que los actos reclamados en el presente juicio son: Todo lo actuado dentro del juicio agrario 85/2020, del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito Treinta, en Ciudad Victoria, Tamaulipas y sus consecuencia jurídicas. Tercero. (Certeza de actos). Son ciertos los actos reclamados, ya que así lo manifestó al rendir su informe justificado el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito Treinta, lo cual constituye una confesión expresa y espontánea con pleno valor probatorio según lo disponen los artículos 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable de manera supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2. Además, su certeza se corrobora con las copias certificadas electrónicas allegadas al presente sumario, las cuales tienen pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del referido Código Federal de Procedimientos Civiles, al ser documentos públicos. Cuarto. Análisis de causas de improcedencia. En el presente caso, opera la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5, fracción I, todos de la Ley de Amparo, toda vez que la parte quejosa carece de interés para reclamar los actos de los que se duele. En ese orden, el artículo y fracción en comento en su contenido disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.) Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.)" Es así, toda vez que conforme a la reforma del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el decreto del Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, se amplió el concepto de interés de parte agraviada bajo el que se definía el interés jurídico para promover el juicio de amparo, incorporando -en lo que interesa- el concepto de interés legítimo, cuando se alegue que el acto reclamado viola derechos reconocidos por la Ley Suprema y con ello se afecte la esfera jurídica del ciudadano, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por interés legítimo se entiende aquel interés -individual o colectivo-, de cualquier persona, pública o privada, reconocido y protegido por el ordenamiento jurídico, es decir, es una situación jurídica que otorga al interesado la facultad de instar el respeto y el debido cumplimiento a la norma jurídica y, en su caso, de exigir una reparación por los perjuicios antijurídicos que de esa actuación deriven; por ende, para su existencia no se requiere de una afectación a un derecho subjetivo pero sí a la esfera jurídica del particular, ya sea de índole económica, profesional o de cualquier otra, resultando intrascendente que sea, o no, titular del respectivo derecho subjetivo. Asimismo, al resolverse la contradicción de tesis 69/2002-SS, por parte de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se hizo referencia a las características que permiten identificar el interés legítimo y que son las siguientes: Si prospera la acción, ello se traduce en un beneficio jurídico en favor del accionante. Está garantizado por el derecho objetivo, pero no da lugar a un derecho subjetivo. Debe existir una afectación a la esfera jurídica del particular. El titular del interés legítimo tiene un interés propio y distinto de otros gobernados, consistente en que los actos de la administración pública, que incidan en el ámbito de ese interés propio, se ajusten a derecho. Es un interés cualificado, actual y real, y no potencial o hipotético, por lo cual se le estima como un interés jurídicamente relevante. La anulación del acto de autoridad produce efectos en la esfera jurídica del gobernado. Es particularmente relevante lo anterior, en virtud que de la interpretación armónica y sistemática de los preceptos legales en cita, se colige que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, y por ello, es presupuesto para la procedencia de la acción de amparo de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma, que el acto o ley reclamados causen perjuicio o afecten la esfera jurídica del quejoso. En ese contexto, el titular del derecho [ya sea subjetivo o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico] que se estima violentado puede acudir de forma personal o a través de un representante, a solicitar la protección de la justicia federal en un juicio de garantías. Es importante subrayar que los promoventes del juicio constitucional tienen la carga de acreditar de manera fehaciente, en primer orden, la legitimación consistente en demostrar el interés que dice les asiste para acudir a esta instancia; y en segundo término, la afectación a su esfera jurídica con el mismo, porque como se dijo, tal aplicación constituye el presupuesto indispensable que le otorga la facultad de combatir el acto reclamado. En tal tesitura encontramos que dicho principio implica que la solicitud de la protección federal solo es procedente si contra quien lo solicita se causa un perjuicio, entendido como una ofensa a sus derechos; por lo que un acto de autoridad solo será reclamable en la vía de amparo si cumple con tres elementos esenciales a saber: 1) La existencia de un agravio ocasionado por un acto de autoridad, 2) Que dicho agravio sea personal, y 3) Que la ofensa a sus derechos sea directa. Respecto del primero de estos elementos es menester señalar que el término agravio debe entenderse como la ofensa o perjuicio que una autoridad hace a alguno de los derechos o intereses del quejoso, interpretando el prejuicio no en la connotación que de él efectúa la Ley Civil, sino como sinónimo de ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona. Así, tal ofensa puede decirse que constituye el elemento material del agravio, el cual necesariamente debe ser causado por una autoridad al violar un derecho fundamental. Ahora bien, el segundo de los elementos citados, consiste en que tal agravio debe necesariamente ser personal, es decir, que recaiga precisamente en una persona determinada, bien sea física o moral. Por ende todos aquellos daños o perjuicios [entendidos como ofensas] en que puede manifestarse el agravio, que no afecten a una persona concretamente especificada, no pueden reputarse como agravios desde el punto de vista constitucional, originando como consecuencia la improcedencia del amparo. Por lo que hace al tercer y último elemento a que se hizo referencia en líneas anteriores, cabe señalar que el agravio debe ser directo, esto es, de realización presente, pasada o inminentemente futura. En consecuencia, aquellas posibilidades o eventualidades en el sentido de que cualquier autoridad cause a una persona determinada un daño o un perjuicio, sin que la producción de este sea inminente o pronta a suceder, no pueden reputarse como integrantes del concepto de agravio para hacer procedente el juicio de amparo. De esta hipótesis la doctrina ha diferenciado lo que se denomina agravio indirecto del directo, consistente el primero en aquellos que el daño o perjuicio no lo resiente de forma inmediata, por no ser el titular de los derechos agraviados con el acto de autoridad. Esos extremos no están presentes en el caso que nos ocupa; por ello, no es posible considerar que la quejosa se encuentre en una situación de afectación o lesión en sentido amplio que permita a este juzgado tener por acreditado el principio de parte agraviada. Se afirma lo anterior, toda vez que de las pruebas que aporta la impetrante al presente juicio, no acredita que el inmueble que refiere como de su propiedad se encuentre ubicado en el solar o predio que el Tribunal Unitario Agrario Distrito Treinta, resolviera dentro del juicio agrario 85/2019, y donde fuera reconocida la titularidad del mismo en favor de la ahora tercero interesada Cristina Hernández Sáenz. Se estima en esta instancia lo anterior, toda vez que del acervo de pruebas ofrecidas, resultan ineficaz para demostrar que dentro del solar otorgado a la tercero interesada se ubique la propiedad que refiere como suya la quejosa, pues no coincide los datos del predio que se describen en el contrato privado que exhibe y tampoco se puede acreditar ello, con el plano del predio urbano que aporta y que calza los sellos de la Dirección de Obras Públicas y Dirección de Catastro. Incluso dentro del Plano del predio urbano que se menciona en última instancia, se advierte el nombre de un posesionario diverso a la impetrante, siendo este Rogelio Huerta Sáenz En efecto, de las constancias que aportó al parte impetrante su ocurso de demanda, no se advierte que los datos de identificación asentados sobre el bien inmueble que refiere de su propiedad, se encuentran ubicados en el predio otorgado en favor de la tercero interesada; aunado a que no robusteció con prueba diversa alguna, que efectivamente el inmueble sobre el cual se llevó a cabo el reconocimiento de derechos, quedó comprendido el predio que refiere de su propiedad, por lo que no existe una identidad que permita demostrar su pretensión. Al respecto, se cita como apoyo a lo anterior, la tesis XIV.21 K, del índice del Tribunal Colegiado Del Décimo Cuarto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XIII, mayo de 1994, página 465, con número de registro digital 212600, la cual es del contenido siguiente: "INTERES JURIDICO RELATIVO A LA PROPIEDAD DE BIENES MUEBLES, COMPROBACION DEL. Para demostrar la afectación del interés jurídico en el amparo, se requiere que de la demanda de garantías, informes justificados y pruebas aportadas en el sumario, se acredite la existencia conjunta de varios elementos, a saber: a). Una persona determinada (principio de instancia de parte); b). Un derecho legítimo de ésta; c). La precisión indudable de ese derecho (legitimación); d). Un acto de autoridad (principio de procedencia del juicio de amparo); y, e). La afectación del citado derecho, a través de dicho acto autoritario (principio de agravio personal y directo). Así, si en el caso se reclaman violaciones al derecho de propiedad de bienes muebles, evidentemente el referido interés jurídico debe demostrarse de manera fehaciente. Si tales muebles son identificables con datos inequívocos, bastará la exhibición de la factura o documento que se le equipare, y algún otro medio que robustezca ésta, de los cuales se desprenda que el quejoso, además de la propiedad, tenga la posesión actual de los bienes. En cambio, si no son identificables, entonces, además de los elementos de convicción precisados con antelación deberán aportarse al sumario las pruebas tendientes a demostrar la identidad de los bienes que afirma la parte quejosa le pertenecen, con los que fueron objeto de los actos reclamados, y que esos bienes eran los únicos con las características indicadas por la quejosa, existentes en el lugar y fecha de la ejecución del acto reclamado." Así, de las constancias que se allegaron al sumario de amparo que nos ocupa, no se advierte un perjuicio palpable, real, actual y/o inminente sobre la esfera jurídica de la ahora impetrante. Aún más, como ya se hizo mención, dentro del acervo de pruebas aportadas, la parte impetrante allego un contrato privado de elaboración fecha veintiuno de noviembre de dos mil catorce, el cual calza un sello de un representante de la "Comunidad Indígena Anahoa, del Municipio de Tula Tamaulipas", así como firma de testigo y de vendedor, sin embargo, con el mismo no acredita la titularidad de algún predio, esto al carecer dicho contrato de una fecha cierta, pues este no fue ratificado ante notario público. Al respecto, se cita como apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 96/2007, del índice de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVI, septiembre de 2007, página 191, con número de registro digital 171436, que en su rubro y texto dispone; INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. PUEDE ACREDITARSE CON EL CONTRATO PRIVADO TRASLATIVO DE DOMINIO CUYAS FIRMAS SE RATIFICAN ANTE NOTARIO, PORQUE ES UN DOCUMENTO DE FECHA CIERTA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que un documento privado es de fecha cierta, entre otros supuestos, desde el momento en que se entrega a un funcionario en razón de su oficio. Ahora bien, entre las funciones de los notarios está la de dar fe pública para hacer constar los actos y hechos jurídicos a los que los interesados deban o quieran dar autenticidad y fuerza probatoria, así como la de expedir las certificaciones que procedan legalmente, de manera que la certificación de una ratificación de firmas que calzan un contrato privado otorga la certeza de que al menos en la fecha en que ésta se efectúa, ya se había celebrado el acto traslativo de dominio, evitando con ello el riesgo de un fraude contra los acreedores. Así, mientras no se declare judicialmente su falsedad, la certificación del notario convierte al documento privado en uno público con valor probatorio pleno de la celebración del acto jurídico que se ratificó, no respecto del contenido del documento, pero sí en cuanto a la ratificación de las firmas; de ahí que constituye prueba suficiente para acreditar ante el juzgador que la propiedad del bien se transmitió antes de que se practicara el embargo que motiva la interposición del juicio de amparo, es decir, sirve para justificar la existencia de un agravio en contra del comprador ante la privación de su propiedad y, por tanto, para acreditar el interés jurídico para solicitar la protección constitucional. Por lo anterior, al actualizarse la causal de improcedencia de previo análisis, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63 fracción V de la Ley de Amparo, lo que procede es sobreseer en el presente juicio. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 61, 62, 63, 73, 74, 75, 77, 217, de la Ley de Amparo vigente, se: RESUELVE UNICO. -Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Juanita García Aguilar, respecto al acto reclamado a la autoridad responsable Tribunal Unitario Agrario Distrito Treinta, el cual fuera precisado en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el último considerando de este fallo. Notifíquese y personalmente a las partes"
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